Falta de experiencia, títulos dudosos y familiares de corruptos: Lina Garrido y la cúpula de la ANT, en la mira 

Mientras el Consejo de Estado determina si Lina Garrido tiene o no la experiencia para ser la directora de la Agencia Nacional de Tierras, cuatro de sus altos directivos en la entidad tienen cuestionamientos: el hermano de un fiscal condenado por corrupción en Santander, el exsecretario de Gobierno de un alcalde condenado por parapolítica en Santa Marta, un joven que presentó un título de maestría aunque aparece en primer semestre y un comunicador que renunció tras divulgar un video cocinando un armadillo. 

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA

La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene en sus manos ahora mismo el futuro de Lina María Garrido como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Ese tribunal admitió una demanda presentada por la congresista de oposición Laura Daniela Beltrán —Lalis—, que busca anular el nombramiento de Garrido con el argumento de que no cumple con la experiencia requerida para dirigir la máxima autoridad en materia de tierras en Colombia. Aunque el Consejo de Estado admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión provisional del nombramiento y Garrido continúa en el cargo mientras se resuelve el caso. La demanda cuestiona su nombramiento porque Garrido viene de un campo completamente ajeno al sector de la tierra: es profesional en Relaciones Internacionales, cuenta con especializaciones en mercadeo y gerencia social y viene de ser representante a la Cámara por el departamento de Arauca por el partido Cambio Radical.

Aunque la ANT le certificó a Garrido 129 meses de experiencia profesional relacionada, el Consejo de Estado advirtió que el expediente no contenía la descripción de las funciones desempeñadas por ella en sus cargos anteriores. Por eso negó la suspensión provisional, sin resolver todavía si cumple los requisitos de experiencia para dirigir la entidad. Pero ella no es la única alta directiva de la ANT que afronta cuestionamientos. 

El otro caso es el del santandereano Carlos Alberto Rodríguez, nombrado secretario general de la entidad, en la práctica la mano derecha de Garrido. Nació en Bucaramanga, pero se crió en San Vicente de Chucurí (Santander). Hizo parte del equipo legislativo de la hoy directora Garrido cuando fue congresista. Antes, entre 2019 y 2021, Rodríguez ya había trabajado en la Cámara, pero con la bancada del Centro Democrático. Se definía como un “uribista de convicción”. El pasado 25 de agosto se posesionó en el cargo desde el que se dirigen los asuntos administrativos, financieros y de personal de la ANT. 

“Su trayectoria y liderazgo llegan para fortalecer nuestra gestión, impulsando un trabajo eficiente, transparente y plenamente enfocado en el servicio a las familias campesinas de Colombia”, comunicó la agencia en sus redes sociales. La agencia resaltó su trayectoria en gestión pública y destacó que él provenía de una familia campesina. No obstante, en Santander también es conocido por el caso de su hermano Javier Alberto Rodríguez, un fiscal que fue condenado por corrupción por integrar una red al interior de la Fiscalía que favoreció a investigados por la entidad a cambio de sobornos.

En abril de 2021, el entonces fiscal general Francisco Barbosa anunció públicamente la captura de Rodríguez, el hermano del hoy directivo de la ANT: “No damos tregua a los corruptos y el ejemplo empieza en nuestra entidad; hoy capturamos a dos funcionarios —un fiscal especializado y un investigador del CTI— adscritos a la dirección seccional de Santander (...) las pruebas indicarían que los funcionarios presuntamente hacían parte de una organización criminal que por el manejo de información privilegiada sobre procesos penales contactaba a los investigados en Bucaramanga para favorecerlos a cambio de dádivas y dinero”, dijo Barbosa. 

El fiscal Rodríguez fue capturado la noche anterior a esa rueda de prensa en un bar de Bucaramanga mientras recibía $100 millones en efectivo, que eran parte del soborno que le estaban pagando. El fiscal Barbosa denunció entonces que no se trataba de un caso aislado de soborno, sino que las proporciones de esa red corrupta equiparable al caso conocido como el de los “narcofiscales” del Valle del Cauca: “Sabemos que en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de esas actividades y vamos por ellos, no vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas”, dijo Barbosa. 

Por ese caso, en junio de 2022 el fiscal Rodríguez fue condenado por el Tribunal Superior de Bucaramanga a 50 meses de prisión por el delito de concusión, condena que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de ese mismo año. El tribunal encontró que el fiscal Rodríguez llevaba un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a la pareja de esposos José Fernando Malaver Fuentes y Anayenci Celeste Rodríguez Rueda, a quienes sobornó. “A partir del 15 de enero de 2021, el citado funcionario judicial [Rodríguez] con la colaboración de un miembro de policía judicial y de un abogado, abusando de su función, empezó a ejecutar actos para obligarlos a entregar entre 350 y 400 millones de pesos para archivarles dicha investigación”, se lee en el fallo de la Corte. 

