Venezuela enfrenta una tragedia humanitaria con miles de muertos, daños millonarios y una soberanía cada vez más recortada. Bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, la reconstrucción depende de un Estados Unidos que controla recursos petroleros, administra sanciones, despliega al Comando Sur y decide hasta dónde se mueven los actores políticos venezolanos. El terremoto mostró quién manda sobre la caja, la ayuda y el futuro del país.
Por: David González M.
Venezuela, bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, intenta responder al devastador terremoto del 24 de junio pasado, buena parte de los recursos petroleros con los que podría financiar su reconstrucción permanece bajo control de Estados Unidos, y la ayuda que llega desde Washington viene acompañada por el despliegue armado del Comando Sur, la estructura militar estadounidense encargada de sus operaciones en América Latina y el Caribe, en puertos, aeropuertos e infraestructura crítica. Las consecuencias del desastre dejan al descubierto la fragilidad del aparato estatal, mostrando las ruinas de lo que alguna vez fue un país soberano y revolucionario.
Según el último balance oficial citado por El País el 2 de julio, el terremoto dejaba 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas. Reuters informó que la firma Verisk calculó pérdidas económicas superiores a los 10.000 millones de dólares. La emergencia golpeó infraestructura crítica en el corazón del vecino país: Caracas y la zona costera de La Guaira. Y aunque la ayuda ha venido de todas partes del planeta, el foco se centra en el apoyo prometido por el Estados Unidos de Trump a Venezuela.
Y esto especialmente, porque tras la operación de intervención militar que terminó con el presidente Nicolás Maduro preso en Nueva York el pasado 3 de enero, Estados Unidos ha sido el beneficiario directo del petróleo venezolano, tanto en el posicionamiento estratégico de sus corporaciones como en los ingresos confiscados al país sudamericano. Se estima que entre enero y mayo de 2026, Venezuela exportó petróleo bajo ese tutelaje por un valor de 11.600 millones de dólares.
El 70% de esos ingresos, poco más de 8.100 millones de dólares, permanece bajo el control directo de Estados Unidos. La mayor parte de estos fondos se encuentra en una cuenta del Citibank en Nueva York, supervisada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Y es el gobierno estadounidense quien administra estos recursos y solo libera porciones parciales tras validar en qué se gastarán. Ese mecanismo abre una pregunta central en medio de la emergencia: con qué margen real puede responder Venezuela si una parte sustancial de sus ingresos petroleros depende de autorizaciones externas y en medio de un cruento mar de sanciones y bloqueo de años.
El propio Donald Trump ha alardeado públicamente que los ingresos provenientes del petróleo venezolano han servido para "pagar la guerra con creces" refiriéndose al conflicto militar contra Irán.
En contraste la ayuda humanitaria, para la tragedia en Venezuela, apenas ronda los 300 millones de dólares , menos del 2% del valor de los recursos petroleros que EE. UU. ha retenido desde el inicio del año, esto según las mismas cifras del gobierno estadounidense. El medio estadounidense New York Times publicó un artículo donde describe la relación actual entre Washington y Caracas en términos de subordinación política y financiera, y denuncia directamente el saqueo de Trump: “Venezuela se ha transformado, en los hechos, en un Estado vasallo —el gobierno de Trump controla la mayor parte de los ingresos por exportaciones del país desde una cuenta de Citibank en Nueva York— con una líder venezolana que depende de Estados Unidos para mantenerse en el poder”.
A falta de ayuda humanitaria: hombres del comando Sur
Además de las preguntas dentro de Venezuela por los recursos suficientes para responder a la tragedia humanitaria, está el factor militar que preocupa a sectores chavistas dentro del país. Mientras decenas de gobiernos del mundo envían socorristas civiles, perros rescatistas o equipamientos para búsqueda de sobrevivientes, el Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue de un contingente militar significativo.
Según el propio comunicado del SOUTHCOM se han enviado más de 200 efectivos militares para apoyar directamente las labores de rescate en una operación bajo la supervisión del mayor general Kevin J. Jarrad, del Cuerpo de Marines de EE. UU. También se programó la llegada de seis aviones de carga C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea, además de aviones C-130 Hercules para transportar personal y equipo pesado, helicópteros UH-1Y Venom para evaluaciones aéreas y CH-47 Chinooks pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo) con base en Honduras. Y el buque de guerra USS Fort Lauderdale se encuentra utilizando el puerto de La Guaira para entregar suministros y equipos críticos. Aunque el despliegue fue presentado como parte de la respuesta humanitaria, su composición militar abrió preguntas sobre el alcance de la presencia estadounidense en infraestructura estratégica venezolana.
