La Corte Suprema de Justicia niega, en una decisión de segunda instancia conocida por RAYA, una tutela con la que el gigante del carbón pretendía tumbar una sentencia de restitución de tierras contra la empresa. La alta corte defiende esa decisión, que determinó cómo la compañía, actuando con negligencia, compró casi 1.000 hectáreas de tierra en Cesar que habían sido despojadas años atrás por paramilitares. Los campesinos desplazados deben ahora ser reparados por el Estado.
Por: Sebastián Forero Rueda
La multinacional carbonera Drummond acaba de perder en la Corte Suprema de Justicia un litigio por predios despojados por paramilitares en el Cesar y comprados después por esa empresa para su megaproyecto minero. La Sala de Casación Laboral de la alta corte, en un fallo de segunda instancia conocido por la revista RAYA, rechazó la pretensión de la compañía de tumbar la sentencia de restitución de tierras emitida a finales del año pasado que determinó que Drummond no demostró que compró las tierras con buena fe exenta de culpa. Por el contrario, la corte defendió ese fallo, que estableció que el gigante del carbón actuó con “extrema incuria”, es decir, con extrema negligencia o desidia.
La decisión fue notificada a mediados de julio pasado. Drummond, que en otras ocasiones cuando ha tenido fallos a su favor los ha anunciado a través de comunicados oficiales, ha guardado silencio hasta ahora. En el fallo, la Corte Suprema niega la tutela que esa compañía había interpuesto contra la sentencia de noviembre de 2025 emitida por el Tribunal Superior de Cartagena. Esa sentencia trataba 16 predios que suman casi 1.000 hectáreas del caso conocido como “El Platanal”, una parcelación a campesinos sin tierra en Agustín Codazzi (Cesar) que fueron desplazados por paramilitares durante los años noventa y principios de los 2000, y cuyas tierras acabaron en 2010 en manos de la Drummond.
La Corte Suprema dejó sin piso el reclamo de la compañía, que consideraba injusta la sentencia del Tribunal de Cartagena. La alta corte consideró que esa decisión no fue “arbitraria ni caprichosa”, sino que, por el contrario, el tribunal “se apegó a la realidad procesal” aplicando la jurisprudencia que correspondía. Sostuvo que, en realidad, lo que pretendió Drummond con la tutela fue crear de facto una instancia adicional, pues buscaba “controvertir el fondo de una decisión en derecho”. Además, la corte hizo un llamado de atención: “Por el simple descontento de la parte reclamante [Drummond], el fallador de tutela no puede dejar sin efecto la determinación válidamente adoptada por el juez natural, tras un análisis racional del caso y la libre formación de su convencimiento”.
La carbonera no había escatimado esfuerzos para tumbar la sentencia de restitución de tierras. De hecho, el abogado que contrató para presentar la tutela ante la Corte Suprema de Justicia fue el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal Pulido. Se trata de un abierto crítico del Acuerdo de Paz y de declaradas posturas religiosas, quien durante su paso por el alto tribunal entre 2017 y 2020 se ubicó como uno de los más conservadores dentro de la corte. Pero el recurso presentado por él no logró tumbar la decisión del Tribunal de Cartagena. La Corte Suprema concluyó que el hecho de que la compañía no esté de acuerdo con el tribunal, “en ningún caso invalida su actuación y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por vía de tutela”.
La sentencia que quiso tumbar Drummond queda definitivamente en firme, pero el camino para que los campesinos sean reparados por ese despojo sigue. Pese a que la compañía no probó buena fe exenta de culpa, no tendrá que pagar un peso para reparar a los labriegos despojados. Esa reparación, según el tribunal, deberá hacerla el Estado. Como esos predios fueron incorporados al proyecto minero, la restitución material es imposible pues se trata de tierras en explotación que ya no tienen ninguna vocación agropecuaria. En cambio, lo que ordenó el fallo es una compensación económica equivalente a su predio. Eso no ha ocurrido. El IGAC, que debe presentar los avalúos de los predios, no lo ha hecho y la defensa jurídica que acompaña a los campesinos reclamantes prepara una tutela que busca acelerar el proceso y que las víctimas puedan, por fin, tras casi 30 años del despojo, ser reparadas.
