Más allá de los avances o dificultades que tenga el gobierno en sus primeros 100 días, revista RAYA habló con siete líderes sociales que representan la visión de los ciudadanos que votaron por el pacto histórico y que esperan un cambio: defensores de derechos humanos, ambientalistas, empresarios, jóvenes, feministas, estudiantes, campesinos, indígenas y afros. Aquí están sus voces.
Por: David Guarín
La presidencia de Gustavo Petro representa un cambio en muchos aspectos. Es lo más cerca que ha llegado la izquierda al poder en Colombia; también, es la primera vez que un exguerrillero ocupa el primer cargo de la nación y que una mujer afro ocupa la vicepresidencia. Es innegable que simbólicamente es un gobierno representativo, distinto a los que han gobernado en los últimos 200 años, han dicho mucho los opinadores desde el triunfo en las urnas el pasado 19 de junio. Sin embargo, algunas voces alertan sobre la posibilidad de que estos cambios se queden solo en el campo de lo simbólico. Por eso, revista RAYA consultó a varios de esos líderes que les toman el pulso a las promesas, y que lo harán hasta el último día de gobierno, para sentir si en realidad están viviendo el cambio prometido en una larga campaña que triunfó con 11.291.986 votos.
Tatiana Rodríguez Maldonado, coordinadora General de Censat Agua Viva
Estos primeros 100 días son una muestra de que existe un compromiso real del gobierno de darle al tema ambiental la prioridad que merece. Eso se ha demostrado en los asuntos ambientales que el gobierno ha tramitado durante estos 100 días con el nombramiento de una persona capaz, comprometida, conocedora y dispuesta a escuchar y aprender, como lo es Susana Mohamad, en la cabeza de esa cartera. Es destacable el apoyo a las organizaciones que integran la Alianza Colombia Libre de Fracking en la radicación del proyecto en el Congreso, por cuarta vez, pero esta es la primera que el proyecto tiene un apoyo claro y decidido en el parlamento por parte del gobierno. Sabemos que depende de los congresistas, pero es un gran paso el acompañamiento decidido del gobierno.
Los anuncios para priorizar y encaminar esfuerzos para frenar la deforestación también son un asunto muy positivo. Esperamos que se trasforme la mirada militarista que se le ha dado a ese tema. También esperamos que se entienda que ese problema no es exclusivo de la Amazonía y tiene un alcance nacional. Ideal entender la complejidad del fenómeno en todo el territorio.
Es evidente que el presidente Petro identifica la importancia de los temas ambientales, además, aquí encontró un camino para lograr un posicionamiento regional que permite que estas medidas tengan un alcance mayor, ya que son asunto que no se resuelven exclusivamente en el país. Es esperanzador para el continente y el mundo que haya un presidente que haga un esfuerzo por darle a lo ambiental un lugar central en la transformación social y cultural de la nación.
Juliana Hernández, directora Organización Artemisas
Hay cosas que están pasando. No es casualidad que el presidente de Colombia haya hablado ante las Naciones Unidas para señalar que la política de drogas y de seguridad, que se ha implementado hasta ahora, ha sido una política fallida, donde el costo no lo asumen ellos y ellas directamente, sino nuestros países. En el caso de Colombia esa guerra ha dejado nueve millones de personas víctimas por causa del conflicto armado.
Los discursos y mensajes políticos que logra dar a nivel internacional, señalando fuertemente el cambio de política con el cambio climático, reflejan el cambio de paradigma y de agenda que demuestra lo que de verdad significa la potencia mundial de la vida y es que la vida se sostiene con cuidado.
También hay que reconocer la aprobación de una reforma tributaria progresiva que, si bien no menciona la palabra mujer, en términos de reconocimiento --que desde Artemisas consideramos que es importante--, se considera desde unas medidas de redistribución y reconocimiento que supera el hecho de ser más que nombradas.
Yo creo que cae mucho en lo simbólico. A la radicación del proyecto de Ley del Ministerio de la Igualdad le hace falta mucho fondo y ese es un tema que le hace falta a este gobierno a pesar de que creo que es uno de los que más ha abierto las puertas al diálogo. Petro señaló que han participado 200.000 personas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Las organizaciones de la sociedad civil han sido convocadas por distintos sectores para dialogar. Laura Gil, como vicecanciller, por ejemplo, convocó a las organizaciones de mujeres para hablar sobre la resolución 1325 de seguridad que es un paso muy importante; las ratificaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de convenciones que no había ratificado el gobierno de Duque, que tienen que ver con temas de tortura, con temas de defensa de derechos humanos, significan pasos muy rápidos que se dan en tan solo tres meses de gobierno.
