El Lago de Tota (Boyacá) enfrenta una crisis socioambiental sin precedentes. Los habitantes de Firavitoba, Cuítiva, Iza y Sogamoso denunciaron la privatización del agua y la falta de participación en los planes de protección. La venta de 19.6 hectáreas de tierras por Acerías Paz del Río afectó la captación de agua para Sugamuxi. Corpoboyacá es criticada por su gestión.
Por Gina Rojas Hoyos
El Lago de Tota, la mayor reserva de agua dulce en Colombia y la segunda en altitud de América del Sur, es vital para la biodiversidad, la economía local y el suministro de agua de municipios como Cuítiva, Tota, Aquitania y Sogamoso, y para la región de los Llanos Orientales. Sin embargo, enfrenta una creciente crisis socioambiental que suscitó, la semana pasada, una audiencia pública promovida por el diputado Carlos Torres y respaldada por la Asamblea Departamental de Boyacá.
La audiencia, que se realizó en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Sogamoso, permitió que las comunidades expresaran su preocupación por la falta de participación en la actualización de herramientas de protección de la cuenca, lo que podría generar desplazamientos de los productores agrícolas. También se denunció un presunto volteo de tierras que estaría relacionado con la privatización del suministro de agua.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, encargada del plan de manejo ambiental, fue criticada por la comunidad, que desconfía de sus acciones. Esto ha generado una polarización entre quienes apoyan la conservación y quienes temen ser desplazados. "Nos dicen que cuidan el lago, pero se olvidan de quienes vivimos de él", expresaron algunos habitantes de la ronda del lago.
Privatización de tierras clave para el suministro de agua en Sugamuxi
El diputado Carlos Torres expuso dos problemas determinantes en la situación que vive el Lago de Tota: la protección de infraestructuras de captación de agua para la provincia de Sugamuxi y la actualización de los instrumentos de planificación y ordenamiento de la cuenca. Torres alertó sobre la privatización de la zona donde se encuentra la bocatoma del Túnel, que abastece de agua a más de 230 mil habitantes de Firavitoba, Cuítiva, Iza, Sogamoso y otros sectores aledaños.
Según el diputado, "la privatización podría permitir que, en cualquier momento, quien compró el terreno suspenda el suministro de agua para la provincia de Sugamuxi", le dijo a RAYA. Además, explicó que el área donde está la bocatoma del túnel, ubicada en la vereda Boquerón, Cuítiva, abarca 19.6 hectáreas que fueron vendidas el año pasado por Acerías Paz del Río a una empresa privada. “Esta transacción podría estar configurando un presunto volteo de tierras, ya que el área forma parte de la reserva forestal de Corpoboyacá y es considerada un bien de uso público”, aseguró.
Actualmente, las servidumbres y la infraestructura de captación pertenecen a una empresa denominada Arcoma, cuyo 75% de las acciones están a nombre de Angie Nathalie Caro, quien en 2023 se desempeñó como secretaria del exdirector de Corpoboyacá, Herman Amaya, y fue la compradora de las 19.6 hectáreas. "Pero eso no es todo. Además de una compra, que tendría vicios de ilegalidad, durante el último año se ha realizado tala de pino, acacia y eucalipto en ese lugar, sin que Corpoboyacá haya otorgado ningún permiso de aprovechamiento forestal", denunció el diputado.
Torres espera que estas denuncias se conviertan en un proceso judicial, que solicitó sea interpuesto a través de la mesa directiva de la Asamblea de Boyacá, presentando pruebas recopiladas junto a veedores ciudadanos. Añadió que, a petición de la comunidad, se solicitará que la investigación sea asumida por una jurisdicción fuera de Boyacá, debido a la falta de confianza en los procesos dentro del departamento.
Planes de ordenación hídrica y su impacto en la agricultura despiertan inquietud
La actualización de los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH) y de las cuencas hidrográficas (POMCA) ha generado preocupación por posibles desplazamientos. Las comunidades piden que estos procesos se realicen de manera gradual y con su participación, criticando la falta de consultas ciudadanas.
“No es que la población esté en contra, pero buscamos que haya equidad y que no se hagan todos al mismo tiempo, para garantizar la participación ciudadana. Más aún cuando no ha sido culpa de la población que no se esté al día, ya que el POMCA, por ejemplo, debió actualizarse desde 2017 y la Corporación no lo hizo”, afirmó Torres.
Nelly Ochoa, del Consejo Territorial de Planeación de Aquitania, advirtió que la escasa participación comunitaria en las reuniones del POMCA podría dar lugar a políticas que no reflejen las realidades locales. Hugo Montaña, de Asolago, indicó que 20,000 personas podrían verse afectadas si no se consideran las condiciones socioeconómicas de los habitantes. “Lo que solicita la población es que esa herramienta sea elaborada conjuntamente, sin desconocer el conocimiento que la comunidad tiene de la zona”, expresó Montaña en diálogo con RAYA.
La preocupación de los usuarios se centra en un mapa al que tuvieron acceso, en el que se plantea la delimitación de un humedal en áreas de cultivo, lo que impondría restricciones a las actividades agrícolas.
La Procuraduría Ambiental, a través de su representante Olga Lucía Patiño, hizo un llamado a Corpoboyacá para que promueva un verdadero proceso de concertación con las comunidades locales antes de implementar cualquier plan. Patiño recordó que el objetivo del POMCA es equilibrar las necesidades humanas con la protección del ecosistema, regulando actividades clave como la agricultura y el turismo.
Respuesta de las autoridades y avances en los proyectos
Carlos Montoya, director del proyecto POMCA en Corpoboyacá, aseguró que el objetivo de la planificación es cuidar los recursos naturales, no desplazar a la población. Aunque señaló que han convocado a los habitantes, lamentó que la asistencia a las reuniones ha sido escasa. Destacó la importancia de la audiencia pública para discutir la actualización del plan de ordenamiento y aclaró que aún se están finalizando las fases de diagnóstico y prospectiva, con un enfoque en el diálogo con la comunidad.
Montoya explicó que, aunque la proyección inicial era completar el proyecto a fin de año, será necesario extender el plazo para mejorar la participación ciudadana y resolver algunos inconvenientes.
Por su parte, Yeimy Echevarría, directora de Corpoboyacá, reconoció las dificultades en la comunicación del proceso de socialización con la comunidad y se comprometió a revisar las falencias. También aclaró que las denuncias sobre el presunto volteo de tierras deben ser tratadas legalmente, ya que la compra y venta de terrenos fue una transacción entre particulares. En cuanto a las afectaciones por tala de árboles, señaló que la empresa responsable, Ebsa (Empresa de Energía de Boyacá), ya ha sido notificada y se espera una respuesta formal.
Fabio Medrano, secretario de Medio Ambiente de Boyacá, informó que existe un proyecto en colaboración con el gobierno nacional para proteger las aguas del Lago de Tota desde su nacimiento en el páramo. Este proyecto, parte de la convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluye la protección y conservación del Complejo de Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, con un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Las iniciativas contemplan reforestación, educación ambiental, manejo de residuos y pago por servicios ambientales para los habitantes de la cuenca.
Medrano confía en que los trámites documentales se completen antes del 26 de octubre, lo que permitirá la implementación de estos procesos de preservación.
