Pese a las órdenes de dos jueces para reactivar el concurso de 3.144 cargos, la Contraloría mantiene suspendido el proceso y aplazó las listas de elegibles hasta enero de 2027. Los concursantes denuncian restricciones cuando protestan en redes sociales de la entidad y posibles conflictos de interés; mientras el ente de control justificó la suspensión en la protección de los aspirantes afectados por el terremoto. Sin embargo, hay alerta porque dicha maniobra buscaría crear un botín burocrático para pagar favores políticos a congresistas que eligieron a Jorge Eliecer Laverde en agosto pasado.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El pasado 15 de octubre, un juez de Cúcuta abrió un incidente de desacato contra el vicecontralor de la República, Francisco José Chaux, por el presunto incumplimiento de una tutela que ordenó reactivar el concurso de méritos para proveer 3.144 cargos de carrera en la Contraloría. Pese a la orden judicial, el proceso continúa suspendido. El concurso había llegado a la etapa de análisis de antecedentes cuando, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, el Consejo Superior de Carrera Administrativa de la entidad decidió suspenderlo. Ciudadanos que participan en el proceso controvirtieron la medida y dos juzgados, en Mocoa y Cúcuta, ordenaron reanudarlo.
Desde entonces, la Contraloría ha sido cuestionada por presuntos incumplimientos de las órdenes judiciales, pues sus actuaciones han sido calificadas como simulación de cumplimiento, restricciones en redes sociales de la entidad y un posible conflicto de interés relacionado con la suspensión. Si el concurso no concluye, la provisión de estos cargos podría quedar en manos de nombramientos discrecionales. Esto abre interrogantes sobre el riesgo de que la Contraloría se convierta en un botín burocrático para pagar favores políticos a congresistas que participaron en la elección de Jorge Eliécer Laverde en agosto de este año.
El concurso al que se inscribieron 217.784 colombianos y colombianas, para acceder a uno de los 3.144 cargos de carrera que ofrece la Contraloría, inició en 2024 y para el proceso de selección se contrató a la Universidad de Antioquia por un monto de 43.000 millones de pesos. El concurso debía finalizar el próximo 2 de diciembre cuando la institución tenía previsto entregar la lista de elegibles. Sin embargo, el proceso se interrumpió el pasado 17 de septiembre cuando el Comité de Carrera Administrativa de la Contraloría argumentó que era necesario para salvaguardar los derechos de los aspirantes afectados por el terremoto que azotó a 15 departamentos del país. En su intervención, el vicecontralor Francisco José Chaux Donado dijo que ante un evento catastrófico no se podía trasladar cargas adicionales a los afectados por tanto “se debe garantizar las condiciones de igualdad y acceso a las etapas faltantes del presente concurso” y aseguró que ese tema se pondría en consideración del contralor Laverde.
Acta del Comité de Carrera Administrativa de la Contraloría del 17 de septiembre de 2026, cuando se decidió aplazar el concurso de méritos.
El aplazamiento se apoyó en el Decreto Legislativo 1384 de 2026, expedido tras el terremoto. Pero ese mismo permitía continuar las etapas del proceso sin que se afectara los derechos de los damnificados.
La representante de los trabajadores en el Consejo Superior de Carrera Aura Lorena Mesías Torres se opuso a la suspensión y recordó que la Universidad de Antioquia había advertido que las etapas pendientes eran puramente internas y documentales, por lo que no exigían la presencia de los aspirantes. Asimismo, señaló que las afectaciones no estaban probadas, mientras que congelar el proceso sí perjudicaba a los concursantes y que la prórroga hasta 2027 generaría un sobrecosto contractual cercano a los 800 millones de pesos, los cuáles no estaban asegurados en el presupuesto del próximo año. “Las afectaciones a los concursantes son presuntas e hipotéticas, sin embargo, suspender el concurso sí generaría una afectación a 3.144 participantes que tienen una expectativa real de que el concurso se efectúe”, dijo Mesías en la sesión del 17 de septiembre del Comité de Carrera Administrativa de la Contraloría.
