RAYA revela el memorando que el gobierno de Abelardo De la Espriella mantuvo oculto y que abre a Estados Unidos acceso a información geológica privilegiada y facilidades para acelerar proyectos de minerales estratégicos. El documento no incluye salvaguardas ambientales ni garantías explícitas para las comunidades, mientras el Gobierno modifica medidas de protección en zonas como Santurbán y La Guajira.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Durante casi dos meses, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, sobre minerales estratégicos, ha estado bajo el secreto del gobierno de Abelardo De la Espriella. La información oficial difundida sobre este documento, denominado Acuerdos de Barranquilla y pactado el 8 de septiembre pasado, solo se limitó al discurso del presidente: “Colombia tiene, señor Secretario, una posición geográfica privilegiada, acceso a dos océanos, recursos estratégicos y talento humano”, dijo al referirse a Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno Trump. El canciller colombiano Omar Bula, se ha limitado a emitir comunicados en los que detalla que se firmó un “acuerdo de cooperación con Estados Unidos en minerales estratégicos y energía nuclear para fortalecer su seguridad energética”; sin embargo, el fondo del documento deja ver cuáles fueron las concesiones, gabelas y ventajas que cedió Colombia poniendo en riesgo zonas estratégicas ambientales.
Los dos documentos, un Marco de Cooperación para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica Civil en Materia Nuclear, han permanecido ocultos; incluso, el congresista José Luis Bohorquez, del Pacto Histórico, logró, mediante tutela, que el Juez 27 Laboral del Circuito de Bogotá ordenara a las entidades estatales dar respuesta en 48 horas, pero el gobierno De la Espriella incumplió. Hasta la fecha de publicación de este artículo no ha habido respuesta oficial al congresista.
RAYA tuvo acceso al primer memorando de entendimiento firmado entre el canciller Omar Bula y Marco Rubio, el cual tiene como objetivo, dice, garantizar el procesamiento de minerales críticos y tierras raras en Colombia por parte de EE.UU. Allí se contemplan mecanismos de financiación pública y privada para proyectos de minería, la agilización de los permisos de exploración, la creación de mecanismos de precios mínimos, la cooperación en mapeo geológico y condiciones de acceso anticipado para Washington.
Uno de los puntos centrales del memorando está en su primera página, en la que se establece que ambos gobiernos intensificarán la cooperación para garantizar el abastecimiento de minerales críticos —en bruto o procesados—, necesarios para la fabricación de productos de defensa y tecnologías avanzadas. Para lograr eso, el documento menciona el uso de herramientas de política económica ya existentes, entre ellas, la infraestructura estadounidense de demanda y acopio de esos minerales y las “reservas estratégicas” de Colombia.
Aunque estas últimas aparecen nombradas como uno de los elementos aprovechables en las cadenas de suministro, no queda suficientemente especificado a qué tipo de reservas se refiere: si se trata de reservas ya almacenadas de minerales o depósitos de estos ya identificados en el subsuelo. Tampoco habla de cómo se utilizarían para garantizar el suministro ni de los compromisos concretos de cada país frente a estos.
Traducción: “Los participantes se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos necesarios para respaldar la fabricación de defensa y tecnologías avanzadas y sus respectivas bases industriales. Esto incluye aprovechar las herramientas de política existentes, como la demanda de la industria de los Estados Unidos y la infraestructura de demanda y las reservas estratégicas de Colombia”
El memorando en su diseño está alineado con la Nueva Estrategia de Seguridad del gobierno de Donald Trump, que establece como prioridad el acceso ilimitado de Estados Unidos a minerales y materiales críticos que son necesarios para que reduzca su dependencia a China, que tiene acceso a esas cadenas de suministro. El 4 de febrero pasado, el gobierno Trump realizó una “reunión ministerial sobre minerales críticos 2026”, a la que asistieron representantes de 54 países y de la Comisión Europea. En esta se habló de crear una zona de comercio preferencial para minerales críticos y acelerar la inversión para proyectos de los Estados que se unieran.
Para avanzar en ese propósito, Estados Unidos ha definido una lista de 60 minerales que son importantes para su economía y la seguridad nacional, entre esos: el cobre, el carbón metalúrgico, el níquel, la plata, aluminio, magnesio, fosfato, zinc y platino. Por su parte, un mes después de la reunión en Barranquilla, el Gobierno colombiano presentó un proyecto de resolución para ampliar la lista de minerales estratégicos de 17, que se habían definido en 2023 por el entonces gobierno Petro, a 28, que es la propuesta de De la Espriella. Varios de los minerales de ambos países coinciden en su importancia. Además, la nueva propuesta, abierta a comentarios hasta el 3 de noviembre, incorpora criterios que aparecen en el memorando como la seguridad de las cadenas de suministro, el potencial geológico y la inserción en mercados internacionales.
