RAYA siguió el rastro a nueve congresistas elegidos el pasado domingo 8 de marzo, que llegaron al Capitolio respaldados por clanes familiares o estructuras políticas construidas hace décadas al amparo del paramilitarismo. No heredaron los delitos de sus padres, esposos o jefes políticos, pero sí buena parte de sus maquinarias electorales. ¿Quiénes son y dónde están sus votos?
Por Unidad Investigativa Revista Raya
El rastro de la parapolítica —los vínculos entre paramilitares y líderes políticos destapados hace casi 20 años— todavía puede encontrarse en varios de los nombres elegidos este domingo para el Congreso de la República. La revista RAYA le siguió el hilo a nueve congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, que lograron elegirse en las filas de Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y en una curul especial de paz. Se trata de herederos políticos o familiares de estructuras que fueron construidas o fortalecidas en alianza con grupos paramilitares. Aunque no heredan los delitos de sus padres, esposos, hermanos o jefes políticos, sí han capitalizado sus maquinarias electorales que sobrevivieron al relevo generacional. Nuevos rostros, pero las mismas estructuras.
Fue entre 2006 y 2007 cuando empezó a conocerse el profundo vínculo que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían tenido con buena parte del Congreso de la época. La pieza clave en las investigaciones fue el documento conocido como el Pacto de Ralito, suscrito en 2001 en un corregimiento que lleva ese nombre en el departamento de Córdoba, por jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Jorge 40 y decenas de aspirantes a cargos de elección popular en el país. En ese acuerdo, los dirigentes políticos se aseguraron el apoyo paramilitar para sus aspiraciones electorales y los paramilitares amarraron el futuro apoyo de ellos a su proyecto de expansión nacional. Años después, el 30% del Congreso resultó condenado por la alianza criminal de la parapolítica.
Estos son algunos de los congresistas elegidos este domingo que llegaron al Capitolio impulsados por estructuras familiares o políticas ligadas a dirigentes condenados, procesados o señalados por sus alianzas con el paramilitarismo:
Eimy Suárez, la hija del condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez
El día que Eimy Julieth Suárez inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes como cabeza de lista de Cambio Radical en Norte de Santander, el 5 de diciembre de 2025, dejó claro ante un medio local de dónde provenía buena parte del respaldo a su aspiración: “Mi papá es un hombre fabuloso, me dio la vida, acá están sus amigos que me respaldan; él no está acá presente pero yo tengo el cariño de sus amigos”.
Su papá, cuyo capital político fue invocado durante la campaña, es Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta y condenado a 27 años de prisión por el homicidio de un abogado vinculado a la administración municipal anterior, un crimen cometido en alianza con paramilitares. Durante años, Suárez ha sido uno de los principales barones electorales en Cúcuta y en Norte de Santander.
Suárez Corzo fue condenado por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, asesor jurídico de la alcaldía de Cúcuta, ocurrido en 2003, cuando Suárez estaba en campaña para llegar a esa administración. El abogado fue ultimado a tiros por paramilitares del Bloque Catatumbo de las AUC, comandado por Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. En el proceso judicial quedó probado que el determinador del crimen fue Ramiro Suárez, quien se valió de esa estructura armada para perpetrarlo. Según declaraciones conocidas dentro del proceso, los paramilitares asesinaron a Flórez como “un favor” para Suárez, cuya campaña también habrían respaldado.
El Iguano y otros paramilitares del Bloque Catatumbo han declarado ante la justicia que se reunieron con Ramiro Suárez para pactar el apoyo de esa estructura armada a su campaña a la alcaldía. A cambio, según esas versiones, Suárez les entregaría puestos y contratos en su administración. En 2003, cuando Suárez ganó la alcaldía de Cúcuta para el periodo 2004 a 2007, el bloque Catatumbo ejercía un poderoso control en el departamento y en la capital. Suárez, además, enfrenta juicio por otro homicidio: el del veedor ciudadano Pedro Durán Franco, asesinado también en 2003. En ese caso también es señalado como autor intelectual, con paramilitares como presuntos ejecutores.
Aún con ese historial, días antes de las elecciones del 8 de marzo, Ramiro Suárez apareció en un video, en silla de ruedas y con su mascota en las piernas, pidiendo votos de manera explícita para su hija: “Le quiero mandar decir a los nortesantandereanos que me ayuden la hija mía, que me ayuden mi sangre, que me ayuden todos; yo he ayudado durante mis 40 años en política a todo el mundo, ayúdenme mi sangre, se los mando decir de corazón”.
Eimy Suárez resultó elegida el domingo con más de 68.000 votos, una cifra que le aseguró una de las cinco curules en la Cámara en Norte de Santander.
Franklin Lozano, Kelyn Johana González y ‘Yoyo’ Tovar: los herederos del Pacto de Chivolo
La cita ocurrió el 28 de septiembre del año 2000, en una finca del corregimiento de La Estrella, en el municipio de Chivolo, Magdalena. La convocó Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, entonces comandante del Bloque Norte de las AUC. Acudieron decenas de candidatos y políticos del departamento que aspiraban a cargos en alcaldías, concejos municipales, la Asamblea y la Gobernación. Era, en teoría, la primera gran convención del movimiento Provincia Unida, la plataforma política de Jorge 40 para ganar las elecciones en la región.
De ese encuentro salió el documento (ver foto) que después se conocería como el Pacto de Chivolo, firmado por cientos de asistentes y en el que se definió a José Domingo Dávila Armenta como candidato oficial a la Gobernación del Magdalena, cargo al que efectivamente llegó. Ese acuerdo marcó buena parte del rumbo del departamento en el nuevo milenio y, casi 26 años después, tres candidatos elegidos al Congreso tienen vínculos directos con las estructuras que surgieron de allí.
