William Dau ha enfrentado más de ochenta procesos en la Procuraduría, abiertos y cacareados por la exprocuradora Margarita Cabello, cercana al clan que dirige Cartagena y Bolívar: el alcalde distrital Dumek Turbay y su primo, el hoy presidente del Senado Lidio García Turbay. La Contraloría Municipal también ha abierto otros 22 procesos contra Dau, pero el Consejo de Estado, hasta ahora, le da la razón a Dau.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
A comienzos de septiembre varios medios locales de Cartagena difundieron información inexacta que parecía resultado de una campaña de desinformación coordinada. Revista Zetta, Visor Caribe Noticias, Cartagena Política y Vox Populi repitieron la misma imprecisión que resultó ser mentira: que el veedor anticorrupción y exalcalde William Dau Chamatt había sido inhabilitado por la Procuraduría y, en consecuencia, no podría aspirar al Congreso de la República en 2026.
La primera parte era cierta, Dau ha enfrentado más de ochenta procesos disciplinarios en la Procuraduría, algunos con sanciones. Pero la segunda parte era falsa: no está inhabilitado para aspirar al Congreso y el debate de fondo es la presunta persecución política en su contra. Ninguno de esos ochenta procesos ha demostrado que Dau haya actuado con dolo, requisito legal para poder suspender sus derechos políticos.
La pelea entre Dau y varios medios locales viene de atrás. Se han lanzado insultos en ambos sentidos y con frecuencia los periodistas se refieren a Dau en sus publicaciones con adjetivos injuriosos como “bazuquero”, “marihuanero”, “zambiloco” o “retractor”. El exalcalde, por su lado, califica a varios de ellos como “periodistas de estómago”, y denunció penalmente a más de veinte portales y comunicadores, señalando que aparecían en una tabla de pagos de la alcaldía, hoy en cabeza de su opositor político Dumek Turbay.
Pagos a periodistas
Registro de supuestos pagos por parte del alcalde de Cartagena Dumek Turbay a medios y periodistas locales para que sean propagandistas de su administración
La reportera Tatiana Velásquez Archibold denunció en La Contratopedia Caribe, que existían millonarios recursos públicos destinados a periodistas para promover la gestión de Turbay, incluido Jheivan Pinzón, contratista de la alcaldía, miembro de la campaña de Turbay y al mismo tiempo corresponsal de Noticias Caracol en Cartagena. Juan Roberto Vargas, director del noticiero nacional, sólo anunció su retiro cuando el caso se hizo viral en redes sociales.
Ninguno de los medios que habló de la supuesta inhabilidad rectificó. Tampoco contaron que el Consejo de Estado ha dicho que ninguna sanción contra Dau queda en firme mientras esa corte decida. La sanción más grave, que lo inhabilitaba por nueve años por supuesta negligencia en contratos para afrontar la pandemia del COVID-19, fue anulada la misma semana de la campaña mediática contra Dau. Los magistrados concluyeron que no había méritos para sancionarlo y que las decisiones de la Procuraduría habían sido “contrarias al derecho”.
El Consejo de Estado agregó que esas sanciones se expidieron “en contravía de las normas en que debían fundarse, en la medida que sancionaron al investigado sobre la base de un comportamiento que no constituyó falta disciplinaria”.
El Consejo de Estado le dio la razón a William Dau y anuló la sanción más grave que la Procuraduría le impuso
El penalista Simón Hernández, defensor de William Dau, sostiene que todos los procesos tuvieron motivaciones políticas durante la administración de Margarita Cabello, puesto que Dau es un enemigo declarado de Cabello y la había denunciado por prácticas clientelistas y presuntamente corruptas.
Entre los motivos esgrimidos por la entidad para imponer sanciones están las declaraciones de Dau llamando a la Procuraduría “un nido de ratas” y un viaje personal a Egipto -mientras Dau estaba de vacaciones y no actuando en su calidad de alcalde- donde asistió a un encuentro de líderes anticorrupción. Incluso, la Procuraduría lo sancionó por un audio donde pedía información sobre presuntos hechos de corrupción en la alcaldía que él mismo buscaba denunciar. En lugar de investigar la corrupción destapada por Dau, fue él quien terminó sancionado por supuestamente haber cometido “injuria” y “calumnia” contra varios funcionarios.