En el documento también se deja establecido que se instalará una nueva capacidad, que estaría disponible desde 2026, para acelerar esa cooperación. Aunque no deja especificado si se realizarán nuevos proyectos o se pondrán en marcha algunos que ya están en proceso, sí marca una hoja de ruta para facilitar que el memorando se materialice. Ese es el caso del apartado tres que plantea: “acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos para obtener permisos de extracción, separación y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, dentro de los marcos regulatorios nacionales y de conformidad con la legislación aplicable”.
“Los participantes están adoptando medidas para agilizar, simplificar o desregular los plazos y los procesos de concesión de permisos, incluida la obtención de permisos para la extracción, separación y tratamiento de minerales críticos y tierras raras en el marco de sus respectivos sistemas normativos nacionales, de conformidad con la legislación aplicable”
Esta disposición conecta esa cooperación con la política minera y ambiental colombiana, pues plantea revisar los procedimientos que regulan el desarrollo de esos proyectos en el país. Aunque no identifica los trámites que se verían afectados ni establece que Colombia vaya a eliminar licencias ambientales. Para defensores del ambiente, el gobierno De la Espriella ya comenzó a modificar temas clave para la protección ambiental y de las comunidades en zonas estratégicas para la extracción de minerales como la Amazonía y el páramo de Santurbán.
“El gobierno ha tratado de quitarle fuerza a la consulta previa, eliminar determinantes ambientales, las reservas temporales en Santurbán, la APA en La Guajira. Esto es un gesto de que el acuerdo ya se viene cristalizando”, dijo Hernán Morantes, abogado y defensor del páramo de Santurbán. “En este acuerdo marco de Colombia no hay ni una sola salvaguarda ambiental, distinto al de Argentina y de Chile en los que se habla que se debe hacer bajo esquemas de sostenibilidad”, agregó.
El 13 de agosto pasado, el gobierno De la Espriella derogó la protección de 1.500 hectáreas en el páramo de Santurbán, donde hay oro, plata y cobre. Esto, además, afectó una reserva situada fuera de los límites del páramo, en la microcuenca de la quebrada La Baja Luego, el 5 de octubre tumbó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA), entre ellas, la primera que se formuló en el sur de La Guajira para proteger los suelos fértiles de la minería y la expansión urbanística. En esa zona del Caribe colombiano hay intereses de empresas alrededor del cobre y el carbón.
Asimismo, el pasado 14 de octubre el gobierno emitió la Directiva Presidencial 06 de 2026 que establece como principio la celeridad para actuar en los procesos de consulta previa y elimina el test de proporcionalidad, una herramienta creada en 2020 y que protegía a las comunidades étnicas cuando estas y los responsables de un proyecto no llegaran a un acuerdo frente a una iniciativa extractiva o de infraestructura. De esa forma, se buscaba prevenir y mitigar las afectaciones sociales mediante la mediación de un juez en la controversia entre ambas partes. La nueva directiva borra ese procedimiento y deja en manos de las autoridades las decisiones sobre la viabilidad de los proyectos.
Otro de los puntos que llaman la atención del memorando es el numeral dos sobre inversión en minería y procesamiento. En el apartado D, que se denominada la “Primera mirada” (first look), según su traducción, que consiste en que Colombia debe notificar con antelación a Estados Unidos sobre las oportunidades de inversión en materiales críticos, “que puedan venderse en Colombia o por parte de una empresa con sede o constituida en Colombia”. Aunque el texto citado no establece expresamente que Estados Unidos tenga prioridad para adquirir esos activos ni un derecho preferente de compra, sí implica un acceso preferencial a la información.
