El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella empieza a encontrar resistencia en el ala progresista del Congreso de Estados Unidos. Tres enmiendas presentadas por Jesús “Chuy” García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar buscan poner bajo lupa la cooperación militar con Colombia, evitar que recursos estadounidenses terminen beneficiando redes vinculadas con el paramilitarismo, defender la implementación del Acuerdo de Paz y revisar el papel de Washington en violaciones de derechos humanos como los falsos positivos. El mensaje es claro: la agenda de “mano dura” de De la Espriella y su alineamiento con Trump ya encienden alarmas en Washington.
Por: Redacción revista RAYA
Un sector progresista del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos empezó a marcar distancia frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Los congresistas Jesús “Chuy” García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar presentaron tres propuestas de enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act —NDAA—, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2027. Esta legislación se aprueba anualmente y establece la política y el presupuesto para el Departamento de Defensa y otras agencias estadounidenses relacionadas con la seguridad.
Las enmiendas reflejan una preocupación creciente en Washington sobre el futuro de la asistencia militar y la cooperación en seguridad de Estados Unidos con Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, un abogado que ha defendido judicialmente a exjefes paramilitares y que llega al poder con un discurso de “mano dura”. El punto de fondo es si los recursos estadounidenses de seguridad podrían terminar beneficiando a funcionarios o redes vinculadas con estructuras paramilitares o sus sucesores.
A esto se suma, la afinidad ideológica del presidente electo con Trump y su promesa de incorporar al país al “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por el gobierno estadounidense con la que pretenden combatir el crimen organizado, el narcotráfico y, la mal llamada, “migración ilegal”. Para sectores progresistas de Estados Unidos y América Latina, esa agenda abre preguntas sobre soberanía regional, operaciones militares conjuntas, uso de la fuerza fuera de territorio estadounidense y mayor injerencia extranjera en la política de seguridad de Colombia.
Ese conjunto de señales encendió las alarmas de un sector del Partido Demócrata. “Reflejan un creciente reconocimiento de que la supervisión del Congreso estadounidense sobre la asistencia militar y la cooperación en seguridad de Estados Unidos con la administración entrante de De la Espriella debe convertirse en una prioridad central, especialmente a la luz del reiterado desdén del presidente electo frente a los derechos humanos y de su programa de ‘mano dura’, dijo Francesca Emanuele, analista del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR) de Washington a la revista RAYA.
Explicó, además, que las propuestas buscan evitar que se reproduzcan patrones de la política estadounidense del pasado hacia Colombia. “Particularmente durante el Plan Colombia, cuando una amplia asistencia militar de Estados Unidos coincidió con algunas de las violaciones de derechos humanos más graves del país”, agrega Emanuele.
Una de las enmiendas fue presentada por el congresista Jesús “Chuy” García, demócrata de Illinois, quien propuso agregar a la ley un párrafo que obligue a revisar los programas de asistencia en seguridad entre Estados Unidos y Colombia. Esto con el fin de que los altos funcionarios que tengan vínculos creíbles con grupos paramilitares —como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaradas organización terrorista por el gobierno estadounidense el 10 de septiembre de 2001— o con sus organizaciones sucesoras surgidas tras la desmovilización, sean objeto de evaluación y eventuales restricciones. El objetivo, según García, es impedir que esas organizaciones se beneficien de recursos estadounidenses.
Esta propuesta coincide con los señalamientos contra Abelardo de la Espriella por su presunta cercanía con jefes paramilitares. Pablo Hernán Sierra, alias “Pipintá”, exjefe paramilitar y testigo contra el expresidente Álvaro Uribe, señala a De la Espriella como presunto contacto de un plan de las AUC para incidir en la Corte Constitucional para favorecer a exjefes paramilitares tras su desmovilización. Así lo hizo saber en una carta dirigida a la CIDH y a la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Otra enmienda presentada por el congresista “Chuy” García resalta la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, para la seguridad de los Estados Unidos y de Colombia. García busca agregar un párrafo en el que se establezca que el Congreso estadounidense reconoce el acuerdo y sus mandatos como un hito en la construcción de la paz en Colombia.
A su vez, plantea que Estados Unidos, que ha invertido recursos considerables, debe seguir apoyando la implementación. “El retroceso en los avances logrados hacia la implementación de los acuerdos de paz amenazaría los intereses de seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Colombia”, se lee en el documento.
Esta enmienda es relevante tras la victoria apretada de Abelardo de la Espriella, quien en campaña electoral propuso acabar con uno de los pilares del Acuerdo de Paz: la Justicia Especial para la Paz. Esto ocurre cuando la JEP empieza a mostrar importantes resultados en búsqueda de la verdad del repertorio de violencia que sacudió a Colombia en el Conflicto. Entre ellos, los procesos sobre ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” y la comparecencia de 2000 integrantes de la Fuerza Pública acusados por crímenes de lesa humanidad.
La tercera enmienda, presentada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y el congresista Greg Casar, de Texas, le exige al Departamento de Estado de Estados Unidos presentar un informe sobre la participación del Ejército colombiano en violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia —incluido el caso de los "falsos positivos"—, su vinculación con grupos paramilitares y con empresas privadas.
A su vez, Ocasio-Cortez y Casar piden una evaluación de la cooperación militar entre ambos países entre 1980 y 2010, y un análisis sobre si la asistencia militar estadounidense durante ese período pudo haber contribuido a esas violaciones de derechos humanos. Esta propuesta amplía el debate: no se limita al gobierno entrante de De la Espriella, sino que pide revisar el papel histórico de Washington en la guerra colombiana y en los abusos cometidos bajo el paraguas de la cooperación militar.
Estas enmiendas se suman a una carta firmada por once congresistas demócratas y doce organizaciones de la sociedad civil que expresaron su preocupación por la interferencia del gobierno Trump en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, los vínculos de De la Espriella con presuntos casos de lavado de activos y organizaciones paramilitar como las AUC. Ese grupo armado fue designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos en 2001.
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Se espera que estas enmiendas sean sometidas a votación en las próximas dos semanas dentro del Congreso. Y si bien el ala progresista demócrata no es mayoría, sí empieza a mostrar un crecimiento importante electoral en la política estadounidense reflejado en los recientes triunfos de las primarias de Nueva York. Y esto, además, a pocos meses de unas reñidas elecciones de mitad de período en Estados Unidos, que podrían significar el fin del control trumpista sobre el Congreso —en un momento de baja popularidad para su mandato— y un nuevo giro en el rumbo de la política estadounidense que también marcará el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia.
