En Muzo, capital mundial de las esmeraldas, un conglomerado dirigido por Esteban Santos obtiene miles de millones en exportaciones de la piedra preciosa mientras los mineros trabajan hacinados, a 34 grados, sin agua ni baños. Actas del Ministerio de Trabajo prueban condiciones “indignas” y despidos masivos en los últimos meses, con el fin de desarticular el sindicato y reducir derechos laborales de los mineros.
Por: Unidad Investigación Revista RAYA
Para llegar a las instalaciones de Esmeraldas Mining Services (EMS), la empresa que emplea a unos 900 trabajadores en Muzo (Boyacá), hay que recorrer unos 60 minutos desde la cabecera municipal. Allí hay una inmensa bocamina de donde entran y salen como unos carros de golf, escoltados por hombres fuertemente armados, quienes custodian las gemas que se dirigen a los helipuertos de Muzo. Esa era la mina consentida de Víctor Carranza, el “zar” de las esmeraldas que explotó durante más de tres décadas. El “zar” murió de cáncer en abril de 2013, pero Puerto Arturo (como se llama la mina) quedó, desde 2009, en manos de inversionistas estadounidenses, primero a través de Minería Texas Colombia (MTC), presidida por el empresario Charles Burgess, y hoy bajo el control del fondo Crest Investment Company, con sede en Houston (Texas), cuyo principal socio es el millonario Jamal Daniel. En ese conglomerado y en la operación de Puerto Arturo, el vicepresidente es Esteban Santos, el hijo del expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderon.
La historia reciente de este proyecto de esmeraldas, ante la opinión pública, es que se legalizó unos años antes de la muerte de Carranza, cuando este se asoció con inversionistas estadounidenses —encabezados por Minería Texas Colombia— para explotar a gran escala, a través de tecnología de punta, la mina consentida. Sin embargo, a mediados de noviembre pasado varias inspecciones del Ministerio de Trabajo evidenciaron que, pistola en mano, los trabajadores viven amedrentados por la empresa que los vigila en todo lugar, a todo momento, bajo la sospecha de que estén robando sus gemas. El hombre que aparece en la siguiente foto, no solo porta una pistola en su cintura mientras los trabajadores del sindicato se reúnen en un lugar fuera de la mina, sino que también cuelga de su cuello una cámara que apunta a ellos desde su ombligo.
En esta foto se evidencia a dos funcionarias del Ministerio de Trabajo vigiladas en todo momento por la seguridad de Esmeraldas Mining.
Las inspecciones se realizaron por petición de los trabajadores que denunciaron un despido masivo injustificado a finales de 2024, cuando salieron de Esmeraldas Mining más de 240 de ellos. Además, las amenazas constantes de que van a ser despedidos o van a desmejorar las condiciones laborales si se asocian al sindicato o si participan de sus decisiones. De hecho, la guerra de la empresa contra los sindicalistas ha arreciado tanto, que en los espacios de los trabajadores aparecen carteles que titulan: “No te dejes engañar, infórmate aquí”. Ese letrero está acompañado de varios documentos que advierten que no es fácil cambiar los horarios laborales, hacer huelgas y que si lo hacen nadie recibirá pagos ni prestaciones sociales.
A Óscar Yahir González Pinilla, presidente de Sintraesmeralda, desde la oficina de talento humano le afirmaron que la empresa estaba en una mala situación económica y que debían recortar personal y salarios. Él le transmitió la información a los mineros, pero los funcionarios de la empresa lo tildaron de “chismoso” e iniciaron el levantamiento de su fuero sindical para despedirlo. Por eso, el sindicato denunció ante el Ministerio despidos injustificados para sembrar miedo e impedir que los trabajadores estén organizados. Tres de esos casos son: Diego Vargas, Yefry Garzón y Jhon Marín, quienes se afiliaron al sindicato entre el 19 y el 26 de junio de 2024, pero fueron despedidos casi un mes después, el 27 de julio, justo cuando el sindicato presentó un pliego de peticiones a Esmeraldas Mining. Otros, según lo relataron a las inspectoras, se desafiliaron del sindicato luego de recibir un ascenso en la empresa. Una abierta práctica antisindical.
