Investigación

SUBRAYA

La declaración de Hilaber Durango fue clave para identificar a la cúpula de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y entregó información, inédita hasta hoy, sobre los asesinatos en 2011 de los estudiantes Mateo Matamala y Margarita Gómez en Córdoba. También reveló vínculos de un empresario con la organización. Ahora está sin protección.

Por: Nicolás Sánchez Arévalo.

Hilaber Durango es un campesino que nació en el Urabá y ha vivido rodeado de violencia. La guerrilla asesinó a su abuelo en Riosucio (Chocó) y desplazó a su familia. Después, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclutaron a dos de sus hermanos cuando eran menores de edad. En 2008 se acercó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) cantando en las parrandas de los capos de esa organización, pero en 2014 lo obligaron a salir de Urabá (Antioquia). Se convirtió en informante de la Fiscalía, pero la entidad lo dejó sin protección y en la calle.

En 2014 las autoridades tenían vacíos en sus investigaciones sobre las AGC, grupo que fue comandado por Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, hasta su captura en diciembre de 2021. La decisión de Hilaber de volverse testigo de la Fiscalía inclinó la balanza en favor del Estado y permitió identificar a gran parte de la cúpula de esa organización criminal.

En una declaración de 2017 que Hilaber entregó bajo juramento a la Fiscalía, contó que en 2008 llegó Efrén Vargas Gutiérrez, conocido como ‘Culo e Toro’, a la vereda El Algodón de Necoclí (Antioquia) a comprar tierras que colindaban con una finca que tenía el papá de Durango.

Las vidas de las familias Durango Rivera y Vargas Gutiérrez se cruzaron. “Uno de mis hermanos fallecido era la mano derecha de ‘Gavilán’, fue un tipo muy reconocido en esa organización como escolta personal de ellos”, le contó Hilaber a la Revista Raya en una entrevista. ‘Gavilán’ era Roberto Vargas Gutiérrez, quien fue el segundo al mando de las AGC solo superado en línea de mando por ‘Otoniel’.

Hilaber también compartió diferentes espacios con la cúpula de las AGC porque es cantante y lo contrataban para las parrandas que hacían los comandantes paramilitares. “Era muy consentido de ellos”, admitió. Además, él, su papá y otros familiares empezaron a trabajar en las fincas de los Vargas Gutiérrez. “Me dedicaba a hacer alambrado para atajar ganado, corralejas, fumigar los potreros, que estuvieran bonitos. Oficios varios”, precisó Durango quien aclaró que él nunca integró el grupo armado.

Aunque su relación era buena, los Durango Rivera sufrieron las consecuencias de vivir en una zona controlada por las AGC. En la entrevista ante la Fiscalía, Hilaber relató que un hermano de él fue reclutado por ese grupo cuando tenía 13 años. A pesar de que él habló con Ángela Vargas, hermana de ‘Gavilán’, no se lo devolvieron. Años después saldría del grupo armado todavía siendo menor de edad.

A lo anterior se sumó que una de las hermanas Durango fue agredida sexualmente, cuando tan solo tenía 10 años, por Rafael Peinado Cuadrado, un mando medio de las AGC llamado apodado ‘Piolín’. Sin embargo, la familia no lo denunció debido al poder que tenía. También les tocó sacar de la zona a otra hermana cuando tenía 11 años porque mientras estaba jugando se tropezó con un hijo de ‘Gavilán’. Los paramilitares se enojaron y les advirtieron que tenían que llevársela.

A pesar de esos sucesos la relación con los Vargas era buena, los Durango seguían trabajando para ellos. Por eso conocieron en detalle el accionar de las AGC. Por ejemplo, Hilaber le contó a la Fiscalía que varias veredas de Necoclí y Turbo eran controladas por los hermanos Fabra Bertel, quienes habían hecho parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. “Él (Juan Fabra) se dedica a comprar ganado a bajo precio, bajo presión, y amenazas, a la gente que son propietarios de los terrenos, para luego vendérsela a la organización a buen precio, se la venden casi siempre a ‘Nando’ Usúga”. ‘Nando’ sería el hermano mayor de ‘Otoniel’, y según Hilaber, habría heredado toda la estructura criminal tras la extradición del capo. Versión que difiere de la de las autoridades, que señalan como nuevo comandante superior a Jesús Ávila, ‘Chiquito Malo’.

