RAYA viajó a Santa Marta para reconstruir la historia de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, el joven campesino de 18 años ejecutado por la Policía, presentado luego por el Gobierno De la Espriella como miembro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y asociado como el supuesto hijo de Fredy Castillo, alias Pinocho. El joven trabajaba como jornalero en las veredas de la zona, su familia niega que tuviera vínculo alguno con el grupo y detalla los últimos días del joven. “Por qué me lo mataron si era un civil”, reclama su madre.
Por: Sebastián Forero Rueda
El cajón de madera forrado en plástico transparente reposa en la mitad de la sala. Apenas lo separan de la cocina unas cortinas colgadas de una cuerda atravesada de lado a lado del salón. Junto al ataúd, un enorme retablo con su fotografía que lleva su nombre: Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, muerto en un operativo de la Policía cinco días atrás. Su hermana Carolina no se despega del cajón. Su grito desgarrado y atropellado por el llanto enmudece el recinto, apenas nutrido de sus familiares más cercanos y de unos vecinos que son como familia y que pusieron la casa porque a Ricardo su mamá no tenía dónde velarlo. El parte oficial intentó presentarlo como el hijo del máximo comandante paramilitar de la región, pero a Ricardo, un muchacho pobre que había cumplido este año los dieciocho, lo lloraron unas 15 personas en una casa a medio construir en el último rincón de la periferia de Santa Marta, en una vereda donde hasta ahora hay levantadas dos casas y que no tiene ni nombre.
Marelvis Rodríguez vio a su hijo por última vez una semana antes de que cayera acribillado ese lunes 21 de septiembre. Él acababa de cobrar $600.000 de varios días de trabajo de albañilería en la vereda La Esmeralda, en la sierra. Él mismo le había enviado días atrás un audio a una de sus mejores amigas en el que le reportaba que estaba con unos albañiles haciendo unos anillos para construir un puente. Al terminar ese trabajo le pidió a su madre que lo acompañara a comprarse dos mudas de ropa y un reloj en Santa Marta. Todavía tenía el pelo untado de cemento cuando ella se encontró. Pasaron la tarde de ese domingo juntos, atravesaron media ciudad buscando el jean que él quería. Él le dijo que no podía irse con ella para la finca porque le había salido otro trabajo ayudando a inyectar ganado en la vereda Quebrada del Sol, en el piedemonte de la Sierra Nevada, la misma en la que una semana más tarde se ejecutaría el operativo de la Policía contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Ricardo Andrés y su familia habían llegado a Santa Marta hacía seis años desde Valledupar, de donde son oriundos. Durante la pandemia, Marelvis se quedó sin empleo, los recibos de los servicios públicos se empezaron a acumular y terminaron vendiendo la casa para comprar una parcela en la vereda Boquerón de Santa Marta que todavía era monte. “Ese niño que ustedes ven aquí, de tan solo 12 años que tenía cuando llegamos a la vereda, él me ayudaba a tirar rula, él no sabía pero aprendió”, dice Marelvis, su madre, con la mirada clavada en la fotografía de su hijo, el menor de cuatro. El muchacho no terminó el bachillerato sino que se dedicó a trabajar de vereda en vereda, en lo que le saliera. En abril de este año, Ricardo se había presentado al Ejército porque quería prestar el servicio militar. Después de allí se formaría como escolta, que era su anhelo, cuenta su madre. Pero no salió apto para ser militar. Su hermano Franklin, el mayor, dice que aunque tenía 18 años, Ricardo seguía teniendo la mentalidad de un niño. Rechazado en el Ejército, volvió al trabajo de vereda en vereda.