La Contraloría decidió que el Comité de Carrera Administrativa sometiera a votación la decisión de suspender el proceso. Así sucedió y el resultado fue claro: cuatro de los cinco integrantes justificaron la medida señalando que aún “restaban trámites de contradicción, aclaraciones por errores aritméticos y eventuales desempates mediante certificado electoral”. Según el acta, el proceso quedó suspendido en la revisión de antecedentes de los concursantes y se reiniciará el 1 de enero de 2027 en esa etapa. Tras conocer la decisión, sindicatos de la entidad denunciaron y rechazaron la decisión del Comité. Por ejemplo, ASCONTROL expidió un comunicado el 21 de septiembre rechazando el congelamiento y denunciado que la parálisis carecía de sustento técnico: ¡Al mérito no se le hace conejo!”, denunció el sindicato.
La inconformidad se extendió a otras organizaciones de trabajadores. El 30 de septiembre, seis sindicatos solicitaron al contralor convocar de nuevo al Consejo Superior de Carrera Administrativa para revisar la suspensión del concurso. Asimismo, representantes de concursantes interpusieron tutelas para intentar dejar sin efecto la decisión y lograr que el concurso terminara su curso a inicios de diciembre próximo. Mildrey Camargo Rodríguez, aspirante y accionante principal en Cúcuta, aseguró en su tutela que una de las irregularidades del acta fue el voto de Rosa Delia Ortiz, representante de los empleados por el nivel central y quien votó a favor de la medida. De acuerdo con la accionante, Ortíz debió haberse declarado impedida para deliberar y votar sobre la parálisis del concurso, pues ella se encuentra vinculada en la Contraloría en un cargo en modalidad de encargo, lo que su permanencia en la entidad depende de que el proceso siga paralizado. Además, su hija Heidy Vanessa Ortega fue nombrada en la entidad en mayo de 2026, bajo la modalidad de provisionalidad, nombramiento que también se mantiene mientras el concurso siga frenado.
Es más, Rosa Ortiz también habría solicitado que se aprobara la prórroga de los nombramientos en provisionalidad y en encargo mientras el concurso siguiera suspendido. Así lo destacó en su acción de tutela Mildrey Camargo: “Destaca la participación de la representante de los empleados, Rosa Delia Ortiz Silva, quien ejerce en encargo, quien se nos informa reprobó la prueba de conocimientos de la Convocatoria y cuya hija fue nombrada en provisionalidad en mayo de 2026, legislando en causa. Esta desviación de poder se encubrió utilizando como única excusa la supuesta afectación en el terremoto de tres funcionarias provisionales de la Gerencia Risaralda”, dice la acción de tutela.
Acción de tutela de Mildrey Camargo Rodríguez donde evidencia que una de las integrantes del Comité de Carrera Administrativa de la Contraloría debió declararse impedida.
Finalmente, el 6 de octubre pasado una juez de Cúcuta amparó los derechos de la tutela y le ordenó a la Contraloría reanudar el concurso de méritos en menos de 48 horas, en la misma etapa en la que fue suspendido. Misma decisión que tomó un juzgado de Mocoa que le dio un tiempo similar a la entidad para levantar la suspensión. Un día después, la Contraloría publicó un comunicado en el que aseguró haber acatado los fallos judiciales. El órgano de control dijo que estableció un plazo del 8 al 20 de octubre para que los participantes afectados por el terremoto tengan tiempo para acreditar su situación: “La Contraloría reafirma su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la garantía de los principios de mérito, igualdad y transparencia que orientan el acceso al empleo público”, dice el comunicado.
El 13 de octubre, la misma accionante promovió un incidente de desacato contra el contralor general, al considerar que el Comité encargado del concurso no había cumplido la orden judicial de reanudar sus etapas. Según denunció, en lugar de acatar el fallo, el Comité expidió un acta con la que habría simulado su cumplimiento. Para ello, asegura, incluyó actividades preparatorias que no estaban contempladas en el cronograma original, como una fase de “caracterización de damnificados” por el sismo, que habría servido para aplazar la reanudación efectiva del proceso. La solicitud fue acogida por el juzgado de Cúcuta.
Días después, el 20 de octubre, la revista Cambio publicó una nota sobre las actuaciones de la Contraloría frente a la orden judicial. Según el medio, la jueza Magda Yolima Prada Gómez, del Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, llamó la atención a la entidad por su comportamiento frente al fallo que le ordenó reactivar el concurso de méritos para proveer 3.144 cargos de carrera. La jueza rechazó dos solicitudes con las que la Contraloría buscaba controvertir las decisiones judiciales y le advirtió que debía abstenerse de promover actuaciones que pudieran retrasar el cumplimiento de la sentencia.
