Pablo Hernán Sierra, alias “Pipintá”, exjefe paramilitar y testigo contra el expresidente Álvaro Uribe, reaparece desde la cárcel de Cómbita con una carta dirigida a la CIDH y a la Comisión de Acusaciones del Congreso. En ella señala a Abelardo de la Espriella como presunto contacto de un plan de las AUC para incidir en la Corte Constitucional de cara a favorecerlos tras su desmovilización. También plantea una tesis incómoda: sin verdad sobre Uribe y la derecha, no habría paz total.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
“El comandante en jefe del Bloque Central Bolívar, [Carlos Mario Jiménez] Javier Montañez o “Macaco”, había acordado con otros comandantes reunir 10.000 millones de pesos para enviarlos a unos magistrados de la Corte [Constitucional], que votaran exequible la sedición. El contacto de esta misión era el abogado Abelardo de la Espriella, hoy candidato a la Presidencia, para la época hacía parte del colectivo de abogados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Este testimonio es de Pablo Hernán Sierra García, más conocido como “Alberto Guerrero” o “Pipintá”, antiguo comandante paramilitar de rango medio en el Bloque Central Bolívar y testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez. Sierra declaró ante tribunales de Justicia y Paz, medios de comunicación y en el histórico juicio contra el expresidente que aquel tuvo vínculos con el Bloque Metro de las AUC.
Este es el documento original enviado por Pablo Hernán Sierra “Pipintá” a la CIDH y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
Pablo Hernán Sierra, “Pipintá”, sostuvo ante Justicia y Paz que el Bloque Metro de las AUC se fundó en la hacienda Guacharacas, entonces propiedad del expresidente Álvaro Uribe y su familia, una gran finca ganadera del Nordeste Antioqueño que era compartida con los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas, ambos socios y amigos del expresidente.
Luis Alberto, conocido con el alias de “Tubo”, fue señalado como narcotraficante y paramilitar, incluso estuvo detenido por ello a mediados de los noventa. Sus socios paramilitares lo asesinaron en 2005 en medio de una venganza mafiosa por cuentas no pagadas del robo de gasolina que se extraía ilegalmente del oleoducto de Ecopetrol que pasaba por la hacienda Guacharacas y por diferencias en el montaje de unos laboratorios de cocaína en Puerto Berrío de los que Villegas habría sido el financiador, según lo confesó ante los tribunales de Justicia y Paz el excomandante Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar. Un hijo suyo ha sido alcalde de San Roque (Antioquia) con aval del Centro Democrático.
Tras revelar varios de estos secretos ante la prensa, Álvaro Uribe instauró una denuncia penal por injuria y calumnia en contra de Pablo Hernán Sierra “Pipintá”, proceso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y terminó con decisión favorable para Sierra. Las declaraciones de “Pipintá” a los reporteros y al entonces congresista Iván Cepeda en 2011, quien las entregó a la Fiscalía, son el comienzo del largo caso judicial por manipulación de testigos que terminó sentando al expresidente Uribe en el banquillo de los acusados.
Lea la entrevista: “Álvaro Uribe ordenó asesinar a Vicente Castaño”, Alberto Pipintá
“Pipintá”, que durante una década fue colaborador cercano y confidente de Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, el jefe político de las Autodefensas, aseguró en una carta radicada a finales del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que el abogado Abelardo de la Espriella, hoy precandidato presidencial de extrema derecha, habría sido el contacto de una gestión de los paramilitares para sobornar a magistrados de la Corte Constitucional en 2006 con el propósito de permitir que se incluyera el delito de sedición dentro de la Ley de Justicia y Paz. La información la supo “Pipintá”, según él, por boca del mismo Báez y de otros comandantes paramilitares.
La Corte finalmente declaró la sedición inexequible, por lo que este delito no quedó incluido dentro del marco jurídico con que se juzgó a los paramilitares. De haberse incluido, aquello en la práctica le habría dado a las Autodefensas el beneficio de ser juzgadas como un grupo armado con objetivos políticos, similar a las guerrillas, con eventuales beneficios como indultos y amnistías.
Pero la investigación en contra de Abelardo de la Espriella por presuntamente haber recogido el dinero para sobornar a magistrados se empantanó durante la administración de Francisco Barbosa y fue archivada bajo su supervisión, sin que hubiera una condena en contra del abogado de la mafia, tal como lo reveló el medio Casa Macondo.
