En Chimbuza, un caserío de 500 personas en el Pacífico de Nariño, la paz no es un debate electoral. Es el resultado de dos años de diálogo, 1.000 hectáreas de coca sustituidas por cacao y caña, una reducción del 90 % de la violencia y una banda de guerra que hoy se llama banda de paz. Mientras en Bogotá la paz es una bandera para desprestigiar al otro y en los medios un fracaso que se despacha con titulares, esta comunidad afrodescendiente, que ha puesto los muertos de más de tres décadas de conflicto, ya tomó su decisión. La pregunta no es si la paz total funciona, sino quién debería tener el derecho a definirla.
Por: Gina Parra*
Hace un mes viajé a Chimbuza. Seguramente muchos no han oído hablar de este lugar, y muchos menos lo habrán visitado. Para llegar allí desde Bogotá se requiere tomar un vuelo hasta Tumaco; desde el puerto hay que montarse en una lancha y adentrarse en mar abierto al menos dos horas más, hasta el río Chagüí. Adentro, la vegetación empieza a volverse uniforme: un verde vibrante que anuncia la llegada al destino. Al desembarcar se encuentra el caserío Las Mercedes, que no cuenta con un rastro significativo de presencia del Estado. Media hora más adelante vive la comunidad del lago de Chimbuza.
En la laguna de Chimbuza viven aproximadamente 500 personas, la mayoría afrodescendientes. Los días que estuve allí, el calor pudo haber llegado a los 31 grados centígrados; se siente bastante para el visitante. El caserío consta de una sola calle sin pavimentar, y a cada lado se ubican las casas, muy coloridas. La mayoría están construidas con ladrillo y cemento, pero hay otras de madera; muchas tienen techos de teja roja, otras solo plancha de metal.
Al ingresar al caserío se encuentran distintos negocios: tiendas, billares, pequeñas misceláneas e incluso una peluquería. En algunos suena salsa, en otros un vallenato y en alguno un corrido.
Quisiera hacer una descripción detallada de la laguna, porque es sin duda la custodia de la magia que tiene este lugar. Rodeada por una selva exuberante, con una paleta de colores típica del Pacífico, ofrece la posibilidad de sentarse por horas a contemplarla y sentir en ella lo que podría llamarse paz.
La descripción inicial de este lugar es importante porque el tema central de este texto es la paz. No la paz de Santos, no la paz de Duque, tampoco la paz de Petro: la paz de Chimbuza, y quién debe decidir sobre ella.
La comunidad de la vereda de la laguna de Chimbuza está ubicada en el municipio de Roberto Payán, en el Pacífico de Nariño, muy cerca de Ecuador. Es un territorio con una enorme riqueza natural que, lastimosamente, desde hace muchos años ha sido reconocido por el conflicto armado y los cultivos de uso ilícito.
Durante años, el municipio fue un corredor estratégico del conflicto armado. Según la Comisión de la Verdad, la presencia de las antiguas FARC-EP y la disputa entre grupos armados provocaron desplazamientos masivos y confinamientos que afectaron especialmente a la población afrodescendiente. Para 2017, Nariño tenía la segunda mayor área sembrada con coca del país, con más de 42.000 hectáreas, y Roberto Payán registraba una alta densidad de cultivos, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Solo en 2021, más de 12.000 personas resultaron desplazadas en distintos episodios en la subregión del Sanquianga, donde está la cuenca del río Chagüí, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
Hoy su historia ha cambiado, pues su gente hace un enorme esfuerzo por consolidar la paz y transitar hacia las economías lícitas.
Allí hace presencia la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, liderada por "Walter Mendoza", y los Comandos de Frontera, liderados por "alias Araña", grupos disidentes que desde 2024 iniciaron un proceso de paz para superar la violencia en el territorio mediante el tránsito de sus alrededor de 400 hombres y mujeres a la ciudadanía plena y al Estado social de derecho.
Al llegar a Chimbuza nos esperaba la "banda de paz", antes llamada "banda de guerra". La agrupación musical del colegio que recibió a la delegación de paz fue el vivo retrato de la esperanza que este diálogo ha traído al territorio: la ilusión que acompaña la promesa de un futuro mejor. La gente se asomaba por las ventanas mientras ondeaban la bandera de Colombia y la bandera blanca de la paz. Sus rostros, algunos curiosos, otros sonrientes, pero todos esperanzados, nos saludaban con un pulgar arriba.
En palabras de Armando Novoa, jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, la paz territorial significa transformar las condiciones sociales y económicas de los territorios donde más afectaciones ha generado el conflicto armado, dialogar con los grupos armados que están localizados allí y con las comunidades en búsqueda de salidas negociadas que vinculen de manera activa a quienes habitan el territorio.
En palabras de las comunidades, la paz es algo más sencillo. Es sinónimo de libertad, de dormir tranquilos, de no tener miedo a la presencia de los grupos armados, de tener un plato de comida en la mesa, de enviar a sus hijos a la escuela, de que la escuela cuente con profesores. De que existan servicios básicos: agua, luz, internet, ojalá. De que haya un centro de salud, de que puedan transitar por sus caminos a cualquier hora, de que puedan vivir sin el acecho de la muerte. Cosas que para los lectores de este texto tal vez hacen parte de la cotidianidad de la vida, pero que para ellos no son normales, y significan paz.