En diciembre de 2024 el Consejo de Estado emitió una sentencia de unificación: la Procuraduría no puede inhabilitar funcionarios que hayan llegado a sus cargos por elección popular sin revisión de esa corporación. Y en enero de 2025 asumió de oficio la revisión de las decisiones contra Dau en los 24 procesos abiertos de los 83 que adelantó la administración de Margarita Cabello.
En conversación con RAYA Dau aseguró que muchos de estos procesos se adelantaron sin atender a las mínimas garantías procesales, como permitir que sus abogados se presentaran a las audiencias. “El último año de mi gestión, yo tuve que tomar una decisión ante esa andanada abrumadora: o me dedicaba a defenderme, o me dedicaba a ser alcalde de Cartagena y me nombraron defensores de oficio”, sostuvo el exalcalde.
La denuncia contra Dumek Turbay y Lidio García
La otra batalla de Dau ha sido contra el clan liberal que hoy concentra buena parte del poder en Cartagena y en el departamento de Bolívar. Todo empezó con una denuncia penal interpuesta desde su exilio en Nueva York, el 26 de diciembre de 2018. En ese documento, William Dau lanzó señalamientos contra el entonces gobernador de Bolívar -y hoy alcalde de Cartagena- Dumek Turbay, y su primo Lidio García Turbay, quien meses antes había sido electo senador con cerca de 118 mil votos , una de las votaciones más altas del Partido Liberal.
En la denuncia, Dau se refería a ellos como “la organización criminal Turbay-Majana”, en referencia al apellido de Luis “Tuto” Majana, amigo, cuñado y financiador de la campaña de Turbay a la gobernación. Estos señalamientos, que el propio Dau leyó en un video de Youtube, le costaron una denuncia penal por injuria y calumnia. Un juzgado le ordenó retractarse por haber vinculado a Turbay a una organización criminal sin que existieran condenas judiciales en firme.
Pese a ello, Dau expuso hechos que consideraba debían ser investigados por la justicia. Entre ellos, presuntas coimas ligadas a la contratación pública de un consorcio de alcantarillado, incluidas entregas de unos 3.000 millones de pesos en efectivo. Según el relato, el dinero fue retirado en sucursales bancarias del centro de Cartagena desde cuentas ligadas a contratistas, empacado en morrales Wilson y entregado, en efectivo, para impulsar la campaña de Lidio García al Senado.
Aunque no existen fallos condenatorios sobre estos hechos, Lidio García sí está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en un presunto entramado de corrupción relacionado con contratos públicos en Bolívar.
Dau también aportó detalles adicionales en su denuncia: la colección de relojes de lujo de algunos miembros de las familias Turbay y Majana, la compra de vehículos a nombre de terceros, la participación a través de testaferros en empresas que contrataban con el departamento y números de teléfono que, según él, utilizaba Dumek Turbay para evitar rastreos en sus dispositivos personales. Incluso entregó fechas y lugares de reuniones en Barcelona de Indias, un condominio de Cartagena donde vivía el exgobernador Dumek Turbay, y donde se habrían coordinado presuntos hechos ilícitos.
RAYA verificó algunos de los números de teléfono y corroboró que uno figuraba en bases de datos como la línea privada de Turbay, mientras otro estaba vinculado a una empresa de publicidad contratista de la Gobernación, en la que tenía presencia frecuente Liliana Majana, esposa de Turbay.
Según Dau, a través de esas líneas Turbay se comunicaba con Alfonso “El Turco” Hilsaca, un poderoso contratista cartagenero mencionado en varios escándalos, aunque sin condenas vigentes. Hilsaca fue investigado por homicidio —proceso en el que resultó absuelto— y señalado como presunto financiador de la banda criminal Los Rastrojos Costeños. Su nombre ha reaparecido en varios casos de contratación pública; el más reciente, un contrato para manejar el alumbrado público de Pereira por 25 años, denunciado por la la congresista Carolina Giraldo Botero como negociado directamente con el alcalde Mauricio Salazar.
