En una zona temporal de Putumayo, 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera dejaron fusiles y uniformes mientras esperan saber qué va a pasar con el proceso de paz en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Uno de ellos es Emmanuel, un joven que sueña con ser enfermero. Su caso expone una decisión urgente para el nuevo gobierno: sostener la reincorporación con garantías o desmontar un proceso que puede devolver jóvenes a la guerra.
Por: Gina Parra
Emmanuel tenía 18 años cuando lo conocí en la vereda Betania, en Valle del Guamuez, Putumayo. El pasado 18 de junio dejó las armas en una Zona de Ubicación Temporal creada en medio de los diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente de las antiguas FARC de la que hacen parte Comandos de Frontera. A ese lugar llegaron 99 integrantes del grupo armado para entregar su armamento al Ministerio de Defensa y al Mecanismo Tripartito de Verificación. Según información de la delegación de Gobierno en esa mesa, las armas fueron trasladadas a Indumil para su destrucción.
El 2 de julio, la Delegación de Paz del Gobierno aclaró que la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez no fue afectada por la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente un acto administrativo relacionado con conversaciones con la Segunda Marquetalia. Según el comunicado, la mesa vigente es con la Coordinadora Nacional–Ejército Bolivariano, no con el grupo de Iván Márquez, y la ZUT de Putumayo fue autorizada mediante la Resolución 053 de 2026. La Delegación también señaló que quienes dejaron las armas en ese espacio “han confiado en el Estado y sus instituciones”.
Desde ese 18 de junio, Emmanuel y los demás integrantes que permanecen en la ZUT esperan una definición política sobre su futuro. La zona sigue vigente, pero el proceso queda atravesado por la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien en campaña prometió desmontar la Paz Total. Emmanuel quiere estudiar enfermería; la pregunta es si el Estado le abrirá una ruta civil o si lo dejará sin garantías para sostener su salida de la guerra.
Marcha final, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo- Fotografía: Gina Parra
Emmanuel, como se hace llamar para proteger su identidad, llegó a un grupo armado antes de cumplir la mayoría de edad. Según cuenta, no fue una decisión aislada: ocurrió en medio de pobreza, ausencia estatal y falta de oportunidades en un territorio marcado durante años por la presencia de actores armados. Tiene 19 años recién cumplidos, habla con timidez y todavía carga en el cuerpo los gestos de quien acaba de salir de la guerra. Hasta hace pocos días llevaba un fusil M4 de fabricación estadounidense; ahora habla de estudiar, bailar y salvar vidas.
El caso de Emmanuel no es una excepción ni una historia aislada de superación. En Colombia, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes sigue siendo una práctica activa en territorios donde la escuela, el trabajo, la protección familiar y la presencia estatal llegan tarde o no llegan. Por eso, lo que ocurra en la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo no solo definirá el futuro de 99 personas: también mostrará si el país está dispuesto a disputarles jóvenes a las armas o si seguirá administrando la guerra como única política de seguridad.
Emanuel, el futuro enfermero, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
El pasado 23 de junio Emmanuel cumplió 19 años en la Zona de Ubicación Temporal. No celebró su cumpleaños. Está lejos de su familia y el único que lo felicitó fue un amigo que también permanece en el lugar. Le hubiera gustado estar al lado de los suyos, después de más de un año y medio de ausencia. Por razones de seguridad, este artículo no publica su nombre real ni detalles que permitan identificar a su familia. Proteger su identidad no borra su historia: permite contarla sin exponerlo.
Desde el 18 de junio, cuando dejó las armas, han pasado varias cosas. Emmanuel ha recibido atención psicosocial y ahora está organizando un grupo de baile. Esa es su segunda pasión. Le gustan las artes y la cultura, especialmente la danza. A través del cuerpo quiere expresar su identidad y pasar el tiempo mientras llega una oferta de formación que le permita empezar a estudiar. No habla de la paz como un concepto lejano. Para él, la paz es algo más concreto: volver a ver a su familia, estudiar, bailar y no cargar otra vez un arma.
Dejación de armas Comandos de frontera, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
Emmanuel dejó las armas y se puso una camiseta blanca que decía: “Le apuesto a la vida, le cumplo a la paz”. Se quedó en la zona con la ilusión de que el proceso le permita volver a la vida civil y que el nuevo gobierno le dé una segunda oportunidad para salir definitivamente de la guerra. Esa ilusión, sin embargo, quedó atravesada por los resultados electorales y por la incertidumbre frente a las decisiones del presidente electo Abelardo de la Espriella.
