Faltando solo cinco días para el plebiscito de salida los chilenos y chilenas se preparan para ir a las urnas y decidir si dejan atrás o no la constitución de Pinochet. Entre tanto, las campañas del apruebo y el rechazo dan la estocada final para tratar de convencer a quienes hoy todavía están indecisos cerca de 15 millones de chilenos y chilenas están habilitados para votar este 4 septiembre y decidir si aprueban o no el borrador de una nueva constitución. Este texto nació por un estallido social que en las calles buscaba detener el alza del pasaje del metro, pero que de fondo rechazaba las profundas desigualdades sociales que durante más de 50 años ha vivido el pueblo chileno, la nueva carta magna que ya está lista propone cambios profundos sobre temas tan sensibles como el agua, el reconocimiento de los pueblos originarios, la paridad de género, entre otros.

Por: Tatiana Portela

Tanto la conformación de la Asamblea — como su trabajo y posterior votación — ha estado envuelta en desacreditaciones. De un lado, por parte de partidos políticos de derecha que perdieron amplia participación en la convención, así como por escándalos en los que han estado involucrados algunos constituyentes, como el caso de Rodrigo Rojas Vades, quien mintió sobre su batalla contra el cáncer para impulsar una mejora en el sistema de salud. El problema termina siendo mayor cuando muchos de los chilenos irán a las urnas desinformados, sin total conocimiento de lo que dice el libro, y persuadidos por interpretaciones erróneas y malintencionadas de partidos políticos que van por el rechazo.

Agua como bien de consumo versus agua como bien humano

La propuesta constitucional cambia la definición del agua de un bien de consumo a un bien humano, estas dos definiciones son particularmente decisivas entendiendo lo que significa en la práctica cada una de ellas. En el caso de la Constitución de 1980 la única preocupación se centró en establecer propiedad sobre los derechos al aprovechamiento del agua, lo que permitió que tanto personas como empresas privadas, obtuvieran títulos de propiedad de manera gratuita y a perpetuidad. Por el contrario, el borrador de propuesta constitucional establece que el agua es un derecho humano un bien común e inapropiable que el Estado tendrá el deber de proteger en todas sus fases creando el Estatuto de las Aguas.

Ahora bien, la propuesta cambia los títulos de aprovechamiento de agua que otorgaban propiedad por autorizaciones de uso, las cuales serán incomerciables y no se podrán heredar. La Agencia Nacional de Aguas será la entidad que podrá revisar, otorgar y revocar dichas autorizaciones, un tema no menor entendiendo que quienes hoy poseen mayores títulos de aprovechamiento son empresas de hidroeléctricas, mineras, forestales y agroindustriales, según la Dirección General de Aguas la cual hace parte del ministerio de Obras Públicas.

Sin duda alguna la situación del acceso al agua, su uso y aprovechamiento es un tema que ha estado en la mesa de discusión desde los últimos tres mandatos presidenciales. Dadas las condiciones actuales que enfrenta chile con la denominada “mega sequía”, la mayor crisis del agua de los últimos 50 años. Este tema cobra mucho más valor, y es que según el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile, en su informe Mega sequía 2010-2019: una lección para el futuro, señala que el país atraviesa los diez años más secos de toda su historia y que el impacto de esto ya es notorio debido a la reducción de las precipitaciones que han  estado entre 20 y 45 por ciento  por debajo de lo normal,  el efecto de esto ya es notorio en la reducción de los ríos, lagos embalses nieves y aguas subterráneas. A esto se le suma el impacto en los recursos costeros, vegetación e incluso el aumento de hasta un 70 por ciento de los incendios forestales anuales que ha afectado con mayor fuerza a la zona centro-sur de Chile.

Etnia indígena o naciones indígenas

Aunque en la actual Constitución no se habla de los pueblos indígenas, la legislación chilena establece algunas normas sobre protección, fomento y desarrollo de los mismos, la Ley Indígena señala que estos son: “descendientes de agrupaciones humanas que existen en territorio nacional”  Antonia Rivas doctora en Antropología y abogada, explicó en el programa lanetacl  que el término éttnias indígenas tiene un sentido racial biológico que busca desconocer los derechos colectivos de los pueblos o naciones indígenas.

Por otra parte, la propuesta constitucional define a Chile como un “estado social y Democrático de derechos, plurinacional, intercultural”. Eso en la práctica quiere decir que el país, manteniendo su carácter único e indivisible, reconoce la coexistencia e igualdad de estatus de pueblos o naciones indígenas en el territorio. Un tema importante considerando que actualmente en Chile existen 11 pueblos o naciones indígenas que habitan este territorio y que según el ministerio de Desarrollo Social en su censo del 2017 representan el 12,4 por ciento de la población total.

Con el fin de garantizar que se implemente en el país la plurinacionalidad el borrador establece cuatro mecanismos importantes:

Derechos Culturales: Aquí se establece no solo el reconocimiento de las diferentes lenguas de los pueblos indígenas, sino la consulta indígena.