El balance oficial del operativo, en el que Ricardo terminó muerto, lo entregó la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional: siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada neutralizados y tres más capturados, señala el boletín publicado al final de la tarde del lunes 21 de septiembre. Uno de ellos era José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, reseñado como segundo cabecilla y financiero del grupo paramilitar. Horas después, la Policía le entregó detalles a algunos medios de comunicación y circuló esta versión: entre los muertos estaría el hijo de Fredy Castillo Carrillo, “Pinocho”, máximo comandante del grupo, con una orden de extradición a cuestas y refugiado en la Sierra Nevada. El diario El Espectador reportó explícitamente que fuentes de esa institución así se lo habían asegurado. Con el paso de las horas, en redes sociales circuló la versión de que Ricardo Andrés era el hijo de Pinocho. Luego apareció un fotomontaje en el que el muchacho supuestamente cargaba un fusil. Pero la foto, en realidad, correspondía a otro joven que había sido asesinado a manos de un grupo armado en la región del Catatumbo. Ricardo ni siquiera tenía el tatuaje con el que se ve a ese otro hombre en la fotografía.
La versión oficial la empezó a agrietar Marelvis con una cartulina. Ella y su familia escribieron la denuncia en ese cartel y ella se paró frente a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde reposaba el cuerpo de su hijo. Su familia la grabó en video: “Abelardo, me mataste a mi hijo injustamente”, denunciaba Marelvis en medio del llanto en plena calle mientras trataba de contar la historia. Ella cuenta que acudió a esa estrategia cuando supo de los señalamientos infundados que le estaban haciendo a su hijo. “Cuando me dicen que están diciendo que él era hijo del señor este, Pinocho, yo dije “eso no es así”. Él era un niño, era un civil, él no tenía nada que ver con eso; por eso decidimos hacer la pancarta y presentársela al mundo, para que no quedara impune porque él no tiene nada que ver con nada de eso”. Subieron la grabación de poco más de un minuto a redes sociales y se hizo viral. Entre las labores para recuperar el cuerpo y el dolor de su pérdida, familiares de Ricardo lograron que algunos medios les pusieran atención.
Para el jueves 24 de septiembre, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado corrigiendo la versión que fuentes de la Policía habían entregado a medios de comunicación: “Se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o “Los Pachenca” a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez (sic). Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la fuerza pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y sólo buscan desinformar”. En el mismo comunicado, el ministerio ya no afirmaba siquiera que el joven fuera miembro del grupo armado ni que en el operativo lo hubieran encontrado con un arma. Por el contrario, decía que le correspondía a la Fiscalía y a Medicina Legal esclarecer los “motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar”. Sin embargo, el presidente Abelardo De la Espriella ya había presentado a los siete cadáveres en bolsas blancas, todos como miembros del grupo paramilitar.
La vereda Quebrada del Sol, donde se ejecutó el operativo, ha estado desde hace al menos 40 años controlada por los paramilitares. Con distintos brazaletes, pero siempre los mismos hombres: los de Hernán Giraldo Serna, “el patrón de la Sierra”, todopoderoso comandante paramilitar que precisamente en esa vereda dejó las armas el 3 de febrero de 2006. Pese a su desmovilización, sus hombres y sus descendientes siguieron siendo los dueños de esa tierra.
El segundo helicóptero que rompió el cielo ese día le movió algo adentro a Marelvis. Vio pasar las aeronaves hacia Quebrada del Sol, la vereda donde su hijo llevaba una semana trabajando, y sintió una presión muy fuerte en el pecho. Esa semana no había podido hablar con Ricardo porque él había entregado su celular para reparación en otra vereda. Tampoco en la finca de ella entra la señal de celular. Se salió de su parcela. Corría de un lado a otro. “Yo le dije al marido mío “ay, el hijo mío está pa’ esos lados””, cuenta. Agarró enseguida para la finca en la que sabía que estaba su hijo, pero ya los cierres de vías por el operativo le bloquearon el paso. Nadie sabía con certeza qué acababa de ocurrir y a ella le llegaba la información a cuentagotas: que había varios muertos, que uno era un civil, que un muchacho. A Marelvis no la dejaron pasar y el presentimiento que la rasgaba por dentro solo lo terminaría confirmando al borde de la noche de ese día, cuando consiguió llegar hasta la sede de Medicina Legal en Barranquilla.