En 2019 William Dau acudió personalmente a la Procuraduría para radicar sus denuncias contra los Turbay y los Majana. Allí se conecta esta historia con la otra: la asesora que recibió esa denuncia, Yolanda Reyes Niño, años después lo investigó y sancionó en varios procesos adelantados durante la administración de Margarita Cabello.
Fue precisamente en una diligencia con Reyes Niño cuando William Dau expresó que la Procuraduría era “un nido de ratas”, expresión que derivó en un nuevo proceso y otra sanción disciplinaria contra él. Reyes Niño fue ascendida por Cabello en diciembre del 2021 al cargo de procuradora delegada y en diciembre de 2024, días antes de que Cabello abandonara la cúpula de la entidad, la nombró en encargo como Procuradora Delegada de Juzgamiento, con uno de los salarios más altos de la Procuraduría, cercano a los cincuenta millones de pesos.
La Contraloría de bolsillo
Como lo había denunciado en una investigación anterior la Revista RAYA, la Contraloría de Cartagena se ha convertido en un botín de la familia Turbay, controlada desde hace una década por fichas cercanas al congresista Lidio García Turbay, entre ellos su primo Jesús María Caballero García, el secretario general de la entidad, quien fue declarado insubsistente en 2016. Su jefa, la excontralora Nubia Fontalvo, también cercana a García Turbay, fue capturada en 2017 por soborno y cohecho aunque recuperó su libertad tras el vencimiento de términos.
Lea la investigación: Los delitos que señalan a Lidio García Turbay, presidente del Senado
Actualmente la contralora municipal de Cartagena es Ángela María Cubides, una abogada vallecaucana que no tenía ninguna trayectoria previa en Cartagena y pese a ello resultó electa por el Concejo Municipal para ese cargo, en medio de acusaciones de supuestas maniobras corruptas por parte de Alfonso “El Turco” Hilsaca para incidir en dicha votación.
Así registró el diario El Universal la cuestionada elección de la contralora Cubides
William Dau ya era alcalde Cartagena en ese momento y denunció la elección de la contralora, señalándole de mantener vínculos con el parapolítico condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra y el corrupto exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Cubides niega estos señalamientos, pese a ello, toda su carrera previa ocurrió en puestos de libre nombramiento y remoción en las Contralorías de Tuluá y del departamento del Valle del Cauca, así como en la Gobernación de ese departamento y empresas públicas descentralizadas como la Empresa de Desarrollo Urbano o el Fondo Especial de Vivienda de Cali.
Por eso resulta extremadamente sospechoso que en los últimos meses la Contraloría de Cartagena, en cabeza de la misma funcionaria denunciada por Dau, Ángela María Cubides, haya abierto siete procesos en contra de Dau por supuestas irregularidades de su administración que terminó en 2023. En total la entidad ha adelantado 22 investigaciones contra el exalcalde.
Estos procesos comenzaron a moverse con celeridad justamente cuando trascendió que Dau buscaba volver a la política, por eso su abogado Simón Hernández no duda en asegurar que en realidad se trata de maniobras para “inhabilitarlo e impedirle que participe activamente en la vida política del país, principalmente impidiendo que pueda lanzarse al Senado, donde sería una voz incómoda para los mismos que lo pretenden inhabilitar. Es bien sabido que Dau conserva mucha popularidad y tiene serias opciones de ocupar una curul”.
El periodo de Cubides en la Contraloría termina el 31 de diciembre y por ello resulta aún más sospechosa la celeridad que ha impregnado a los procesos justo al final de su mandato en el cargo.
RAYA escribió al número personal de Dumek Turbay para preguntarle por los supuestos sobornos que su administración ha dado a medios y periodistas que se sumaron a la campaña de desinformación en contra de William Dau, e igualmente para consultarle por los señalamientos de corrupción que hoy afronta, pero al cierre de este reportaje el alcalde no había contestado nuestros mensajes.