En el recorrido las inspectoras encontraron a un trabajador con indumentaria de Esmeraldas Mining que estaba siendo trasladado a la enfermería tras sufrir un golpe de calor. El minero les explicó que las oleadas de calor eran muy fuertes, que el aire estaba “viciado” por los carros que entran a la mina y aseguró que no había ventilación suficiente en un túnel que tiene 160 metros de inclinación y un kilómetro y medio de longitud. Según el informe de inspección, presentaba pérdida de conciencia y deshidratación severa. El propio trabajador señaló que el desgaste no venía solo de la temperatura, sino también del peso de la madera que deben cargar en varios frentes de trabajo. Para salir del socavón, después de una jornada extenuante, tienen que caminar entre 20 y 30 minutos hasta la superficie.
Uno de los reclamos más álgidos del sindicato es que antes trabajaban 20 días y descansaban 10, a raíz de la enorme carga física que soportan dentro de los túneles; pero Esmeraldas Mining en los últimos años les cambió las condiciones: 24 días de trabajo y seis de descanso por el mismo salario. Eso ha enfrentado a la empresa con el sindicato, y también a la empresa con la comunidad de Muzo, que tradicionalmente ha vivido del guaqueo o búsqueda de material que desechan los empresarios y que ellos lavan en el río Minero. La razón, es que la empresa ha dejado de arrojar este material con el que muchos pobladores empobrecidos buscan un sustento diario buscando esmeraldas de menor calidad. La situación ha desembocado en protestas y el coronel retirado Jorge Bedoya, jefe de seguridad de la empresa, les ha mostrado la pistola a los manifestantes en señal de amenaza, como se puede ver en el siguiente video:
Los verdaderos dueños de la mina
Carlos Contreras es un mexicano que en la bocamina se presenta como el vocero de Esmeraldas Mining Services o el ingeniero que está a cargo de los trabajadores. Pero en jerarquía le siguen las más altas figuras patronales que están en Bogotá y que tienen que ver con el negocio: Claudia Yolima Jiménez Rivera, representante legal y apoderada de la sociedad Puerto Arturo S.A., titular del principal título minero de la zona. Jimenez fue mano derecha del expresidente Juan Manuel Santos durante las últimas tres décadas, incluso, durante sus gobiernos entre 2010 y 2018 fue la directora de operaciones de la Casa de Nariño. Ella también gestionó la parte administrativa de la campaña reeleccionista de Santos.
El otro rostro visible al lado de Esteban Santos es Camilo Acero, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Compañía Muzo y quien también, durante el segundo mandato de Santos, ocupó importantes cargos en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). A él y a Claudia Yolima Jiménez la prensa los ha identificado como el puente de confianza entre la mina y Esteban.
Dentro de la maraña de empresas que rodean a la mina Puerto Arturo o JD, en sus inspecciones el Ministerio de Trabajo encontró otra: Green Emerald Service, creada en febrero de 2025 con un capital de 200 millones de pesos. El Ministerio halló que el personal de ambas compañías compartía las mismas funciones, frentes y condiciones operativas. Incluso, Green Emerald opera en el título minero Puerto Arturo de propiedad de Esmeraldas Mining. En los papeles las compañías no están relacionadas, pero ambas tienen dentro de sus altos cargos a exfuncionarios de la presidencia de Juan Manuel Santos. El representante legal de Green Emerald es un ciudadano extranjero llamado Assaad Geitani, pero la jefa administrativa y apoderada especial es Dalys Cecilia Silgado Cabrales, quien trabajó durante seis años como asesora legal del presidente Santos.
En la entrada de una de las sedes de Green Emerald en Muzo se encuentra un papel con las siglas EMS, que hacen referencia a Esmeraldas Mining, como lo constata la siguiente fotografía.
