La instrucción del Departamento de Estado para usar embajadas, influencers y voceros locales en campañas de propaganda muestra que Washington está reorganizando su ofensiva informativa en medio de la disputa geopolítica con China y Rusia. La directriz aparece sobre un terreno ya abonado: en Colombia, USAID destinó US$389 millones en 2023 y sus contratistas manejaban otros US$86 millones en proyectos que también tocaron medios y agendas informativas.
Por: David González M.
El medio británico The Guardian denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, habría enviado un cable diplomático a sus embajadas y consulados para que impulsen campañas coordinadas de propaganda y recluten influencers y periodistas. Si bien la estrategia no es nueva —las operaciones psicológicas militares de Washington tienen un largo historial, especialmente en América Latina, donde fueron usadas ampliamente durante la Operación Cóndor, previo a la invasión a Panamá para que la operación fuera presentada como una liberación, y como propaganda para desestabilizar Venezuela desde el ascenso de Chávez—, deja al descubierto que en el campo de la información también se libra una batalla geopolítica en momentos de amenaza para su hegemonía por el crecimiento de la influencia de otras potencias emergentes.
Apenas días después, desde Argentina, llegó una denuncia similar que involucraba a Rusia, pero en medio de crecientes escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Javier Milei. En esa tormenta, Open Democracy lanzó una denuncia sobre una red de desinformación rusa que habría invertido 283.000 dólares para “inyectar” al menos 250 artículos en más de 20 medios de comunicación argentinos. Open Democracy es una plataforma de información con sede en Londres, financiada por organizaciones vinculadas al gobierno estadounidense, como Open Society, la Fundación Ford o el propio National Endowment for Democracy (NED), una fundación creada por el Congreso estadounidense y que recibe fondos públicos.
La denuncia desató una cadena de réplicas y distorsiones informativas que fue retomada por otros medios locales del continente e incluso ampliada y difundida por la Agencia EFE. Este medio español publicó un artículo sobre una red de desinformación rusa que opera en ocho países de América. La fuente de esa información fue una agencia digital basada en Miami, que además tiene como figura un exfuncionario del gobierno Trump. El diario El Espectador luego tuvo que salir a reconocer el error.
En medio de las denuncias cruzadas, el tema de fondo se diluyó. Pero sigue en pie la pregunta inicial de The Guardian: ¿está Washington usando medios o periodistas locales para difundir campañas de propaganda o desinformación y reclutar voceros de sus intereses geopolíticos?
Más allá de la influencia de otras potencias —China, Rusia, Irán—, el rol que ejerce Estados Unidos en América Latina sobre las narrativas y los medios es casi dominante por dos razones: la cantidad de recursos que ha enviado a medios vía USAID y la cercanía y dominio cultural. En Colombia, por ejemplo, ese papel ha dificultado la posibilidad de desarrollar políticas soberanas en el orden internacional, a la vez que replica narrativas islamófobas, sinófobas y eurocéntricas de una visión de mundo en particular. Y esto es más grave en un momento de tensiones internacionales y de desmoronamiento de la hegemonía global de Occidente.
Además, muchas veces el alineamiento con esas narrativas afines a Washington no es meramente orgánico, los recursos públicos millonarios de Washington condicionan la agenda de información.
Las estrategias de propaganda del gobierno de EEUU en otros países
Las denuncias de The Guardian tienen un antecedente importante: el segundo gobierno de Donald Trump desmanteló USAID, tradicional motor del poder blando de Washington en el mundo. El cable diplomático filtrado por el medio británico muestra que el poder cultural estadounidense será manejado directamente y centralizado por el Departamento de Estado y sus intereses nacionales.
En la instrucción de Rubio a sus embajadas se establecen cinco objetivos: "contrarrestar mensajes hostiles, expandir el acceso a la información, exponer el comportamiento de adversarios, elevar voces locales aliadas y contar la historia de Estados Unidos".
Lo más polémico de esa táctica es que ordena pagar a influencers y académicos para que difundan mensajes favorables a los intereses del gobierno de Trump, y además pide que esos mensajes sean percibidos como difusiones "orgánicas locales". Mejor dicho: que el relato de "libertad y democracia" no parezca impuesto, aunque lo sea.
El cable además sugiere un canal para la difusión de estos mensajes pagos: la plataforma privada X (antes Twitter), propiedad del magnate y exfuncionario del gobierno Trump, Elon Musk. Rubio señala la eficiencia de la plataforma para estos fines, especialmente la función de Notas de la Comunidad, "como un instrumento colaborativo para desacreditar la propaganda antiestadounidense".
