Por Juan Pablo Soler Villamizar
Alrededor de sesenta niños, niñas, adolescentes y jóvenes -NNAJ- provenientes de Santander y Antioquia se desplazaron a Bogotá para participar en la Feria de libro de Bogotá -FilBo- y dialogar públicamente con la ministra de educación Aurora Vergara Figueroa y la ministra de ambiente Susana Muhamad en el conversatorio sobre transición energética que se llevó a cabo el 27 de abril en Corferias.
Su objetivo fue dar a conocer las propuestas y preocupaciones surgidas de la reflexión continua en sus territorios frente a las realidades y desafíos de la educación rural y los vacíos que se perciben en los programas escolares en términos de la crisis climática y la transición energética justa. No obstante, las ministras no asistieron y delegaron a otros funcionarios negándose la oportunidad de escuchar de viva voz a la juventud rural.
La motivación de fondo por la cual los NNAJ han venido reflexionando en sus territorios corresponde a la mitigación y prevención de los efectos de la crisis climática con relación a la vulneración de sus derechos; específicamente el derecho a la alimentación, la educación, el agua, la salud, la recreación, la vida con calidad y el ambiente sano.
Las organizaciones territoriales Comunidades SETAA, Colectivo de Reservas Comunitarias y Campesinas de Santander y el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí perciben que los planes escolares adolecen de un enfoque crítico y dialéctico sobre las realidades de las veredas y municipios. Si bien, existen los denominados Proyectos Ambientales Escolares -PRAE- estos no necesariamente atienden la realidad local ni las situaciones críticas derivadas de la crisis climática o energética en los entornos locales.
Por otra parte, en el conversatorio las y los jóvenes de la vereda Nueva Llanada del municipio de Peque, Antioquia, hablaron sobre las condiciones en las que reciben clase: una sola profesora debe impartir todos los niveles de primaria en un mismo salón; algo similar sucede con la secundaria hasta el grado noveno. También se denunció que para poder terminar la secundaria deben desplazarse a vivir en el pueblo para cursar décimo y once, separándose forzosamente de sus núcleos familiares, la mayoría de estos estudiantes son menores de edad y esto ha generado una serie de vulnerabilidades concomitantes con la violación de sus derechos.
Dictar y recibir clase en esas condiciones es un esfuerzo inconmensurable de las docentes y los estudiantes que afecta el proceso educativo. Las integrantes de Comunidades SETAA, del Municipio de San Vicente Ferrer, manifiestan una situación similar en la institución educativa San Rita, donde en un salón toman clases dos cursos en paralelo y el programa escolar no responde a las necesidades del contexto.
En el resto de Colombia con seguridad existen casos similares o peores donde las veredas no tienen escuelas o las escuelas no tienen docentes. No obstante, los testimonios y propuestas surgidas en el conversatorio muestran parte de los vacíos que suelen pasar inadvertidos y que configuran violaciones concretas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La política de educación nacional debe atender con urgencia las realidades y desafíos rurales, así será posible generar procesos de transformación estructural y crear contextos que dignifiquen la vida en todo el territorio nacional. Un habilitador de esa nueva política es la acción coordinada de ministerios como el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene a su cargo una línea de trabajo en educación ambiental, el de Salud, Tecnologías de la Información, Minas y Energía y Ciencias entre otros. Cada ministerio intenta tener despliegues en los territorios dirigidos a la niñez y a las juventudes, pero esas acciones deben estar concatenadas. También deben involucrar a las organizaciones y movimientos sociales que, de manera permanente, adelantan programas de educación no formal dirigidos a mejorar las condiciones de vida en la ruralidad.
La realidad heredada y construida históricamente ha implicado el acrecentamiento sistemático de la desigualdad de la calidad de la educación rural respecto a la urbana, lo cual fue agudizado por las medidas de contención de la pandemia de la Covid -19. Las instituciones rurales presentan un índice de calidad más bajo, esto se refleja en los hallazgos presentados por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, textualmente dice que: “La desigualdad en las pruebas estandarizadas entre estudiantes del sector no oficial y oficial aumentó en 1,82 percentiles entre 2016 y 2020. Este aumento representa una profundización significativa en la desigualdad del 234% frente a 2016. Lo mismo ocurre para la zona en la que están ubicadas las sedes educativas. A través del modelo econométrico se encontró que la brecha en resultados del Saber 11 entre estudiantes de sedes en zonas urbanas y rurales aumentó de 0,79 en 2016 a 2,17 en 2020. Esto representa un aumento en la desigualdad del 173 % frente a 2016”. (Documento de trabajo No 86/2022)
La referencia al 2016 obedece a la creación en ese año del Índice Sintético de la Calidad Educativa -ISCE- que buscaba tener una medida sencilla de la calidad de la educación para promover que los y las niñas vayan a la escuela y aprendan lo que tienen que aprender. Sin embargo, los reportes de los resultados y las metas anuales de los colegios no tienen actualizaciones en el portal web desde el 2018.
Si bien, la calidad de las instituciones se suele juzgar por este indicador, es necesario atender estructuralmente lo que pasa al interior de las aulas, los hogares y las instituciones. Las condiciones en que se reciben las clases, la infraestructura, el programa escolar, la formación de las y los docentes, entre otras, que usualmente no se analizan.
De acuerdo con el contexto nacional y global es menester que la transición energética y la crisis climática se aborde desde diversas dimensiones, con actuaciones interministeriales coordinadas y de paso atender la desigualdad en la calidad de la educación rural.
Tomar clase con otros grados al mismo tiempo es distractor y el profesor o profesora que imparte las clases se estresa generando afectaciones en su salud, que limitan su calidad de vida y, por ende, implica que el proceso social de la educación tenga bajos niveles de calidad hacia los estudiantes afectando el aprendizaje. Por otra parte, el confinamiento de los estudiantes deriva en violencias, en peleas y en prácticas que van en contravía de la construcción de paz con enfoque territorial.
Atender la falta de infraestructura y de un cuerpo docente robusto, así como la creación de aulas abiertas que exploren los contextos son condicionantes para responder a la transición socio-ecológica que requiere el país y la humanidad.
Por tanto, se espera que los ministerios respondan debidamente a los llamados de las y los niños y jóvenes frente a estos y otros mensajes presentados a las funcionarias delegadas del ministerio de Educación y Ambiente que estuvieron presentes en el conversatorio de la FilBo 2023.
