RAYA accedió a pruebas y documentos reservados de la investigación que incrimina al senador por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, un expolicía que, según testimonios de paramilitares, participó en la desaparición forzada de un campesino de Tame, Arauca. Su papel fue permitir el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca al barrio donde estaban las víctimas.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El 7 de febrero de 2003, María Dominga Alarcón de Santiesteban, una campesina de 53 años, se dirigió a la Fiscalía de Tame (Arauca) para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida la noche anterior en el mismo municipio. “Mi hijo Alejandro se encontraba en una tienda del barrio La Unión tomando cerveza y jugando naipe con otros compañeros, cuando llegaron dos carros con varios sujetos armados a este establecimiento y se llevaron a mi hijo y otros dos señores que estaban con él. Horas más tarde soltaron a los dos señores y se quedaron con mi hijo. Hasta la hora no he sabido nada de él”, declaró Alarcón.
La mujer fue avisada por Silenia Rodríguez, dueña de la tienda, cuyo marido también fue secuestrado en la incursión armada. Rodríguez manifestó que los hombres estaban “vestidos de verde y armados” y llegaron en una camioneta Toyota café con cabina blanca.
Cuatro años después, Ana Rubiela Castro, esposa del desaparecido, aportó más información. Indicó que su esposo se había quedado jugando cartas, en la tienda, cuando “llegaron unos sujetos en unos carros y se bajaron, hicieron unos tiros al aire y les dijeron a Alejandro y a los muchachos que no hicieran nada”. Castro identificó a los victimarios: “dijeron que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia”.
La Fiscalía confirmó en una compulsa de copias de 2017, catorce años después, que el crimen había sido cometido por las Autodefensas: “en el recorrido por la vía a Puerto Gaitán, dejaron en libertad a Díaz Alvarado y a otro joven no identificado. Prosiguieron la marcha hasta donde estaba el comandante Carlos Gardel Martínez, alias ‘Cantante’ (fallecido), quien los interrogó colocándoles puñales en el cuello para que ‘dijeran la verdad’. Después de tres horas liberaron a Díaz Cepeda y a otro joven no identificado, imponiéndoles el compromiso de presentarse al día siguiente”. Alejandro Santiesteban continúa desaparecido.
Eran tiempos de la política de “seguridad democrática”, la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe en contra de las guerrillas y las organizaciones populares, sindicales y de izquierda, estigmatizadas y señaladas de ser simpatizantes de la subversión. Arauca fue el piloto de aquella arremetida. Allí se aplicó el decreto 1837 que creó las “zonas de consolidación” y permitió la captura masiva de 2.000 pobladores el 12 de noviembre de 2002, cuando Uribe llevaba tres meses en el poder. Entre los detenidos hubo menores de edad y amas de casa falsamente acusados de colaborar con grupos guerrilleros; la mayoría de los procesos judiciales no prosperaron por falta de pruebas.
Dos décadas después del crimen, la Corte Suprema de Justicia reunió evidencias suficientes para llamar a indagatoria al senador José Vicente Carreño Castro, policía retirado y actual miembro del Centro Democrático en Arauca, donde ha hecho toda su carrera militar y política. Su trayectoria en el Congreso ha estado marcada por el apoyo manifiesto de veteranos de la Fuerza Pública, con quiénes realizan frecuentes actos de proselitismo, y más recientemente por un escándalo de corrupción al exigir sobornos en en el contexto de la adjudicación de un millonario contrato con la Policía Nacional, hechos por los cuáles también lo investiga la Corte Suprema y que ya derivaron en la captura de Camilo Forero, uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Ahora la Corte tiene indicios de que Carreño habría colaborado con los paramilitares facilitando su ingreso al barrio La Unión para perpetrar el secuestro y posterior desaparición del campesino Alejandro Santiesteban.
Julio César Contreras, uno de los testigos principales del caso, expresó su temor ante la Corte Suprema: “este tipo de declaraciones son muy delicadas y más con el poder que tiene el señor Carreño, ya que fue electo Senador en los comicios anteriores, sumándole todos los otros problemas de seguridad que tengo hasta la fecha”.
Los testimonios que comprometen al senador Carreño Castro fueron recopilados durante el proceso de Justicia y Paz. Aunque algunas versiones fueron rendidas hace más de doce años, apenas ahora la justicia ha llamado a Carreño a responder.
