Una jueza en La Dorada (Caldas), dejó en libertad a ocho policías acusados de trabajar con el Clan del Golfo, a pesar de las pruebas de la Fiscalía que los vinculan con actos ilegales. La jueza justificó su decisión por el "buen comportamiento" de los uniformados, pero el proceso sigue y los policías lo enfrentarán en libertad. RAYA revela nuevas pruebas y detalles del caso.
Unidad Investigativa Revista RAYA
Después de ocho horas de audiencia, el pasado 10 de octubre la jueza del juzgado 4 promiscuo municipal de La Dorada (Caldas), Andrea Páez Zapata, envió a sus casas a ocho miembros de la Policía Nacional acusados por la Fiscalía de tener vínculos con el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. La decisión fue impugnada por la delegada de la Fiscalía, quien hizo reclamos a la servidora judicial.
Como lo reveló la Revista RAYA hace dos semanas, este caso compromete al capitán Guillermo Stevens Salgado, quien entre 2017 y 2019, según la acusación de la Fiscalía, tuvo tratos con Carlos Adolfo Ferro Orejuela, alias “Titi”, un jefe de sicarios de la estructura criminal conocida como “La Empresa”, banda subordinada al Clan del Golfo. “Titi” controlaba el microtráfico en La Dorada y otros municipios del Magdalena Medio en Caldas, Tolima y Cundinamarca, bajo las órdenes de la mayor organización criminal del país: el Clan del Golfo.
Lea la investigación: El expediente de los mandos de la Policía que trabajaron con el Clan del Golfo en el Magdalena Medio
“Teníamos un convenio [con el teniente Guillermo Stevens Salgado]”, aseguró alias “Leo”, lugarteniente de ”Titi”, después de ser capturado: “Si [los policías] cogían a alguien con estupefacientes o cometiendo un delito, nos avisaban para saber si trabajaba con la organización”. Leo fue asesinado en La Dorada el 31 de marzo del 2022, tres semanas después de su declaración, sin que se haya aclarado quiénes fueron los autores del crimen.
Alias ”Titi” confirmó esta versión en varias declaraciones ante la justicia entre 2020 y 2024, lo que motivó la compulsa de copias que hoy tiene a los uniformados en medio de una investigación de la Fiscalía. “Hablo de un convenio porque hicimos un acuerdo con la policía. Con Salgado llegamos al punto de que no le matábamos gente en el pueblo y él no nos perjudicaba, ni nos atacaba. Nos daba vía libre para trabajar”, confirmó Carlos Adolfo Orejuela, alias “Tití” en declaraciones de 2020.
Estas pruebas, que permanecieron en expedientes judiciales desde 2020, permitieron que Silvana Uribe, una fiscal especializada de Manizales, adelantara la investigación contra de los uniformados, encontrando conexión entre el homicidio de un expendedor de drogas conocido como “Zapatico”, el cual habría sido ordenado por el capitán Salgado y ejecutado por “La Empresa”; igualmente, enconrtró conexión con la captura ilegal de un hombre apodado “Chispi”, quien no tenía relación con los hechos y a quien los policías habrían intentado presentar falsamente como responsable del crimen para encubrir a los verdaderos autores.
Los hechos ocurrieron en julio de 2019, pero sólo salieron a la luz en 2020 cuando alias “Titi” empezó a colaborar con las autoridades después de su captura. A pesar de ello, el caso poco avanzó durante la Fiscalía General de Francisco Barbosa, pues, como lo hemos denunciado reiteradamente en la Revista RAYA, varios procesos contra el Clan del Golfo en el Magdalena Medio fueron archivados o precluidos sin avances en las investigaciones contra sus líderes responsables de la expansión de esa organización criminal, la cual se está consolidando en la región por lo menos desde el 2018.
Detalles del organigrama criminal elaborado por la Fiscalía donde se especifica el rol de los uniformados que supuestamente colaboraron con el Clan
En estos actos irregulares habrían participado ocho miembros de la Policía, encabezados por el capitán Guillermo Stevens Salgado y el teniente Santos Pirabán, este último el encargado de orquestar el montaje con el que se capturó a alias “Chispi”, el hombre inocente a quien señalaron como el responsable del homicidio de alias “Zapatico”. La misma patrullera involucrada en los hechos, Jennifer Lucía Arenas, le había contado a la Fiscalía los detalles de la captura ilegal y del montaje, pues los policías utilizaron un alijo de bazuco para enlodar al hombre y así mantenerlo retenido en la estación de Policía de La Dorada mientras lograban una nueva orden de captura en su contra. No obstante, la jueza desestimó aquella prueba decretándola como nula.
