La mayoría de las mujeres en Colombia ha sufrido acoso sexual callejero, según un estudio de Plan Internacional. Un proyecto de ley propone sancionar estas conductas con penas de prisión y campañas de prevención. Colectivos feministas y organismos internacionales destacan la urgencia de medidas efectivas que protejan su seguridad y bienestar.
Por: Liza María Rojas Rubiano
En Colombia, el 97% de las mujeres ha enfrentado algún tipo de acoso sexual callejero, dice un estudio de la Fundación Plan Internacional (2022). Ante esta realidad, se viene impulsando un proyecto de ley que busca tipificar estas conductas como delito, sancionando comportamientos como el manoseo, el exhibicionismo, el seguimiento y las grabaciones no consentidas con penas de hasta tres años de prisión. Dicho proyecto fue radicado por segunda vez el pasado 9 de noviembre y tiene como fin promover campañas de prevención para un cambio cultural. Paralelamente, colectivos feministas y organismos internacionales destacan la urgencia de destinar recursos suficientes para programas de sensibilización y capacitación de autoridades, advirtiendo que sin medidas efectivas los derechos de las mujeres seguirán siendo vulnerados en los espacios públicos.
Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2020) destaca cómo muchas mujeres han desarrollado estrategias de autoprotección frente al acoso sexual callejero, desde optar por vestimenta conservadora hasta portar gas pimienta o tomar cursos de defensa personal. Sin embargo, estas medidas trasladan la responsabilidad a las víctimas y perpetúan la idea de que deben modificar su conducta para evitar el acoso. “Estas estrategias refuerzan la creencia cultural de que los cuerpos de las mujeres son territorio disponible para los hombres”, afirma Sofía Castañeda, líder de la colectiva Unas tales feministas.
Castañeda añade que la normalización de conductas como los piropos y el hostigamiento permite que se interpreten como “halagos”, ignorando su naturaleza violenta. Esta permisividad se alimenta de la falta de políticas públicas efectivas y recursos adecuados. A pesar de compromisos por parte de alcaldías, el acoso no figura como prioridad en los planes de desarrollo locales, y la limitada presencia de Secretarías de la Mujer deja a muchas sin protección.
El impacto del acoso trasciende lo físico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), las víctimas suelen experimentar ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y sensación constante de hipervigilancia. Estas consecuencias se intensifican cuando el acoso ocurre en lugares que deberían ser seguros, como el transporte público, centros educativos o espacios recreativos.
Ejemplos cotidianos evidencian el problema. Muchas víctimas describen situaciones como notar que alguien se masturba junto a ellas en el transporte público, ser perseguida y hostigada en la calle, centro comercial, en la universidad, escuchar insinuaciones en un parqueadero o taxi y e incluso ser acosada sexualmente y abusada en el trabajo, servicio médico, gimnasios, culto, y escuela. Una mujer, entrevistada por este medio, relata: “Es la incertidumbre de no saber en qué lugar resguardarse o cómo evitar coincidir con el sujeto. Quieres ser invisible para no volver a experimentar ese aterrador episodio donde sientes que tu integridad y tu vida están en riesgo”.
Los datos respaldan la magnitud del problema. Un informe de ONU Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (2017) señala que las mujeres identifican comportamientos como manoseos (86,2%), intimidación o agresión (92,8%) y grabaciones sin consentimiento (91,8%) como formas recurrentes de acoso. Adicionalmente, la Fundación Plan Internacional (2022) reveló que el 97% de las mujeres en Colombia han sido víctimas de acoso callejero al menos una vez en sus vidas, siendo las calles y el transporte público los escenarios más reportados. Estos números exponen no solo la frecuencia, sino también la gravedad de un problema que limita el derecho fundamental de las mujeres a transitar libremente y sin temor.
Por ello, es crucial avanzar en estrategias integrales que combinen medidas legislativas, como la tipificación del acoso callejero, con campañas educativas que transformen las dinámicas culturales subyacentes. Estas acciones no solo visibilizan el problema, sino que también empoderan a las víctimas, asegurándoles acceso a justicia y mecanismos de protección efectivos. La erradicación del acoso callejero requiere, además, un compromiso colectivo donde las familias, las instituciones y la sociedad en general trabajen conjuntamente para construir espacios seguros y libres de violencia.