El fiscal condenado no solo es hermano del hoy Secretario General de la ANT, sino que quienes los conocen en San Vicente de Chucurí saben de su estrecha cercanía. Apenas dos semanas antes de la captura, Carlos Alberto publicó esta fotografía con su hermano Javier Alberto.

Pero ese no es el único proceso que involucra al ahora exfiscal Rodríguez por pedirles dinero a quienes se suponía que tenía que investigar. En otro caso, la Fiscalía lo acusó de haberles pedido $18 millones a la pareja conformada por Alba Luz Portilla Solano y Juan Carlos López, quienes estaban siendo procesados por narcotráfico en 2013. Según la acusación, a cambio de ese dinero, el fiscal los habría favorecido con un preacuerdo en el que serían beneficiados con prisión domiciliaria.

Otro expediente judicial contra Rodríguez se remonta a 2005, cuando, como fiscal de Yopal (Casanare) emitió una resolución en la que revocó la medida de aseguramiento contra dos paramilitares, Wilfredo Hurtado Sepúlveda y Carlos Eberto Higuita Usuga, sindicados del delito de concierto para delinquir. En ese caso no había ninguna prueba nueva que justificara la libertad de los procesados. Rodríguez terminó en juicio, pero fue absuelto por el Tribunal Superior de Yopal en 2008.

El otro caso es el de Juan Manuel Noguera Martínez, posesionado por Garrido el pasado 15 de septiembre como director de Acceso a Tierras, un cargo que ya había ocupado en el Gobierno Duque. El pasado 15 de septiembre, tras su posesión, la ANT destacó una trayectoria de Noguera Martínez de más de 20 años en el servicio público. Sin embargo, omitió un antecedente relevante: Noguera fue secretario de Gobierno de Santa Marta durante la alcaldía de José Francisco Zúñiga Riascos, condenado en 2009 por parapolítica tras probarse sus vínculos con estructuras paramilitares.

Zúñiga Riascos, esposo de la política Rosa Cotes, fue elegido alcalde de Santa Marta para el periodo 2004-2007 con el respaldo de los paras de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernán Giraldo Serna. Según la justicia, a cambio de ese apoyo el entonces candidato se habría comprometido a entregar espacios burocráticos a las autodefensas y a permitir que participaran en la contratación pública de la ciudad. Uno de los compromisos ejecutados fue el nombramiento de una persona cercana a ese grupo armado en la Secretaría de Educación de la ciudad. Es decir, el hoy directivo Juan Manuel Noguera hizo parte de una administración que recibió el apoyo de los paramilitares y que le habría entregado contratos a ese grupo armado. 

Otro caso es el que reveló esta revista la semana pasada. Se trata del jefe de Planeación de la entidad, Camilo Andrés Salazar, quien se presenta como graduado de una maestría en administración, aunque los registros oficiales lo ubican apenas en primer semestre. Esa contradicción, revelada por RAYA, plantea interrogantes sobre la información académica presentada por el funcionario y la forma en que la universidad le entregó su título. Después de la publicación de RAYA, el funcionario aportó documentos para demostrar que sí había concluido la maestría. Aún con sus propios papeles, quedaría claro que recibió el título de la maestría en un año y cuatro meses para un máster que tiene una duración de dos años. Además, el joven funcionario pasó en tiempo récord de ser asistente de presupuesto en la Gobernación del Atlántico a ocupar uno de los principales cargos de la máxima autoridad en materia de tierras en Colombia. 

Y el último caso es el de Yordi Medina Noriega, nombrado por Garrido como el jefe de comunicaciones de la ANT, quien el pasado 13 de octubre fue expuesto por la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria tras difundir un video en sus redes sociales en el que se le ve cocinando un armadillo, una especie silvestre amenazada precisamente por la caza ilegal. “Respetamos a las comunidades indígenas, afro y campesinas que, por tradición y supervivencia, viven del monte; pero este no es el caso. Un funcionario público no puede cocinar un armadillo en la capital y exhibirlo en redes sociales; quien representa al Estado debe proteger la fauna, no promover su consumo”, alertó la red. 

La denuncia tuvo consecuencias casi inmediatas. El 15 de octubre, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Medina y solicitó información a las autoridades ambientales para establecer si su conducta vulneró las normas de protección de fauna silvestre. Ese mismo día, el funcionario presentó su renuncia y fue aceptada por Lina Garrido quien, como ya hemos mencionado, está tambaleando en el cargo por no tener experiencia en la materia.