Un contrato simulado, para fingir haber comprado un laboratorio fotográfico, fue el soporte que presentó Carlos Alonso Lucio en 1992 ante un banco con el fin de obtener un millonario crédito. Meses después, cuando Lucio incumplió la deuda, el banco intentó embargar el laboratorio, pero descubrió que el verdadero dueño era otra persona. Él, en su intento por defenderse, denunció a quien le había hecho el favor de fingir la venta del laboratorio. En agosto de 2000 la Corte Suprema condenó a Lucio por falsa denuncia. Esta es la historia.
Por: Redacción Revista RAYA
Tras la segunda vuelta presidencial y luego del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), finalmente Abelardo de la Espriella se impuso sobre la candidatura de Iván Cepeda con una diferencia de 251.000 votos. Cepeda aceptó los resultados en la mañana del pasado miércoles, al tiempo que el director de la revista Semana revelaba que uno de los líderes del empalme será Carlos Alonso Lucio, un exmiembro de la guerrilla del M-19, la misma en la que militó el saliente presidente Gustavo Petro. Tras el proceso de paz, Lucio se convirtió en un ferviente seguidor de las corrientes más conservadoras del país. El antecedente judicial cobra relevancia hoy porque Lucio ha sido una de las manos derechas del electo presidente, que ha prometido orden, autoridad y transparencia.
Tras el proceso de paz con esa guerrilla, en 1992 Lucio decidió aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá precisamente por el Movimiento Alianza Democrática M-19. Para ese propósito, el candidato solicitó créditos para financiar la campaña, lo que lo llevó a pedirlos en el Banco Caldas y en Coopdesarrollo. La operación no podía concretarse fácilmente, pues Lucio necesitaba bienes que respaldaran su capacidad de pago. Por esa razón, el candidato buscó el apoyo de quien en ese momento era su amigo, Germán Enrique Prieto Heredia, con el fin de que firmara un contrato simulado en el que Prieto supuestamente le vendió a Lucio un laboratorio fotográfico. El contrato se firmó y los créditos fueron desembolsados.
No obstante, meses más tarde, ante los incumplimientos en los pagos, cuando los bancos intentaron recuperar el dinero a través del laboratorio fotográfico, se encontraron con la sorpresa de que el laboratorio en realidad era de Prieto. La reacción de Lucio fue denunciar a quien le había hecho un favor, su amigo Prieto, por un supuesto abuso de confianza , intentando presentar ante la justicia el contrato simulado como si correspondiera a una compraventa real. Esa denuncia llevó a Prieto a explicar el origen ficticio del documento.
El 14 de agosto de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia finalmente sentenció a Carlos Alonso Lucio a dos años y seis meses de prisión por el delito de falsa denuncia. La Corte concluyó que la denuncia contra Prieto se apoyó en un negocio simulado y que la supuesta compraventa había servido para respaldar créditos de su campaña a la Alcaldía de Bogotá. El proceso por estafa agravada, ligado a los mismos hechos, terminó prescrito.
Un mes antes, el 19 de julio, Lucio había reaparecido tras estar prófugo de la justicia desde finales de 1998, en medio de versiones contradictorias sobre su paradero y sobre una supuesta retención o secuestro por parte de Carlos Castaño, fundador y jefe máximo de las AUC. Él aseguró que estaba escondido con comandantes de la guerrilla del ELN en busca de un diálogo de paz, versión que también fue desmentida por el Gobierno de Andrés Pastrana. En el fondo, no se conoce con plena claridad dónde y bajo qué condiciones permaneció escondido durante casi un año. Lo que sí quedó probado después fue que, tras ser entregado por Carlos Castaño a la Defensoría del Pueblo, el exsenador fue recluido en una casa-cárcel aledaña a la penitenciaría La Picota de Bogotá.
Ese episodio no fue el último cruce de Lucio con el mundo paramilitar. Años después, se convirtió en asesor y facilitador en los diálogos de paz que adelantó el Gobierno de Álvaro Uribe con las AUC. El informe El cascarón y la semilla, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, lo identifica como asesor de la mesa de Ralito y señala que los negocios proyectados por miembros del Bloque Central Bolívar en Vichada estaban asesorados por él, con apoyo de abogados prominentes y participación de políticos.
Así, el nombre de Carlos Alonso Lucio llega al empalme de De la Espriella con una trayectoria que va del M-19 a los sectores conservadores, pasa por una condena por falsa denuncia en un caso ligado a créditos de campaña, por una reaparición de la mano de Carlos Castaño y por escenarios relacionados con la negociación con las AUC. Ese recorrido resulta de interés público por el lugar que tendría ahora en el nuevo poder.