Siento que falta diálogo intersectorial. Hay medidas que son culturales, económicas, que requerirían de la convocatoria de otras organizaciones. Yo hice una crítica cuando se hicieron los nombramientos del gobierno nacional. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres salió a denunciar las razones por las cuales no compartía los nombramientos de Cielo Rusinque y el de Concha Baracaldo. Creo que el gobierno del cambio, que está promoviendo un país democrático, significa escuchar a estos sectores y generar consensos y diálogos vinculantes que es precisamente lo que ha propuesto el gobierno para el Plan Nacional de Desarrollo.
Lo que se le puede criticar al ejecutivo se puede rescatar en el legislativo. En este momento hay más de 19 proyectos en el Congreso de la República con enfoque de género o que están enfocados en mejorar las condiciones de vida de mujeres y población LGBTIQ+. Creo que han logrado un trabajo impresionante en lograr mayorías.
Falta escuchar, porque dialogar no significa necesariamente escuchar. Hay que ver los resultados en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Convocar a personas para hablar de una problemática no significa que la solución la estés formulando con esa gente. Las mujeres tuvieron que luchar demasiado para que se abrieran espacios de mujeres en los diálogos vinculantes y ese es un logro que no hubiésemos podido tener en otro gobierno ni en otro momento de la historia.
Asociación MINGA
Frente a las inquietudes relacionadas con los primeros 100 días de gobierno y por qué algunos temas que fueron ejes fundamentales de la campaña, principalmente los relacionados con la movilización de los años 2019, 2020 y 2021, y la ausencia del cambio, se puede decir que no es fácil el desmonte de un dispositivo policial tan arraigado en el país como el ESMAD, teniendo en cuenta la historia de convulsión social tan fuerte y permanente como la que tenemos. Su desmonte implica que tiene que haber otro mecanismo que lo reemplace y que, si bien no tendría el mismo papel, si un plan de contingencia frente a las tensiones que puedan surgir en algún momento. Todo está en borrador.
La Policía Nacional viene trabajando desde el año pasado en un plan de transformación a raíz de una ley que se aprobó a finales del 2021, aunque viene avanzando en transformaciones desde tiempo atrás. Si bien eso lo está haciendo la Policía con propuestas interesantes, hay otras que no lo son. El nuevo gobierno, en cabeza del nuevo ministro, Iván Velásquez, aún no tiene claridades en propuestas de campaña como el traspaso de la Policía a otro ministerio, de la misma forma en que la Policía dentro de su trabajo previo no tenía previsto el desmonte del ESMAD.
Sobre buscar la libertad de los jóvenes de Primera Línea está la intención del gobierno, pero esa iniciativa fue tumbada por ser considerada por la oposición como un mico a la Ley de Paz Total. Por eso, debió ser retirada y el gobierno están en una zona gris por tratarse de un tema que corresponde a otra rama del poder público: la judicial.
El cambio de enfoque hacia la seguridad humana es valioso. No es nuevo, la ONU lo viene trabajando hace muchos años, pero ningún gobierno lo había querido tener en cuenta. El tema ya había sido mencionado en los Acuerdos de Paz del 2016. Esta premisa básicamente consiste en que todo debe girar en torno al bienestar del ser humano y su ambiente, y no necesariamente tiene como enfoque la seguridad militar o policiva. Esta política tiene dos ejes: derechos humanos y justicia. Eso quiere decir que esos dos pilares están en el centro de este gobierno, en donde ya se ven los cambios.
También hay que resaltar la implementación de los planes de emergencia construidos por las organizaciones de derechos humanos y la política de Paz Total. Hay una reducción importantísima de asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. En términos generales se nota el cambio en esa materia, pero todavía falta mucho.
