En entrevista con la Revista RAYA la abogada salvadoreña Kerlin Belloso hizo una radiografía de las desapariciones forzadas de civiles en el país centroamericano. Tras un año del régimen de excepción del gobierno conservador de Nayid Bukele, la abogada contó que las cifras oficiales de desaparecidos fueron restringidas por el gobierno desde mediados del 2022.
Por Óscar Arnulfo Cardozo.
En los últimos tres años (2020-2022) en El Salvador se reportaron 4.060 denuncias por desapariciones forzadas, según cifras de la Policía Nacional. No obstante, el subregistro oculto y la alianza entre la fuerza pública salvadoreña y algunas pandillas no permiten ver la fotografía completa de lo que realmente sucede con este flagelo en el país centroamericano. De acuerdo con la Fundación de estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), a la que pertenece Kerlin Belloso y desde donde acompaña a las madres que buscan a los desaparecidos, entre 2014 y 2019, las desapariciones en el país ascendieron a más de 20.000 y se encontraron 316 fosas clandestinas, el doble de las encontradas en los últimos 16 años.
Belloso es una abogada salvadoreña que trabaja en el aérea jurídica de FESPAD, organización que acompaña al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador desde su creación y el cual está integrado por un colectivo de 27 madres que buscan a sus familiares desaparecidos. Una tarea espinosa en medio de un régimen que no reconoce su lucha y que a través del constreñimiento policial y el olvido judicial está perpetuando la impunidad.
¿Qué es y cómo surge la iniciativa del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas?
Kerlin Belloso: El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas es principalmente un colectivo de familias organizadas cuyo objetivo es buscar y encontrar a familiares desaparecidos por causa de la violencia. Este bloque está compuesto actualmente por 27 madres que exigen a las autoridades respuestas sobre sus hijos desaparecidos. El Bloque se presentó oficialmente en febrero del año pasado bajo un acto simbólico y una conferencia de prensa dada por las madres. Una vez concluida esta conferencia a las afueras del lugar teníamos un bus lleno de fotografías de los familiares desaparecidos. A ese bus lo nombramos “el bus de la esperanza” y en ese momento se dirigió a las oficinas de Medicina Legal con el objetivo de hablar con el director de esa institución. Ese día, madres como Miriam Elizondo, cuyo hijo lleva 11 años desaparecido y es una de las voceras del Bloque y nosotros como FESPAD, entramos a Medicina Legal y expusimos nuestras necesidades de verdad y reconocimiento de los desaparecidos. Básicamente ese es el momento fundacional del Bloque empezando con los casos que ya teníamos, más o menos 15, casos que luego aumentaron a 27. Son 27 casos de angustia y de ausencia de políticas nacionales para personas desaparecidas. Pero también son 27 casos de pura autogestión, más allá de la exigencia al Estado, de salidas diarias a buscar en las fosas clandestinas donde puedan estar los restos de sus familiares.
Estas madres, además, no se quedan quietas. Presentan recurrentemente peticiones a los fiscales de los casos para acompañar el proceso de investigación y llegar a obtener respuestas. Ante la ausencia de respuestas contundentes ellas seguirán buscando a sus hijos.
El gobierno salvadoreño ha prorrogado su régimen de excepción el cual suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución priorizando capturas masivas. ¿Cómo impacta este régimen en la búsqueda de personas desaparecidas en el país?
KB: El régimen de excepción, como su nombre lo indica, suspende algunas garantías fundamentales como el derecho a la reunión, el derecho a la asociación y el derecho a la inviolabilidad de la morada. Este último, por ejemplo, no lo establece el decreto legislativo, pero si se presentan muchos casos en los cuales las personas registran violaciones al ingreso de su casa sin ninguna justificación.
La relación entre este régimen y la búsqueda de desaparecidos ya lo han dicho las propias madres: los casos están parados porque la prioridad para los fiscales ahora mismo son las capturas bajo el régimen de excepción. Incluso, ellos les dicen a las madres que no sigan con la búsqueda y, a pesar de que han recolectado pruebas y testimonios para entregarlos a la Fiscalía, ésta apenas está en etapa inicial de la investigación sin mayores avances desde hace algunos años. Ningún caso de los 27 del Bloque de Búsqueda ha sido judicializado. Yo me pregunto: ¿con qué cara un fiscal le puede decir esto a una madre que lleva años buscando a sus hijos? Vale la pena decir además que estos 27 casos solo representan una muestra dentro de la infinidad de desapariciones en el país. Sin embargo, existen madres que no se han unido al Bloque de Búsqueda por temor a represalias contra sus vidas. El régimen de excepción, por ejemplo, casi que prohibió las búsquedas particulares de muchas de estas madres bajo la premisa de poder ser detenidas en algún cerco militar. Estas son las consecuencias negativas de este régimen de excepción.
