La JEP condenó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por al menos 72 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en Cesar y La Guajira (2002-2004), responsabilizándolo de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Testimonios de víctimas y subalternos describen montajes de combate y recompensas. El partido Centro Democrático aparece como soporte político y lo ha convertido en su “héroe”, para alimentar el discurso negacionista que la JEP y las víctimas rechazan.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo y Maira Fragozo
El 21 de marzo de 2002, José Albernia Ortiz Cruz salió a recolectar café en el corregimiento de La Meza, zona rural del municipio de Valledupar. Labor que alternaba con las ventas ambulantes para llevar sustento al hogar, donde vivía con su esposa. Ese día, mientras se alistaba con Jaider del Carmen Valderrama Ruizdiaz, quien hacía vallas publicitarias, y con Iván Estefano Navarro Fontalvo, quien trabajaba en diversos oficios de la casa, fueron asesinados por integrantes del Batallón de La Popa. El entonces subteniente Carlos Andrés Lora Cabrales, a cargo del operativo, recibió la orden de sus superiores de disparar contra la casa porque tenían información que allí permanecían supuestos integrantes de grupos paramilitares. Una vez cesaron las balas, encontraron los cuerpos sin vida de Ortiz, Valderrama y Navarro. Los tres fueron reportados como bajas en combate.
El entonces sargento Efraín Andrade Perea hizo un documento falso detallando el combate, la supuesta incautación de radios, pistolas, granadas de mano, cartuchos y brazaletes, en manos de las tres personas a quienes identificó como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El caso de Ortiz Cruz no fue un hecho aislado. Un total de 12 extintegrantes del Batallón fueron sentenciados por su responsabilidad en el asesinato de 135 civiles inocentes entre 2002 y 2022, entre ellos Ortiz, y su caso hace parte de un grupo de al menos 72 personas asesinadas, por las que fue condenado el comandante (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el pasado 19 de diciembre.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que Mejía fue máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de personas, algunas de estas desaparecidas forzosamente y torturadas, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Estos hechos fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en los que participó en calidad de autor y coautor mediato, según la JEP. El tribunal de paz identificó que el actuar del batallón fue sistemático durante su comandancia y le impuso una pena de 20 años en prisión militar —la más alta de la Jurisdicción— y que lo convierte en el primer alto mando del Ejército en recibir este castigo.
Desde que aceptó someterse a la JEP en junio de 2017, Hernán Mejía ha negado su responsabilidad con los hechos imputados por los magistrados y la alianza criminal de su estructura militar con paramilitares del frente Mártires del Cesar de las AUC. Por esta razón, decidió someterse a juicio y la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP encontró que hubo tres patrones en los homicidios: 34 personas fueron asesinadas en alianza con los paramilitares; 18 fueron escogidas por su condición de vulnerabilidad y empobrecimiento, y 20 fueron combatientes de grupos armados ilegales después que ya se habían rendido.
Durante el proceso ante la JEP, Mejía optó por su derecho a guardar silencio en las audiencias. En el único pronunciamiento de su parte aseguró que los testimonios sobre sus delitos han sido con base en mentiras. “En este proceso lo perdí todo: mi carrera, mi vida, mi familia, pero conservo la dignidad y el honor. Tengo claro que la JEP se comprometió con el país a contar la historia, a sacar y brillar la verdad y esa verdad no puede ser escrita con mentiras pactadas, con personas que esperan beneficio y para ello enlodan el honor y el nombre de sus superiores o personas que conocieron”, aseguró el coronel en retiro durante la undécima sesión del juicio en su contra.
Pedro Loperena ha sido vocero también de los pueblos indígenas y kankuamos, que fueron víctimas del Batallón La Popa. Fotografía: JEP
Estas declaraciones fueron revictimizantes para cientos de campesinos que esperaban justicia. Según Pedro Loperena, conciliador de derechos humanos del pueblo Wiwa, reconocido como víctima en el proceso: “Ha sido una burla y las víctimas seguiremos siendo más víctimas y fuimos revictimizadas. De una u otra forma, pues los militares siguen saliendo ganando en este proceso, como siempre, la impunidad salió reinando”, recalca. “Estigmatizaron, no solamente a la familia, no solamente a la víctima, sino también se manchó el buen nombre del pueblo Wiwa”, dijo.
Pero sus subalternos han testificado sobre cómo las recompensas monetarias y en especie, junto a la doctrina de dar resultados, alimentaron una maquinaria criminal que contó con el consentimiento de quienes comandaban y envolvió en el silencio a quienes, aunque no recibían órdenes directas, eran testigos del horror.
