Revista RAYA y Señal Investigativa revelan un video grabado en 2019 e incorporado al expediente de la Corte Suprema en contra del exgobernador y excongresista Richard Aguilar por presunta corrupción en Santander. En la grabación, Julián Libardo Jaramillo, exasesor de Aguilar, insiste en concretar un preacuerdo y habla de plata para lograrlo. Los testigos Claudia Toledo y Lenín Pardo, exfuncionarios, afirmaron que luego fueron amenazados y salieron del país.
Unidad Investigativa Revista RAYA
Un video inédito, que reposa en el expediente de la Corte Suprema de Justicia, revelado por la Revista RAYA y Señal Colombia, hace parte del conjunto de pruebas incorporadas en el juicio que se adelanta contra Richard Aguilar, exgobernador de Santander y excongresista del partido Cambio Radical, por presuntos hechos de corrupción durante su Gobernación. La grabación registra una escena clave del caso y hoy vuelve a cobrar relevancia por una razón: mientras el proceso sigue abierto, Aguilar está en campaña y aspira a regresar al Senado, esta vez por el Partido Liberal.
El video fue grabado con cámara oculta por Lenín Darío Pardo y su esposa Claudia Toledo en marzo de 2019, cuando Julián Libardo Jaramillo visitó su residencia en Floridablanca (Santander). De acuerdo con la versión que Pardo y Toledo entregaron a la justicia, Jaramillo llegó para presionarlos con el fin de que firmaran un preacuerdo con la Fiscalía en el que debían reconocer su culpabilidad en hechos de corrupción cometidos en la Gobernación de Santander, pero sin incriminar, según ese relato, a quienes ellos señalan como autores centrales de la trama: el propio Jaramillo y su jefe, el exgobernador Richard Aguilar.
El contexto de esa presión era la contratación de infraestructura durante el gobierno departamental. Pardo trabajaba como ingeniero y contratista. Toledo se desempeñó como Secretaria de Infraestructura, y, según se presenta en el expediente, conocía los supuestos manejos irregulares que la investigación describe como una “organización criminal” para crear un carrusel de contratos. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Aguilar cobraba hasta el 10% en comisiones ilegales sobre el valor total de los contratos adjudicados por su administración.
Pardo y Toledo cuentan que el preacuerdo que les proponían tenía un sentido práctico: que ellos asumieran responsabilidades sin tocar a los máximos responsables. En vez de firmarlo, decidieron delatar a Aguilar y colaborar con la justicia. Se convirtieron en testigos con principio de oportunidad ante la Corte Suprema y entregaron este y otros elementos del caso. Según su versión y lo que reposa en el proceso, en la contratación de obras como la remodelación del estadio de Bucaramanga, la pavimentación de cientos de kilómetros de vías y un corredor agroforestal licitado durante ese gobierno, se habrían presentado irregularidades que llevaron a la Fiscalía a hablar de una “organización criminal” cuya cabeza, según esa misma acusación, era el propio Aguilar.
En el video se oye a Julián Libardo Jaramillo insistir en que concreten el preacuerdo y plantear que, si hace falta, puede aparecer dinero para lograrlo, dinero que, presuntamente, también saldría de contratos corruptos. “Valga lo que valga [el preacuerdo] se va a hacer (...) que el abogado entregue la consignación y se hace”, dice. Y remata: “la idea es que ni ustedes, ni nosotros, ni todo el equipo que está afuera se vayan a meter en problemas”.
De acuerdo con la versión que Pardo y Toledo entregaron a la Fiscalía, Jaramillo les prometió que él y “el equipo que está afuera” podían conseguir dos mil ochocientos millones de pesos para la gestión del preacuerdo. En ese trato, según el mismo relato, Pardo y Toledo tendrían que pagar a la justicia por los dineros apropiados ilegalmente en los contratos.
Por el escándalo de corrupción en la Gobernación de Aguilar ya fue condenado Julián Libardo Jaramillo, su asesor y mano derecha, quien aceptó su culpabilidad en la trama corrupta. En un punto de la reunión grabada presiona y amenaza a Toledo con una frase que los testigos resaltan como advertencia: “sea clara en las cosas, Claudia… porque es que solamente no soy yo, hay mucha gente afuera (…) perjudicados”.
El proceso judicial contra Richard Aguilar avanzó con fuerza en 2021, cuando la Fiscalía, con estas y otras evidencias, solicitó su medida de aseguramiento y Aguilar fue enviado a prisión. Un año más tarde recuperó la libertad por vencimiento de términos. El juicio en su contra está pendiente de reanudarse, mientras él hace campaña para volver al Senado.
Quienes sí quedaron atrapados en las consecuencias del caso fueron los dos testigos que colaboraron con la justicia. Claudia Toledo y su esposo Lenín Pardo terminaron exiliados por amenazas de muerte, como lo contaron recientemente en un reportaje de Noticias Caracol.
La historia de Aguilar, además, no se explica solo por el expediente actual. Su carrera política se construyó a la sombra y con los votos de su padre, el ex coronel de Policía Hugo Aguilar, condenado y figura polémica, conocido por haber asegurado que fue él quien disparó el arma que mató a Pablo Escobar en un tejado de Medellín en 1993. Hugo Aguilar confesó ante la Justicia Especial para la Paz que fue uno de los fundadores de los “Perseguidos por Pablo Escobar”, los PEPES, una alianza criminal entre agentes de la DEA, mafiosos, paramilitares y miembros de la Policía Nacional, una alianza asociada a crímenes durante la guerra contra el Cartel de Medellín a comienzos de los noventa.
De hecho, la Revista RAYA reveló en febrero un audio inédito de uno de sus compañeros en la Policía que lo señala de haber participado en masacres, secuestros y asesinatos selectivos en Medellín en conjunto con otros oficiales de la DIJIN y del Cuerpo Élite de la Policía Nacional.
Lea la investigación: El audio inédito del Teniente Porras que incrimina a altos oficiales de la Policía Nacional
Años más tarde, Hugo Aguilar pagó una pena de nueve años de prisión por aliarse con paramilitares durante su paso por la Gobernación de Santander (2004–2007). Quien lo denunció fue el coronel en retiro Julio César Prieto, comandante de un batallón del departamento en esos mismos años, quien terminó amenazado, hostigado y expulsado del Ejército en lo que califica como persecución política, después de revelar vínculos del exgobernador con paramilitares del Bloque Central Bolívar. RAYA conversó con Prieto pero dijo que ese capítulo está cerrado y declinó pronunciarse, aunque remitió a su libro y a una entrevista extensa con Los Informantes.
Con ese trasfondo y con un juicio abierto por corrupción en contratación pública, el Clan Aguilar —que ha saltado por Convergencia Ciudadana, Opción Ciudadana, Cambio Radical y hoy el Partido Liberal— busca volver a instalar a Richard Aguilar en el Congreso. La Corte tiene el video, los testigos están fuera del país y el expediente sigue en marcha; lo que avanza, por ahora, es la campaña.
