El Tribunal Superior de Cali encontró culpable a Iván Aguirre de haber cometido los delitos de prevaricato y concusión en un viejo proceso judicial que se remonta a 2013, cuando Aguirre solicitó un soborno a una banda narcotraficante para beneficiar a sus integrantes. La exvicefiscal Martha Mancera estuvo al tanto del caso cuando era directora de fiscalías en Valle, incluso, durante más de una década que demoró el proceso fue denunciada por supuestos nexos con la mafia en Buenaventura. Aguirre pasará ocho años en prisión.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Como un “acto de desconocimiento del deber de probidad, transparencia y honestidad” y un “desvío de poder” que lesionó la confianza pública en la administración de justicia, así calificó el Tribunal Superior de Cali la conducta del exfiscal especializado Iván Aguirre Benavides, conocido como el “narcofiscal”, al condenarlo a ocho años de prisión por ordenar la libertad de un hombre capturado con insumos químicos para fabricar cocaína, después de que, según el fallo, Aguirre exigiera y le recibiera 20 millones de pesos de soborno.
La decisión no solo confirma judicialmente un entramado de corrupción al interior de la Fiscalía en el Valle del Cauca, revelado por RAYA desde 2023, sino que también revive una pregunta incómoda: ¿por qué el expediente contra Aguirre permaneció engavetado durante casi una década dentro de la Fiscalía, incluida la administración de Francisco Barbosa, periodo en el que Martha Mancera —superiora jerárquica de Aguirre para la época de los hechos— ocupó la Vicefiscalía General?
Iván Aguirre fue uno de los funcionarios judiciales más cercanos a Mancera, a quien RAYA investigó por sus presuntos vínculos con estructuras mafiosas del Valle del Cauca durante su época como vicefiscal. Como lo reveló este medio, Aguirre era amigo cercano de Mancera y fue su subordinado cuando ella se desempeñaba como directora de Fiscalías del Valle del Cauca. Mancera era la superiora jerárquica de Aguirre en 2013, cuando ocurrieron los hechos por los cuales acaba de ser condenado.
Iván Aguirre (derecha) junto a la ex fiscal Ana Victoria Nieto (centro), también señalada en investigaciones sobre presuntos favorecimientos a estructuras mafiosas del Valle (centro), y Martha Mancera en una fiesta.
El caso fue revelado por la Revista RAYA en diciembre de 2023, cuando este medio recopiló y mostró pruebas perdidas y procesos judiciales engavetados en contra de los llamados “narcofiscales” amigos de Mancera: Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, ambos funcionarios señalados de haber colaborado con la mafia del Valle y que, no obstante, habrían contado con protección dentro de la Fiscalía mientras Mancera era la segunda al mando de la entidad después del fiscal general Francisco Barbosa.
Lea la investigación: Las pruebas perdidas contra los “narcofiscales” amigos de Martha Mancera
La historia se remonta a la noche del 31 de julio de 2013, cuando Luis Guillermo Bravo Castillo fue capturado en flagrancia por la Policía en la calle 8 con carrera once en Jamundí (Valle del Cauca) transportando en su vehículo cinco canecas y seis bultos de insumos químicos para fabricar cocaína. Bravo intentó sobornar a los patrulleros sin éxito y terminó privado de la libertad en una estación local.
Pero el primero de agosto de ese año, cuando fue presentado ante el fiscal Aguirre para que desarrollara una audiencia de legalización de su captura, Aguirre le exigió 20 millones de pesos como condición para dejarlo libre. Así lo estableció el Tribunal Superior de Cali a partir de interceptaciones telefónicas, informes de policía judicial y testimonios incorporados al juicio. Entre esas pruebas aparecen interceptaciones telefónicas realizadas a Liliana Marín Alzate, una mujer investigada por la DEA, señalada como integrante de la banda narcotraficante, quien coordinó el pago del dinero y se comunicó varias veces con el detenido Luis Guillermo Bravo.
“Anoche lo cogieron y lo tienen detenido, le ofrecimos anoche y no quieren arreglar pero ahora el fiscal quiere arreglar, están pidiendo de 15 a 20 [millones], es el fiscal que va a pedir esa plata ahora, ya lo judicializaron”, dijo Liliana Marín en una de las llamadas interceptadas.
Más adelante, en otra comunicación que quedó consignada en un informe de policía judicial, los interlocutores interceptados detallaron cómo había sido la negociación: “Liliana le dice a Mujer Desconocida, “ya hablé con su papá, ya mañana, se pudo arreglar, ya se había cuadrado 6 [millones], pero le apareció con el fiscal un problema y se pegaron de eso y están pidiendo 20 [millones], íbamos a dejar perder lo que él llevaba, que lo iba a sacar con él, con el carro, pero me llamaron y dicen que no, que el señor está pidiendo 20 [millones]”.
Durante el juicio, Bravo Castillo declaró que le pagaron 20 millones de pesos al fiscal Aguirre para que ordenara su libertad el 2 de agosto de 2013 sin ser presentado ante un juez de control de garantías, como lo exigía la ley.
