No es anecdótico que Abelardo de la Espriella haya jurado lealtad absoluta a Estados Unidos en 2023. Desde entonces, ha amenazado a líderes políticos opositores con leyes estadounidenses, ha propuesto negocios multimillonarios de defensa con el complejo militar-industrial de allá y ha donado miles de dólares a políticos del movimiento MAGA de La Florida, donde vivió por años. La pregunta de fondo es si se puede gobernar sin ceder soberanía.
Por David González M.
El 17 de febrero de 2023, Abelardo de la Espriella, actual candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, subió una foto a sus redes sosteniendo la bandera de Estados Unidos y el acta que lo acreditaba como ciudadano de esa nación. Desde entonces, los vínculos políticos y lealtades con ese país son cada vez más estrechos: desde ajustar sus propuestas de gobierno a los intereses estadounidenses y declararse miembro del Partido Republicano, hasta donar a las campañas de políticos del movimiento MAGA de La Florida y amenazar a líderes de la oposición en Colombia con acudir a la justicia estadounidense para vengarse de ellos.
La pregunta no es solo si puede tener dos ciudadanías. La pregunta es política: ¿qué ocurre cuando un candidato a la Presidencia de Colombia, que también es ciudadano estadounidense, combina el juramento formal de lealtad que exige la naturalización en Estados Unidos, con militancia republicana, vínculos MAGA, respaldo de Trump y propuestas que ampliarían la influencia de Washington sobre decisiones estratégicas del país?
Para empezar al pedir la ciudadanía de Estados Unidos implica que De la Espriella debe dar su lealtad solo a ese país como queda establecido en el juramento (Oath of allegiance): “Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio y abjuro absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjeros, de los cuales haya sido hasta ahora súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que guardaré verdadera fe y lealtad a las mismas; que tomaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley (...)”. No obstante ya algunos constitucionalistas y exmagistrados de las altas cortes en Colombia plantean el problema con está ciudadanía por la renuncia a primar los intereses nacionales y la fidelidad que requiere para gobernar el país. En una carta publica plantearon sus argumentos que, para los expertos, resultan en incompatibilidad con buscar la presidencia de Colombia.
Pero además de eso, De la Espriella está atado no solo a la potencia extranjera por su nacionalidad, sino a un sector específico del poder estadounidense subordinado a Donald Trump como ha quedado en evidencia en los hechos políticos recientes. Y esto ocurre en momentos en que el presidente Trump enfrenta bajos niveles de respaldo interno, que pueden poner en jaque su gobernabilidad tras las elecciones de medio término en noviembre próximo y arrastrar a Colombia a una disputa geopolítica en un escenario global cada vez más complicado.
Hasta ahora, el respaldo del presidente Trump al candidato con ciudadanía estadounidense se manifestó en un mensaje en Truth Social, donde lo felicitó tras la primera vuelta: "¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre (THE TIGER)', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda!".
Esa publicación no parece aislada. Hace parte de una secuencia de respaldos, advertencias de retiro de visas y solicitudes de sanción que han llevado parte de la disputa electoral colombiana al terreno político, diplomático y judicial de Estados Unidos. Allí está una de las contradicciones centrales de la candidatura: un discurso patriótico y radical que, al mismo tiempo, busca legitimidad, presión diplomática y herramientas jurídicas en Washington.
La última muestra de su cercanía a Estados Unidos ocurrió el pasado domingo 7 de junio. A través de un video en redes sociales, Abelardo de la Espriella lanzó advertencias contra líderes políticos y miembros del partido Pacto Histórico. Desde su firma de abogados, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de "ser un miembro de la mafia" y anunció que presentó una solicitud formal al "señor secretario del Departamento de Estado, doctor Marco Rubio" para que retire las visas de todos los aliados políticos del presidente Petro.