El mismo artículo de The Guardian recuerda que la Unión Europea ha multado a X por prácticas engañosas y falta de transparencia en las discusiones que son tendencias en esa plataforma. En medio de la guerra en pausa en Irán, el plan de Rubio marca la necesidad —según el cable— de atacar publicaciones que considere desinformación proveniente de países como Rusia, China o Irán.
Pero la estrategia de desinformación y propaganda va más allá. Ordena, además, que las campañas se articulen con las operaciones de "guerra psicológica" del Pentágono. Estas unidades son parte del Ministerio de Guerra (Defensa) y son conocidas como MISO o Military Information Support Operations.
La guerra psicológica, según fuentes oficiales, tiene como principal función desmoralizar a quienes considera enemigos o sembrar confusión en contextos de conflicto, y ha sido ampliamente documentada. Algunos casos destacados van desde campañas contra las vacunas chinas durante la pandemia del COVID en países que las usaron, como Filipinas. Reuters reveló que equipos del Pentágono utilizaron al menos 300 cuentas falsas en redes sociales para sembrar dudas sobre la eficacia de la vacuna.
En Colombia, según medios independientes como La Base con sede en México, hay un equipo de Military Information Support Teams (MIST) operando desde la embajada estadounidense en Bogotá desde 1992. Pero las operaciones documentadas dan cuenta también de campañas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela.
Estas unidades responden a un interés mayor de Washington en la región, que puede leerse en la Declaración de Postura 2026 del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), presentada ante el Congreso de EE.UU. por el general Francis L. Donovan el pasado 17 de marzo de 2026. El documento resume las directrices tácticas para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región, e identifica al gigante asiático como su principal competidor. En ese texto, EE.UU. manifiesta la necesidad de recuperar terreno perdido frente a sus competidores, asegurando el Canal de Panamá y, por ejemplo, fomentando proyectos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) en Perú, Guatemala y República Dominicana para competir con el capital chino.
La simbiosis de los fondos públicos estadounidenses y los medios colombianos
En ese contexto de disputa geopolítica, la directriz de Rubio enciende las alarmas sobre la transparencia de los medios de comunicación que reciben fondos públicos del gobierno estadounidense, y más aún en el actual escenario de conflicto abierto y de reordenamiento del sistema internacional. Y es que, en Colombia, la relación entre los donantes o agencias de Washington, y sus fondos, con los medios periodísticos es de vieja data como lo muestran los informes de USAID que financian medios locales. Eso deja, además, preguntas sobre qué tantos temas de política internacional son condicionados por esos mismos recursos, que funcionan como herramienta de soft power y, en algunos casos, como instrumento de desestabilización de gobiernos no alineados con Washington.
Según lo que pudo recoger RAYA, las tres principales instituciones que administran el financiamiento estadounidense en Colombia han sido USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional), NED (National Endowment for Democracy) y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.
Esas agencias, usualmente, distribuyen sus fondos a través de otras intermediarias bien conocidas por los medios de comunicación locales, como: Internews, con sede en California y operaciones en más de 30 países; ICFJ –International Center for Journalists– que actúa como implementador directo de fondos de USAID; o Freedom House, una ONG financiada principalmente por el gobierno de EE.UU. y que ha sido identificada como contratista de USAID en Venezuela, donde financiaba al Instituto Venezolano de Conflictos No Violentos (ICNVC) que impartía “técnicas de resistencia.”
Y si bien los medios que reciben esos fondos, argumentan en su defensa que se alinean con investigaciones acordes con sus objetivos editoriales, como investigar corrupción, derechos humanos, transparencia en la gestión pública, la pregunta por la independencia editorial sigue abierta, especialmente cuando se trata de trabajar relatos que no se alinean con la visión única de mundo que tiene Washington.
Investigadores como la politóloga Ximena Antelo, el sociólogo William Robinson y el politólogo chileno Marcos Roitman argumentan que el financiamiento genera una dependencia estructural que, independientemente de las intenciones individuales de los periodistas, produce un sesgo sistemático hacia las prioridades de política exterior de Washington. Hay un caso ilustrativo citado con frecuencia: durante las protestas de 2018 en Nicaragua, los medios financiados por NED/USAID promovieron consistentemente un relato de “cambio de régimen”, mientras que medios sin esa línea editorial fueron excluidos de programas de capacitación y subsidios.
Lo escribió mucho antes Noam Chomsky en su concepto de “manufactura del consenso”: el financiamiento no requiere censura explícita si los criterios de elegibilidad ya preseleccionan voces afines.