La relación de los Durango con los Vargas se empezó a deteriorar. Por ejemplo, en 2009 Ángela, Efrén y otros integrantes del grupo armado le dijeron a ‘Gavilán’ que los Durango habían difundido la ubicación de unas caletas de armas. Según Hilaber, por eso el número dos las AGC los mandó llamar y les dijo que les perdonaba la vida “porque éramos buenos trabajadores y le caíamos bien”. “Casi me voy de cajón”, le dijo a la Revista Raya.

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Dos años después las AGC empezaron a sentir la presión de las autoridades y las sospechas recayeron en los círculos más cercanos. El 11 de julio de 2011 desaparecieron al hermano de Hilaber que hacía parte del esquema de seguridad de ´Gavilán’. “Al tiempito dijeron "hombé, lo matamos por sapo, porque él era el sapo, el informante de la Policía””, fue la respuesta que le dieron.

Pasaron dos años más para que los Durango y los Vargas rompieran. En un intento desesperado por obtener la protección de ‘Gavilán’, ante la malquerencia de algunos sectores de las AGC, Hilaber compuso la canción “Pidiendo ayuda” dedicada al comandante paramilitar.

Pero un operativo militar se selló la suerte de la relación entre ambas familias. Según el relato de Hilaber, el 19 de diciembre de 2013 estaba él con su familia trabajando en la finca “El Hueco” que era propiedad de Efrén Vargas, ‘Culo e’ Toro’, y a pocos metros estaba ‘Gavilán’. “Le cayeron 8 helicópteros”, contó. Aunque el comandante paramilitar escapó al cerco, le echaron la culpa a los Durango.

“El 2 de enero de 2014 mataron a mi (otro) hermano. Lo encontramos muerto en Arboletes, Antioquia”, dijo Hilaber. Luego, hombres armados fueron hasta la casa donde vivían los Durango y les dijeron que salieran de la zona si no querían correr la misma suerte de sus dos hermanos. Por medio de un familiar que vivía en Medellín denunciaron las amenazas ante la Defensoría del Pueblo y la Policía llegó a la vereda San José de Mulatos, en Turbo (Antioquia), para sacarlos. Los secretos que guardaban se empezarían a saber.

Los niños bonitos de la Fiscalía

“Testigos como ellos, muy pocos”, le dijo a Revista Raya un funcionario de la Fiscalía que pidió proteger su identidad porque no tenía autorización para hablar.

Los Durango salieron de Turbo en un carro hacia el aeropuerto de Carepa (Antioquia), ahí abordaron un avión que los llevó a Medellín. Empezaron a entregarle información a la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares.

“Nos creyeron todo porque nosotros les hablábamos con nombres precisos”, dijo Hilaber. “Por ejemplo, ellos buscaban a algunos hermanos de ‘Gavilán por 'Rubén' y 'Culo e' Toro', pero nosotros le dimos los nombres exactos y dijeron “estos manes sí saben”. Con esa información fueron a la Registraduría a buscar esos nombres y cédulas. Así como nosotros pasamos los nombres, así consiguieron la cédula”. Su versión fue respaldada por el funcionario de la Fiscalía quien afirmó que gracias a la información suministrada por los Durango: “Se logró identificar a ‘Gavilán’ y a su núcleo familiar”.

“Éramos los niños bonitos en esos momentos, nosotros nos bajábamos de un carro blindado y nos montábamos a un avión y de un avión a un helicóptero”, aseguró Hilaber sobre la relación que tenían con el Estado.

El 13 febrero de 2014 la Unidad Nacional de Protección, tras una valoración preliminar, le suministró un celular, un chaleco antibalas y dos salarios mínimos para su reubicación.

Hilaber cuenta que funcionarios de la Fiscalía pidieron que él y sus familiares fueran incluidos en el programa de protección de testigos de esa entidad, lo cual aumentaba las condiciones de seguridad. Por ejemplo, a cada núcleo familiar le proporcionaron una casa (a la que llaman sede) para que vivieran y debían reportar cuándo iban a salir.

