Por: Juan Pablo Soler
Entre el 18 y 20 de septiembre estarán presentes en Bogotá más de 150 personas que hace años vienen impulsando la transformación del modelo energético con un enfoque popular; provenientes de 16 países de América Latina que se encontrarán en el marco del Encuentro Internacional de Energías Comunitarias. Si bien, la transición energética es el término de moda adoptado globalmente por empresas y gobiernos para referirse al cambio de la matriz energética, las organizaciones sociales vienen adelantando prácticas de gestión comunitaria de la energía para transformar el modelo y no solo la forma en que se produce la energía.
Atender exclusivamente el cambio de matriz es limitar el alcance que requiere la transición energética para enfrentar la crisis climática y ambiental. La transición implica prácticas cotidianas y voluntad política de los diversos sectores de la sociedad que posibiliten la descentralización, la desconcentración, la desprivatización, la despatriarcalización, el desincentivo del consumo y que eviten el despilfarro de la energía. La conjugación de las “D” son los cimientos de un nuevo modelo energético ambiental y socialmente sustentable.
En esta senda el gobierno actual parecía dar pasos agigantados con dos hechos sin precedentes en la historia de Colombia. Inicialmente se publicitó la participación vinculante en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, aunque de vinculante parece haber adoptado solo el nombre en las convocatorias; posteriormente el Ministerio de Minas y Energía (MME) anunció la construcción de una hoja de ruta para llevar a cabo la transición energética justa en el país.
Dicha hoja, hoy se condensa en cuatro documentos que parten por sintetizar los diálogos regionales que adelantó el MME en diversas regiones: un diagnóstico del sector, los posibles escenarios y la identificación de oportunidades para la descarbonización. Estos documentos están abiertos a comentarios hasta el 24 de septiembre.
No obstante, el gran desafío sigue siendo la debilidad de la participación manifestada en cuatro situaciones. La primera relacionada con las cifras y la representatividad; en las jornadas de diálogo participaron 1996 personas que equivalen al 0,005% del censo de sufragantes o el 0,0177 % de quienes votaron por el Pacto Histórico en 2022. De estas el 40% se concentró en la Guajira y Cesar, el 22% fueron representantes de las empresas y trabajadores del sector y tan solo se registra un encuentro con 14 personas del sector campesino. En este punto llama la atención que las organizaciones sociales que promueven las energías comunitarias y que se reunieron en tres ocasiones con el MME no aparezcan en las estadísticas presentadas.
La segunda está relacionada con el sesgo de las relatorías; se observa carga de subjetividad en los textos presentados como fruto de las sistematizaciones y conclusiones. El hecho de desconocer los territorios, las culturas y la temática limita la interpretación de las propuestas y las realidades socioculturales de los territorios. La tercera situación es que no se dialogó con los sectores sociales con experiencia y propuestas en el tema como el Movimiento Colombiano Ríos Vivos o la Cumbre Campesina Étnica y Popular que han tenido una trayectoria de discusión y propuestas de trabajo alrededor del tema minero energético. La cuarta está relacionada con la pertinencia de los aportes presentados por algunas organizaciones dado que la sociedad excluida históricamente, que jamás había tenido oportunidad de dialogar con el gobierno, centró sus intervenciones en las denuncias por la violación de sus derechos sin que la metodología gestionara debidamente estas situaciones lo cual termina afectando los resultados presentados.
Solo con participación habrá transición, pero eso implica la implementación de una metodología más inclusiva y representativa, el diseño de una política o planes de educación alrededor de la energía que derribe la barrera de la experticia en la que solo los técnicos del sector patriarcal están facultados para hablar o ser consultados. La transición que requiere la humanidad no se dará por decreto y requiere un profundo proceso de transformación sociocultural alrededor de la energía donde la educación no formal y las experiencias comunitarias, implementadas con éxito durante décadas, marcan el camino de la justicia en la transición.
Es así como el Encuentro Internacional de Energías Comunitarias a realizarse en la Universidad Nacional de Colombia tiene gran relevancia para el momento histórico del país. El 18 de septiembre se desarrollará un foro sectorial por la mañana y la participación en la audiencia pública sobre los documentos de la hoja de ruta por la tarde en el capitolio nacional; el 19 de septiembre se realizará una feria al aire libre frente a la Facultad de Ciencias Agrarias en donde las experiencias comunitarias contarán los aprendizajes, los desafíos y las necesidades; y el 20 se tendrá lugar una jornada de reflexión con la academia.
También es importante tener en cuenta que la construcción de la política de comunidades energéticas, cuyo decreto reglamentario recibió más de 500 comentarios, sigue su curso y ahora la oficina de asuntos ambientales y sociales del Ministerio de Minas y Energía está a cargo. En septiembre tendrán lugar dos asambleas populares, el 17 de septiembre en la Ciudad de Santa Marta sobre Servicios Públicos, y el 27 de septiembre en Bogotá, la Asamblea popular de usuarios de la energía.
Sobre la mesa queda reconocer la magnitud y la importancia de las energías comunitarias para la mitigación de la crisis climática, para potenciar la transición energética justa y para mejorar las condiciones de vida en el campo y la ciudad. Por ende, es necesario que el ministerio de minas y energía, y demás ministerios, establezcan la tipología de energías comunitarias para su debida promoción y fortalecimiento de la mano con las organizaciones promotoras.