“Si bien cada participante podrá determinar si un proyecto es adecuado para la inversión, se espera que Colombia notifique con antelación a Estados Unidos las oportunidades de inversión, de conformidad con la legislación nacional, en activos de minerales críticos que puedan venderse en Colombia o por parte de una empresa con sede o constituida en Colombia”
Sobre el acceso a dicha información geológica colombiana, el numeral 8 también plantea una cooperación en el mapeo de recursos minerales para respaldar cadenas de suministro diversificadas. Sin embargo, el fragmento no especifica qué información se compartiría, quién produciría los mapas ni cómo se administraría la información final del proceso de “Cartografía geológica” (Geological mapping), como podría traducirse. Ese mapeo, además, se realizaría sin ninguna cláusula de confidencialidad respecto de la información, a diferencia de como quedó dispuesto en otros países como Chile.
“Las partes se comprometen a cooperar para contribuir a la cartografía de los recursos minerales en Colombia, Estados Unidos y otros lugares que se determinen de común acuerdo, con el fin de respaldar la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos”
Con el memorando de entendimiento de materiales críticos, Estados Unidos asegura un proveedor para el desarrollo de su industria armamentista y tecnológica. Aunque se ha presentado como un documento no vinculante, todo indica que es un marco de acción con el que van a actuar los dos países en los próximos años. Esta situación puede repercutir sobre los conflictos ambientales existentes en el país, sobre la protección ambiental y el desarrollo de la industria minero-energética, sin que hasta la fecha se plantee alguna garantía para la conservación, los derechos de las comunidades y el acceso de la ciudadanía a información pública.
Organizaciones como el Mercosur ya han alertado sobre este tipo de memorandos, como ocurrió con la firma del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Si bien hoy esa información es pública y está en español, el bloque de integración económica cuestionó la realización de este documento “sin consulta regional, sin participación institucional del bloque ni mecanismos de control democrático adecuados”. Asimismo, rechazó la falta de difusión pública del documento completo, lo que impedía “evaluar sus alcances, impactos y la compatibilidad con los compromisos internacionales en materia ambiental, de derechos humanos y de desarrollo sostenible".
Similares memorandos de entendimiento que suscribió el gobierno Trump con los gobiernos de Chile y Argentina incorporan la sostenibilidad dentro del marco de actuación de la cooperación. En el caso de Chile, se habla de promover el reciclaje para diversificar la cadena de suministro, “incluyendo el desarrollo de una industria sustentable e internacionalmente competitiva”. En el caso de Argentina, el documento detalla que “las áreas de cooperación podrán incluir temas relacionados con buenas prácticas regulatorias; criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y sostenibilidad (...)”. En las cuatro páginas del documento colombiano, no se hace referencia a sostenibilidad, gobernanza, ni criterios ambientales y sociales. La discusión apenas comienza. El memorando ha salido a la luz en medio de cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la protección ambiental y el aparente desconocimiento del Congreso.
Esta es la traducción no oficial a español del documento completo:
“Marco entre el Gobierno de la República de Colombia y la Gobierno de los Estados Unidos de América Para Asegurar el Suministro en el Minería y Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras”
Considerando que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas;
Considerando que el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos de América (los "Estados Unidos" o "EE. UU.") (colectivamente, los "Participantes") tienen la intención de apoyar el suministro de minerales críticos crudos y procesados crucial para las industrias comercial y de defensa de ambos países;
Considerando que los participantes tienen previsto lograrlo mediante el uso de instrumentos de política económica y una inversión coordinada para acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y equitativos para los minerales críticos;
Considerando que el objetivo de los participantes es ayudar a ambos países a alcanzar la resiliencia y la seguridad en las cadenas de suministro de minerales críticos, incluyendo la extracción, la separación y el procesamiento;
Considerando que los participantes tienen la intención de aprovechar sus respectivas operaciones nacionales de extracción y transformación de minerales críticos, así como la nueva capacidad que estará disponible en 2026.
Por lo tanto, los Participantes han llegado al siguiente entendimiento sobre un marco de políticas para la minería y procesamiento de minerales críticos:
Sección I
Minerales Críticos
1. Garantizar el suministro:
Los participantes se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos necesarios para respaldar la fabricación de tecnologías de defensa y avanzadas, así como sus respectivas bases industriales. Esto incluye aprovechar los instrumentos políticos existentes, como la industria, la demanda y las reservas de Estados Unidos, así como las reservas estratégicas de Colombia. Esto incluye aprovechar los instrumentos políticos existentes, como la industria, la demanda y las reservas de Estados Unidos, así como las reservas estratégicas de Colombia.