“Pipintá” ya había revelado esta información parcialmente en una larga entrevista que concedió a mediados de 2025 al programa Señal Investigativa, una alianza de la Revista RAYA con Señal Colombia. Entre otras cosas, “Pipintá” contó también cómo alias “Don Berna” se habría concertado, según su versión, con funcionarios cercanos al expresidente Uribe para fraguar un montaje contra la Corte Suprema de Justicia, así como los pormenores del asesinato del narco y paramilitar Vicente Castaño, que, según él, fue asesinado por órdenes de Uribe Vélez.
Vea el capítulo completo de Señal Investigativa aquí:
Abelardo de la Espriella ya fue procesado por concierto para delinquir y presunto enriquecimiento ilícito después de que se conocieran los millonarios pagos que recibió de personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, todos los casos en su contra terminaron archivados o con preclusiones a su favor en la Fiscalía, por lo cual la justicia hasta ahora no lo ha encontrado culpable de delitos cometidos en los años en que trabajó como abogado de los paramilitares.
El fiscal que absolvió a De la Espriella del presunto lavado de activos que habría cometido por recibir dineros de los paramilitares fue César Augusto Vélez Cardona, un curtido funcionario que tampoco ha estado exento de polémica pues fue removido en 2007 del caso en contra Emilse López alias “La Gata” después de que pidiera su absolución por lavado de activos. López terminó condenada por varios crímenes, entre ellos sus vínculos probados con las Autodefensas. Vélez Cardona también cerró la investigación en contra de Andrés Pastrana (exalcalde de Bogotá y expresidente de la República) por el escándalo de la hidroeléctrica del Guavio, un sonado escándalo de corrupción de los años noventa.
El propio De la Espriella reconoció en un oficio enviado a RAYA que sí recibió dineros de personas cercanas a las Autodefensas, entre ellas el narcotraficante “Tuso” Sierra; no obstante, el hoy candidato presidencial aseguró que dichos pagos corresponden a sus honorarios legales como abogado y que había sido designado como acompañante de dicho proceso de paz por el gobierno de Álvaro Uribe.
“Las actividades desarrolladas por el doctor Abelardo de la Espriella, a través de la fundación FIPAZ, fueron ejecutadas en el marco del proceso de paz entre los denominados grupos paramilitares y el Gobierno Nacional [que lo designó] como miembro de la comisión civil acompañante”. Además, en su oficio de la Espriella asegura que la ley 782 de 2002 “lo exonera de toda responsabilidad penal por tratarse de actividades lícitas”.
A través de un documento enviado a RAYA la oficina del abogado De la Espriella se desmarcó de su antigua relación con los paramilitares
RAYA conoció la carta de “Pipintá” a la CIDH por medio de sus allegados cercanos, quienes además hicieron llegar a nuestra revista una docena de audios grabados desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), en donde “Pipintá” purga condenas por más de dos centenares de procesos judiciales de su paso por las Autodefensas.
“Pipintá” nunca pudo beneficiarse de los ventajas de la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas menores para los antiguos jefes paramilitares, pues como él mismo lo ha contado, fue excluido de los Tribunales de Justicia y Paz una vez empezó a revelar los vínculos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe con las Autodefensas.
En el documento, “Pipintá” le explica a la CIDH y a la Comisión de Acusaciones detalles de la trastienda de lo que fue la negociación de Uribe con los paramilitares, en donde el debate sobre el supuesto carácter político de aquellos jugó un papel definitivo en la estructuración de la ley de Justicia y Paz, cuando el delito de sedición no quedó incluido en ella. “Pipintá” sostiene que fue un error de la Corte Constitucional haber tumbado la sedición, pues ello derivó en la crisis del proceso y la posterior extradición de los principales jefes de las Autodefensas, puesto que estos comenzaron a declarar en los tribunales sobre sus vínculos con Uribe y otros políticos de derecha.
“El presidente Uribe se volvió a preocupar y los trasladó [a los comandantes] para la cárcel de Itagüí. Al poco tiempo empezaron a versionar en Justicia y Paz. Cuando hablaron del Presidente, ahí sí, que se preocupó mucho más, los extraditó a Estados Unidos, 14 excomandantes de las AUC, negociadores de Paz, el 13 de mayo de 2008”, se lee en la carta.