La confirmación definitiva de la decisión contra la Drummond llegó tarde para José Dolores Álvarez, campesino reclamante de uno de los 16 predios. Su hija Midelcy Álvarez cuenta a la revista RAYA que su padre falleció el 21 de enero de este año, a sus 80 años, en un hospital de Valledupar. Y un mes antes, en diciembre de 2025, ya había fallecido su madre, Dora Mejía, de 88 años, quien fue la cónyuge de José Dolores en esa tierra.
Según quedó probado en la sentencia, José Dolores fue uno de los campesinos que ingresó a El Platanal en 1983 y logró que en 1985 el Incora le adjudicara una parcela de 26 hectáreas que él bautizó ‘Las Flores’. Su hija, hoy de 54 años, cuenta que en esa finca sembraron yuca, maíz, arroz, fríjol, ahuyama, patilla y melón. Ella vivía en el corregimiento de Casacará, estudiaba en Agustín Codazzi y todas las vacaciones se iba a pasarlas a la finca. “Pasábamos toda la temporada de vacaciones allá, nos tocaba eso sí trabajar duro, porque como en las parcelas no había agua teníamos que ir hasta el río a traerla en burro; a cada mula le colocábamos cuatro canecas de 20 litros, dos a cada lado; le cuento que la mejor época de mi vida la pasamos allá. Todas las personas que vivíamos allá éramos una sola familia, no había maldad, nadie se metía con nadie, hasta que llegó la violencia”, relata hoy desde el municipio de Hatonuevo, La Guajira, donde vive.
La violencia en El Platanal tiene nombre propio, según confirma la sentencia de restitución de tierras: Hugues Rodríguez Fuentes, quien era un prestante ganadero del Cesar que después terminó siendo conocido como un jefe paramilitar con el alias de “Comandante Barbie”. Una de sus fincas colindaba precisamente con la parcelación de los campesinos y los labriegos empezaron a ver a hombres armados ir y venir de la finca vecina. Durante los primeros años de los noventa, Rodríguez tenía a su servicio su propio grupo de hombres armados que hostigaba a los campesinos vecinos, pero a partir de 1996 el entonces ganadero terminó siendo uno de los principales patrocinadores de la entrada de los paramilitares de la Casa Castaño y de Mancuso al Cesar. Su pequeño grupo terminó integrado a lo que se conocería como el temido Bloque Norte de los paramilitares, al mando de Jorge 40, amigo cercano de Hugues Rodríguez. De hecho, la finca de este último terminó convertida en base de operaciones para el bloque.
El campesino José Dolores Álvarez, precisamente, fue víctima de uno de los miembros de esa estructura, a quien en la sentencia se identifica como José Aguilar, alias “El Para”. Según su relato, ese hombre lo amenazó de muerte para que se fuera de la parcelación, por lo cual en 1998 terminó vendiendo su predio a un hombre que apareció para comprársela: Heriberto Torres, un intermediario que ya había adquirido otras fincas y que la puso a nombre de su hija, Danys Solima Torres. Una década después, en 2010, esa familia vendió la tierra a la multinacional Drummond. La sentencia de restitución de tierras declaró nulos esos negocios, que fueron producto del despojo original de esa parcela.
Ese caso se repite casi calcado en los otros 15 predios objeto de la sentencia: mientras los campesinos eran desplazados, comisionistas les compraban sus predios a precios irrisorios y años después se los vendieron a la Drummond. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación Tierra y Carbón en la Vorágine del Gran Magdalena, documentó que uno de los compradores de las parcelas fue Ramiro Quintero Zuleta, un ganadero de la región que tenía información del potencial carbonífero que había en ese yacimiento y que después terminaría explotado por Drummond.
Esa empresa adquirió esos predios en 2010 para integrarlos a su megaproyecto minero llamado El Descanso, un contrato de minería de carbón a gran escala que le había otorgado el Estado en 1997 pero que empezó a explotar finalmente en 2009. Se trata de un proyecto con un área de 31.559 hectáreas en los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, en pleno corredor minero del Cesar. Esa mina cerró 2024 con una producción de 21,6 millones de toneladas de carbón, que la empresa exporta a diferentes destinos en América, Europa, Asia y a Israel.
La investigación del centro de memoria documentó que El Platanal hace parte de un patrón en esa región del Cesar: “Detrás de las masacres y desplazamientos subyacía el interés de imponer un ordenamiento territorial y poblacional funcional a las nuevas formas de concentración de la tierra y exploración del carbón”.