Mientras en Chimbuza la paz se mide en escuelas abiertas, hectáreas sustituidas y niños y niñas que ya no abandonan la escuela por causa del reclutamiento, en la campaña presidencial un candidato parece mover la discusión alrededor de la fuerza y el control militar: guerra, muertos y exterminio del otro.
Hoy que uno de los puntos clave del debate electoral gira en torno a la continuidad o no de la paz total, la prensa tradicional se llena de titulares simplistas como "El fracaso de la paz total", que responsabilizan a esta política del crecimiento de los grupos armados en el país. La realidad, de acuerdo con un estudio de la Fundación Conflict Responses (CORE), es que el fortalecimiento de estos grupos viene desde el gobierno Duque. Las cifras lo muestran: en 2018 los Grupos Armados Organizados (GAO) sumaban 12.883 integrantes; la cifra aumentó a 15.120 en 2022 y llegó a 27.121 en diciembre de 2025, ya durante el gobierno Petro. Además, varios de los principales GAO sufrieron debilitamiento en este último período a causa de divisiones internas, como la ocurrida entre el ELN y los Comuneros del Sur, el intento fallido del Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frentes de consolidarse como una sola coordinadora, y la ruptura entre la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.
Lo que omiten esos titulares amarillistas son los resultados tangibles y eficaces de la paz territorial. En el caso de Chimbuza, la permanencia de una mesa de diálogo ha significado: 3.700 familias inscritas en el programa Renhacemos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos; la erradicación de 1.000 hectáreas de coca para sembrar cacao, coco y caña; la construcción de un trapiche comunitario para transformar la caña —y ya tienen una marca de panela: "La Panela de la Paz"—; contar con la presencia del Estado a través de sus instituciones, con programas, planes y proyectos; la disminución de la violencia en un 90 %; la disminución de los homicidios en un 48 %; la destrucción de 15 toneladas de material de guerra; la disminución de la deserción escolar por riesgo de reclutamiento y, especialmente, ser visibles para un país que históricamente ha puesto en duda la legitimidad de su derecho a la paz cada cuatro años.
Es en este punto donde habrá que preguntarse: ¿por qué deben definir este tema los candidatos o la prensa, y no la comunidad de Chimbuza, quienes a fin de cuentas llevan dos años luchando por la paz y más de tres décadas poniendo los muertos de la guerra? Deberían ser las comunidades quienes tienen toda la legitimidad política y moral para definir el rumbo de la paz en Colombia.
Un elemento clave para entender esto es la revisión del mapa electoral de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Este evidencia que en Nariño, Iván Cepeda —que ha defendido la paz, con algunos ajustes—, tuvo un porcentaje de votación del 68,5 %, lo que se traduce en 472.854 votos. Más específicamente, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, en el municipio de Roberto Payán el mismo candidato tuvo un respaldo del 94,80 % de los votantes: 4.325 votos, mientras que el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, obtuvo 113.
Por supuesto, no se puede desconocer la importancia del Estado y sus instituciones como garantes para que la paz sea sostenible. De acuerdo con el informe "Poder armado en expansión", presentado por la Fundación Conflict Responses (CORE) y mencionado anteriormente, la política de paz debería implementarse en matrimonio con la seguridad, vinculando especialmente a las instituciones del Estado con presupuestos con enfoque de género y territorial, que promuevan estrategias para prevenir el reclutamiento, asistencia humanitaria y alternativas no solo para sustituir los cultivos ilícitos sino para hacer sostenibles los lícitos.
Sin lugar a dudas, el debate público en el marco de un proceso electoral es importante, pero no puede darse sin considerar a las comunidades y sus experiencias, sus luchas y sus esfuerzos por consolidar la paz, que lejos de la normatividad y los tecnicismos de la burocracia le significan mucho al buen vivir en sus territorios.
Chimbuza es una representación de la Colombia rural, un semillero de paz que pese a todas las dificultades y carencias del Estado ha logrado mantener adelante un proceso de paz, ha logrado reducir la violencia en un 48 %, ha logrado transformar las economías ilegales. Eso, a gran escala, es gran parte de lo que el país en su totalidad sueña.
Tanto al llegar como al salir de Chimbuza tuve lágrimas en los ojos, por el polvo de la carretera pero también por el sentimiento de esperanza que me embargó. Sentí que sí es posible, que de lo pequeño podemos aprender, que hay otras formas de construir paz, porque en medio del dolor, la rabia y el olvido, la gente sigue apostándole a ese sueño. Pensaba en Bogotá, donde la paz es una bandera para desprestigiar al otro, una promesa de campaña, y donde son demasiados los detractores para entender las sutilezas de la paz para los habitantes, afrodescendientes y campesinos, de Chimbuza.
La pregunta hoy quizás no es si continúa o no la paz, sino quién o quiénes tienen la legítima autoridad y el derecho a definirla. Creo que es hora de escuchar las voces de quienes encuentran en esta palabra de tres letras la oportunidad de vivir, de abrirse camino entre las armas, pues quién más que ellos y ellas merece participar de las decisiones sobre su propio futuro.
* Periodista de paz, fotógrafa y gestora cultural. Experta en resolución de conflictos, paz y desarrollo territorial. Defensora de derechos humanos