En medio de esta controversia, la Contraloría aprobó un nuevo calendario para el concurso. El 16 de octubre, el Consejo Superior de Carrera Administrativa estableció que los resultados consolidados se publicarían el 30 de noviembre y las listas de elegibles, el 15 de enero de 2027. Esta última fecha supera en más de un mes el plazo previsto inicialmente. Aunque la entidad sostiene que el concurso se reactivó el 7 de octubre, las actuaciones posteriores y las advertencias del juzgado mantienen abierta la discusión sobre el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.
Acciones de censura desde la Contraloría
En medio de todo el tire y afloje judicial, las redes sociales también fueron un espacio donde los ciudadanos expresaron su malestar sobre la decisión de la Contraloría de suspender el concurso de méritos. En la noche del 7 de octubre de 2026, cuando la Contraloría publicó su comunicado en el que aseguró haber acatado los fallos judiciales de los juzgados de Cúcuta y Mocoa que le ordenaron reanudar el concurso en menos de 48 horas, una avalancha de comentarios de ciudadanos en la red social X denunciaron que la reanudación era aparente y que el proceso continuaba aplazado. “Eso no es ningún cumplimiento. No es ninguna publicación de cronograma, como ordenan los fallos; al contrario están creándose nuevas etapas y asumiendo que, el fallo le permite publicar ese nuevo cronograma en noviembre prácticamente”, respondió un ciudadano al mensaje de la Contraloría en X.
Ante mensajes similares, donde usuarios cuestionaron la decisión de seguir dilatando el concurso de méritos, la Contraloría decidió restringir los comentarios en todas sus redes sociales. Esto quedó en evidencia luego de que esta unidad investigativa verificara dicha cuenta de X, donde se realizó el pronunciamiento oficial. No se trata de un simple “manejo de crisis”, sino de la infracción documentada de dos normas internas de la Contraloría que prohíben explícitamente la censura en redes sociales.
Uno de los documentos que permite contrastar las denuncias de censura contra la Contraloría es el Protocolo de comunicación para las cuentas de la Contraloría General de la República en redes sociales. El manual establece cómo deben actuar los administradores de las cuentas oficiales frente a las inconformidades y críticas de la ciudadanía. Sobre los comentarios, el documento señala que el administrador debe responder a aquellos que sean susceptibles de diálogo. Además, incluye una instrucción explícita contra la censura: “No censurar. Las redes sociales son medios abiertos, de alto impacto, alcance y difusión. En los medios sociales se sanciona de manera muy fuerte cualquier acción que vaya en contravía del derecho a la libertad expresión y que se garantiza en Colombia por la legislación”, establece el protocolo.
El protocolo, publicado en junio de 2021, también señala que la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones administra las cuentas oficiales de la entidad y que las situaciones de crisis deben atenderse a través de los mismos canales en los que se presenta la controversia.
Protocolo de comunicación para las cuentas de la Contraloría General de la República en redes sociales donde queda explicito que no se puede censurar a la ciudadania.
Esta misma directriz está consignada en la Política de Divulgación de Información de Interés para los públicos Internos y Externos Contraloría General. En ese documento el órgano de control recalcó que las redes sociales son medios abiertos, por lo que no se debe hacer “uso de la censura”. Tal como lo apuntó la Contraloría, en esos documentos internos, la libertad de expresión está garantizada en la Constitución. En una sentencia de 2024, sobre el derechos de acceso a la información pública y libertad de expresión, en la que el tribunal sentenció que bloquear a un periodista o ciudadano desde la cuenta oficial de una entidad pública en redes sociales vulnera el derecho de acceso a la información pública, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
En su decisión, la Corte puntualizó que el uso de las redes sociales por parte de las autoridades públicas debe procurar la maximización de la participación de la comunidad. En la misma sentencia se determinó cuáles son los criterios para determinar si un bloqueo de interacción en una red social constituye un acto de censura. Entre ellas, según la Corte, están “que la cuenta sea de una entidad pública y se emplee con fines públicos, que la cuenta haya sido creada con la finalidad clara de interactuar con la población sobre asuntos de interés público. Que la exclusión de contenidos o actores no sea el resultado de un proceso previsto en las reglas de la comunidad para los supuestos de incumplimiento”, dijo la corte.
