Germán Calderón España, figura clave del entorno jurídico del presidente electo Abelardo de la Espriella, ha promovido durante años acciones judiciales contra periodistas y columnistas. Sin embargo, tiene su propio expediente: una condena de 36 meses de prisión domiciliaria por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso se originó por dos contratos de señalización vial en la alcaldía de Soacha que, según la justicia, fueron fraccionados para evitar una licitación pública. Ahora su nombre vuelve al centro del poder: Calderón ha dicho que aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional o Procurador General.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
En las últimas semanas el nombre de Germán Calderón España ha tomado relevancia nacional, pues ha liderado la defensa legal de Abelardo de la Espriella y es el encargado de interponer tutelas en contra de periodistas y columnistas que han cuestionado la financiación de la campaña electoral y el pasado laboral del presidente electo. Una de sus últimas controversias la sostuvo con la revista Cambio, a la que señaló de mentirosa y le pidió rectificarse, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, luego de que el medio revelara el nombre y detalles de una empresa presuntamente fantasma que habría recibido dineros de la campaña de su defendido.
Pero antes de aterrizar en la campaña de la ultraderecha, Calderón ya había construido una amplia carrera tanto en lo público cómo en lo privado, con cargos en Procuraduría, Contraloría, Defensoría, entre otras entidades estatales. Incluso, fue contratista de la Alcaldía de Soacha y terminó condenado por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un expediente de corrupción contractual que había pasado casi inadvertido para la opinión pública y que hoy vuelve a ser relevante por su papel en el entorno jurídico del presidente electo.
El expediente se remonta a mayo de 1998, cuando Wilson Cabra Cruz, entonces alcalde de este municipio vecino de Bogotá, le adjudicó dos contratos para instalar 650 señales de tránsito en el barrio San Mateo por un valor de 49 millones de pesos de la época, lo que hoy equivale a cerca de 220 millones de pesos. Entonces Calderón era el gerente de la empresa Calderón España Publicidad, dedicada a servicios publicitarios y de mercadeo, que recibió el contrato público.
El plazo de ejecución del contrato era de dos meses y en ese tiempo Calderón España debía instalar las señales de tránsito en el barrio San Mateo. Sin embargo, en agosto de ese mismo año le solicitó al alcalde Cabra una prórroga hasta el 10 de diciembre para cumplir con lo pactado, petición que fue aceptada por el alcalde, "en razón a que el contratista manifiesta que hay dificultades en producción del material por el mercado", se lee en la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema Justicia de 2010.
Sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en contra de Germán Calderón España.
La misma sentencia señaló que el 13 de agosto de 1998, es decir, tres días después de que Calderón pidiera la prórroga para poder cumplir con el contrato, el alcalde de Soacha firmó un nuevo acuerdo, identificado con el número 039, con Darío César Molano Franco para el mismo objetivo: elaborar 145 señales de tránsito y señalización vial para el barrio Compartir, este por un valor de 7 millones de pesos de la época y que debía cumplirse antes del 30 de noviembre de ese año. Ese acuerdo fue clave para la condena, porque la justicia concluyó que la necesidad de señalización podía tramitarse en un solo proceso y no en dos contratos separados.
Pasó un año y las señales de tránsito nunca se instalaron en ninguno de los dos barrios. Por esa razón, en octubre de 1999 la Contraloría de Soacha denunció al entonces alcalde Wilson Cabra al encontrar presuntas irregularidades en la celebración de los contratos de señalización de tránsito. La entidad municipal encontró que los estudios para la instalación de las señales no coincidían con el objeto contractual y, además, fueron realizados después de la firma de los convenios. También advirtió problemas de calidad en los trabajos, ausencia de supervisión efectiva y diferencias en los valores de algunos elementos entre los contratos.
Tras recibir la denuncia de la Contraloría de Soacha, en septiembre de 2003 la Fiscalía acusó a Germán Calderón España, Wilson Cabra y Darío César Molano por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según el ente investigador, los contratos de señalización fueron divididos intencionalmente para que sus valores permanecieran dentro de los límites que permitían la contratación directa, evitando así la obligación de adelantar una licitación pública. La investigación en contra del alcalde y los contratistas avanzó hasta 2006 cuando el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha resolvió, en primera instancia, condenar a los dos primeros a 36 meses de prisión y a una multa de 10 salarios mínimos legales como autores del delito, mientras que Molano recibió una pena de 24 meses de prisión en calidad de cómplice.
Durante la investigación que llevó a las condenas se estableció que Germán Calderón España tuvo una participación determinante en la firma de los dos contratos de señalización en Soacha, ya que fue el único beneficiario de los recursos, que en total sumaban 57 millones de pesos (260 millones en 2026). Así lo expuso el juez en su sentencia. “A lo largo de esta sentencia se ha dicho que el verdadero contratista fue Germán Calderón España que fue la persona que presentó las dos propuestas de señalización para el sector de San Mateo y Compartir. Las pólizas de los contratos están tomadas con la misma oficina, misma fecha y aportando como dirección la de Calderón España. Darío César Molano prestó su nombre para dar apariencia de legalidad al proceso contractual, ahí su concurso y participación”, se lee en el documento conocido por RAYA.