En Colombia, por ejemplo, USAID “donó” en 2023 US$ 389 millones en tres áreas: asistencia humanitaria, gobernanza y agricultura. En el momento del congelamiento de 2025, Colombia era el país con más funcionarios de la USAID en la región, aproximadamente 100 personas en la oficina local. Los principales 'prime contractors' de USAID en Colombia fueron las firmas estadounidenses Chemonics, ACDI/VOCA y DAI (Development Alternatives Inc.), que en conjunto habrían manejado alrededor de US$ 86 millones en proyectos para 2025. Son estas firmas por lo general, y no USAID directamente, las que establecen los contratos con organizaciones colombianas, incluidos medios de comunicación.
Según documentos públicos de financiación de esas organizaciones, algunos de los medios que aparecen como receptores recurrentes de fondos son los siguientes: La Silla Vacía que figura en varios documentos de USAID vinculados a proyectos como "Juntos por la Transparencia", talleres de periodismo para medios regionales y otro proyecto denominado "Justice Watch". Cuestión Pública, Las Dos Orillas, Verdad Abierta y La Pulla —esta última, parte del diario El Espectador— también aparecen como beneficiarios de apoyos a través del programa "Juntos por la Transparencia". En el caso concreto de La Pulla, además, recibió financiamiento de la Open Society Foundations, organización que forma parte del ecosistema de influencia de Estados Unidos.
En el evento de lanzamiento del programa "Juntos por la Transparencia" de USAID —la agencia que más ha financiado a medios colombianos y concretamente a La Silla Vacía—, el 9 de diciembre de 2020, Juanita León, directora de La Silla Vacía, declaró: “La única forma de lograr una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas es si el sector privado y la sociedad civil se meten en el cuento, y si los periodistas valoramos la transparencia”. En octubre de 2025 tras los recortes que hizo Trump de los recursos de USAID, la directora de La Silla Vacía reconoció que había perdido el 40% de sus ingresos.
Lo cierto y retomando el concepto de Chomsky, es que el problema no es solo la existencia de esa financiación, sino las coincidencias entre algunas agendas editoriales y las narrativas que promueve Washington. Por ejemplo, artículos en esos medios que reciben financiación de recursos de EEUU: celebrando el Nobel de Paz de María Corina Machado, aliada del sionismo en América Latina; el cubrimiento del conflicto Ucrania-Rusia, solo desde el lado ucraniano, por supuesto; o el miedo catastrófico hacia el congelamiento de los fondos de USAID; por dar algunos casos.
En Colombia, ese financiamiento genera al menos dos efectos estructurales. El primero es la definición de la agenda temática y lo que sistemáticamente queda fuera: el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, el asedio inhumano hacia Cuba o el papel de Washington en el conflicto armado colombiano, incluidos los cuestionados vínculos entre la CIA, el Ejército y el paramilitarismo, documentado en informes de la Comisión de la Verdad.
El segundo efecto es la legitimación de las órdenes institucionales estadounidenses. Un informe filtrado de USAID en 2023 menciona a Colombia como aliado, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos y los sistemáticos asesinatos de líderes sociales que estadísticamente están muy por encima a los de países sancionados por EEUU. Global Witness publicó su informe anual "Voces silenciadas" en septiembre de 2024, documentando 196 defensores de la tierra y el medioambiente asesinados en 2023 a nivel global. Colombia encabezó con 79 casos. Los medios financiados por USAID tienden a reproducir esta jerarquía, sin mayor crítica; es decir, el financiamiento crea incentivos que producen encuadres discursivos coherentes con los intereses de la política exterior de EEUU.
Esto, sin embargo, no se puede poner al nivel de lo que planea Marco Rubio con la compra directa de periodistas y medios de comunicación en América Latina a través de fondos centralizados del Departamento de Estado y las embajadas. Pero muestra que hay antecedentes que van a facilitar esa directriz táctica filtrada por The Guardian.
Si bien existen evidencias de intentos de injerencia informativa por parte de otras potencias —como Rusia en Nicaragua, a través de alianzas entre medios estatales rusos y la prensa oficialista; o publirreportajes pagados por el gobierno chino en medios nacionales de Argentina, Brasil o Colombia; o contrataciones directas de Israel de influencers que lleva a viajar por sus asentamientos coloniales en tierras palestinas—, el caso de Estados Unidos resulta particularmente grave por dos razones: la dominancia cultural de su discurso y la influencia de Washington sobre la política exterior de Bogotá, una dinámica que analistas como Arlene Tickner han calificado como una "intervención por invitación (de élites locales a Washington)".
No está de más preguntarse, entonces, cómo será ese escenario en medio de la disputa electoral colombiana y de una política exterior de Trump que actúa sin máscaras: guerras, asedios comerciales y extorsión diplomática. Tarea difícil tendrán los medios o periodistas que acepten el llamado del Departamento de Estado para vender el relato de la doctrina Donroe, mientras esa misma política se refleja en naciones arrasadas y miles de muertos semana tras semana.
