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RAYUELA

Campesinos de Barrancabermeja denuncian que han perdido usos cotidianos de una quebrada donde una planta de Mac Pollo descarga aguas residuales con permiso de la Corporación Ambiental de Santander, que constató en julio pasado variaciones en la calidad del agua. RAYA reconstruyó el poder económico del grupo y encontró un caso similar en Buga de una empresa de pollo con otro nombre, pero del mismo dueño. Los pescadores del Magdalena Medio llevan años denunciando presiones industriales sobre las fuentes que alimentan la ciénaga San Silvestre.

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA

En la vereda El Cucharo, corregimiento La Fortuna de Barrancabermeja, la quebrada Las Margaritas no es un accidente geográfico en un mapa. Varias familias campesinas la usan para abastecerse de agua, dar de beber al ganado y sostener actividades agropecuarias. Habitantes del sector denunciaron que desde hace meses el agua presenta residuos, cambios de color y malos olores; algunos aseguran que ya no pueden utilizarla para riego o consumo y que varios bovinos murieron después de beber de ella. También recuerdan que antes la quebrada servía como lugar de baño y recreación en los días de calor.

En ese mismo cauce descarga sus aguas residuales una planta de AVSA S.A., titular de la marca Mac Pollo. Es una planta de beneficio avícola: allí se sacrifican y procesan pollos para su comercialización y el agua utilizada en el proceso industrial y en el lavado de equipos pasa por un sistema de tratamiento antes de ser vertida. No está probado que la empresa arroje directamente sangre, plumas o vísceras a Las Margaritas. Las preguntas que permanecen abiertas son: ¿qué calidad conserva esa agua al salir de la planta de tratamiento? y ¿qué ocurre cuando ese efluente industrial llega a una quebrada pequeña de la que dependen familias rurales?

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) autorizó precisamente esa descarga mediante la Resolución 000877 del 16 de diciembre de 2024. El permiso permite verter hasta 56,1 litros por segundo, más de 4,8 millones de litros al día. La controversia está en la relación entre ese volumen y la capacidad real de la quebrada para recibirlo. Según el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, una medición de oxígeno disuelto realizada durante una inspección marcó cero, una condición que, según explicó, impide la vida acuática.

Granados llegó a la quebrada Las Margaritas después de las denuncias de los campesinos. En un video grabado junto a la quebrada mostró agua oscura y afirmó: “Ustedes observan la cantidad de grasa y de contaminación, quedó completamente negra, pero antes era cristalina, hoy se está muriendo el ganado”. En una entrevista con el medio local Río Grande habló sobre el permiso de la CAS: “La gravedad de esta decisión es que autoriza un vertimiento que supera los 4,8 millones de litros diarios sobre una quebrada que no tiene capacidad de dilución y cuya afectación ya es evidente”, dijo. La Alcaldía anunció que solicitaría suspender el permiso y que acudiría a la Fiscalía para que investigue posibles irregularidades en su otorgamiento.

Denuncia del secretario de Ambiente de Barrancabermeja sobre la presunta contaminación de Mcpollo en la vereda El Cucharo. Video de redes sociales.

La noticia tomó otro peso tres días después. El 17 de julio pasado, la propia CAS —la autoridad que había concedido el permiso— inspeccionó el punto del afluente donde descarga la planta y recorrió el cauce aguas abajo. En un comunicado oficial reconoció que encontró “variaciones en las características organolépticas” del agua, es decir, cambios perceptibles en aspectos como olor, color o apariencia. La corporación aclaró que esa observación de campo no permitía determinar por sí sola la causa y anunció estudios técnicos, monitoreos y análisis de laboratorio para establecer la calidad del agua y verificar el funcionamiento de la planta de tratamiento.