¿Existe la posibilidad de que algunos de estos desaparecidos hayan parado en cárceles del gobierno salvadoreño como parte de esa violación de derechos humanos a civiles en el país?
KB: De los 27 casos del Bloque de Búsqueda nosotros podemos presumir que dos de esas personas pudiesen estar detenidas tras las masivas capturas del gobierno de Bukele. En Sonsonate, una ciudad al occidente, esta uno de los casos en el que uno de los jóvenes fue reportado como desaparecido y, tras la denuncia, las autoridades luego lo reportaron como capturado en uno de los centros penales. Sin embargo, dos meses después de que su madre lo haya buscado en diversas cárceles aún no sabe en qué centro penitenciario está porque la procuradora del caso siempre le ha entregado información errónea.
Se dice que el régimen de Bukele ataca principalmente a los jóvenes salvadoreños, ¿por qué?
Este régimen de excepción permite detener a los jóvenes por ser jóvenes, por tener tatuajes cualesquiera o por verlos nerviosos. Y ¿quién no se pone nervioso si en el 2017 en Sonsonate la Policía desapareció tres jóvenes? Los militares, policías y el gobierno no son los mejores aliados de los jóvenes en El Salvador. Mayormente a los detenidos se les imputa dos delitos: el de agrupaciones ilícitas y el de resistencia a la autoridad. El régimen de excepción a su vez viene acompañado con reformas en el código penal que elevan los años de prisión lo que ha llevado a que jóvenes inocentes purguen penas más altas porque sí. De 6 meses en una instrucción policial se ha pasado a confinarlos 2 años. Los proyectos de vida de muchos jóvenes salvadoreños se ven arruinados por estas actuaciones. A las propias organizaciones de derechos humanos el gobierno nos acusa de una cantidad de cosas. A nosotros, a FESPAD nos han dicho que nos van a venir a quemar por defender a miembros de pandillas o que la policía nos va a capturar. El régimen de excepción vulnera una cantidad de derechos humanos mucho más allá de la detención.
¿Qué ha dicho el gobierno de Nayib Bukele sobre la desaparición forzada?
El presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre este tema. De hecho, nosotros como FESPAD, dentro del apoyo que damos al Bloque de Búsqueda, hemos presentado cartas al fiscal general de la Nación, a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría General y a Medicina Legal. Ninguna de estas cartas ha sido respondida.
En diciembre del año pasado presentamos a la Asamblea Legislativa un libro de 43 casos de personas desaparecidas sin ningún tipo de respuesta. Incluso, las cifras sobre desaparecidos en el país solo fueron reportadas de enero hasta junio del año pasado (un dato global de 560 casos de desaparecidos en el primer semestre de 2022), luego de esto, el gobierno declaró estos datos como información en reserva y no tenemos más información oficial desde entonces.
Exposición de fotografías de las víctimas de desaparición en El Salvador. Fuente: Fundación de estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD)
¿Qué paso con la permanencia de El Salvador dentro de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (1994) y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra este flagelo (2006)?
KB: En diciembre pasado se cumplió un año de que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos como FESPAD hayamos solicitado ante la Asamblea Legislativa la ratificación del gobierno salvadoreño de ambas convenciones. Si vivíamos sin legislación nacional, ahora todo será mucho más arduo para nosotros porque tampoco tenemos legislación internacional vinculante en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Como representantes de las víctimas de desaparición hemos presentado escritos ante la Fiscalía para cada uno de los casos, sin ninguna respuesta. Existe un silencio total por parte de este gobierno, como si quisieran mantener en reserva permanente todos los casos. También existe una burla al dolor de las familias por parte del partido de gobierno del presidente Nayid Bukele llamado “Nuevas Ideas”. Han expuesto diferentes mensajes en redes sociales como Twitter: “Búsquenlos ustedes” o “Mejor busquen a los corruptos”. Es muy triste saber esto. Es necesario y urgente que haya una ley nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. Todos los vacíos reclamados por las mismas familias solo podrían llenarse con una Ley nacional que insistentemente hemos solicitado ante la Asamblea Legislativa sin respuesta alguna.
