En Colombia, las mal llamadas “limpiezas sociales” continúan en 2025 y ponen en riesgo a personas LGBTIQ+ y habitantes de calle, principales víctimas de esta violencia que busca eliminar a quienes algunos consideran “indeseables”. Los crímenes persisten en la impunidad, al igual que los panfletos amenazantes y los ataques físicos en distintas regiones del país.
Por: Juan Carlos Granados Tuta
En medio del Mes del Orgullo, cuando las luchas de la población LGBTIQ+ por la vida y la dignidad toman visibilidad, las cifras sobre asesinatos por la mal llamada “limpieza social” recuerdan que estas violencias persisten en muchas calles de Colombia. Las víctimas son personas diversas, habitantes de calle, consumidores de droga, trabajadoras sexuales, mendigos y personas señaladas como delincuentes, sin que haya mediado un juicio previo y sin que en este país no exista la pena de muerte. Todas estas poblaciones tienen en común que son percibidas como “indeseables” o “problemáticas” por quienes pretenden imponer control social a través de la violencia.
En 2024, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) documentó 26 asesinatos bajo una “Manifestación de Intolerancia Social”, una categoría que recoge estos homicidios motivados por prejuicios, estigmatización y la idea de “limpiar” simbólicamente los territorios. “Es una violencia que no busca solo desaparecer a las personas, sino limpiar simbólicamente el espacio social”, explica el Cinep en su revista Noche y Niebla.
Según el informe, estos crímenes suelen ser ejecutados por actores armados que buscan imponer normas y ejercer control social. En 2025 esta práctica criminal sigue presentándose. En Cúcuta, a corte del 14 de marzo de este año, hubo registro de 16 habitantes de calle asesinados sin que ninguna autoridad se manifestara frente a estos homicidios. Además, recientemente en el Catatumbo circuló un panfleto, supuestamente del EPL, anunciando un plan pistola contra consumidores de drogas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y ladrones.
Entre 1988 y el primer semestre del 2013, el Cinep registró 4.928 personas asesinadas en la modalidad de “limpieza social”. Este tipo de violencia comenzó a finales de los años setenta y a partir de allí se popularizó el término. En el informe “Limpieza social, una violencia mal nombrada”, publicado en 2015 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se relata que este crimen, al que denominan aniquilamiento o exterminio social, comenzó al final de la década del setenta cuando la Alcaldía de Pereira marcó con tinta la cara y las manos de los ladrones detenidos por la Policía. Días después aparecieron cadáveres en la ciudad con esas mismas marcas.
El documento de la CNMH señala que este crimen ha perdurado a lo largo del tiempo en parte por la aprobación tácita por parte de un sector de la población y de las autoridades que no les interesa que se resuelvan los casos ni haya justicia. “De las operaciones de aniquilamiento no se habla. No aparecen en los programas de gobierno, no forman parte de las campañas políticas, el congreso no las incorpora en sus leyes”, relata el informe.
Una de las pocas veces que hubo mención al tema desde la institucionalidad fue en 1987 cuando el expresidente Cesar Gaviria era ministro de gobierno y denunció en el Congreso la existencia de 128 grupos repartidos entre paramilitares y escuadrones de exterminio. El presidente Gustavo Petro también ha hecho mención al tema, señalando que muchas víctimas de estas operaciones de “limpieza” son jóvenes con problemas de salud mental debido al consumo de drogas.
Entre los municipios más afectados en 2024 por esta modalidad de violencia está Cúcuta con cuatro homicidios y Miranda, Cauca, con tres casos documentados. Los registros no corresponden a la totalidad de los hechos ocurridos, sino a una muestra representativa. Aunque no siempre se identifica a los responsables, en la mayoría de los casos las amenazas y panfletos que anteceden a los asesinatos son atribuidos a supuestos grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras.
Una violencia sin doliente
Ángela Ballesteros, investigadora del Cinep que documentó los casos de intolerancia social, explica que existen distintos tipos de impunidad, una es la judicial, pero también se puede hablar de la social. “Cuando en sectores amplios de la sociedad no rechazan la violencia contra ciertas poblaciones eso implica que existen o persisten patrones culturales que legitiman la violencia dependiendo de la víctima”, señala Ballesteros. Además, menciona que están revisando la denominación del crimen. “Estamos considerando otras maneras de nombrar estos hechos con un término que expresa y permite comprender más su intencionalidad, como el de exterminio social y, en el caso de la población Lgbti, la violencia por prejuicio”, explica.
Carlos Mario Perea Restrepo, autor del informe del CNMH sobre la “limpieza social”, ha señalado en distintos espacios académicos y periodísticos que en este tipo de crimen participa integrantes de la sociedad civil, ya sea como informantes o como auspiciadores de los escuadrones que cometen los homicidios, lo que refleja cómo la violencia ha calado en el tejido social. Además, este investigador es enfático en señalar que “limpieza social” es un problema que se presenta sobre todo en grandes y medianas ciudades donde hay mayor presencia institucional y aun así sigue ocurriendo con sistematicidad.