En la parte superior derecha se puede observar a dos personas con uniformes rojos, vestimenta que identifica a los trabajadores de Green Emerald. Los contratistas de Esmeraldas Mining utilizan ropa azul.
Esta fotografía no es la única prueba que muestra la relación en terreno entre Green Emerald y Esmeraldas Mining. En un video grabado durante la visita del Ministerio, una inspectora acompañó al sindicato esmeraldero hasta la sede de Green Emerald y dentro del lugar encontró personal de Esmeraldas Mining que impidió el ingreso.
Según los testimonios recogidos en terreno, a los trabajadores de Green les pagan el salario mínimo y están en mayor precariedad laboral. De acuerdo con el propio Ministerio, en las minas que opera esta empresa también se presentan condiciones degradantes para los trabajadores. Sin embargo, tratan de mostrarse independientes a raíz de que los trabajadores que fueron despedidos masivamente estarían siendo reemplazados por los que está contratando Green con contratos a cuatro meses y con amenazas de no renovar el contrato en caso de que quieran constituir sindicatos.
Tras los hallazgos de las inspecciones, todo estaba dado para ordenar el cierra de la mina. El Ministerio visitó las instalaciones de Esmeraldas Mining entre el 12 y el 15 de noviembre. En esos días, una de las inspectoras denunció haber sufrido una agresión sexual y dejó constancia en las actas de que fueron presionadas para abandonar la mina, permanecieron horas sin agua y soportaron temperaturas superiores a los 30° grados mientras los trabajadores continuaban haciendo esfuerzo físico. El hecho quedó registrado en un documento oficial donde se advierte que se estaba “sacrificando la salud de los trabajadores que se encontraban haciendo esfuerzo físico, adicional a las condiciones ambientales extremas de temperatura y alto riesgo, con tal de atentar directamente contra mujeres y funcionarias del Ministerio del Trabajo al interior de la mina”.
En medio de este clima hostil, el 26 de noviembre el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre de la bocamina JD o Puerto Arturo por “condiciones indignas” y riesgo extremo para los trabajadores. Las inspectoras comunicaron la decisión al abogado de la empresa y a los responsables de la operación y estampillaron el sello de clausura en el acceso a la mina. La medida se fijó inicialmente por diez días: en ese lapso, Esmeraldas Mining se comprometió a mejorar las condiciones fisiológicas donde laboran los mineros, como baños, áreas de recuperación, mejor ventilación y corregir las fallas detectadas en el interior del socavón.
Sello de clausura del Ministerio de Trabajo a la mina de Esteban Santos.
Con esos ajustes, la mina regresó a su normalidad días después del cierre, pero queda en negociación, teniendo al Ministerio como mediador, la negociación de las condiciones salariales que, insiste el sindicato, son precarias. Mientras tanto, las protestas frente a la mina Puerto Arturo, la consentida de Carranza, continúan de manera esporádica, en donde los pobladores que viven de recoger las migajas de las piedras que traen las grandes gemas le exige a la empresa que no deje de arrojar esa “basura” que para ellos es la seguridad de conseguir la comida en medio de un negocio tan elitista.
La vieja relación de los Santos con Carranza
Hasta 1974, la explotación de las esmeraldas en Muzo estuvo en manos del Banco de la República. Ese año, el Estado se retiró de la operación directa y el negocio pasó a empresas privadas como Ecominas y Tecminas, vinculadas a quienes salieron triunfadores de la primera guerra de las esmeraldas: Gilberto Molina, Francisco Vargas, Juan Bitar, Víctor Carranza, entre otros. Varios de estos esmeralderos fueron posteriormente señalados en investigaciones judiciales de haber cometido o auspiciado actos criminales en el marco de las guerras de las esmeraldas. El poder sobre el recurso cambió de manos, pero quedó concentrado en un pequeño grupo de patrones mientras los mineros siguieron sometidos a jornadas extenuantes bajo tierra y sin acceso efectivo a derechos laborales básicos.
