Investigación

SUBRAYA

Los habitantes de dos veredas del municipio de Teorama, en las selvas del Catatumbo de Norte de Santander, se desplazaron para protestar por la locación de una base militar, supuestamente móvil, que los ha puesto en el medio de las confrontaciones contra grupos ilegales.

Por: Isabel Caballero Samper

Luz Marina muestra los huecos de bala en el techo de zinc de la cocina de su casa y la bala que quedó incrustada en uno de los tablones de la pared. A simple vista no parece mucha cosa y las fotos se niegan a registrar el nivel de tragedia que significan esos huequitos pequeños. Una mata de plátano también tiene una cicatriz de herida de bala.

Luz Marina cuenta cómo vio una pequeña polvareda levantarse por otra bala que se clavó a los pies de su hijo mayor cuando trataba de avisar a las familias vecinas que vinieran a esconderse en la trinchera que construyeron porque había comenzado un enfrentamiento. La trinchera es un refugio cavado por el esposo de Luz Marina y su hermano para que sus familias y la de un vecino se pudieran esconder durante los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y el Ejército. En no más de cuatro metros cúbicos de espacio se meten seis adultos y diez niños completamente aterrorizados.

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Trinchera construida a ras de tierra por una familia de la zona.

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Trinchera donde se resguardan tres familias con diez niños durante los combates

Hace cuatro años, el 18 de marzo de 2018, el Batallón de despliegue rápido (BADRA) número 9 del Ejército Nacional instaló una base móvil en un cerro de la vereda Piedras de Moler del municipio Teorama a unas centenas de metros de la casa de Luz Marina. El cerro que escogió el Ejército también era el preferido de la gente del centro poblado del corregimiento de San Pablo, el principal del municipio a pesar de no ser la sede de la alcaldía, para disfrutar de las vistas de casi 360 grados y fue el escogido por Claro hace unos años para instalar una antena de telecomunicaciones que nunca entró en funcionamiento por lo que la zona no tiene señal de celular.

En el Catatumbo una base militar es un imán para las balas y artefactos explosivos de los grupos armados que se disputan el territorio. Actualmente en el municipio de Teorama el ELN es el grupo hegemónico en la zona y la disidencia Frente 33 de las FARC-EP hace visitas y ataques a la fuerza pública esporádicos.

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Munición sin explotar

Mientras tanto, la economía de la coca, que es lo que sostiene toda esta región y permite a los campesinos tener vidas con un mínimo nivel de dignidad económica, se está yendo al piso. “Vienen con mercancía a que se las cambie por comida, y no señor” cuenta Arcelia Prieto la gerente de la cooperativa de cacao de San Pablo. Pero esa es harina de otro costal, y el problema ahora de las veredas Piedras de Moler y Caño Seco es que ni siquiera de los cultivos lícitos se puede vivir con al presencia de la base militar.

La base quedó sobre las tierras de nueve fincas campesinas y a menos de 30 metros de algunas de las casas. Marina Prieto, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Piedras de Moler, cuenta que perdió los cultivos de cacao y aguacate que tenía en la parte alta de su finca donde el Ejército sentó la base comparándola con un desastre natural. “Saqué un préstamo de diez millones para una hectárea de aguacate y no me responde el gobierno que porque tenía que ser una avalancha de lluvia. Las mejores tierras mías las tiene el Ejército.”

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Marina Prieto, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Piedras de Moler

Marina y su hijo adulto también han sido víctimas de estigmatización y acoso por parte de los soldados de la base. Al hijo lo retuvieron por no cargar la cédula un día que salió a rozar sus cultivos y a Marina la han llamado de subversiva y colaboradora para arriba.

Otras familias cuyas tierras no están directamente junto a la base militar también han sufrido económicamente. Bajo las lluvias de balas y las tormentas de morteros y granadas los pollos de engorde se infartan, las gallinas ponedoras se revolotean y dejan de poner huevos, varias cerdas han sido alcanzadas por balas y el cacao se pudre y se cae de las ramas porque a la gente le da miedo recogerlo cuando hay municiones sin estallar en los campos.

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Algunos proyectos productivos en las fincas abandonadas por el desplazamiento se mantienen gracias a las visitas esporádicas de sus dueños

El 6 de agosto de este año un gran número de familias, 108 según las organizaciones sociales, se desplazó al casco urbano del corregimiento de San Pablo porque ya estaban hartas y aterrorizadas por el incremento de los enfrentamientos durante las semanas anteriores.

El 1 de julio miembros del Batallón de despliegue rápido número 9 BADRA se enfrentaron con, aparentemente, miembros del ELN en las veredas de Santo Domingo, Ocho de Noviembre, Aires del Catatumbo y en el casco urbano de San Pablo. Una bala perdida de los combates atravesó las paredes de la casa del señor Carlos Julio Rojas Criado, de 73 años, y lo mató. Ese día, además, la dueña de un negocio de pool denunció ante la Personería que fue víctima de un allanamiento sin orden judicial por parte del Ejército y que los soldados le quitaron 12.000.000 de pesos que tenía en efectivo de ganancias del negocio. En el mismo local los soldados retuvieron a un hombre que denunció haber sido víctima de malos tratos y abusos por parte del Ejército.

El 14 de julio hubo nuevos enfrentamientos entre el Ejército apostado en la base de Piedras de Moler y la guerrilla. Y el 5 y 6 de agosto otra vez. La gente describe las balas rojas que atravesaban el cielo, sus apuestas por prender luces para al menos avisarles a los combatientes dónde estaban las viviendas civiles para ver si así las evitaban, los sonidos de las explosiones y el estado de casas y cultivos al día siguiente.

No hubo muertos ni heridos civiles por pura chiripa. Por eso ese 6 de agosto 380 personas decidieron desplazarse a la cabecera corregimental de San Pablo.