Ángela Herrera, empresaria, creadora de Manifiesta
Los primeros 100 días del gobierno Petro han sido muy interesantes para diferentes sectores. Veo con muchísima oportunidad todo el tema de los diálogos regionales que se están realizando para lograr un Plan Nacional de Desarrollo que sea mucho más participativo. Si me ha generado dudas la promesa, ya incumplida, del impuesto de renta diferencial a las mypimes. Por otro lado, desde Manifiesta, que es una empresa muy cercana a los temas de la implementación del Acuerdo de Paz, vemos con muchísima incertidumbre el nombramiento del siguiente director de la Agencia de Reincorporación y Normalización. No sabemos qué pasa.
Siento que en 100 días todavía no se puede juzgar para bien o para mal. Creo que está cumpliendo con lo que se había dicho en campaña, menos ese tema del impuesto de renta diferencial que ya deja muy claro para el gremio que, pese a que se dijo, no se va a cumplir.
Me parece importante no dejarse distraer por lo mediático. Pareciera, a veces, que con esto de los 100 días se buscó llegar a avances que llamaran la atención en la opinión pública, en la población en general y creo que eso no puede ser una distracción de los objetivos de cambio de fondo en Colombia. Espero que ya pasando los 100 días, donde el gobierno tiene que salvaguardar su imagen y mostrar que está cumpliendo, se proyecte lo más urgente desde una perspectiva más amplia, no para lograr resultados rápidos que se muestren en 100 días.
Gerardo Jumí, consejero general de la Organización Indígena de Colombia (ONIC)
El solo hecho de que él (Petro) haya ganado ya fue la mejor noticia. La aprobación del acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales y mantener una información abierta y pública de todos los mecanismos de protección del tema del medio ambiente, la biodiversidad y los bosques, la Ley de orden público y la Ley de paz que faculta al presidente Petro para mantener diálogos con todos los actores armados nos parece muy importante. De igual forma, es muy importante que se esté consultando el Plan Nacional de Desarrollo, a través de los diálogos regionales vinculantes, y que se esté consultando a los pueblos indígenas por medio de la consulta previa como garantía de un derecho fundamental para la participación y el ejercicio de los pueblos indígenas.
Particularmente en el caso de los pueblos indígenas todavía hay una deuda. Nosotros tenemos la mesa permanente de concertación en la que hemos logrado mantener un diálogo fluido con todas las carteras y hemos encontrado una voluntad enorme de todos los ministerios. Se ha puesto lento porque apenas están entrando. Entender y comprender la diversidad cultural requiere un esfuerzo enorme.
Por otro lado, estamos requiriendo como Pueblos indígenas una declaratoria de emergencia humanitaria para proteger a los pueblos que están bajo fuego. Todavía nos están matando, ahí se requiere una declaratoria de emergencia. También se requiere de manera expedita una política pública para la protección de los derechos humanos, colectivos e individuales, de los pueblos indígenas. Y estamos a la espera de un decreto que reconozca como autoridad ambiental o con funciones de autoridad ambiental a las autoridades indígenas. Aún nos falta concertar una política contra el hambre para algunas regiones del país como, por ejemplo, Guajira, Chocó, Vichada, Antioquia y Nariño.
Necesitamos la ampliación de resguardos, saneamiento de resguardos, compra de tierras y adquisición de predios. Ahí se requiere que haya una política de choque porque hay déficit de tierra. Aclarando que los indígenas sí tenemos una porción de tierra importante, pero tiene funciones de protección y no son aptas para la agricultura en un 89%, en ese sentido, hay un déficit para más de 500.000 indígenas y al ritmo que venimos se requieren aproximadamente 300 años para satisfacer ese déficit de tierra.
Sergio Lancheros, Miembro del Movimiento Estudiantil Universidad Nacional
Es importante resaltar varios avances de la agenda que tenían los diferentes actores del sector, en especial, los que defienden el acceso a la educación como un derecho y que se expresaron en las diferentes movilizaciones sociales en la última década buscando fortalecer la oferta pública, extender la educación superior en condiciones de universalidad y gratuidad, garantizar la calidad de la educación y otro conjunto de reivindicaciones que el gobierno de Gustavo Petro ha expresado en varios puntos.