“Pipintá” también confirmó que la cruda guerra en Medellín y el Oriente de Antioquia para exterminar al Bloque Metro contó con la bendición del gobierno de la época y fue liderada por Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Don Berna”. Esa guerra terminó con el asesinato en Santa Marta de Rodrigo García alias “Doble Cero”, uno de los fundadores de las Autodefensas, quien había sido crítico con la presencia de narcotraficantes al interior de sus filas.
“Carlos Castaño y Doble Cero se volvieron un obstáculo para el proceso de paz de las AUC, con el presidente Uribe”, asegura “Pipintá” en el documento: “con la bendición del Gobierno, en cabeza del Comisionado de Paz, se inició el exterminio del Bloque Metro conformado por más de 1.500 hombres [con] fusil, se unieron los bloques Héroes de Granada, Héroes de Tolová, Bloque Central Bolívar, Bloque Calima, el Frente Cacique Pipintá, la Oficina de Envigado, y helicópteros del Ejército”.
La otra masacre que enreda a Uribe Vélez
El año pasado en entrevista con Señal Investigativa “Pipintá” reveló aspectos inéditos de la masacre de San Roque (Antioquia), por la cual actualmente hay una investigación en la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez. También contó detalles desconocidos de la desmovilización paramilitar en 2006 y del asesinato de Vicente Castaño, fundador de las Autodefensas, coordinado, según él, por el gobierno de Álvaro Uribe con miembros de la Oficina de Envigado.
La masacre de San Roque podría comprometer judicialmente a Uribe, según testimonios que obran en el expediente, pues fue cometida por el grupo paramilitar que se fundó y operó desde su finca Guacharacas, en San José del Nus. Es el mismo lugar sobre el que ha declarado como testigo el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la finca, quien además aparece en fotografías con fusiles y vestido de camuflado en inmediaciones de la casa principal de la hacienda.
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la hacienda Guacharacas a mediados de los noventa
Durante el largo juicio por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos que tuvo que enfrentar el expresidente Uribe en 2025, la Fiscalía y la representación de víctimas sostuvieron que la hacienda Guacharacas, que la familia Uribe compartía con el narcotraficante y ladrón de gasolina Luis Alberto Villegas alias “Tubo” y su hermano Juan Guillermo Villegas, funcionó como una base paramilitar en el oriente antioqueño y en sus inmediaciones se cometieron crímenes y masacres que hasta hoy siguen sin esclarecer.
Lea la investigación: Estos son Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, fundadores del Bloque Metro
Una de ellas fue la matanza de varios carniceros y comerciantes de San Roque (Antioquia) quienes fueron emboscados por los paramilitares cuando regresaban por la carretera desde Puerto Berrío, a donde habían ido a una diligencia en el batallón para renovar el permiso legal de unas armas.
El móvil de la masacre habría sido, según esa versión, las acusaciones infundadas de que estos comerciantes colaboraban con la guerrilla del ELN y de que uno de ellos le había comprado a los guerrilleros varias reses y caballos robados de la hacienda Guacharacas cuando la guerrilla incursionó en la finca una vez Álvaro Uribe resultó electo gobernador de Antioquia.
La propuesta de paz de “Pipintá”
Pero en la carta y los audios conocidos por RAYA, el exparamilitar y testigo clave contra el expresidente Uribe insistió en buscar una salida negociada a la violencia y la crispación política que se vive en el país.
“No dejen las bases de la paz total, el próximo gobierno de Colombia, con todo lo que está ocurriendo de manera pública por la intervención del senador Bernie Moreno en la geopolítica de Colombia, no va a ser tan fácil que la izquierda vuelva a ganar”, asegura en uno de los audios: “y si la derecha gana se viene una guerra en este país nunca vista: estamos en el tiempo perfecto para darle el verdadero inicio de la paz de Colombia, porque todas las partes estamos en problemas, es el punto preciso para que se dé la verdadera apertura a la paz”.
“Pipintá” remata diciendo que sus “denuncias en contra del Presidente Uribe, no son de carácter personal, sino político, mi interés no es verlo en la cárcel, sino que se conozca la verdad para el país y las víctimas del conflicto, el punto de partida para la paz total”, escribe en el documento: “Sin el expresidente Uribe, no habrá paz total. En la escuela de mi vereda, me enseñaron que "total" es un término matemático; con un sumando que falte ya la cuenta no es "total".