“Le dimos información a muchos fiscales”, enfatizó Hilaber. Entre los nombres de fiscales que recuerda están María Alejandra Ardila Polo, de extinción de dominio, Roberto Gordillo Vélez, de la Fiscalía 87, Augusto Castañeda, Irene Hernández, el último con el que estuvieron fue Óscar Javier León Ramos. “Ellos fueron muy firmes con la Fiscalía”, dijo el funcionario de esa institución.

También apoyaban en terreno operaciones de la Policía y el Ejército. “Participamos en el operativo en donde le cogimos a casi todos los hermanos a ‘Gavilán’”, precisó Hilaber. Incluso, aseguró que en esa ocasión reconoció a una de las personas que estaba siendo buscada y que intentó evadir a las autoridades escondiéndose en una platanera. El funcionario de la Fiscalía confirmó eso.

También orientaba a las tropas que estaban en terreno. “La Policía de allá lo llamaba a uno: "mire, que estamos en el filo tal, en la finca tal", "no, háganle pa’ lantico, pa’ abajito, se pasaron mucho". Les daba indicaciones”, aseguró Durango.

Revista Raya conoció que gracias a los aportes de los Durango se pudieron identificar 276 bienes que pertenecerían a las AGC y que son objeto de pesquisas para hacerles extinción de dominio.

Los señalamientos

En la declaración de 2017 Hilaber contó detalles sobre el asesinato de Mateo Matamala y Margarita Gómez, perpetrado por hombres bajo el mando de ‘Gavilán’ en enero de 2011. Aunque varios de los autores materiales fueron capturados y la justicia ha aclarado que ese comandante paramilitar fue el autor intelectual, habría un eslabón oculto.

Hilaber le aseguró a la Fiscalía que la persona que le informó a ‘Gavilán’ sobre la presencia de los estudiantes en la región fue Floremira Vargas Gutiérrez. “Yo me encontraba en la vereda La Cabaña, municipio de San Pedro de Urabá, en una casa que vivía mi hermano Efraín y ahí llegó ‘Gavilán’. Su hermana Floremira estaba en la vereda La Mayupa, cuando llamó a ‘Gavilán’ por su radio personal y le dijo “oiga, por el lado de la M cogieron a una vieja y un man que están dizque tomando fotos dándoselas de turistas, qué dice usted respecto a esto”, él respondió miren bien quienes son y al rato respondió ella “esa gente son manes del Estado”” (sic). Según el testimonio, tras esa información Gavilán dio la orden de perpetrar los asesinatos.

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Guillermo Puyana, abogado de las familias Matamala y Gómez, le confirmó a este medio que la información de la supuesta participación de Floremira en ese crimen no hizo parte de los procesos judiciales que se adelantaron.

Hilaber también aseguró que vio reunida a la exregistradora de Necoclí, Luz Estela de Arco, con parte de la cúpula de las AGC. “La vi en la casa de Pipón (Eduard Luis Vargas, hermano de Gavilán) varias veces, que queda en la vereda El Hoyeto de Necoclí, allá varias veces borracha, tomando cerveza con Pipón y whisky fino. Siempre Pipón mandaba que la atendieran muy bien como si fuera él”.

También detalló que vio en una reunión con Francisco José Morelo Peñata ‘Negro Sarley’, quien hacia parte del Estado Mayor del grupo paramilitar. El encuentro se habría dado en la finca La 52 en Necoclí.

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De Arco fue exaltada por la Registraduría. Por ejemplo, en esta publicación se lee: “En Necoclí también se trabaja arduamente en pro de generar conciencia electoral y la protección del derecho al voto de forma libre, así lo asegura Luz Estela de Arco, registradora de ese municipio del Urabá Antioqueño. Dice que a pesar de las presiones que puedan presentarse desde cualquier procedencia, la transparencia es su compromiso y su responsabilidad con el bienestar del país”.

Una fuente de la Registraduría, que pidió reserva sobre su nombre debido a que no estaba dando una respuesta oficial, le aseguró a esta revista que “ella no trabaja con la entidad hace muchísimos años”. De Arco fue capturada en diciembre de 2017 por sus presuntos nexos con las AGC, pero no pudimos obtener la fecha exacta de desvinculación de la entidad ni saber si fue antes o después de la captura.