La familia no sabe si el día del operativo el grupo se tomó esa finca, en la que estaba trabajando Ricardo Andrés, o si era un sitio habitual de tránsito o estadía para miembros de ese grupo paramilitar. La versión que testigos del operativo le entregaron a la madre es que cuando comenzó el despliegue de la Policía, que se ejecutó con tres helicópteros UH-60 y el apoyo de dos aeronaves Súper Tucano de la Fuerza Aérea, su hijo se aferró a una de las mujeres que vivían allí y, que cuando aparecieron los uniformados, el muchacho gritó que no tenía nada que ver, pero igual fue ultimado con un disparo. Su madre no puede entender por qué. “Si él alzó sus manitas y dijo “yo no tengo nada que ver”, ¿por qué no lo cogieron y le hubieran hecho la respectiva investigación? ¿Por qué con un balazo? ¿Por qué no miraron bien? Es mi pregunta. ¿Por qué no hicieron las cosas como tenían que hacerlas? Si es un civil. O sea que ahora nosotros, campesinos, tenemos que vivir con esa incertidumbre de que si nosotros somos civiles y está la ley que se supone que son los que nos están protegiendo, se supone que son los que velan por los ciudadanos, entonces yo también tengo que estar ahora, cada vez que venga de la finca y vea un soldado, un policía, ¿tengo que esconderme? ¿por el miedo de que soy una civil también? No es justo”
El relato coincide con la herida de bala que tiene el cuerpo de Ricardo Andrés. Su hermano Franklin, el único que lo pudo ver, dice que tenía un solo disparo en el pecho. “La gente pregunta que qué hacía él ahí: pues trabajando”, dice él y su madre. Franklin, quien se puso al frente de las labores para reclamar el cuerpo de su hermano en Barranquilla, relata que estando allí recibió una llamada en la que lo amenazaron: “Hasta hoy vives”, le dijo la voz al otro lado de la línea.
A la misma hora en que la familia velaba a Ricardo Andrés el pasado viernes 25 de septiembre, el comandante paramilitar conocido como “Cholo” también recibía su velorio, ese sí multitudinario y estruendoso, en el corregimiento de Guachaca. Con camisetas estampadas con su rostro, rodeados de camionetas 4x4 y de algunos hombres de camuflado. Al menos dos mil personas acudieron a la cita, reportó un periodista local, y la caravana hacia el cementerio fue inmensa.
No se parecía en nada a la caravana que llevó a Ricardo Andrés para enterrarlo en el viejo cementerio de Mamatoco, un tradicional barrio de Santa Marta. En la punta iba el coche fúnebre destartalado, atrás un motocarro en el que iba Franklin cargando el retrato de su hermano, seguido por una hilera de motocicletas con bombas blancas y un par de taxis en el que iban la madre y otros allegados. El recorrido se detuvo a las puertas del cementerio. La madre corrió hasta el ataúd y se aferró a él antes de que cruzara la entrada. Se desmayó dos veces. Un grupo de mariachis cantó Amor Eterno, popularizada por Rocío Dúrcal. Marelvis los detuvo y se la cantó ella misma pegada al cajón. El puñado de allegados se amontonó en un estrecho pasillo en el cementerio y acompañó el féretro hasta que su hermano, su tío y otros hombres lo levantaron y lo encajaron en la bóveda.
No se habían terminado de ir los asistentes al entierro cuando ya la zona empezaba a militarizarse de nuevo. A tan sólo dos kilómetros del cementerio, apenas unas horas después, el presidente Abelardo de la Espriella, con su gabinete en pleno, anunciaría en la Quinta de San Pedro Alejandrino “el renacer” de la empresa petrolera del país. Más temprano, había anunciado que Santa Marta tendría su propio bloque de seguridad urbana.
Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo aseguró que pone a disposición de la familia sus servicios de defensa pública para acompañarlos jurídicamente. Y le pidió a la Fiscalía y a Medicina Legal acceso a información del caso. La familia no ha tenido cabeza para pensar en lo que viene. Apenas acaban de ganar su primera batalla: que la dignidad de su hijo no quedara sepultada entre decenas de cadáveres envueltos en bolsas blancas.