Sentencia en contra de Germán Calderón España, donde se advierte que fue la persona que se vió beneficiada por la adjudicación del contrato de señalización en el municipio de Soacha.
El mismo juez explicó que uno de los hallazgos más relevantes del proceso fue que las propuestas para la señalización vial de Calderón España fueron presentadas el 2 de enero de 1998, 18 días antes de que la Alcaldía de Soacha publicara el aviso oficial de contratación: “La similitud de la forma y contenido de las propuestas son indicativas de que las mismas fueron elaboradas por una misma persona, siendo ésta quien tenía comunicación con el señor alcalde, pues sólo así pudo saber el objeto del contrato. No existe duda que las cotizaciones presentadas el 2 de enero de 1998, tenían como finalidad lograr una contratación directa”, se expuso en la sentencia de primera instancia.
Para el juez, ese hecho permitió demostrar que la contratación directa no fue accidental, sino parte de una maniobra para evadir la licitación pública y la selección objetiva del contratista. “Soslayaron el principio de transparencia y a sabiendas de esta irregularidad celebraron los contratos arriba citados, uno de ellos a través de Darío César Augusto Molano”, apuntó el juez del caso.
La Corte Suprema también retomó ese punto al revisar el caso: “Es evidente que la elaboración de las señales, podía ser cobijada en un solo contrato; sin embargo, para evitar la licitación pública, se acordó entre los procesados fraccionar el objeto del contrato; con ello evadir un trámite con el cual se buscaba favorecer en últimas al señor Germán Calderón España y evitar la participación de otros proponentes".
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde se advierte que Germán Calderón España acordó fraccionar los contratos públicos, para no pasar por una licitación pública.
El fallo fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en agosto de 2009, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 2010.
En ese tiempo, la defensa de Germán Calderón España argumentó que él era un contratista particular y no un servidor público, por lo que no podía ser condenado por un delito propio de la contratación estatal. Sin embargo, para la Corte quienes intervienen en la celebración de contratos con el Estado sí son responsables penalmente por su participación en hechos que afecten la transparencia y legalidad. “El contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos”, argumentó la sala de Casación cuando ratificó la condena.
Según la Corte Suprema, Germán Calderón sí tuvo responsabilidad en la adjudicación de los contratos de señales de tránsito en Soacha.
En ese sentido, la Corte Suprema descartó la solicitud de absolución presentada por la defensa de Calderón y rechazó la tesis según la cual un contratista particular quedaría exento de responsabilidad penal por no ejercer funciones públicas. Al contrario, todos los jueces que estudiaron el expediente consideraron probado que existió coordinación entre el alcalde Cabra y Calderón España para estructurar dos contratos que no superaran los límites legales de contratación directa, evitando así la licitación pública.
Asi las cosas, lo cierto es que las sentencias quedaron en firme en 2010 por la sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 36 meses de prisión domiciliaria al encontrarlo responsable del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La pena impuesta y la prisión domiciliaria no se pudieron hacer efectivas por prescripción de la acción penal, a pesar de ello, la Corte Suprema sí terminó demostrando con certeza el acto de corrupción de Calderón España. Es decir, el paso del tiempo favoreció la impunidad del asesor jurídico del presidente electo, quien prometió luchar contra la corrupción y quien ha dicho que aspira a llegar a la Corte Constitucional o a la Procuraduría General de la Nación.
Luego de su paso por el sector privado, donde administró la empresa que lleva sus mismos apellidos, y por la que terminó condenado, Calderón desarrolló una amplia carrera en entidades públicas de control, administración y asesoría jurídica. Por ejemplo se desempeñó como auditor de la Contraloría de Bogotá, personero auxiliar de Bogotá y procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, además ejerció funciones de asesoría a diversas entidades nacionales y regionales. Antes de sumarse al equipo de Abelardo de la Espriella, Calderón tuvo una relación estrecha con los sectores de izquierda y fue una figura cercana a Gustavo Petro, durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, donde ocupó un cargo en la secretaría general.
Tras un quiebre con el Pacto Histórico, Calderón dio un giro ideológico y pasó a defender férreamente a De la Espriella a través de “una alianza estratégica en defensa de nuestra institucionalidad y nuestra democracia”, como lo aseguró en un comunicado de julio de 2025. Ese giro lo ubicó en el círculo jurídico del presidente electo, desde donde hoy impulsa acciones legales contra periodistas y medios que han investigado o cuestionado asuntos de interés público relacionados con la campaña.