Otro de los salpicados es el empresario Leonardo Jaraba Hernández, conocido como ‘Nacho’. Según Hilaber era el encargado de enviar cargamentos de cocaína que le pertenecían a ‘Pipón’ y a ‘Culo e Toro’. Durango, relató que en una fiesta Jaraba le contó su papel dentro de la organización: “Entonces Nacho entró en confianza y me empezó a decir que él era el encargado de manejarle las panelas (coca) a Pipón y a Culo e’ Toro, entonces contaba que él tenía lanchas pesqueras y que amarraban por debajo de la lancha la droga y así se la llevaban por si la Policía o alguien los paraba y requisaban no les encontraban nada”.

Jaraba fue capturado en 2018 y salió libre por vencimiento de términos. Sin embargo, el proceso en su contra sigue. ‘Nacho’ es dueño de una empresa en Turbo llamada Tropical Vegetal World S.A.S que fundó el 7 de julio de 2015 y se dedica, según su registro en la Cámara de Comercio de Urabá, al cultivo de plátano, la extracción de madera, la acuicultura de agua dulce y la cría de ganado porcino. Se encuentra activa y para 2022 reportó activos de 15 millones de pesos.

El desalojo

A pesar de haber entregado toda esa información a diferentes entidades, la relación de Hilaber con el programa de Protección de Testigos de la Fiscalía empezó a deteriorarse hace unos tres años. Según dijo, agentes de la entidad empezaron a hacer visitas que parecían allanamientos: “Abrían los closets y yo les hacía reclamo a ellos "mire, pero ahí hay ropa interior, los niños están durmiendo a esta hora, no hagan eso", me respondían, "Ah, no es orden y punto””. “Entraban armados delante de los niños. Cuando eso mis muchachos estaban bastante pequeños y me preguntaban por qué ellos entraban armados la casa y yo les trataba explicar a ellos”.

También dijo que las condiciones de su familia empezaron a empeorar dentro del programa. Les cortaron el servicio de televisión que tenían y les quitaron el derecho a la cena navideña.

Por eso, Hilaber intentó que la Fiscalía lo reubicara, es decir, que le dieran un dinero para rehacer su vida en algún lugar de Colombia y dejar de declarar en los procesos. Sin embargo, según él, Luz Irene Hernández, fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales, le pidió que esperaran unos años mientras finalizaban algunos procesos.

Dos hechos marcarían la ruptura de relaciones entre Hilaber y la Fiscalía. El primero, fue que la esposa de Hilaber se fue de la casa el 9 de abril de este año tras una discusión, él asegura que reportó el hecho ante la Fiscalía, como debía hacerlo. A los ocho días ella volvió y él hizo otra carta pidiendo que la reintegraran al programa.

La respuesta llegó en una visita que le hicieron dos funcionarios de la Fiscalía el 20 de mayo de 2022. Él se aprendió el nombre del agente, Alexander Mayorga, pero no el de la psicóloga que lo acompañaba. Fueron a notificarle que su esposa quedaba excluida del programa de protección de testigos con el argumento que no había cumplido con los protocolos para renunciar cuando se fue de la casa y había puesto en evidencia el lugar de morada de Hilaber y su familia. “Yo me enojé mucho y ellos se alteraron mucho también. Hubo un cruce de palabras”, reconoció.

Hilaber admitió que él le puso seguro a la puerta “durante un minuto” y pidió que hiciera presencia la Policía o la Defensoría del Pueblo como garantes de sus derechos. “Cuando yo le metí seguro y me volví a sentar en la silla, la señora psicóloga le hizo señas con la vista de que echara mano a la pistola y el hombre en el momento intentó sacar la pistola. Él hizo el intento se echó pa’ lante y se levantó la camisa”. Hilaber gritó que lo mataran, pero en ese momento bajó su esposa con los hijos y la discusión se calmó.