La patrullera Jennifer Arenas dio detalles a la Fiscalía de cómo se orquestó el montaje con el que presuntamente encubrieron un homicidio cometido por “La Empresa”; banda adscrita al Clan del Golfo.
El caso comenzó a empantanarse cuando, en medio de las audiencias concentradas, el pasado 20 de septiembre, tras la legalización de la captura de los ocho uniformados, comenzó la imputación por parte de la Fiscalía y lo siguiente sería definir la medida de aseguramiento. Daniel Neira, quien es youtuber y abogado, defensor del teniente Santos Pirabán, presentó una recusación contra la jueza Andrea Páez, aduciendo que estaba impedida para conocer del caso, ya que hace cinco años ella misma había librado una orden de captura en otro proceso relacionado con los policías.
La jueza dio trámite a la recusación, pero, según algunos juristas, habría cometido un acto de prevaricato: dejó en libertad a los policías, a pesar de que ya se había legalizado la captura, bajo el argumento de que como aún no se había resuelto la medida de aseguramiento, no había ningún fundamento para privarlos de la libertad.
Así consta en el auto del Juzgado Segundo Penal de La Dorada que el pasado 25 de septiembre negó la recusación, ordenando a la jueza continuar con el proceso: “Así mismo, [la jueza Andra Páez] dispuso la libertad de los encartados, teniendo en cuenta que no existía mandato judicial que ordenara su privación de la libertad, en tanto no se había materializado la audiencia de imposición de medida de aseguramiento dentro de esta actuación”.
Un juzgado penal de La Dorada negó la recusación y ordenó a la jueza seguir adelante con las audiencias concentradas que debían haberse llevado a cabo en la misma semana de la captura de los Policías, pero que por una maniobra del abogado Daniel Neira han tardado casi un mes.
Por esta actuación, al parecer irregular, que permitió dilatar las audiencias casi tres semanas, la jueza Andrea Páez fue denunciada, ya que posiblemente habría incurrido en el delito de prevaricato, al tomar una decisión contraria a la ley. Aún así, las audiencias se retomaron el pasado 10 de octubre, tiempo suficiente para que la defensa de Guillermo Stevens Salgado consiguiera en una cárcel la declaración de Marlon Laverde, otro miembro de la estructura criminal aliada del Clan del Golfo, quien aseguró no tener constancia de ninguna relación entre el capitán Guillermo Stevens Salgado con “La Empresa”, en contraposición a lo dicho por otros tres integrantes con mayor jerarquía en dicha organización criminal.
Aunque la jueza Andrea Páez reconoció que los policías habían obrado ilegalmente capturando a una persona inocente, señaló que algunos de los uniformados, como Santos Pirabán, habían recibido felicitaciones y reconocimientos dentro de la institución, por lo que consideró que los hechos imputados a ellos por la Fiscalía eran un simple “error”.
“Son funcionarios que, a pesar del error, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no en gran medida, [son funcionarios] que han tenido un comportamiento regular, no bueno sino excelente”, declaró la funcionaria que, no obstante, reconoció en la audiencia que el hecho imputado a los policías sí había ocurrido y era claramente ilegal.
La jueza desestimó algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, como el análisis que un perito experto de la Fiscalía hizo sobre las comunicaciones entre los uniformados durante los días del homicidio y la captura ilegal del sujeto que nada tenía que ver con el crimen.
El capitán Salgado estaba de vacaciones en esa época, pero se comunicó de manera constante con los otros uniformados entre el 19 y el 23 de julio de 2019, cuando se cometió el homicidio de alias “Zapatico”, lo que indicaría que se concertaron para cometer el ilícito y que mantenían una comunicación triangulada con algunos miembros de la estructura criminal.
El pasado 10 de octubre, antes de que la jueza dejara en libertad a los policías, cuando aún se desarrollaba la audiencia y la fiscal Silvana Uribe exponía los motivos de su apelación, circuló un comunicado por WhatsApp en el que se aseguraba que la decisión de dejarlos en libertad ya estaba tomada y, además, se mencionaba a varios investigadores que habían recabado las pruebas contra ellos. Esta irregularidad fue denunciada por la fiscal Uribe durante la misma diligencia.
Por ahora, la investigación continúa y los uniformados quedaron formalmente imputados por delitos como fraude procesal, concierto para delinquir y homicidio, aunque afrontarán el proceso en libertad. Será labor de un juez de segunda instancia decidir si los separa de sus cargos y los envía a la cárcel. Algunos de ellos, como el capitán Salgado, que es comandante de Policía en La Ceja, oriente de Antioquia, ostentan importantes cargos en la institución.
“El hecho de que hayan pasado tres, cuatro o cinco años desde que arrancó esta investigación no quiere decir que se tenga que quedar en la impunidad”, concluyó la fiscal del caso.
Recomendamos leer:
