A pesar de que la Universidad Nacional afronta problemas de presupuesto, RAYA conoció documentos que muestran cómo desde mayo pasado el actual rector Ismael Peña busca que le paguen una indemnización por 1.971 millones de pesos por el tiempo en que, según él, no pudo ejercer el cargo en medio de controversias jurídicas (junio de 2024 a febrero de 2026). Según documentos y fuentes de esa institución, el proceso ha venido caminando de manera silenciosa y a espaldas del máximo organismo de esa institución, el CSU.
Por: Redacción Revista RAYA
El 22 de marzo pasado, casi dos meses después de su llegada a la rectoría de la Universidad Nacional, el profesor Ismael Peña concedió una entrevista al diario El Tiempo en la que aseguró que el déficit fiscal de dicha institución ascendía a 1.5 billones de pesos. Incluso, habló de edificios caídos e infraestructura en mal estado como parte de la crisis que atraviesa la educación pública superior en Colombia. “Es una cifra muy alta. Pero es que son 30 años de atraso en muchas materias, sobre todo en infraestructuras. Tenemos edificios que se cayeron”, aseguró. No obstante, casi dos meses después esa crisis parece no haber contado para iniciar un proceso de indemnización que beneficia al propio rector. En mayo pasado, él mismo le solicitó a la Procuraduría General realizar una “audiencia de conciliación extrajudicial” con la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional, con el fin de que le reconozcan más de 1.900 millones de pesos por no haber podido ejercer la rectoría, desde cuando lo eligieron, tras una larga controversia jurídica (junio de 2024 a febrero de 2026).
Constancia de la Procuraduría sobre el pedido de Ismael Peña para realizar una “audiencia de conciliación extrajudicial” con la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional, con el fin de que le reconozcan más de 1.900 millones.
La petición de Peña se divide en seis exigencias concretas: 1.096 millones de pesos por el concepto de “salarios no percibidos” durante el tiempo en que no fue rector; 175 millones de pesos “por perjuicios morales” para sus dos hijos menores de edad y su esposa Beatriz Helena Díaz; el pago total de los honorarios de sus abogados; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; la publicación de la decisión en dos medios de circulación nacional y el retiro inmediato de grafitis en su contra del campus universitario.
Las pretensiones de Ismael Peña ascienden a casi 2.000 millones de pesos, e incluyen una compensación económica para su esposa e hijos.
Hasta ahora el proceso avanza y en el camino han ido apareciendo estrategias para lograr que nada salga mal. Así, por ejemplo, la audiencia de conciliación fue convocada por la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos y se realizó el pasado 17 de julio. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo para el pago de la indemnización solicitada. El Ministerio Público declaró la diligencia fallida. Así lo explicó en un reporte del trámite conciliatorio que conoció RAYA: “Se realizó la audiencia y se declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir ánimo conciliatorio entre las partes”, dice el documento.
Constancia de la Procuraduría que detalla que el 17 de julio de 2026 se declaró fallida la conciliación extrajudicial entre Ismael Peña y la Universidad Nacional.
Mientras tanto, solo hasta el pasado 20 de agosto, por medio de un derecho de petición, la Universidad Nacional le reveló al representante a la Cámara, Heiner de Jesús Gaitán, que el rector Peña había solicitado una conciliación extrajudicial para que autorizaran pagar la indemnización reclamada. Desde entonces, quedó en evidencia el documento que muestra cómo se saltaron al CSU antes de dicha diligencia extrajudicial. Se trata del acta en el que un Comité de Conciliación, integrado por subalternos del propio Peña (la vicerrectora general, el gerente financiero, la directora jurídica, la asesora de gerencia y el secretario técnico), tomaron una decisión que podría haber favorecido al rector: se declararon impedidos, pero no le informaron al CSU quien debía resolver cada impedimento como su superior jerárquico.
Es más, uno de los delegados del CSU le solicitó al secretario de dicho Comité de Conciliación, Mauricio Ríos, que explicara si en realidad los funcionarios en mención estaban o no impedidos para tomar alguna decisión en nombre de la Universidad, a lo cual Ríos respondió que el proceso extrajudicial ya había concluido con una decisión de la Procuraduría y que “la finalidad que perseguía el trámite de impedimentos dejó de existir”. Es decir, dicha decisión le habría dado carta blanca al rector Peña para que inicie un proceso de demanda administrativa contra la institución que hoy dirige.