“Siempre había que decir que los resultados eran el producto de combates”, agregó durante una de las audiencias el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, quien era el segundo al mando en el Batallón La Popa después de Mejía. “Cuando llegó la tropa al sector, empezó a haber disparos, como si fuera una operación, pero en ningún momento los soldados dieron muerte a esas personas (…) Se montó como un simulacro, una falsa operación. No hubo combate. Esas personas ya estaban muertas", testificó el suboficial Manuel Valentín Padilla, quien era experto en labores de inteligencia.
La JEP encontró que la imposición para obtener resultados se dio desde todos los niveles de la cadena de mando. En su testimonio ante el tribunal de paz, Publio Hernán Mejía se refirió a las presiones recibidas por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En su relato, recibió una llamada del expresidente quien le reclamó por falta de acciones, por las que sería responsable. “Me acaba de llamar el dueño de la hacienda del Socorro, coronel, hay secuestrados, se van a robar un ganado, hay peligro de que asesinen un poco de personas, usted me responde coronel”, cuenta Mejía que le dijo Uribe.
Publio Hernán Mejía en el primer día de juicio ante la JEP. Fotografía: JEP
Esta no es la primera vez que Publio Hernán Mejía es condenado por la justicia. Antes de 2007, cuando fue retirado de su cargo por ejecuciones extrajudiciales, era uno de los militares más condecorados de la fuerza pública y su carrera ganaba reconocimiento por combatir a la insurgencia en el país. En 2013, el juez sexto penal especializado de Bogotá lo sentenció a 19 años y seis meses de prisión por vínculos con los paramilitares durante su comandancia en el Batallón La Popa. En particular, se le señaló de aliarse con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y David Hernández, alias 39, de patrullar de manera conjunta y proveerles armas y material de intendencia.
La segunda sentencia en la justicia ordinaria fue proferida el 31 de mayo de 2019 por el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo condenó a 39 años y 6 meses de prisión por la muerte de 20 personas en hechos, ocurrida el 2 de junio y el 26 de octubre de 2002. Esa decisión fue apelada y se le concedió al procesado la libertad transitoria.
Tras su salida del cargo y con procesos judiciales abiertos, Mejía fue defendido por la ultraderecha como víctima de una supuesta persecución judicial. Luego, su caso se convirtió en emblema de los militares “traicionados” por la justicia transicional —en una narrativa política utilizada para atacar a la JEP y el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC— y fue incorporado al relato político del uribismo como un héroe de guerra.
El respaldo ha llegado a distintas esferas del Estado. Según denunció la columnista Cecilia Orozco Tascón, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, habría apartado del cargo al procurador encargado del caso de Mejía cuando se disponía a pedir la máxima sanción ante la JEP. De confirmarse esta movida de Eljach, quien ha sido cercano a distintos sectores políticos y contó con el respaldo de todos los partidos para su elección, reforzaría la idea de que el ex coronel no solo ha contado con la defensa desde el uribismo. También, habría gozado de amplios márgenes de protección dentro de la institucionalidad. Ese entramado político ha sido clave para que Mejía dispute el sentido de su condena, erosione su legitimidad y se reposicione como actor público.
El héroe de la ultraderecha
Publio Hernán Mejía ha sabido mezclar su vida como condenado e investigado con una incipiente carrera política y pública. En 2016, estando aún preso por vínculos con los paramilitares, Mejía escribió y lanzó su libro “Me niego a arrodillarme”, publicado por la editorial Oveja Negra y prologado por el escritor Plinio Apuleyo, quien defendió que el encarcelamiento de militares y ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe respondía a una estrategia política. El lobby del lanzamiento estuvo a cargo de distintos militantes del Centro Democrático, quienes hicieron un despliegue en redes sociales para difundir el evento bajo la etiqueta #MeNiegoAArrodillarme.
Desde las redes oficiales del Centro Democrático también se hizo publicidad del libro con fotografías de congresistas como Paloma Valencia y Ciro Ramírez, quien salió de la cárcel en mayo de este año y está siendo investigado por su presunta relación con una red de corrupción. Asimismo, la difusión estuvo a cargo de los exsenadores Ernesto Macías, Susana Correa, María del Rosario Guerra y Carlos Felipe Mejía, quien calificó al ex coronel (r) como “un héroe con honor”. Las principales voceras del lanzamiento fueron Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quien aseguró que durante nueve años estuvo visitando al condenado Mejía. En palabras de Cabal, Mejía estaba “encadenado por haber enfrentado al horror”.