RAYA consultó a la CAS por los resultados de la inspección a la quebrada Las Margaritas y pidió copia de la Resolución 000877, mediante la cual esa autoridad autorizó los vertimientos de la planta. En un audio enviado el 27 de agosto, la oficina de prensa respondió que todavía no había ubicado la resolución y que, al regresar a la corporación, consultaría a las áreas encargadas. La misma oficina informó que solicitaría autorización para que un vocero explicara el caso y que unos ocho días antes se había planteado un Puesto de Mando Unificado para tratar varios temas de emergencia, incluido este. Al cierre, la CAS no había enviado la resolución, los resultados de las muestras o análisis anunciados el 17 de julio ni había facilitado un vocero. RAYA revisó además la sala de prensa de la entidad hasta el 29 de agosto y tampoco encontró publicados estos resultados.

Del agua de las familias al agua de toda la ciudad

Las Margaritas forma parte de una red hídrica mayor. Según la información recopilada por autoridades locales, la quebrada desemboca en El Zarzal, que a su vez alimenta el sistema de la Ciénaga San Silvestre. La propia CAS describe San Silvestre como un complejo de humedales interconectados con El Zarzal, Zapatero y El Sábalo, alimentado además por varios caños. En sus orillas funciona el acueducto que capta el agua para Barrancabermeja.

La ruta importa porque muestra por qué una quebrada rural aparentemente pequeña no es un asunto periférico. Lo que sucede en El Cucharo ocurre en la cabecera de un sistema del que depende el abastecimiento urbano y también la pesca, la agricultura y otras formas de vida en el territorio. Para las familias campesinas, Las Margaritas es agua de uso cotidiano; para la regulación ambiental aparece, además, como el cuerpo receptor de un vertimiento industrial. Esa doble condición concentra el conflicto.

Ese conflicto entre el uso cotidiano del agua y los vertimientos también aparece en los testimonios de pescadores. RAYA habló con Fabio Avendaño, pescador de Barrancabermeja. “Esas aguas dicen que las tratan en las plantas, pero honestamente hay veces que salen esas aguas horribles. Amarillas salen. Uno va a ver y la contaminación de esas aguas es porque dejan descargar todos los líquidos al agua y dañan las ciénagas”. 

Su preocupación va más allá de Las Margaritas. Avendaño dijo a RAYA que, pese a las advertencias que pescadores y comunidades han hecho durante años sobre la contaminación de quebradas y caños, sus reclamos no han sido atendidos con suficiente seriedad y que persiste entre ellos el temor de enfermarse por el agua. “Se ha tenido esta información hace muchos años, se han hecho requerimientos y se han analizado las problemáticas, pero no se nos había prestado atención. Ahora, gracias a Dios, con el secretario hemos tenido la oportunidad de ser escuchados. Nuestro clamor no es solo para que nos escuchen, sino un clamor por el ser humano, porque somos nosotros mismos los que nos estamos contaminando; el agua de consumo prácticamente no es tratada adecuadamente, ni mucho menos”, aseguró Fabio Avendaño. 

La afirmación de Avendaño sobre el agua de consumo no coincide con los registros oficiales más recientes disponibles. Aguas de Barrancabermeja reportó que entre mayo y agosto de 2025 su Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) consolidado se mantuvo en nivel “sin riesgo”. La Secretaría Distrital de Salud registró también nivel “sin riesgo” para el área urbana entre septiembre y diciembre de 2025, aunque reportó episodios de riesgo bajo en la zona rural. Esos indicadores evalúan el agua tratada que distribuye el acueducto, no la calidad de Las Margaritas; por eso no desvirtúan las denuncias ambientales sobre la quebrada, pero tampoco respaldan una afirmación general de que el agua potable de la ciudad no recibe tratamiento adecuado.

La empresa que descarga sobre Las Margaritas no es un actor económico menor. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Sociedades recopiladas por Fenavi, AVSA S.A. ocupó en 2024 el puesto 65 entre las mil empresas más grandes de Colombia. Ese año registró ingresos operacionales por 2,42 billones de pesos y utilidades netas por 214.919 millones de pesos, un aumento de 167 % frente a 2023.

Estas cifras permiten dimensionar la asimetría del conflicto: de un lado, familias rurales cuya vida cotidiana depende de una quebrada; del otro, una compañía con capacidad económica nacional y una planta autorizada por la CAS para descargar allí sus aguas residuales tratadas.