Respuesta del Comité de Conciliación al CSU donde afirman que se ha concluído la etapa de conciliación con el rector Ismael Peña
Hasta la fecha el CSU (Consejo Superior Universitario) no ha debatido oficialmente sobre este tema. Pero las decisiones que se han tomado a sus espaldas han caído muy mal entre varios de sus integrantes, pues como máximo jerárquico del rector ese trámite debió pasar por allí. RAYA habló con una fuente del CSU y esto dijo sobre la indemnización que exige Peña por casi 2.000 millones de pesos: “Ha sido muy grave porque la información ha sido muy oculta por parte de la administración. Al CSU nunca se le dió a conocer los motivos y pretensiones del caso. La comunidad universitaria no tiene certeza de cómo va ese proceso. Es como si lo estuvieran haciendo debajo de cuerda, pues cuando queremos visibilizar y poner en evidencia la situación, pues básicamente se cierra la posibilidad de acceder a la información”, aseguró.
La misma fuente relató cuál podría ser la estrategia de Peña para lograr que la universidad le desembolse a su cuenta esa suma millonaria: “Él no puede poner una demanda sin haber agotado la conciliación. Entonces, el Comité de Conciliación interno, que está ligado a Peña, pues ocupan cargos que son designados por él y son sus subalternos, se declaran impedidos y así evitan que el CSU conozca las pretensiones del rector. Y ahora tenga vía libre para interponer la demanda. Lo poco que pudimos conocer dice que Peña argumentó la vulneración del derecho al trabajo, lo cual es contradictorio, pues él jamás fue apartado de su función como docente, ni se le cortó su labor académica en la universidad”.
El debate ético que se ha abierto en la Nacional vuelve a poner a Peña contra las cuerdas, al pretender una millonaria indemnización de la institución que dirige y de la que es su representante legal. La pretensión económica, que afectaría el presupuesto institucional, llega en un momento en que se han realizado recortes presupuestales en proyectos de bienestar estudiantil, infraestructura e investigación, entre otros, incluídos en el Plan Global de Desarrollo. Así se lo expresó la representante estudiantil Gabriela Delgado: “Con esta nueva administración se han dado unos cambios en el Plan Global de Desarrollo y lo que se ha visto es una destinación de recursos a algo que se entiende como un lavado de imagen de la administración, hay un cronograma de visitas por las sedes, pero pues nada concreto como para articular o para trabajar con la comunidad”.
De acuerdo con la líder estudiantil, tras la llegada de Peña el Proceso Constituyente Universitario sufrió una interferencia directa por parte de su administración, a pesar de que ya se aprobó en primer debate el documento de propuestas de reforma al estatuto general. “Eso ha sido un ataque directo. Empezando por la oficina jurídica que se ha encargado de tergiversar y acomodar conceptos de nuestras propuestas desde una postura muy parcializada”, aseguró.
Hoy, dice Delgado, la Nacional cuenta con un movimiento estudiantil que vigilará y hará respetar la autonomía universitaria de las amenazas que sienten tanto de parte de la rectoría y sus funcionarios como del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que ha manifestado que ingresará a la Policía al campus universitario ante protestas. A esto se suma, la instalación de una carpa de la Fiscalía General durante la semana de inducciones estudiantiles: “Fue muy problemático porque la justificación de la vicerrectora de sede fue que los estudiantes le pidieron la instalación de la carpa y pues eso en ningún momento fue así. En ningún momento se solicitó poner una carpa ahí de la Fiscalía, y pues nada por el estilo”, denunció la representante estudiantil.
Por ahora, Peña aspira a lograr la millonaria suma de dinero de las arcas de la universidad por vía de los jueces, como también logró llegar a la rectoría en febrero pasado por medio de un fallo a su favor de la Sección Quinta del Consejo de Estado cuyo contenido ha sido cuestionado por no haberse pronunciado sobre irregularidades que marcaron el proceso de elección de Peña, entre otras, el uso del denominado “método Borda” durante las votaciones y el rechazo de su nombre por la comunidad universitaria en una consulta popular. RAYA buscó al rector Ismael Peña para conocer en qué va el proceso de la indemnización que le exige a la Universidad Nacional, sin embargo, no quiso responder por llamada y pidió el cuestionario por escrito. Al cierre de esta edición no había respondido.