El primer punto en el que se han logrado ciertos avances es la reforma al esquema de financiamiento. Hay un proyecto de ley en curso que cuenta con la participación de diferentes actores del sector, lo que representa una novedad importante por la relativa democracia que se ha abierto en el gobierno para concertar las primeras transformaciones. Segundo, todo lo relativo al ICETEX. Se está avanzando en la humanización de la entidad, que se considera como una entidad financiera desde 2005. Se dieron los primeros pasos en condonación de las deudas de más o menos 8000 jóvenes. Además, el gobierno decretó que el ICETEX ya no podía capitalizar intereses y el desmonte gradual de los programas de subsidio a la demanda. Además, se han anunciado medidas de alivio para estudiantes que fueron beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y que se encontraban endeudados porque tuvieron que desertar por distintos motivos.
Finalmente, es importante destacar el intento por abrir la democracia en el sector de la educación superior para que todos los actores puedan concertar e incluso llegar a una agenda unificada que cuente con el apoyo de las comunidades universitarias, académicas. La disposición del Ministerio de Educación es contar con distintas opiniones que se van a ver reflejadas en la política de educación de calidad del Plan Nacional de Desarrollo.
Para ser 100 días iniciales en los que había una agenda muy ambiciosa se han tomado un conjunto de medidas que dan señales de la buena intención que tiene el gobierno de avanzar, teniendo en cuenta incluso las dificultades fiscales que atraviesa el país. Son pasos importantes en un contexto en el que las matrículas de las universidades privadas están creciendo, en el que muchos estudiantes tienen que acceder de una u otra manera a esa oferta de educación.
Marilen Serna, líder campesina
Desde el sector campesino evaluamos estos primeros 100 días como positivos. En primer lugar, todo el despliegue que ha tenido el gobierno nacional hacia las regiones, hacia los territorios en el marco del desarrollo de los diálogos regionales vinculantes, la instalación de los puestos de mando unificados para la vida que se han instalado en varias regiones del país y los planes de contingencia en derechos humanos que se han elaborado desde esos espacios nos parecen positivos, al igual que la radicación de proyectos de ley como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos que ha tenido avances muy importantes, la ley de la agroecología, la ley de la paz total y la reforma tributaria.
La selección de cargos en ministerios y departamentos administrativo aún sin nombrar preocupa, eso retrasa el desarrollo de las políticas, además de generar inquietud desde el movimiento social porque no hemos podido llegar a cargos significativos que nos permitan estar en el ejercicio del gobierno.
Nosotros creemos que no se puede echar para atrás la reforma agraria. Es fundamental la redistribución de la tierra y el apoyo a los sectores productivos. Hay que mejorar la economía campesina y apoyar las pequeñas economías. Eso está embolatado porque la ministra de Agricultura no se ha pronunciado frente a esa promesa de campaña lo que ha desatado una serie de acciones de parte de las comunidades con una ola de recuperaciones de tierra. Por eso, es necesario que el gobierno reconozca, atienda estos requerimientos de las comunidades y tome una decisión de impulsar efectivamente la reforma agraria integral porque eso daría salida a la necesidad de la tierra.
En el tema de paz tenemos la expectativa de viabilizar los acuerdos humanitarios. Todas estas comunidades donde ahora hay un gran desplazamiento forzado, confinamiento o amenazas necesitan que realmente haya un reconocimiento, respaldo jurídico y político a los líderes y lideresas sociales para viabilizar algunos diálogos que alivien la inmovilidad en que están sumergidas las comunidades por el conflicto armado. También se espera la superación de los cultivos de uso ilícito.
Luisa Fernanda Jaramillo, líder social afro
Hay un ambiente de esperanza, de transformación. Inicialmente cuando vimos nuestra representación en los ministerios dijimos: “se está empezando a abrir la puerta para que los negros tengamos la oportunidad de estudiar nuestros conocimientos y aportarle al país”. Había muchos hermanos negros en los espacios de administración de los gobiernos, pero desde ahí no se podía hacer el trabajo como se quería o se debía porque desde ahí tenían que cumplir la orden de la administración en cabeza del gobierno de Duque. Ahora vemos que hay unos hermanos en los espacios de decisión.
No ha pasado ni siquiera un año y ya la expectativa es muy positiva. Aunque todavía no han llegado grandes recursos e inversiones, pero hay una esperanza de que se va a lograr, que sí va a llegar. Las expectativas se han llenado, no más son 100 días y podemos ver una reforma tributaria equitativa que va a fortalecer estos territorios que realmente necesitan ese apoyo.