Aguirre le dio apariencia de legalidad a su decisión argumentando que las pruebas para mantenerlo detenido al capturado no eran suficientes, puesto que, según él, no había evidencia técnica de laboratorio que probara que las cinco canecas de hidrocarburos y los seis bultos de carbonato y bicarbonato de sodio eran sustancias controladas que se utilizaban para fabricar cocaína. Sin embargo, Aguirre desconoció las evidencias disponibles y direccionó su actuación para justificar una decisión ilegal, pues los peritos de la Policía le habían certificado que en las primeras pruebas técnicas sí habían constatado que se trataba de precursores químicos para el narcotráfico.
Por ello, el Tribunal Superior de Cali encontró “razones fundadas para sostener que la conducta del entonces fiscal 10 especializado Iván Aguirre Benavides, desconoció la prueba con la finalidad de dejar en libertad al capturado, una actuación claramente contraria a derecho”.
Además, los magistrados insistieron en que la conducta del fiscal Aguirre fue a todas luces ilegal, pues no había ninguna razón para dejar en libertad al capturado: “se cumplían los requisitos de legalidad del acto de aprehensión del señor Bravo Castillo quien había sido capturado cuando transportaba una sustancia que preliminarmente se estableció, era destinada para el procesamiento de narcóticos por tanto de prohibida circulación, configurándose la inferencia de conocimiento suficiente del estado de flagrancia en la comisión de un delito”.
Lo más llamativo de este proceso es que, aunque las interceptaciones se conocían desde mediados de 2014 y la investigación formal en contra de Iván Aguirre venía desde ese año, el proceso durmió en los anaqueles de la Fiscalía por más de una década hasta que el caso fue revelado por la Revista RAYA en diciembre de 2023.
Por eso, la Fiscalía solo destrabó la investigación y formuló imputación en contra de Aguirre el 16 de julio de 2024, es decir, once años después de los hechos, justamente cuando ya había salido de su cargo la vicefiscal Mancera, quien terminó siendo Fiscal General encargada por orden de Barbosa. Durante ese tiempo ella también fue señalada de proteger presuntamente a Aguirre en este y otros procesos que lo involucran por su relación con la mafia.
La condena contra Aguirre no sólo cierra un capítulo penal, también reactiva las preguntas sobre las decisiones, omisiones y demoras internas que permitieron que un expediente con interceptaciones, informes de policía judicial y testimonios permaneciera sin una resolución de fondo durante casi una década.
De hecho, en 2023 RAYA reveló cómo el mismo Iván Aguirre reconoció que la libertad concedida de manera ilegal al capturado Luis Guillermo Bravo Castillo fue una decisión “en consenso con la doctora Martha Mancera”, según sus propias palabras.
En el fallo condenatorio contra Aguirre, consta que este mantenía al tanto de todo a su superiora jerárquica de ese momento, es decir, a Martha Mancera: “le informó de la incautación de la sustancia, sin embargo la información que recibió fue que no se habían enviado las muestras al laboratorio para realizar la experticia, por lo que en su momento consideró que la dificultad radicaba en que al fiscal no se le habían entregado los documentos, que no se había enviado los elementos al laboratorio y no se había identificado la sustancia, que se desconocía a qué correspondía”.
Mancera también testificó en el juicio, aunque se desmarcó de su relación con Aguirre y de cualquier responsabilidad en la conducta ilícita: “Advierte la testigo que no tuvo oportunidad de revisar la carpeta, que toda la información la recibió verbalmente del doctor Iván Aguirre y como un hecho trascendente pone de presente que no se le informó que en esa actuación se disponía de una prueba preliminar de PIPH, enterándose solo en horas de la tarde, del citado 2 de agosto, que el capturado había sido dejado en libertad”.
La versión de Mancera contrasta con lo que RAYA había revelado sobre la afirmación de Aguirre, quien sostuvo que la decisión de dejar en libertad a Bravo Castillo había sido “en consenso” con ella. Mientras Aguirre la mencionó como parte de la decisión, Mancera declaró ante el Tribunal que solo recibió información verbal, que no revisó la carpeta y que no supo oportunamente de la prueba preliminar que acreditaba la naturaleza de las sustancias incautadas.
Martha Mancera (izquierda), Iván Aguirre (centro) y Ana Victoria Nieto (derecha) en una fiesta con otros funcionarios judiciales
Iván Aguirre tendrá que pasar ocho años en prisión por sus conductas ilegales, sin derecho a subrogados penales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. Esta es la primera condena contra el llamado “narcofiscal”, quien también es juzgado en otro caso donde se lo acusa junto con la exfiscal Ana Victoria Nieto de colaborar y favorecer a la estructura criminal de alias “Mueble Fino”, un narcotraficante caleño hoy en la cárcel, responsable de múltiples asesinatos, torturas y secuestros.