Derechos Políticos: Se define que los pueblos originarios deben tener representación popular en el Congreso de Diputados y Diputadas. Estos escaños reservados serán de manera proporcional a la población indígena y con relación a la población total del país.

Derechos Jurisdiccionales: La propuesta contempla la necesidad de un sistema de justicia indígena que coexista con el sistema de justicia nacional. Ambos deberán coordinarse de manera igualitaria con la justicia nacional bajo el amparo y respeto de los derechos humanos y los tratados internacionales de los que Chile es parte como el convenio 169 de la  OIT. Además, menciona que de presentarse algún conflicto entre estos dos sistemas de justicia siempre tendrá la última palabra la Corte Suprema.

Derechos Territoriales: En este espacio se concentra la mirada en la restitución de tierras. En el borrador se especifica que será el Estado el responsable de establecer los instrumentos jurídicos para su catastro, regularización, demarcación y titulación. Frente a cómo operará el mecanismo, señala que se debe determinar cuántas, cuáles y en manos de quién se encuentran las tierras para ver cómo se realizará la expropiación. Ahora bien ( dicho mecanismo que por lo demás ya opera en Chile) funcionará bajo el pago previo a justo precio y se autorizará por ley, de no poderse restituir entrará el sistema de indemnización.

Conflictos de tierras y reforma agraria

El tema de restitución de tierras es una discusión que ha estado presente a lo largo de la historia chilena, sobre todo si se habla de la resistencia mapuche y el conflicto que existe tras lo que ellos denuncian como ocupación y usurpación de sus territorios por parte de empresas forestales. Esta se habría legitimado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según el informe de investigación que realiza el Centro de Documentación Mapuche, titulado El poder fáctico de las empresas forestales, hoy en el sur de Chile existen tres forestales que mantienen alta concentración de sus tierras, la forestal Arauco, Mininco, y Bosque Cautín, las cuales concentran cerca de 1.975.000 hectáreas.

Ahora, frente a la distribución de la tierra en Chile organizaciones como Grain Chile revelan que el país aparece entre los peores casos de distribución de sus tierras en Latinoamérica. Los pequeños campos están representados por un 70 por ciento de agricultores que apenas poseen el 10 por ciento de las tierras, mientras que la mayor extensión de terrenos está en manos de empresas de minería, agro industria y forestales (esta últimas con un porcentaje mucho mayor).

Paridad de género,  una deuda histórica.

En la actualidad la Constitución no menciona en ninguno de sus artículos los derechos de las mujeres, diversidades o disidencias sexuales. Es más, tampoco está contemplada la expresión 'paridad de género'. En contraste, la propuesta constitucional consagra como un deber del Estado que sus directorios de empresas públicas o semipúblicas garanticen que exista una composición paritaria en su planta de trabajo, es decir, que por lo menos debe existir un 50 por ciento de representación de la mujer en estos lugares. Así mismo, señala que las listas electorales deberán estar encabezadas por una mujer.

Por otro lado, en términos de justicia establece la importancia de crear una función jurisdiccional que se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, en donde los tribunales tendrán la obligación de resolver sus fallos con enfoque de género.

Frente a los derechos sexuales y reproductivos, la propuesta señala que las personas tendrán derecho a decidir de manera autónoma e informada sobre su cuerpo, vida sexual, así como su reproducción, placer y anticoncepción. Frente al tema del parto, maternidad y aborto, señala que el Estado garantizará condiciones seguras tanto a personas gestantes que tengan un embarazo deseado como para quienes no y quieran interrumpirlo. De modo que, de ser aprobada la nueva Constitución, Chile se sumaría a otros países como Colombia y Argentina en la despenalización del aborto.

Y es que según IPAS, México, en la región mueren cerca de 62 mujeres por cada 100.000 abortos inseguros, a esto se le suma las cifras que revelan la OMS en donde señala que en el mundo actualmente se realizan 19 millones de abortos peligrosos y el 13 por ciento de las muertes maternas se derivan de esta práctica.

Finalmente, con relación a la igualdad salarial, la propuesta constitucional afirma que será deber del Estado garantizar los derechos de las trabajadoras frente a su remuneración equitativa, justa y suficiente. Pero este texto vas más allá y propone una apuesta interesante frente al reconocimiento del trabajo doméstico como una actividad económica que deberá remunerarse y que contará con las prestaciones que correspondan.

Reglamentar

De ganar el Apruebo, Chile comenzaría escribir un nuevo capítulo en su historia, dejando atrás la Constitución creada a puerta cerrada durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, vendrían grandes desafíos en el congreso para reglamentar estos cambios fundamentales en derechos sociales, ambientales y de los animales, lucha contra la corrupción, paridad de género, reconocimiento de pueblos indígenas, descentralización del territorio, entre muchos otros.

De ganar el Rechazo, los partidos políticos tradicionales ya están concentrando su mirada en una nueva propuesta constitucional, que según ellos partiría desde la base del amor, pero que, hasta el día de hoy, se desconoce por completo cómo operaría, quiénes la escribirían y qué propondrían.