La preocupación de Emmanuel no nace de un temor abstracto. En sus propuestas de campaña, De la Espriella presentó la seguridad como eje de gobierno y sostuvo que “con los criminales no habrá negociación”. En ese mismo documento calificó la Paz Total del gobierno Petro no como una paz fracasada, sino como “traición a la Patria”, y propuso recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, fortalecer la Fuerza Pública, destruir economías ilegales y acelerar la judicialización. Ese enfoque deja abierta una pregunta concreta para quienes ya están dentro de una Zona de Ubicación Temporal: qué hará el nuevo gobierno con personas que dejaron armas y uniformes en medio de un proceso que todavía no termina.
Municiones y armas entregadas por comandos de frontera, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
Lo dejé atrás con una mezcla de esperanza y preocupación. Su historia obliga a mirar una pregunta que suele perderse en el debate nacional sobre seguridad: qué habría pasado si, antes de llegar a un grupo armado, Emmanuel hubiera tenido acceso real a educación, protección familiar, oportunidades económicas y presencia estatal. Hoy quiere ser enfermero, pero su futuro depende de decisiones políticas que están por tomarse. La pregunta no es solo qué va a pasar con él, sino qué hará el Estado con las 99 personas que ya están sin armas y sin uniformes en una zona temporal.
De acuerdo con información conocida en el proceso de paz, hay al menos cinco escenarios sobre el futuro inmediato de la Zona de Ubicación Temporal.. El primero es que los diálogos se suspendan de manera bilateral, se activen los protocolos de incumplimiento de los acuerdos de funcionamiento de la ZUT y se ordene la retirada en menos de 72 horas. En ese caso, Emmanuel y sus compañeros quedarían en alto riesgo de volver a la confrontación armada.
El segundo escenario es que los diálogos se suspendan de manera unilateral por parte del Gobierno nacional y que la Fiscalía General de la Nación reactive o solicite órdenes de captura contra quienes hoy se encuentran sin armas y sin uniformes en el lugar. En ese caso, Emmanuel podría enfrentar un proceso judicial y perder la expectativa de una ruta de reincorporación a la vida civil.
El tercer escenario es que se levanten los diálogos de paz, pero el nuevo gobierno acoja a esas 99 personas en un proceso de reintegración con garantías sociales, judiciales, económicas y comunitarias. En ese caso, Emmanuel podría reencontrarse con su familia y avanzar en su sueño de estudiar enfermería. El cuarto escenario es que se dé continuidad a los diálogos de paz y que los jóvenes puedan hacer su proceso de reintegración a la vida civil. En esa posibilidad, al lugar podrían ingresar más integrantes de la organización, de acuerdo con lo pactado.
El quinto escenario es el más grave: un ataque contra la Zona de Ubicación Temporal por parte de otro grupo armado o una operación que rompa las garantías del proceso. En ese caso, la vida de quienes permanecen allí quedaría en riesgo y el proceso podría fracasar. La propia existencia de la zona depende de decisiones que superan a Emmanuel, pero que caen directamente sobre su cuerpo y sobre su futuro.
Adiós a los uniformes, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
El riesgo de que jóvenes como Emmanuel regresen a la guerra debe leerse en un país donde el reclutamiento no es un hecho del pasado. La Defensoría del Pueblo registró 463 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en 2024. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila. Para 2025, la entidad reportó 257 casos, con Cauca nuevamente como el territorio más golpeado. Las cifras muestran que la vinculación de menores a estructuras armadas sigue ocurriendo en regiones donde el Estado llega tarde, llega débil o llega solo con fuerza pública.
La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia también ha advertido que la crisis no es coyuntural sino estructural. Según su Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, durante 2025 se verificaron 292 eventos que afectaron directamente a por lo menos 379.524 niñas, niños y adolescentes. En el primer trimestre de 2026, COALICO registró 46 eventos que afectaron al menos a 6.451. La categoría de vinculación, que incluye reclutamiento, uso y utilización, siguió siendo una de las más graves.
La trayectoria de Emmanuel tampoco es una excepción histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Caso 07 para investigar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. En ese expediente, la JEP estableció que al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP entre 1971 y 2016. Esa cifra no habla solo del pasado: muestra una estructura que se repite cuando la pobreza, la falta de escuela, el control armado y la ausencia institucional se juntan en los territorios.
“Negrito, la paz y yo”, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
El Centro Nacional de Memoria Histórica ya había mostrado en el informe Una guerra sin edad que el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes no se explican únicamente por la voluntad de los grupos armados. También dependen de entornos donde faltan protección, educación, salud, nutrición, recreación, vivienda digna y oportunidades reales para construir un proyecto de vida. En esos lugares, la guerra no aparece de golpe: va ocupando los espacios que el Estado, la escuela y la economía legal dejaron vacíos.