San Silvestre: el agua ya estaba en disputa

La controversia sobre Las Margaritas se suma a una historia más larga de defensa del agua en Barrancabermeja. CREDHOS ha documentado la resistencia de FEDEPESAN, que agrupa alrededor de 300 familias de pescadores y defensores ambientales. Entre 2021 y 2022, un monitoreo participativo con el Instituto Humboldt encontró condiciones de preocupación por baja calidad ambiental en al menos ocho de doce puntos de la ciénaga y el caño San Silvestre, especialmente por presencia de metales pesados. El estudio no atribuyó esos resultados a Mac Pollo.

Ese monitoreo forma parte de un escenario de presiones acumuladas sobre el sistema hídrico. En abril de 2025, RAYA reveló que la CAS impuso una medida preventiva al relleno Ecoparque-Rediba, operado por Veolia, después de documentar afectaciones como tala, taponamiento de humedales y contaminación por lixiviados. Veolia sostuvo que operaba con licencia vigente y negó problemas ambientales.

A esa presión se suma otro caso reciente. En agosto de 2026, El Espectador reveló que la Fiscalía reactivó una investigación abierta desde 2017 sobre presuntos daños ambientales relacionados con la planta La Fortuna de Terpel. La Fiscalía tomó muestras y entrevistó a nueve pescadores, algunos de los cuales denunciaron derrames y afectaciones al caño Zarzal y a otras fuentes. Terpel sostiene que los episodios fueron puntuales, que activó sus planes de contingencia y que el proceso sancionatorio de la CAS sigue apelado.

Las actuaciones estatales son distintas: en Mac Pollo hay un permiso cuestionado por la Alcaldía y una inspección de la CAS que constató cambios visibles aguas abajo; en Veolia hubo una medida preventiva; y en Terpel existe una investigación penal abierta. Los tres casos convergen en el mismo territorio: una red de quebradas, caños y ciénagas que sostiene agua, alimento y trabajo para campesinos y pescadores, mientras recibe presiones de distintas actividades industriales.

RAYA revisó también la estructura societaria detrás de Mac Pollo. En mayo de 2025, la Superintendencia de Sociedades confirmó que miembros de la familia Serrano Liévano ejercen control conjunto sobre AVSA S.A., Avidesa de Occidente S.A., Balanceados S.A. y Gironés S.A.S. La entidad determinó además que AVSA, Avidesa de Occidente y Balanceados integran un mismo grupo empresarial por existir unidad de propósito y dirección.

Buga: otra empresa avícola del mismo grupo bajo investigación ambiental

En Buga, Valle del Cauca, opera Avidesa de Occidente S.A., una de las empresas que la Superintendencia ubicó dentro del mismo grupo empresarial de AVSA. En febrero de 2026, Semana reveló que la Fiscalía pidió a la CVC los expedientes de la compañía entre 2020 y 2026 dentro de una indagación por posibles daños ambientales. La revista citó un documento de la autoridad que registró “Cloruros, sulfatos, sólidos suspendidos y niveles de pH fuera de norma en distintos años”.

La CVC sostuvo que la planta cuenta con permiso de vertimientos desde 2020, renovado en 2024, y que en general cumple los límites nacionales. Reconoció dos mediciones puntuales de sólidos suspendidos por encima del límite y señaló que exigió optimizar la planta de tratamiento. También precisó que las descargas llegan a la acequia San Antonio y no al río Guadalajara.

El caso de Buga amplía el contexto empresarial, pero la historia vuelve a El Cucharo. Allí, la primera alarma salió de las familias que dijeron que el agua olía distinto, tenía residuos y ya no les servía como antes. Después llegó el Estado a inspeccionar un permiso que el propio Estado había concedido. La discusión de fondo no es solo cuántos litros pueden verterse, sino quién decide convertir una fuente de uso comunitario en receptora de aguas industriales, bajo qué controles y quién termina viviendo con sus riesgos.

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