En 1981, la principal mina del municipio, Puerto Arturo –un título de 55 hectáreas que concentra la mayor mina de esmeraldas de Colombia e incluso del mundo– quedó en manos de la Sociedad Minera de Muzo, de Julio Roberto Silva Castellanos, señalado narcotraficante. En 1984 el título pasó a Coexminas, de Víctor Carranza, protagonista de las guerras verdes y señalado por la creación de los grupos paramilitares conocidos como “Carranceros”. Bajo estos patrones se mantuvo una larga tradición de no pagar salarios fijos, sino de remunerar a los trabajadores con un porcentaje mínimo de la producción bruta de la mina. Al mismo tiempo, se naturalizó la presencia de hombres armados vigilando los frentes de trabajo y una norma implícita: cualquier minero sorprendido sustrayendo una piedra por fuera de los canales permitidos podía ser despedido de inmediato y, en los peores casos, “pagar” con su vida. En los relatos recogidos por cronistas como Pedro Claver Téllez, expresiones como “cocinar piedras” aluden a estafas y engaños en un ambiente donde la sospecha y el miedo operan como mecanismos de control.
Ese giro del negocio esmeraldero en 2009, con la entrada de capital extranjero que mencionamos arriba, tuvo un protagonista central. Según relata el historiador Petrit Baquero, Charles Burgess hizo a Víctor Carranza una oferta de más de 100 millones de dólares para “modernizar” la explotación de la mina Puerto Arturo a cambio de participación en la operación. Carranza, convencido de que su familia no podría sostener la mina tras su muerte, inició la cesión total del título, que terminó en 2013 en manos de Minería Texas Colombia (MTC), constituida en Islas Caimán y hoy operadora de la zona bajo el nombre de Esmeraldas Mining Services, parte del holding Crest Investment Company encabezado en América Latina por Esteban Santos. Como muestran las actas del Ministerio de Trabajo y los testimonios de los mineros, el tránsito por manos estatales, esmeralderos tradicionales y capital extranjero no modificó la lógica de fondo: quienes extraen la riqueza del subsuelo siguen expuestos a formas de precarización y coerción que vulneran sus derechos laborales.
Si bien la llegada de Esteban Santos como directivo del holding esmeraldero tomó por sorpresa a muchos en Muzo, la relación de su familia con el antiguo emporio de Víctor Carranza no es nueva. En el libro “Víctor Carranza, alias ‘El Patrón’”, el senador Iván Cepeda y el padre Javier Giraldo relatan que los vínculos entre Juan Manuel Santos y el zar de las esmeraldas vienen, al menos, desde cuando el hoy expresidente fue ministro de Comercio de César Gaviria, en los años noventa, y sostuvo conversaciones con Carranza para crear una Bolsa de Esmeraldas. En 1996, Santos invitó a Carranza a un foro sobre solución de conflictos, como lo registró El Tiempo, que destacó cómo el esmeraldero “se robó el show” y acaparó la atención de los invitados y de la prensa nacional.
Más adelante, en una entrevista con El Espectador en 2010, el propio Carranza confirmó que estuvo en un campamento paramilitar junto a Santos y Carlos Castaño para hablar de una posible paz entre guerrillas y autodefensas, episodio que también aparece descrito en el libro “Mi confesión” del exjefe de las AUC. En 1998, cuando Carranza fue capturado por presunta creación, promoción y financiación de grupos paramilitares, el entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez afirmó ante el Congreso que Juan Manuel Santos lo llamó para preguntar por la situación jurídica del esmeraldero. Ese antecedente reapareció en 2007, durante un debate de moción de censura contra Santos como ministro de Defensa. Tres décadas después de esos acercamientos entre el Nobel de Paz y el zar de las esmeraldas, es su hijo, Esteban Santos, quien aparece al frente del conglomerado que controla hoy la explotación industrial en Muzo.