La primera semana la alcaldía respondió con un mercado, pero después los desplazados quedaron a su suerte, que en este caso recae en una espesa red de organizaciones sociales, comunales, cooperativas y solidarias.

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Ismael López, presidente saliente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Pablo

Pues es que el Catatumbo no solo es una zona de guerra, también es una zona de histórica asociación y cooperativismo campesino. Actualmente el proceso social de mayor importancia son las Juntas de Acción Comunal. Si el Estado colombiano no logra proveer a esta región ni con carreteras asfaltadas ni con asistencia humanitaria, las Juntas a punta de recoger aportes de sus miembros lo logran. La asociación de juntas del corregimiento tiene en el casco una Casa Campesina que recibió y alimentó a los desplazados durante el mes que ha pasado. Varias decenas de adultos y niños viven en los cuartos con camas camarotes de la Casa Campesina mientras otros van y vienen de sus fincas en las veredas afectadas.

Al cumplirse un mes del desplazamiento, a asociación de juntas y una de los dos principales procesos sociales de la macroregión, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), con el apoyo de una organización social de nivel nacional, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), organizaron una misión humanitaria y de prensa para verificar y llamar la atención sobre la crisis.

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Misión de verificación humanitaria organizada por Asociación de JAC del corregimiento de San Pablo, CISCA y Asociación MINGA. 6 de septiembre de 2022

La petición de las comunidades es que el Ejército mueva la base móvil a un lugar un poco más apartado donde los inevitables ataques de los grupos ilegales al menos no dejen victimas colaterales de la población civil. Argumentan que el Ejército está infringiendo el Derecho Internacional Humanitario —es decir, el derecho internacional de a la guerra— al plantarse tan cerca de viviendas civiles botando al viento el principio rector de la precaución que rige este derecho consuetudinario.

La Defensoría del Pueblo ya ha advertido dos veces en Alertas Tempranas diferentes sobre los riesgos que representa la base en la vereda Piedras de Moler. Primero, en la alerta temprana de inminencia 014 de marzo de 2019 para el municipio de Teorama describe un desplazamiento similar al actual en el que el 27 de febrero de 2019 74 núcleos familiares de la vereda Piedras de Moler se desplazaron al casco urbano de San Pablo y cuatro días después “decidieron retornan por su propia voluntad a sus veredas muy a pesar de no existir condiciones de seguridad para ellos”, según dice la alerta. Y luego la Alerta temprana estructural 004 del 9 de febrero de 2021 advierte que uno de los riesgos de preocupación son los enfrentamientos con interposición de civiles, mencionando específicamente el caso de la base de Piedras de Moler.

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Munición sin explotar

Pero el problema es que el Ejército Nacional defiende su posición como estratégica y la Corte Constitucional ha tendido a interpretar este concepto de una manera bastante restringida cuando ha recibido tutelas pidiendo la reubicación de estaciones de policía y bases militares. Por ejemplo, una de las primeras tutelas al respecto, la sentencia T-102 de 1993 de la que Carlos Gaviria Díaz fue magistrado ponente, argumentó que el interés general de la población civil a la protección de la fuerza pública se sobreponía al interés particular de los vecinos. La lógica era que si todos los vecinos ponían la misma tutela entonces la fuerza pública tendría que abandonar el municipio. Otra sentencia de ese mismo año, la T-139 de 1993, falló en contra de la reubicación de una estación de policía argumentando que los vecinos debían asumir un deber de solidaridad, apoyo y respeto a las autoridades constitucionalmente legítimas.

Esto no quiere decir que la Corte Constituciobnal nunca haya ordenado mover una base militar o una estación de policía. Por ejemplo la sentencia T-280A de 2016 determina que aunque existe un deber de solidaridad que justifica la presencia del Estado en todas las zonas del país hay habitantes y comunidades que por su grado de vulnerabilidad no se les puede pedir que carguen con el mismo deber de solidaridad y por eso es posible ordenar el traslado de estacioens de policía o bases militares.

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Mujer sostiene las balas que ha encontrado en su finca a través de una bolsa de plástico

De otro lado, ya hay dos precedentes en años recientes en el Catatumbo en los que las comunidades han conseguido convencer al Ejército de mover de bases militares por estar demasiado cerca de las comunidades sin necesidad de involucrar a las altas cortes. En junio de 2018 organizaciones campesinas y étnicas del pueblo Barí hicieron una concentración de cuatro días para exigir que se moviera la Base de Operaciones Intermedia del Batallón de Operaciones Terrestres No. 10 de la Fuerza de Tarea Vulcano de una zona de reserva forestal titulada a la comunidad Barí en el Alto Bobalí del municipio de Convención. Y en marzo de 2021, tras un Asentamiento Humanitario de tres semanas las comunidades lograron que la Base Móvil Militar de la Fuerza Especial de Despliegue Rápido (FUDRA III) del Batallón número 7 se moviera de las veredas Monte Tarra e Islitas del municipio de Hacarí.

Los lideres de la comunidad han hecho lobby con congresistas del Pacto Histórico y han presentado su caso enviando delegados a las recientes visitas al Catatumbo del presidente Petro, que estuvo a finales de agosto en El Tarra, y la comisión de paz del Senado que estuvo unas semanas después en Tibú. Pero ahora están preparándose para una acción directa similar a la de las comunidades de Alto Bobalí y Monte Tarra que ya funcionaron: “Meternos allá al filo. Armamos rancho, tomamos bol’e gancho, ponemos música y bailamos machetilla,” propuso un líder en una reunión en la Casa campesina, “No los vamos a atropellar a ellos, los vamos a incomodar.”

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Plantas decorativas en una vivienda campesina   

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