Antes de pensar cuál podría ser la mejor opción para Emmanuel, vale preguntarse cuál es la mejor opción para el país. ¿Qué le cuesta más a Colombia: formar a un joven que quiere ser enfermero o devolverlo a una guerra que ya ha tenido costos humanos, sociales y económicos enormes? La pregunta no es retórica. En un país que ha destinado durante décadas buena parte de sus recursos a la confrontación armada, cada joven que deja un fusil abre una disputa concreta entre dos inversiones: reincorporación o guerra.
La comparación no debe reducirse a una suma contable. La educación, la salud mental, la reunificación familiar y la generación de ingresos son inversiones preventivas: disminuyen la probabilidad de que un joven vuelva a ser captado por una estructura armada y reducen costos futuros en seguridad, justicia, atención a víctimas y reparación. En cambio, una respuesta exclusivamente militar puede contener un problema inmediato, pero no cambia las condiciones que hicieron posible el reclutamiento.
Los estudios sobre reincorporación muestran que dejar el arma no equivale automáticamente a salir de la guerra. Un informe reciente de UNIDIR sobre la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP advierte que las dificultades económicas y la inseguridad pueden afectar el tránsito a la vida civil y aumentar el riesgo de retorno a la actividad armada. El mismo estudio señala que, de cerca de 14.000 excombatientes que entregaron las armas en 2016, aproximadamente 12.000 seguían participando en el proceso de reincorporación. Eso muestra que las rutas institucionales pueden sostener salidas de la guerra, pero solo si ofrecen apoyos reales en educación, atención médica, protección, ingresos y proyectos de vida.
“Le apuesto a la vida, le cumplo a la paz, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
Ese antecedente no significa que la reincorporación de las antiguas FARC haya sido perfecta ni que no existan incumplimientos, riesgos de seguridad o asesinatos contra firmantes de paz. Pero sí muestra que dejar las armas puede producir resultados sociales cuando existe una ruta institucional. La paz, entendida como política pública, no se agota en la firma de un acuerdo: requiere educación, tierra, seguridad, salud, ingresos, comunidad y garantías jurídicas. Sin esas condiciones, la dejación de armas puede convertirse en una pausa frágil antes de otro ciclo de violencia.
El costo del fracaso ya lo conoce el país. Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 10.216.759 personas registradas como víctimas del conflicto armado. Ese universo incluye hechos como desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, desaparición forzada, confinamiento y violencia sexual, entre otros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas reportó en abril de 2026 un universo de 136.010 personas dadas por desaparecidas en Colombia, una cifra que creció por la integración y depuración de bases de datos que durante años estuvieron dispersas.
La JEP estudia actualmente 11 macrocasos. Entre ellos están los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y la violencia sexual, reproductiva y basada en género en el marco del conflicto. Esos expedientes muestran que la guerra no solo produce muertos y combatientes: también deja familias rotas, cuerpos desaparecidos, años de escuela perdidos, economías campesinas interrumpidas y generaciones enteras obligadas a crecer entre el miedo y la obediencia armada.
En esas cifras no están incluidos todos los costos de la guerra: atención humanitaria por desplazamientos, presión sobre el sistema de salud por militares, civiles y combatientes heridos, viviendas destruidas, afectaciones psicosociales, pérdida de años de escolaridad y reparación pendiente a las víctimas. La guerra no solo se mide en presupuesto militar. También se mide en vidas suspendidas, familias rotas, territorios empobrecidos y jóvenes que, como Emmanuel, llegaron a un grupo armado antes de poder imaginar un proyecto de vida.
La paz es el camino, Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, 18 de junio 2026, Valle del Guamuez, Putumayo - Fotografía: Gina Parra
Al final de esta historia están Emmanuel y sus otros 98 compañeros, con sueños similares, que ya dejaron las armas para apostarle a un futuro lejos del fusil. La decisión sobre su futuro queda ahora en manos del nuevo gobierno, que deberá definir si mantiene una ruta de reintegración con garantías o si desmonta un proceso que ya tiene a 99 personas sin armas y sin uniformes en una zona temporal.
Emmanuel quiere estudiar enfermería. Otros quieren volver con sus familias, trabajar, bailar, aprender un oficio o simplemente dejar de huir. La pregunta no es si merecen una oportunidad abstracta, sino qué le conviene más a un país que ha pagado durante décadas el precio de la guerra: sostener rutas de reincorporación o dejar que esos jóvenes vuelvan a quedar disponibles para los actores armados. La historia de Emmanuel no borra las responsabilidades que puedan existir por su paso por un grupo armado ni las preguntas judiciales sobre las estructuras a las que perteneció. Pero sí muestra el dilema de fondo: qué hace el Estado con quienes ya dejaron las armas y esperan una ruta civil.