El primero en hablar contra el senador fue Alfredo Rincón Santafé, alias “Orionto”, quien aseguró que entre los policías que colaboraban con las Autodefensas estaba “el subintendente Carreño y el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
Después, Norberto Casas Sánchez, alias “Boyaco”, un paramilitar de los llanos, lo señaló directamente en la desaparición del campesino Santiesteban: “en una incursión que hicimos en el barrio La Unión en Tame, una reunión con un sargento de la Policía y dos agentes, entre ellos el patrullero José Vicente Carreño, quien ahora es supuestamente concejal de Arauca. El sargento y los patrulleros nos dieron 20 minutos para hacer la incursión. Entramos a las diez de la noche, con camuflado y armas largas, recorrimos el barrio, sacamos como ocho personas, se soltaron seis y se ejecutaron dos, uno lo ejecutó Milicia en La Y y el otro fue Jorge Enrique González Sigua, por ser presuntos auxiliadores de la guerrilla. Yo nunca hablé con Carreño, pero se veía que tenía más poder que el sargento y también sabía lo de la vuelta, él era el que más hablaba; el sargento fue el que dio la autorización. El contacto directo del comandante alias 03 era el patrullero Carreño por vía telefónica. No tengo conocimiento si al patrullero le daban dinero o no. Únicamente vi a Carreño en esta oportunidad”.
Alias “Boyaco” incriminó en sus declaraciones al hoy senador José Vicente Carreño.
Otro paramilitar, Julio César Contreras alias “Chapulín”, ofreció detalles de la planeación y ejecución de la arremetida paramilitar en el barrio La Unión. Señaló que se había coordinado con un teniente de la Policía en Tame apodado “Cejas”: “Toda la policía de Tame sabían quiénes éramos los paracos del pueblo y nos dejaban mover sin problema”, declaró.
“Carreño también era policía, dicen que es hermano de alias Genio. En ese tiempo José Vicente Carreño Castro era escolta del padre Hermes, no sé de qué parroquia era”, aseguró alias Chapulín a las autoridades. “Carreño habló con Cantante y 03. En diciembre de 2002, Carreño le vendió una pistola a Cantante, no sé en cuánto, no sé qué marca era, yo la miré cuando hacían el negocio en Morichal. Creo que fue una Pietro Beretta 9 mm. También ofreció un revólver de cinco tiros niquelado que luego supe se lo compró El Mellizo”.
Chapulín aportó más detalles sobre el rol de José Vicente Carreño en la coordinación de actos criminales y en posibles alianzas políticas con los paramilitares. Señaló que participó en reuniones en la base del Bloque Vencedores de Arauca en la vereda Mapoy, donde, según testimonios recopilados en Justicia y Paz, se pactaron otros encuentros con políticos de la región para controlar alcaldías, asambleas e incluso la gobernación del departamento.
“En otra oportunidad, Carreño estuvo en enero de 2003. Estuvo con el padre Hermes reunido con Cantante y 03 en Morichal, en la vereda Mapoy. No sé de qué hablaron, pero los vi reunidos. Carreño era colaborador directo del Bloque Vencedores de Arauca. También ayudaba a los muchachos que estuvieron en Arauca capital en 2004”, aseguró Chapulín. “Concretamente en Tame, Carreño me prestó un revólver 38, no recuerdo la marca, en el hospital de Tame para cuidar a la mujer de un paraco que estaba dando a luz. Era la mujer de Brayan, esto fue como el 20 de marzo de 2004. Carreño estaba en el hospital y en ese momento la policía retiró la seguridad del lugar. Yo le pedí el arma y él accedió. Al otro día fue a mi casa y la recogió”.
La desaparición de Alejandro Santiesteban no habría sido un hecho aislado, sino parte de un patrón de colaboración entre Carreño, autoridades militares y los paramilitares en Arauca. Arles Warner Albarracín, alias “Pablito”, otro miembro del Bloque Vencedores de las Autodefensas, declaró que conocía la participación del patrullero José Vicente Carreño Castro: “Me vendía armamento, municiones de armas cortas y largas. Con el tiempo me enteré en la cárcel que había trabajado con otros desmovilizados como Chapulín y otros. Al patrullero Carreño se le pagaba en efectivo. Cuando yo iba a viajar a Ralito, él me rayaba la cédula para indicarme si tenía orden de captura. Durante 2005 viajé a Ralito unas tres o cuatro veces”.
Fue apenas el 2 de mayo de 2017 que la fiscal Jackeline Sánchez Acevedo compulsó copias para investigar al hoy senador José Vicente Carreño por estos hechos. La demora en la acción judicial podría explicarse porque muchas de las declaraciones anteriores, que implicaban a políticos y mandos militares de Arauca, llegaron al despacho de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, quien no compulsó las copias como era su obligación.
Niño Farfán fue condenada a cinco años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, que comprobó que recibió un soborno de cuatrocientos millones de pesos y dos camionetas para no judicializar a narcotraficantes presentados como integrantes de las Autodefensas.
La exfiscal ha vuelto a la opinión pública porque, desde la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, habría participado en el entramado de falsos testigos y sobornos que hoy tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez afrontando un juicio penal que podría llevarlo a la cárcel. Según las investigaciones, el abogado Diego Cadena le habría ofrecido beneficios jurídicos a Niño Farfán a cambio de su colaboración.