El propio Comando Sur habló de unos 2.000 militares estadounidenses “en el área”, en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela. Esa formulación no permite afirmar que todos estén en suelo venezolano, pero sí muestra la escala regional de la operación. En el tuit citado, U.S. Southern Command dijo:
https://x.com/Southcom/status/2072679787957498240/ X
Y un periodista venezolano dijo a RAYA: “EEUU ya se apoderó del aeropuerto La Carlota, donde fijó su base militar dentro de Caracas. Están los marines tanto en Caracas como en la Guaira, tienen helicópteros y aviones para la guerra, son el único grupo de rescate que ingresó al país completamente armados”.
El despliegue militar estadounidense, impensado bajo los gobiernos de Maduro y Chávez, ha empezado a levantar preguntas de analistas dentro de Venezuela. El analista y periodista venezolano William Zefarino escribió: “El gobierno estadounidense podría arriesgarse a cálculos aventureros para ampliar el perímetro de dominio actual sobre la República Bolivariana, utilizando la fachada de la ayuda humanitaria para expandir presencia militar y afianzar resortes de control. Estamos hablando de una administración norteamericana volcada al hard power y al uso de políticas de poder, por lo que la proyección no es descabellada.”
Y mientras esas sospechas crecen dentro de Venezuela, también lo hace el malestar social. Zefarino resume: “Los límites del pacto Washington-Caracas están siendo probados a cada hora, con Miraflores quizás calculando hasta qué punto puede tensar a la administración Trump sin perder su apoyo para conseguir un alivio aún mayor de sanciones, y a la Casa Blanca, muy probablemente, mapeando debilidades post-desastre para evaluar un esfuerzo de neocolonización más amplio.”
Al manejo de las graves consecuencias humanitarias del terremoto, se suman una serie de políticas insuficientes que apuntan al gobierno de Delcy Rodríguez. El bajo salario real, el deterioro de pensiones y la alta inflación… Son algunos de los temas que ya se agitaban en protestas en las calles, movilizaciones todavía contenidas pero con consignas que apuntan directamente a Rodríguez y a la insatisfacción frente a un llamado gobierno de transición sin ruta clara.
Así el terremoto devela que la Venezuela actual está atrapada entre el tutelaje financiero del Departamento del Tesoro de EEUU vía las sanciones administradas por la OFAC y el control territorial del Comando Sur ya con presencia en puertos e infraestructura clave del país.
Y quizás el hecho más reciente y visible del grado de dependencia política en Venezuela lo protagonizó la dirigente opositora y premio Nobel de Paz María Corina Machado, al intentar regresar al país en medio de la crisis humanitaria posterior al terremoto. Ese intento fue criticado por altos funcionarios estadounidenses del gobierno Trump, uno de ellos citado por el medio Axios dijo “Quiere una oportunidad para tomarse fotografías mientras distribuye nuestra ayuda. Esto tiene que ver con sus propios intereses”.
Machado, desde Panamá, en un post hace tres días, dijo que el gobierno venezolano había impedido su retorno al cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, medios estadounidenses reportaron que la decisión también encontró resistencia en Washington. Según The Wall Street Journal, un avión privado que la llevaba desde Virginia hacia Curazao fue obligado a regresar después de que funcionarios estadounidenses retiraran su respaldo a la operación. El mismo medio reportó que altos funcionarios del gobierno Trump, incluido Marco Rubio, le habían pedido paciencia y consideraban que no era el momento adecuado para regresar en medio de la atención al terremoto.
Según Axios, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo al medio: “Marco (Rubio) está al límite. Ella tiene que tener paciencia y no la tiene, y eso lo está volviendo loco.” Otro funcionario citado por el mismo medio agregó: “Quiere que le garanticemos su seguridad. Si está al lado de los marines estadounidenses, nadie la va a atacar y parecerá que ella está al mando. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Instalándola en el poder?”.
La pregunta es quién tiene hoy el poder en Venezuela. Entre la cuenta de Citibank que decide cuánto petróleo se convierte en ayuda, el Departamento del Tesoro que valida desembolsos, el Comando Sur desplegado en torno a la emergencia y una oposición cuyo regreso también depende de cálculos en Washington, Venezuela reconstruye edificios mientras se estrecha su margen de decisión política y la soberanía del país hermano camina sobre una cuerda floja.