2. Inversión en Minería y Procesamiento:
Los participantes se comprometen a movilizar recursos del sector público y privado, incluidos los gastos de capital y operativos, mediante garantías, préstamos, inversiones de capital, la formalización de acuerdos de compra, seguros o medidas de facilitación normativa.
a. Selección de proyectos: Los participantes tienen la intención de identificar conjuntamente proyectos de interés para subsanar las deficiencias en las cadenas de suministro prioritarias.
b. Financiación: En un plazo de seis meses a partir de la fecha de la firma del presente Marco, los participantes tienen la intención de adoptar medidas para proporcionar importantes cantidades de financiación a proyectos ubicados en cada país, que se espera que generen productos finales destinados a compradores de Estados Unidos y Colombia.
c. Apoyo a la inversión: Apoyo a la inversión: Los participantes tienen la intención de trabajar juntos para desarrollar mecanismos nuevos o a medida con el fin de reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.
d. Primera mirada: Aunque cada participante podrá determinar si un proyecto es adecuado para la inversión, se espera que Colombia notifique con antelación a Estados Unidos las oportunidades de inversión, de conformidad con la legislación nacional, en activos de minerales críticos que puedan venderse en Colombia o por parte de una empresa con sede o constituida en Colombia.
3. Permisos: Los participantes están adoptando medidas para acelerar, agilizar o desregular los plazos y los procesos de concesión de permisos, incluida la obtención de permisos para la extracción, separación y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, en el marco de sus respectivos sistemas normativos nacionales, de conformidad con la legislación aplicable.
4. Mecanismos de Precios: Los participantes se proponen trabajar para proteger sus respectivos mercados nacionales de minerales críticos y tierras raras frente a políticas y prácticas comerciales desleales. Esto incluye el establecimiento de normas estrictas para los mercados en los que quienes cumplan dichas normas puedan comerciar de forma preferente, protegidos por un marco de fijación de precios que incluya precios mínimos y otras medidas similares. Los participantes también se proponen colaborar con
socios internacionales, según proceda, para desarrollar un marco global que aborde los retos internacionales relacionados con la fijación de precios.
5. Venta de activos: Los participantes se comprometen a desarrollar nuevas competencias y herramientas diplomáticas y/o a reforzar las ya existentes para revisar y disuadir la venta de activos relacionados con minerales críticos y tierras raras por motivos de seguridad nacional.
6. Chatarra y reciclaje: Los participantes tienen la intención de invertir en el reciclaje de minerales y en tecnología, y de colaborar para facilitar la gestión de los minerales críticos y la chatarra de tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de la cadena de suministro.
7. Cooperación con terceros: Los participantes tienen la intención de colaborar con terceros, según proceda, para garantizar la seguridad de la cadena de suministro y aprovechar los mecanismos de participación existentes.
8. Cartografía Geológica: Los Participantes tienen la intención de cooperar para ayudar en
mapeo de recursos minerales en Colombia, Estados Unidos y otros países ubicaciones determinadas para respaldar cadenas de suministro diversificadas de minerales críticos.
Sección II
Disposiciones Generales
1. Análisis posterior al proyecto: Se espera que las autoridades competentes de los participantes lleven a cabo el análisis y la implementación posteriores al proyecto. El contenido específico de dicho análisis deberá ser desarrollado entre los participantes, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
2. Reuniones: Las partes se comprometen a reunirse, ya sea de forma virtual o presencial, a petición por escrito de la otra parte, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de dicha petición.
3. Descontinuación: Cualquiera de las partes podrá descontinuar su participación en el presente Marco en cualquier momento, pero se espera que se notifique por escrito al otro participante, con 30 días de antelación, su intención de interrumpir la participación.
4. Naturaleza no vinculante: El presente Marco establece una política y un plan de acción programático que no constituyen ni crean derechos u obligaciones en virtud del derecho nacional o internacional, no dan lugar a ningún procedimiento jurídico y no constituyen ni crean obligaciones jurídicamente vinculantes o exigibles, ya sean expresas o implícitas. Todas las actividades descritas en el presente Marco están sujetas a la disponibilidad de fondos.
Firmado en dos originales, en idioma inglés. Se espera que el texto del presente memorando de entendimiento se redacte en idioma español, que podrá considerarse igualmente oficial tras un intercambio de notas diplomáticas entre las partes en las que se confirme su conformidad con el texto en inglés.
Por el Gobierno de la República de colombia:
Lugar: Barranquilla, Colombia
Fecha: Septiembre 08 2026
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América
Lugar: Barranquilla, Colombia
Fecha: Septiembre 08 2026