No es la primera vez que se señalan vínculos de Carreño con los paramilitares del Bloque Vencedores de las AUC. Su hermano, Campo Elías Carreño Castro, alias “Genio”, fue miembro activo de este grupo y acabó condenado a más de 40 años de prisión por 18 crímenes, entre ellos asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y la agresión sexual a una menor de edad que los paramilitares acusaron de ser novia de un guerrillero.
Los crímenes de alias Genio fueron juzgados en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que le otorgó la pena alternativa de ocho años tras su desmovilización. El Tribunal esclareció, entre otros casos, cómo participó en el homicidio del líder político Reuto Manosalva, opositor de Alfredo Guzmán Tafur, quien fue alcalde de Tame entre 2004 y 2007 y señalado por alias “Otoniel” de haber recibido apoyo de los paramilitares durante su gestión.
Los crímenes del paramilitar Carreño Castro -hermano del senador- fueron juzgados en una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y su sala de Justicia y Paz, que también juzgó a otros miembros de esa estructura criminal. Campo Elías Carreño aceptó su culpabilidad en aquellos crímenes.
Un patrón criminal para exterminar al movimiento social
Rodrigo Ramírez y José Vicente Carreño en 1992, cuando ambos comenzaban su carrera como policías en el departamento de Arauca
La colaboración de integrantes de la Fuerza Pública con los paramilitares en Arauca debe entenderse dentro de un plan más amplio, mediante el cual políticos locales buscaron eliminar a sus opositores y tomar el control del departamento. Lo lograron con la elección de Julio Enrique Acosta Bernal como gobernador en 2003 y la elección de Alfredo Iván Guzmán Tafur como alcalde de Tame. Aunque Tafur no ha sido condenado por parapolítica, la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó el año pasado que fuera investigado por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Tras el asesinato del congresista Octavio Sarmiento, el 2 de octubre de 2001, dirigente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica en Arauca, las autoridades desplegaron una serie de investigaciones que derivaron en allanamientos donde se halló una lista de medio centenar de dirigentes y líderes políticos en la mira de los paramilitares. Según el abogado Juan Carlos Torregrosa, “esas personas, algunas fueron asesinadas, otras judicializadas y otras asesinadas por el Ejército en ejecuciones extrajudiciales”, como ocurrió con los dirigentes sociales Leonel Goyeneche, Héctor Alirio Martínez y Jorge Prieto, asesinados en la masacre de Caño Seco del 4 de agosto de 2004, por la que fueron condenados varios militares activos.
“Lo que dijeron [los políticos locales] es que necesitaban que llegaran los paramilitares acá. Eso lo reveló Verdad Abierta, como entraron por Casanare con la coordinación y protección del Ejército. Usaron la base militar abandonada de Naranjito, que está después del puente en la carretera entre Tame y Hato Corozal”, contó Torregrosa a la Revista RAYA, quien como defensor de derechos humanos y líder local ha denunciado este patrón de criminalidad.
Los paramilitares habrían citado a una reunión en la vereda Mapoy para definir quién debía ganar la alcaldía de Tame en 2003. También se planeó tomar el control de la Asamblea Departamental y quién debía ser el primer presidente del Concejo Municipal, según Torregrosa. “Eran los mandos políticos del paramilitarismo acá, entre ellos Julio Enrique Acosta Bernal, que luego fue gobernador”, sostiene Torregrosa: “Ellos enlazaban a los paramilitares con el comandante del Ejército y la Policía”.
A Julio Acosta Bernal, quien contaba con el respaldo del Partido Cambio Radical, lo señaló el jefe narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, de haber ordenado el asesinato del registrador municipal de Tame, cometido por las Autodefensas para garantizar su victoria electoral. Alias “El Mellizo” también dijo haber entregado personalmente 500 millones de pesos para la campaña electoral de Acosta Bernal.
“Necesitaban asegurar que Julio Enrique Acosta ganara y para eso necesitaban poner delegado en la Registraduría. Entonces mataron al que estaba, Juan Alejandro Plazas Lomónaco. El Ejército tenía un retén en la entrada del pueblo y lo quitaron para que los asesinos pudieran pasar”, cuenta Torregrosa.
El asesinato de Plazas Lomónaco ocurrió el 10 de junio de 2003, al mediodía, en el centro de Arauca capital, a media cuadra de la sede de la Gobernación, fuertemente custodiada por el Ejército y la Policía, que no impidieron el atentado ni capturaron a los sicarios.
“No hemos podido que estos hechos se entiendan como un todo”, concluye Juan Carlos Torregrosa. “Son parte del proceso genocida, que se ejecuta a través de la estrategia criminal de agresión. Hay gente a la que no le gusta que uno diga eso, pero es la verdad”.
