Por: Juan Pablo Soler
Investigador en CENSAT Agua Viva. Integrante Comunidades SETAA, articuladas al Movimiento colombiano Ríos Vivos
Al inicio de la década del 2000, luego de diez años de haber adelantado el proceso de privatización del sector eléctrico en Colombia, en la Costa Caribe los usuarios empezaron a recibir sus facturas de energía con la frase “corte en cualquier momento”. Dicha frase anunciaba la insostenibilidad de un modelo de negocio energético que se propagó por todo el país.
En este nuevo periodo en el que confluyen el fenómeno del niño, cuyos efectos se agudizan con la crisis climática y la prevalencia de un modelo energético insustentable, sigue siendo latente la amenaza del corte en cualquier momento: no solo de agua sino también de energía.
Ciudades como Bogotá ya iniciaron la ruta de cortes intermitentes de agua, y pese a que hace meses estaba anunciada la crisis, es necesario tomar medidas con celeridad para no llegar al doloroso cuadro que padeció el pueblo uruguayo ante la escasez que denuncié en julio del año pasado. Allí se llegó al extremo de combinar las reservas de agua dulce con agua de mar para abastecer la demanda y poner en riesgo la salud de su población, en especial bebés y mujeres embarazadas. Con este espejo, el congreso de la República y/o los concejos municipales, deberían anticiparse para evitar que las embotelladoras de agua aprovechen las crisis para maximizar sus ganancias.
La crisis sobre grandes centros poblados se ha ido expandiendo paulatinamente por países como Bolivia, México, Uruguay, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay y en los próximos años será más aguda en países centroamericanos. Es necesario pensar en soluciones regionales y retomar planes de integración regional en América Latina con enfoque de complementariedad.
El desafío en el futuro de corto plazo será no olvidar la vulnerabilidad del sistema y la insostenibilidad del consumo cuando regresen las anunciadas lluvias a finales de abril o mayo y actuar anticipadamente para la próxima crisis porque es evidente que cada crisis es más aguda. Además, la amenaza de apagón siempre ha estado latente y cada vez que se genera el riesgo se destapa algún escándalo de corrupción. como por ejemplo, en 2016 que no se sabía para qué había sido usado los dineros recaudados de los usuarios del cargo por confiabilidad. El último semestre se recaudaron más de 450 mil millones de pesos que se distribuyeron entre generadoras como EPM, Isagen, Enel Emgesa, Celsia, AES y Urrá. No solo el ministro debiera ser llamado a debates de control político, debieran también citar a las empresas que reciben dineros de la ciudadanía para evitar los apagones.
El modelo energético es insostenible y debe transformarse sin sofismas de distracción. Por ejemplo, se rechaza la posibilidad de traer gas más económico de Venezuela para aumentar el respaldo térmico por tratarse de una propuesta de Petro mientras se olvida que la propuesta de traer gas de ese país nació con el gasoducto bicentenario en el gobierno de Uribe. El debate debe focalizarse en que Colombia ya está importando gas de otros países para abastecer la demanda de las termoeléctricas, ¿cuál es el precio? ¿cómo ha avanzado la construcción de otros respaldos del sistema diferente al gas? ¿qué los ha detenido? ¿cómo se preparará el país para la próxima crisis?
En cuanto al apagón, no es alarmismo, las cifras indican los riesgos. El respaldo de las generadoras térmicas ha llegado a atender el 52% de la demanda acercándose al 55% que se tuvo en 2016, cifras que muestran un mayor consumo y por tanto mayor importación de gas. Los embalses hidroeléctricos en promedio están acercándose al margen de alerta del 27% y pese a las ligeras lluvias de principios de mes, los niveles siguen en descenso. Hace pocos días llegaron a estar por debajo del 31%. Los embalses de abastecimiento de agua tienen otras cifras, varios están por debajo del 17% y por eso se tuvo que iniciar una campaña de racionamiento.
Atender el aumento de consumo es parte de la solución, el riesgo de corte en cualquier momento es real. Las cifras de consumo eléctrico de marzo con relación a marzo de 2023, aumentó un 8% pese a los mensajes de alarma de las instituciones. Ante la crisis climática se debe iniciar cuanto antes un plan de desincentivo del despilfarro eléctrico y promoción de la austeridad energética, un plan que permita transformar el modelo energético como parte de la transición energética justa.
En este punto habrá que tener cuidado con el eufemismo de promover los techos solares dentro del plan de comunidades energéticas como solución a los apagones. Lo cierto es que si se entra en racionamiento en él se apagan los sectores, no será entonces posible que esos sistemas conectados a la red (ongrid) puedan exportar energía. Dicho en otras palabras, son sistemas con una capacidad instalada que no daría el respaldo en tiempos de apagón, por lo menos no durante el día, de noche sería otro cuento.
Por otra parte, en medio de esta situación generada por la sequía resulta disonante y a también alarmante el hecho que la comunidad de Nueva Llanada haya sufrido las secuelas de intensas lluvias con granizo en la que se averiaron y destruyeron varias viviendas. Esta es una zona donde la presencia del embalse de Hidroituango tiene influencia en la variación del microclima.
Están en curso múltiples soluciones, pero deben tejerse para construir una salida justa y estructural a la crisis energética y de abastecimiento de agua que a su vez agudizan la crisis climática. La justicia en la transición energética no debe convertirse en demagogia.
Para las congresistas que están tomando las ideas puestas en estas columnas, como suyas, les agradecemos su atenta lectura, pero también les agradecemos citar la fuente y apoyar económicamente el esfuerzo de la Revista Raya.
