A las puertas de la segunda vuelta presidencial, RAYA conoció dos fotos que muestran cómo se habría implementado una estrategia por parte de compradores de votos y funcionarios públicos para controlar el sufragio a favor de Abelardo de la Espriella. La práctica se dio el pasado 31 de mayo cuando los votantes debían fotografiar su tarjetón marcado dentro del cubículo y luego enviar la foto con su nombre por WhatsApp. El gobierno expidió un decreto que prohíbe el uso de celulares en los puestos de votación para frenar esta práctica, que en Colombia constituye un delito electoral con penas de hasta 9 años de prisión.
Por: Redacción Revista RAYA
La Revista RAYA conoció dos fotografías que prenden una nueva alerta sobre presuntas prácticas de compra de votos y constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Las imágenes, tomadas durante la primera vuelta del 31 de mayo, mostrarían un mecanismo usado para verificar el voto por el candidato Abelardo de la Espriella: marcar el tarjetón, fotografiarlo dentro del puesto de votación y escribir el nombre del sufragante en un lugar visible para identificarlo.
Las fotografías apuntan a una práctica que rompería el secreto del voto y permitiría comprobar si una persona votó como se le ordenó, se le pagó o se le presionó. Según las denuncias revisadas por RAYA, las imágenes serían compartidas por WhatsApp en chats individuales o grupales, donde se estimularía la lealtad política y se verificaría el cumplimiento de la instrucción electoral.
Evidencia de un funcionario público que votó por Abelardo de la Espriella
En el primer caso un empleado de la alcaldía de Cartagena, quien pidió la reserva de su nombre, le contó a RAYA que desde la administración local están obligando a los funcionarios de todas las dependencias a escribir su nombre en la palma de la mano y tomarse una foto, una vez sea marcada la casilla de De la Espriella, para comprobar su voto por el candidato ultraconservador. “Esta es una de las modalidades que están aplicando para la compra de votos en el Atlántico y ahora también en la alcaldía. Nos obligan a escribir en la mano el nombre del votante y del líder del grupo y tomar la foto una vez sea marcada la casilla correspondiente. Esto es una mafia política”, aseguró.
Pero las presiones para votar por De la Espriella no solo las sufren los contratistas estatales, también las personas que trabajan en empresas privadas. Un caso que conoció RAYA es el de la clínica Clinizad, ubicada en Pasto, dedicada al análisis de exámenes médicos y de laboratorios. El día de la primera vuelta presidencial, la gerente del centro, Graciela Socorro Zamudio, envió una foto a sus empleados mostrando que su voto había sido por Abelardo. Enseguida, su mensaje fue acompañado por la siguiente petición: “Deseo que desde Clinizad haya muchos votos así. Gracias a todos los leales conmigo”.
Según la gerente, la empresa había trazado un rumbo como institución, por lo que esperaba coherencia y compromiso por parte de sus subordinados. “Quienes compartan esa visión contarán siempre con nuestro respaldo, quienes consideren que sus visiones son diferentes están en libertad de evaluar si este es el lugar donde desean continuar desarrollando su carrera”, dijo en otro mensaje a sus empleados.
Las imágenes no aparecen en el vacío. En las últimas semanas, RAYA ha documentado distintas alertas sobre presuntas formas de presión electoral alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella: denuncias sobre “mochileros” en Cesar, señalamientos de presiones para llenar planillas con nombres y cédulas, reportes sobre presunto constreñimiento laboral y el peso de estructuras políticas regionales en la Costa Caribe. La fotografía del voto sería una pieza más de ese mapa: el mecanismo que permite verificar si la promesa, la presión o la orden se cumplió en la urna.
El mecanismo denunciado es simple: quien compra o coacciona el voto necesita una prueba de que el sufragante cumplió. La fotografía del tarjetón marcado, enviada desde el cubículo de votación, resuelve ese problema. Es el recibo de una transacción o la evidencia de una obediencia impuesta.
A estas alertas se sumaron las denuncias de la campaña de Iván Cepeda. El candidato anunció la conformación de un equipo jurídico encabezado por el abogado penalista Miguel Ángel del Río para investigar y denunciar ante las autoridades presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas y posibles casos de compra de votos. Del Río aceptó la designación públicamente: "Acepto con gran responsabilidad la designación por parte de Iván Cepeda de liderar la campaña contra la corrupción a nivel nacional y la compra de votos por parte de las mafias electorales".
Las investigaciones de ese equipo han ido identificando presuntas estructuras concretas en distintos departamentos. Una denuncia penal radicada ante la Fiscalía el 10 de junio solicita investigar una supuesta estructura electoral que operaría en el Cesar para favorecer la candidatura de De la Espriella. Según documentos conocidos por Revista RAYA, la investigación menciona al llamado Clan Gnecco y señala que esta estructura podría estar implementando la estrategia conocida como la "mochila". El eje son los llamados "mochileros": intermediarios electorales encargados de conseguir votos a cambio de una comisión, una figura estudiada académicamente en el Caribe colombiano y asociada históricamente con estas redes.
Del Río también reveló una denuncia allegada a la Dirección Nacional de Inteligencia sobre una presunta compra de votos en el municipio de Tuchín, Córdoba, el día de la primera vuelta. Según el documento, además de la compra de votos, hubo casos de constreñimiento electoral presuntamente promovidos por personas afines a la candidatura de De la Espriella. Frente a las denuncias sobre la Costa Caribe, Del Río fue directo en la red social X: "Si el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un interés en las elecciones en Colombia debe poner la lupa en el clan Char. Ese es el verdadero poder detrás de la compra de votos".
La foto está prohibida
Mediante el Decreto 0211 del 5 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior estableció que durante las jornadas electorales no podrán usarse dentro del puesto de votación teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. La finalidad declarada es proteger el secreto del voto, prevenir conductas que puedan afectar la libertad del elector y evitar prácticas de constreñimiento al sufragante. La única excepción para los ciudadanos comunes es exhibir la cédula digital ante el jurado.
La medida hace parte del llamado Plan Democracia, una estrategia del gobierno que lleva más de un año en marcha y que articula al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares con la Registraduría. Durante 2026, a través de la línea anticorrupción 157, se han recibido más de 700 denuncias y las autoridades han incautado 3.878 millones de pesos que, presuntamente, estarían destinados a influir en los comicios.
El martes 16 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instaló el Puesto de Mando Unificado Electoral y aprovechó para recordar la prohibición. "Desde hace más de un año venimos trabajando con este Plan Democracia. Una de las principales amenazas que hemos escuchado recientemente y de la que hemos tomado atenta nota tiene que ver con el constreñimiento. Por ello, la acción de la Fuerza Pública está enfocada a actuar y a neutralizar esa posibilidad". Añadió: "Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Esto, de alguna manera, ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento". En el mismo acto anunció el despliegue de 408.000 uniformados en todo el territorio nacional.
Usar el celular para fotografiar el tarjetón dentro del puesto de votación viola el decreto. Si esa conducta se acredita como parte de una operación de compra de votos o constreñimiento, entra en el terreno del derecho penal: el Código Penal colombiano contempla para estos delitos penas de entre 4 y 9 años de prisión, que recaen sobre compradores y constreñidores, no sobre las víctimas.
El decreto existe, el ministro lo recordó y las fuerzas del orden estarán desplegadas. Lo que queda por ver es si la norma logra controlar las artimañas de quienes buscan alterar las elecciones, que se las ingenian —ahora utilizando la tecnología digital— para asegurarse de que la compra o la presión sobre el voto pueda verificarse.