El fallo se refiere al bloqueo de un periodista desde la cuenta de la Gobernación del Cesar, no a una restricción general de respuestas como la denunciada en este caso. Sin embargo, la Corte fue clara en que las entidades públicas no pueden excluir a los ciudadanos de esos espacios sin una finalidad legítima y unas reglas previas, neutrales y generales.
Tras la decisión de la Contraloría de bloquear los comentarios en sus redes sociales, los participantes del concurso de méritos comenzaron a organizarse en plataformas digitales para denunciar la situación y reclamar el cumplimiento de las órdenes judiciales. “Ciudadanía organizada en defensa del mérito, la transparencia y la continuidad del concurso de méritos de la Contraloría. Cuatro fallos favorables. Denunciamos que la Contraloría sigue sin cumplir y además censura en redes sociales. ¿A qué le tiene miedo?”, publicó la cuenta El mérito se respeta.
La decisión de deshabilitar los comentarios y restringir las respuestas en las cuentas oficiales impide que los ciudadanos expresen sus reclamos y participen en la discusión pública sobre el concurso. En lugar de responder a las críticas o controvertir con información verificable los señalamientos que considere falsos, la entidad optó por cerrar esos espacios de interacción. Esta medida plantea cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a los canales institucionales de participación. Hasta el momento, los comentarios continúan bloqueados.
Las contradicciones del contralor
El pasado 7 de octubre, cuando la Contraloría decidió restringir los comentarios en X -medida que repitió en las diferentes redes sociales en los días siguientes-, se conoció la noticia de que al Consejo de Estado llegó una demanda que pide anular la elección de Jorge Eliecer Laverde como contralor general, la cual se efectuó´el pasado 13 de agosto. De acuerdo con la demanda, que se replicó en varios medios de comunicación, Laverde escribió y pagó para que le publicaran en tiempo récord dos libros que le ayudaron a ser elegido Contralor General de la República. Según la cronología, Laverde publicó los libros “IA (Inteligencia Artificial) aplicada al control fiscal en Colombia” y “El control fiscal desde el Congreso”, el 5 de febrero de 2026, una semana después de que el Congreso abrió la convocatoria para entregar el cargo. De acuerdo con un análisis de la Silla Vacía, “si Laverde no hubiera presentado esos dos libros su puntaje habría bajado notoriamente quedando fuera del top 10 de elegibles”, apuntó el medio.
Frente a los cuestionamientos, Laverde aseguró a La Silla Vacía que los libros eran producto de varios años de trabajo y que los había entregado a revisión en mayo de 2025. La editorial ILAE también defendió su proceso de publicación.
Los libros del contralor Jorge Eliécer Laverde cobran relevancia frente a la controversia por el concurso de méritos de la entidad. En El control fiscal desde el Congreso, el funcionario defiende la ética pública, la independencia de los órganos de control y la carrera administrativa. En el primer capítulo, sostiene que los concursos de méritos ayudan a evitar la captura política de las instituciones: “Una contraloría de bolsillo es el síntoma más claro de una degradación democrática. La meritocracia actúa como un reductor de la entropía administrativa y blinda la independencia del juicio fiscal”, se lee en la obra.
Laverde también destaca la protección de quienes denuncian irregularidades y el acceso ciudadano a la información. En el capítulo cinco, advierte que la captura del Estado se perpetúa al debilitar la meritocracia y privilegiar el “amiguismo estratégico”.
Estas posturas contrastan con los cuestionamientos que enfrenta la Contraloría por las demoras en el concurso para proveer 3.144 cargos de carrera y las restricciones a los comentarios en sus redes sociales. Los concursantes denuncian maniobras dilatorias que aplazan la publicación de las listas de elegibles y advierten sobre el riesgo de que los cargos se conviertan en un botín burocrático para pagar favores políticos a los congresistas que eligieron a Laverde en agosto de este año. Mientras tanto, aseguran que seguirán vigilando el cumplimiento del cronograma del Concurso de Méritos CGR 2024–2026.