Los actores armados, en su propósito de control social, han dirigido parte de sus acciones violentas a eliminar a quienes consideran indeseables o que no acatan sus normas. Así ocurrió en noviembre de 2024 en Soledad (Atlántico), donde varias personas fueron asesinadas por no cumplir el toque de queda impuesto por grupos ilegales, entre ellas mujeres trans, una población que sigue siendo fuertemente violentada, especialmente en Antioquia.
A pesar de los años, esta violencia persiste en la impunidad y los panfletos anunciando nuevas “limpiezas sociales” continúan circulando en distintos municipios. En ocasiones, los cuerpos de las víctimas aparecen con letreros donde se señala la supuesta causa de la muerte. Esto ocurrió en asesinatos recientes en Santa Marta (Magdalena), Puerto Asís (Putumayo) y Soledad, según datos del Cinep.
Facatativá, Cundinamarca, fue uno de los municipios donde circularon amenazas constantes durante 2024. El 1 de enero de ese año, supuestos miembros del Clan del Golfo difundieron un panfleto anunciando acciones violentas contra más de 120 personas. En abril, otro panfleto advertía a los habitantes de cuatro barrios que serían asesinados si salían después de las diez de la noche.
Aunque Facatativá está cerca de Bogotá, el municipio tiene antecedentes de amenazas por parte de estructuras paramilitares. En octubre de 2014, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” denunció la circulación de panfletos por parte del Bloque Cundinamarca de las Águilas Negras. En 2021, en medio de las manifestaciones durante el Estallido Social, en Facatativá circuló un panfleto, también de las Águilas Negras, amenazando con torturar y asesinar a aquellos que salieran a protestar.
En Yopal, Casanare, también aparecieron panfletos de supuestos paramilitares ordenando a un listado de personas que abandonaran la ciudad o serían asesinados porque “están dañando la tranquilidad de la comunidad de bien”. El escrito termina con la siguiente oración: “Decirle a los comerciantes, ganaderos, arroceros y empresarios que estén tranquilos”. El panfleto fue firmado con las siglas AUC, que corresponden a las Autodefensas Unidas de Colombia. Las autoridades desestimaron estas amenazas diciendo que este grupo armado ya no existe. Sin embargo, en una vivienda al frente de la Alcaldía apareció un graffiti en rojo con las letras AUC. En abril de este 2025 también circuló por Yopal otro panfleto anunciando una nueva “limpieza” por parte del Clan del Golfo.
El caso crítico de Cúcuta
La situación más grave ocurre en Cúcuta, donde la violencia contra habitantes de calle está desbordada. Según el Observatorio de Personas Vulnerables, en 2024 fueron asesinados al menos 27 habitantes de calle. Para el 14 de marzo de este año, RAYA había documentado 16 homicidios más. Los panfletos del Clan del Golfo anunciando “limpiezas sociales” siguen circulando y, además, se han denunciado casos de abuso policial en sectores como La Tomatera, donde agentes de la Policía agreden y se burlan de habitantes de calle incluso en redes sociales.
En el caso de Cúcuta, donde la violencia contra los habitantes de calle está desbordada, ni la Policía ni las instituciones municipales se pronuncian frente al tema, lo que tácitamente le permite a aquellos que asesinan a estas personas matar con impunidad. En general, nunca hay declaraciones al respecto por parte de la institucionalidad. La antropóloga Carolina Pabón publicó en 2023 el libro De las narrativas de desprecio al homicidio: Una etnografía sobre “limpieza social” en Bogotá, en el que señala que que este crimen es una expresión de configuración social donde dependiendo del perfil de la víctima hay una jerarquización de la vida donde se decide quién muere. Al final, este orden avalado por miembros de la sociedad y autoridades permite que haya personas contra las que se ejerce violencia con total impunidad.
Las violencias contra la población LGBTIQ+
La población LGBTIQ+ también es fuertemente violentada en estos casos de intolerancia social. En marzo del 2024 apareció muerto, a un costado del río Medellín, Manuel José Bermudez Andrade, profesor de la Universidad de Antioquia que era un reconocido activista y defensor de los derechos sexuales. En julio de 2024 fue encontrada sin vida Karoley Castillo, una mujer trans, también a la orilla del río Medellín. Verónica Dantés, otra mujer trans de Medellín, también fue asesinada en julio del año pasado por tres hombres con arma blanca.
A Cony, una mujer trans conocida como Cony que además era habitante de calle en Cúcuta, la mataron en septiembre del 2024 y en este 2025 la situación sigue igual de mal. En abril del presente año circuló por redes sociales el video en el que aparecía Sara Millerey, mujer trans de 32 años que vivía en Bello, Antioquia, donde agonizaba de dolor en la quebrada La García, en Bello, Antioquia.
A Sara le rompieron sus extremidades para que no pudiera salir del río. El caso de esta mujer trans de 32 años, investigado por Señal Investigativa, y mostró la crueldad con la que la población LGTBIQ+ es perseguida y atacada. Juan Camilo Muñoz Gaviria fue capturado por la Policía a finales de abril, sindicado de ser uno de los responsables del crimen y de hacer parte de la banda delincuencial ‘La Mesa’.
Sara Millerey, mujer trans asesinada este año en Bello, Antioquia.
