Once legisladores del ala demócrata del Congreso estadounidense y doce organizaciones de la sociedad civil firmaron este miércoles 17 de junio cartas dirigidas al Departamento de Estado y a la opinión pública internacional, en las que denuncian la injerencia de Donald Trump en las elecciones colombianas del próximo 21 de junio. Los congresistas demócratas exigieron a las autoridades estadounidenses investigar los vínculos de Abelardo de la Espriella con el paramilitarismo, el lavado de activos y sus relaciones con Alex Saab, intermediario del gobierno de Nicolás Maduro. Advierten, además, sobre turbios negocios inmobiliarios del candidato en Florida.
Por: David González M.
La carta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado; Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos; y Scott Bessent, secretario del Tesoro, lleva la firma de once miembros del Congreso encabezados por el demócrata del ala progresista, Jesús G. "Chuy" García, y Greg Casar, a los que se suman Rashida Tlaib, Pramila Jayapal, Nydia M. Velázquez, Delia C. Ramírez, entre otros. En la misiva exigen a la administración Trump que investigue al candidato al que el presidente respalda abiertamente en las elecciones colombianas por sus vínculos documentados con individuos y organizaciones que el propio gobierno federal ha procesado o designado como amenazas a la seguridad nacional.
Describen a Abelardo de la Espriella como “un candidato con un historial profundamente preocupante que parece contravenir los intereses de Estados Unidos y potencialmente también sus leyes. En lugar de hacer campaña a su favor, nuestro gobierno debería estar examinando sus vínculos con una organización designada como terrorista y con una persona acusada de lavado de dinero, así como posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas y transacciones inmobiliarias en Florida”.
Los congresistas hacen referencia al historial del candidato de ultraderecha y a sus vínculos con Alex Saab, un operador financiero de Nicolás Maduro que hoy enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Florida por, según la justicia estadounidense, haber participado en el lavado de millones de dólares. También señalan la relación de De la Espriella con la organización “paramilitar narcotraficante conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. Grupo criminal designado por ese gobierno desde 2001 como organización terrorista extranjera. “Fue responsable de numerosas masacres, asesinatos y
desapariciones forzadas, así como de actos de tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, colusión con actores estatales, de seguridad y políticos, y del tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y otros países”, explican.
Además advierten sobre el turbio perfil patrimonial del candidato De la Espriella: él y su cónyuge aparecen vinculados a al menos catorce empresas en Florida con rasgos de sociedades pantalla y múltiples transacciones inmobiliarias por varios millones de dólares cuyo origen no ha sido explicado. Dicen que varios ex clientes lo acusan de haber retenido fondos destinados a sobornos judiciales, y al menos un colaborador cercano ha sido señalado por autoridades estadounidenses en un caso de fraude contra narcotraficantes.
“Es posible que los activos del señor De la Espriella en Estados Unidos hayan sido adquiridos legalmente. Sin embargo, sus estrechos vínculos con el señor Saab y con figuras paramilitares, las transacciones sospechosas que podrían haber facilitado el ingreso de fondos ilícitos a Estados Unidos y otras denuncias creíbles de conducta delictiva justifican un escrutinio riguroso y una investigación por parte de nuestro gobierno”, concluyen. Y piden investigarlo desde cada una de las respectivas jurisdicciones.
En RAYA hemos advertido sobre las consecuencias que podría haber para Colombia si un eventual gobierno de De La Espriella, atado al sector MAGA de Florida, termina bajo una coyuntura adversa tras las próximas elecciones de medio término, donde las encuestas marcan una posible retoma del poder en las dos cámaras por parte del partido Demócrata.
A la carta de los congresistas se suma el rechazo a la injerencia de importantes organizaciones civiles estadounidenses que han hecho pronunciamientos públicos sucesivos. En la segunda carta las organizaciones denuncian el respaldo explícito a De la Espriella. Y, además, el hecho de que el 27 de mayo, la congresista por Florida, María Elvira Salazar, anunció su apoyo a De la Espriella. La representante Salazar recibió más de 90.000 dólares en donaciones de campaña por parte de De la Espriella y, a pesar de eso, ha continuado manifestando su respaldo al candidato de derecha en las redes sociales.
Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Oxfam América, Amazon Watch y MADRE. En la carta dicen que esta estrategia de injerencia en las elecciones colombianas se enmarca dentro de lo que denominan una estrategia deliberada de Washington para inclinar el mapa político latinoamericano en favor de gobiernos ideológicamente afines al sector MAGA de Donald Trump, hoy con índices de desaprobación históricos.
En la carta las organizaciones recuerdan dos precedentes recientes. En Argentina, la administración Trump extendió un paquete financiero multimillonario al gobierno de Javier Milei tras la derrota de su partido en elecciones provinciales, y amenazó públicamente con retirar ese apoyo si los resultados de las legislativas de octubre de 2025 no le eran favorables. En Honduras, Trump respaldó al candidato derechista Nasry Asfura, amnistió al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado a 45 años por narcotráfico en un tribunal federal estadounidense— y publicó que habría "un infierno que pagar" cuando el conteo electoral se complicó. Asfura fue declarado ganador semanas después, en medio de denuncias de irregularidades en los comicios.
La declaración califica lo que ocurre con Colombia como "el último frente" de esa estrategia y advierte que, si no se confronta, el uso del poder político y económico de Estados Unidos como instrumento de manipulación electoral quedará institucionalizado en la región —en perjuicio, a largo plazo, del propio peso diplomático de Washington.
Las organizaciones exigen a todos los miembros del Congreso, sin distinción partidaria, que condenen la injerencia antes de la segunda vuelta del 21 de junio y que insten a Trump y a cualquier funcionario de su gobierno a abstenerse de seguir interfiriendo en la elección. "El derecho de los pueblos a elegir a sus líderes, libre de injerencias extranjeras, es una piedra angular de la democracia —en Estados Unidos y en el exterior"—, concluyen.