El evento, en el principal centro de convenciones de Bogotá, fue una muestra de apoyo incondicional de parte de los militantes del Centro Democrático, incluido el patriarca, Álvaro Uribe Vélez. “Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza moral, en medio de tanta persecución, es capaz de producir el libro que hoy presenta”, le dijo Uribe en un audio que fue proyectado durante el evento.
Portada con felicitación y reconocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez al libro de Publio Hernán Mejía "Me niego a arrodillarme".
En 300 páginas, Mejía narra su vida, se exalta como el gran soldado de Colombia y, en una carta dirigida a su ya fallecido padre, busca demostrar la supuesta persecución en su contra llevada a cabo por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y Sergio Jaramillo, quien se desempeñaba como viceministro para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio. Jaramillo se encargó en su momento de documentar casos de “falsos positivos” en el país y mostrar sanciones internas a los responsables de esos crímenes.
“Eran más de tres décadas en las filas castrenses cuando inició este infernal episodio que ha roto en mil pedazos mi alma”, dice Mejía en uno de los fragmentos de su libro. “Es muy angustioso descubrir que por tanto tiempo me utilizaron y me engañaron como a muchos de los soldados, y que los altos dignatarios del poder político y judicial son más corruptos, más cobardes, más traicioneros y más criminales que todos los terroristas juntos”, agrega.
Comparto historia resumida de la tragedia del Coronel Hernán Mejía #MeNiegoAArrodillarme pic.twitter.com/sYcCmKfWdZ
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 19, 2018
La amplificación de la voz y la tesis del libro de Mejía ha corrido por cuenta de María Fernanda Cabal.
El discurso de victimización de Mejía no se limitó a su libro. Una vez se sometió a la JEP en 2017, obtuvo su libertad transitoria y condicionada. Esto le dio la oportunidad de fundar el movimiento “Primero la Patria”, que según su descripción, reúne a “ciudadanos patriotas” que trabajan “por salvar a Colombia de la politiquería”. En 2020, comenzó a asistir a debates presidenciales de quienes buscaban suceder a Iván Duque. El 20 de junio de 2020, en un evento citado por el Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas y el portal Linterna Azul, se presentó como un candidato de extrema derecha y propuso: una reforma a la justicia, combatir la corrupción y el narcotráfico, mejorar la seguridad del país, e impulsar la tenencia y porte de armas para “ciudadanos de bien”.
Aunque no podía aspirar a un cargo público por su condena en curso, los medios terminaron siendo caja de resonancia de su historia de vida y su discurso de perseguido. Fue entrevistado en Los Informantes del Canal Caracol; en RCN, donde dijo que volvería a ordenar todos los operativos que se hicieron bajo su comandancia. También estuvo en la W Radio con Vicky Dávila, y en La Hora de la verdad, dirigida por Fernando Londoño, exministro del gobierno Uribe quien exaltó su admiración por Mejía y la labor que hizo en el departamento del Cesar. El ex coronel también utilizó Facebook y Twitter (hoy X) para publicar sus opiniones y, en el canal de YouTube, “Primero la patria”, difundió videos en los que buscaba limpiar su nombre y se promovía políticamente.
El 12 de mayo de 2023, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó la captura del coronel (r) Publio Hernán Mejía por impulsar discursos de “odio”, justificar la violencia y estigmatizar a grupos sociales, organizaciones de derechos humanos, manifestantes y víctimas. El tribunal de paz estudió 26 videos publicados del canal de YouTube. “No se trata pues de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluye, más grave aún, a víctimas ante la JEP y a sus representantes”, señaló la magistratura. Pero nunca quedó en firme su captura al resolverse la apelación de la defensa de Mejía.
En libertad condicional, Mejía también fue invitado por amigos cercanos suyos a distintos eventos. Estuvo vistiendo su uniforme del Ejército en el lanzamiento del cuadragésimo Festival Cuna de Acordeones, como lo reportó Noticias Uno. Entre los asistentes estuvieron, además, José Félix Lafaurie, presidente de la junta directiva del festival y quien también asistió al lanzamiento del libro del ex coronel; los actuales candidatos presidenciales María Fernanda Cabal y Abelardo De la Espriella; Óscar Iván Zuluaga, cercano al expresidente Uribe, y el abogado guajiro Jaime Lacouture, quien tiene aval del Partido Conservador y se desempeña como Secretario General de la Cámara de Representantes.