La historia no quedó ahí. El 19 de julio de 2022 llegaron hasta la casa de Hilaber funcionarios de la Fiscalía y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a notificarle su expulsión del programa. “Por su mal comportamiento tiene tres horas para que abandone la sede", contó que le dijeron. “Esto solo lo hacen son las bandas criminales, los criminales son los que hacen eso de que tiene que desocupar hoy mismo”, enfatizó Hilaber. Según él solo le dieron $700.000. La casa en la que vivía se la había suministrado la Fiscalía.

“Con los 700.000 pesos que ellos me dieron fui a comprar bolsas de basura y costales en una panadería cercana, esos costales estaban llenos de harina. Recogimos la ropa, lo poquito que tenemos, lo echamos en bolsas de basura y a las 3 horas cumplidas estaba todo recogido. Me salí y encontré a un señor de una camioneta que hace acarreos”, contó Hilaber.

Lo que más lo desestabilizó fue que él pidió la presencia de medios de comunicación y un funcionario de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, encargada del Programa de Protección de Testigos, le advirtió que si eso pasaba “al ponerse usted en riesgo y al poner los menores sí solicitaría la intervención por parte de la defensora de familia en la cual tomara, es una petición solamente, la custodia de los menores mientras se resuelve la situación”.

Video diligencia de notificación a Hilaber Durango

“Por ese lado ellos me amarraron a mí del todo porque yo ya no me atreví”, dijo Hilaber, y complementó: “La verdad que cuando me acuerdo eso me dan ganas de llorar porque quitarme mis niños a mí sería acabar conmigo y con la mamá de ellos”.

Sin protección y sin rumbo

Tras la expulsión del programa de protección de testigos, Hilaber ha estado escondiéndose ante el temor de que las personas afectadas con sus declaraciones lo asesinen. “Que se sepa lo que está pasando y cómo le pagan a uno que tanta información le brindó al Estado”, clamó Hilaber, quien decidió denunciar públicamente.

Los hijos menores de Hilaber, de 14 y 9 años, se quedaron sin estudio. “Es un daño grandísimo que nos ha hecho el señor director de este programa y el Estado al que tanta información que le brindamos”, enfatizó.

El director de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía es el teniente coronel de la Policía Héctor Jairo López López, quien fue señalado por un testigo que ha declarado contra la Oficina de Envigado, de buscarlo para que cambiara su versión y no mencionara a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial del uribismo.

La situación se podría complicar aún más. La Fiscalía, consultada por este medio, señaló a Hilaber de “haber ejercido el delito de violencia contra servidor, secuestro simple y amenazas contra servidor”. “Eso es una plena mentira, lo único que yo le dije al señor Alexander Mayorga fue: "quisiera tener al señor director en frente para decirle unas cuantas palabras, así no se humilla a un hombre que está estropeado por la guerra y que ama a su mujer y a sus hijos"”, se defendió él.

Sobre su seguridad la Fiscalía respondió que tras la expulsión “cesan las obligaciones y deberes que se tienen hacia la persona protegida y su núcleo familiar para con el Programa de Protección”. Sin embargo, esa entidad le informó a la Policía seccional Antioquia de la exclusión de Hilaber para que se comunicaran con él, pero Hilaber no confía en esa institución para revelarle su ubicación porque dice que en muchas oportunidades escuchó hablar a los comandantes de la AGC sobre los pagos que les hacían a varios uniformados.

Mientras la investigación contra Hilaber la adelanta la Fiscalía 241 seccional, el juzgado 38 penal del circuito de conocimiento de Bogotá admitió una tutela de él contra la entidad que deberá ser resuelta en los próximos días. El 27 de julio Fernando López, responsable de un centro de atención al ciudadano de la Defensoría del Pueblo, le pidió al teniente coronel López López que “se propenda por restablecer sus derechos a la vida, seguridad e integridad personal”.

Hilaber no quiere volver al programa de protección de testigos y responsabiliza de toda su situación a López López. Espera que la Unidad Nacional de Protección le brinde la seguridad que necesita para rehacer su vida. “Mire, yo trabajé ocho años y tres meses con el Estado y cómo es que yo en ocho años y tres meses no voy a tener derecho a incentivo, a una indemnización o a una pensión”, se preguntó.

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