Agregó, además, que enviaría una solicitud a la justicia estadounidense para que procese a políticos y aliados de Petro bajo el marco de dos leyes de ese país: la ley RICO y la ley Bolívar. La primera corresponde a la sigla de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, diseñada para desmantelar organizaciones criminales. La segunda es el acrónimo de Blocking Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act, promovida originalmente por los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Thom Tillis, y aprobada en noviembre de 2024. Esta prohíbe al Gobierno de EE. UU. contratar a cualquier persona o entidad con vínculos comerciales con el Gobierno del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y extiende esa prohibición a cualquier "gobierno sucesor no reconocido como legítimo".
Los mecanismos de esas leyes son distintos y no operan de la misma manera. Pero, en el uso político que les da De la Espriella y le puede dar el gobierno de Trump, aparecen como herramientas para pedir que Washington actúe contra adversarios políticos colombianos o contra personas señaladas de tener vínculos con gobiernos que Estados Unidos no reconoce como legítimos. Ya en octubre de 2025, Washington activó su aparato sancionatorio y, a través de la OFAC —entidad del Departamento del Tesoro—, sancionó a cuatro ciudadanos colombianos, incluyendo al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Aunque esas sanciones fueron adoptadas bajo otro marco normativo estadounidense, el episodio muestra el alcance material de una política exterior que puede aislar financieramente a personas y entornos políticos completos mediante decisiones administrativas tomadas en Washington.
Pero las amenazas, del candidato Abelardo de la Espriella —hechas sin presentar pruebas en el video— no se limitaron al entorno del presidente Petro. También dirigió sus ataques contra el expresidente Juan Manuel Santos, a quien llamó "bandido de calado mayor" y dijo que solicitará a la justicia estadounidense "levantar el sello" de un presunto acuerdo que habría hecho el exmandatario en Estados Unidos para no ser juzgado por Odebrecht, el caso de corrupción transnacional. Y agregó: "No voy a descansar hasta que tartufo (Santos) pague todo el daño que le ha hecho a Colombia". El exministro del Interior Roy Barreras dijo en una entrevista en el pódcast de María Jimena Duzán que le preocupaba que "todo aquel que no esté con De la Espriella tiene que ser perseguido por la justicia gringa, quitarle la visa y meterlo preso".
De la Espriella ha contado con el respaldo de funcionarios y operadores políticos de Trump. El subsecretario de Estado, Christopher Landau (conocido como "el Quitavisas"), advirtió sobre la revocatoria de visas a quienes interfieran en la elección en el contexto de denuncias sobre compra de votos. En una transmisión posterior, el pasado 8 de junio, Abelardo de la Espriella pidió a Estados Unidos que quitara la visa a 27 presuntos empresarios, políticos y funcionarios públicos que, según él, eran parte de una red de compra de votos en la Costa Caribe y en Antioquia. En la lista estaban exfuncionarios del gobierno de Petro y senadores miembros del Pacto Histórico. Tampoco presentó ninguna evidencia junto a sus denuncias.
Estos hechos se suman, además, a propuestas que profundizan una línea de subordinación política, militar y judicial a Estados Unidos a lo largo de la campaña presidencial. Manifestó, por ejemplo, que en su primera reunión con Trump pedirá la instalación de bases militares de Estados Unidos en suelo colombiano con tecnología y drones de empresas de armamento de ese país, en el marco de un segundo "Plan Colombia". Asimismo, medios independientes colombianos, como Cuestión Pública, han denunciado extraños negocios del candidato en Florida, mientras que otros medios han reportado los miles de dólares que De la Espriella ha donado a campañas de políticos republicanos en Florida, hoy voceros aliados y constantes opinadores de las elecciones en Colombia, como en el caso de María Elvira Salazar o el Senador de Ohio de ascendencia colombiana: Bernie Moreno. Un personaje que fungió de observador internacional en la primera vuelta presidencial y aprovechó el viaje para reunirse con sectores de la derecha Colombiana. Y antes de volver a Estados Unidos tuiteó:
“El 21 de junio, el pueblo de Colombia tendrá la oportunidad de recuperar su país y rechazar el comunismo. Es SU elección y espero que elijan a Abelardo en la misma elección libre, transparente y bien organizada que presencié el domingo.”