Publio Hernán Mejía en el lanzamiento del Festival Cuna de Acordeones. Imagen tomada del video de Noticias Uno.
Entre todas las figuras que han respaldado públicamente a Mejía, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha sido su principal defensora. Lidera una narrativa sostenida por su partido que ha buscado negar o minimizar la existencia de los falsos positivos. Ese discurso ha sido secundado por el expresidente Álvaro Uribe, el representante a la Cámara por la circunscripción de comunidades negras, Miguel Polo Polo, y Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y candidata presidencial Cabal.
María Fernanda Cabal tiene vínculos sociales y políticos con Publio Hernán Mejía a través de su esposo, José Félix Lafaurie, cuya familia paterna es oriunda de Villanueva, La Guajira. Lafaurie es presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) desde 2004 y su padre, José Vicente Lafaurie, fue senador del Partido Conservador. Aunque José Félix Lafaurie no creció en ese municipio, ha mantenido una relación sostenida con los círculos de poder político y económico de la región, una cercanía que se ha extendido a su familia.
En Valledupar, el entonces comandante del Batallón La Popa era una figura habitual en espacios sociales de la élite local —reuniones privadas, parrandas y clubes—, donde su rol como jefe militar le otorgaba prestigio y reconocimiento. De acuerdo con investigadores y fuentes consultadas en la región, estos escenarios facilitaron relaciones de cercanía entre sectores políticos, empresariales y militares durante los años en que Mejía comandó el batallón. “Aún hoy, integrantes de la élite local lo recuerdan con admiración y consideran que su condena es una injusticia”, señala Federico García, politólogo e investigador del clientelismo en el Cesar.
Durante su comandancia, Mejía recibió al menos seis medallas y reconocimientos de esa clase política y económica. Entre esas, cuenta con la “Medalla al mérito Ganadero” de la Cooperativa Integral Lechera del Cesar; la Medalla de Honor al Mérito María Concepción Lopera Fernández de la Alcaldía Municipal de Valledupar, y la “Medalla al mérito “CACIQUE UPAR” entregada por el Gobernador (e) del Departamento del Cesar, Guillermo Castro Daza. Los reconocimientos vinieron de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y el Fondo Ganadero del Cesar, y la Cámara de Comercio de Valledupar.
Durante los últimos 14 años, Cabal ha defendido a Mejía en distintos escenarios: entrevistas con medios como NTN 24 y el programa de televisión Agárrate, dirigido por la periodista opositora Patricia Poleo, y sus redes sociales.
El caso Mejía no es una excepción dentro del relato del uribismo, sino una pieza funcional a una narrativa más amplia que ha buscado negar, relativizar o justificar los falsos positivos como política de Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe. La sentencia desmonta las narrativas que niegan la existencia de los falsos positivos y fija una verdad judicial sobre lo ocurrido. Además, suma una pieza a la reconstrucción de la política militar de “conteo de cuerpos”, que analistas y víctimas han asociado al periodo de Uribe.
“Con esta sentencia, con esta decisión también se contribuye a derrotar la narrativa de los negacionismos sobre las ejecuciones extrajudiciales. En esta sentencia se constató con suficiencia que las víctimas, cuando denunciaron los hechos ante las diferentes autoridades, sí tenían la razón”, aseveró la magistrada Reinere Jaramillo, quien fue la ponente del expediente y leyó el falló contra Mejía.
Por lo pronto, la sentencia de la Jurisdicción Especial en cuanto a la condena y la prisión para Mejía solo se hará efectiva cuando se resuelva la apelación de la defensa del condenado. Además, los magistrados ordenaron revocar las condecoraciones y felicitaciones que fueron otorgadas al Coronel (r) Publio Hernán Mejía por parte del Ministerio de Defensa por sus resultados operacionales. Entre sus órdenes también compulsa copias a la Fiscalía para que investigue a seis jueces de instrucción penal militar y contra David Gnecco González, quien ejerció como fiscal 5 local de Agustín Codazzi, quienes habrían incurrido en acciones penales por su posible participación, contribución u omisiones.
Para Sebastián Escobar, abogado de víctimas del Batallón de La Popa, esta sentencia es histórica. “Reconoce el esfuerzo de tantos años de las víctimas por acceder a la justicia y que también manda un mensaje para quienes insisten en la ruta del negacionismo y en el aporte”. Por su parte, aunque las víctimas ven en un logro en esta condena, consideran que aún falta más para llegar a la verdad y entender quién dio la orden.