Es el caso de Franklin Lozano de la Ossa, elegido representante a la Cámara por Magdalena avalado por el Partido Conservador, con poco más de 43.000 votos. Es hijo de Franklin Lozano, condenado por sus alianza con los paramilitares y firmante del Pacto de Chivolo como candidato a la Asamblea del Magdalena, aunque luego terminó elegido alcalde del municipio de Zapayán. Un juzgado de Santa Marta y, posteriormente, el Tribunal Superior de esa ciudad lo condenaron a más de cinco años de cárcel.
Desde 2014, su hijo asumió el liderazgo de esa estructura y llegó a la Cámara, cargo que repitió en 2018, en esas ocasiones bajo el aval del antiguo Partido de Integración Nacional (PIN), que se transformó en Opción Ciudadana, dos colectividades que recogieron buena parte de la herencia de la parapolítica. En 2023 aspiró a la Gobernación del Magdalena, perdió, y fue señalado por presunta compra de votos, por lo que el Consejo Nacional Electoral compulsó copias a la Fiscalía.
El representante electo a la Cámara Franklin Lozano junto a su padre del mismo nombre.
Un caso similar es el de Kelyn Johana González, también elegida representante a la Cámara por Magdalena, pero por el Partido Liberal, con alrededor de 51.000 votos. Es esposa de Rodrigo de Jesús Roncallo, firmante del Pacto de Chivolo como candidato oficial para la alcaldía de Tenerife (Magdalena), cargo al que efectivamente llegó. En 2006, también fue elegido representante a la Cámara. La Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por sus vínculos con los paramilitares de Jorge 40 y, en 2023, la JEP aceptó su sometimiento. Allí reconoció que recibió apoyo paramilitar para alcanzar la curul en 2006.
González heredó políticamente esa estructura y llegó al Congreso desde 2014. Fue reelegida en 2018 y otra vez en 2022. En esta última legislatura, su nombre apareció además dentro de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente direccionar millonarios contratos desde el Invías. Este será su cuarto periodo en el Capitolio.
La representante a la Cámara Kelyn Johana González, junto a su esposo Rodrigo Roncallo, actualmente en la JEP por sus vínculos con paramilitares.
cPor eso la llegada y permanencia de Tovar en ese escaño ha despertado rechazo entre sectores de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que ya habían cuestionado su nombramiento en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Iván Duque. A ello se suma que su campaña ha contado con el respaldo de estructuras políticas tradicionales en la región, como la del congresista conservador Alfredo Ape Cuello.
Nadia Blel, Juliana Aray y Andrés Montes: a la sombra de los clanes conservadores de condenados por parapolítica en Bolívar
El poder del Partido Conservador en el departamento de Bolívar no se puede entender sin los nombres de dos patriarcas: Vicente Blel Saad y William Montes. Son las cabezas de las dos casas políticas más poderosas del conservatismo en ese departamento y llevan más de dos décadas imponiendo senadores, representantes, alcaldes y gobernadores. A ambos los une no solo su longevidad electoral, sino también la estrategia con la que consolidaron ese poder: alianzas con paramilitares, por las que ya fueron condenados.
En septiembre de 2003, tanto Blel como Montes pactaron con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Diego Vecino el apoyo armado a la candidatura de Libardo Simancas a la Gobernación de Bolívar, quien resultó electo. El pacto se concretó en Córdoba en una finca de la excongresista Eleonora Pineda, también condenada por parapolítica.
Vicente Blel también fue condenado por otro pacto en el sur de Bolívar, donde paramilitares reunieron a decenas de aspirantes a alcaldías y a la Asamblea con el propósito de unificar candidaturas bajo su tutela. Montes, por su parte, fue condenado por haber firmado el Pacto de Ralito, el acuerdo suscrito en 2001 por políticos y comandantes paramilitares como Mancuso y Jorge 40, para “refundar la patria”. Además, un exdirector de Informática del desaparecido DAS declaró ante la justicia que Montes recibió el apoyo de Jorge 40 para las elecciones al Congreso en 2002.
La heredera más visible de la casa Blel es Nadia Blel, hija de Vicente, quien este domingo se convirtió en la senadora más votada en todo el país, con más de 179.000 votos. Llegó por primera vez al Senado en 2014, después de que su padre perdiera la curul como consecuencia de su condena. Fue reelegida en 2018 y nuevamente en 2022, y hasta diciembre pasado presidió el Partido Conservador.
Bajo esa misma estructura política también resultó elegida Juliana Aray como representante a la Cámara por Bolívar con el Partido Conservador, con cerca de 85.000 votos. Aray es hija adoptiva de Vicente Blel.
Y del lado de la casa Montes, el elegido fue Andrés Montes, representante a la Cámara por Bolívar, también con el aval conservador. Obtuvo alrededor de 58.000 votos. Es sobrino de William Montes y hace parte de una familia política también salpicada por el caso de compra de votos de Aída Merlano en 2018. Ese año, Merlano obtuvo en Bolívar buena parte de su caudal electoral con apoyo de los Montes. De hecho, Emeterio Montes, primo del hoy elegido Andrés, fue su fórmula en el departamento.
El tercero de izquierda a derecha es Andrés Montes, elegido representante a la Cámara por Bolívar; le sigue Nadia Blel, elegida senadora de la República; y Juliana Aray, también elegida representante a la Cámara.
El cacique William Montes también apostó en estas elecciones por su hijo, Miguel Montes, que obtuvo casi 40.000 votos, pero no alcanzó curul.
Jhonny Besaile, hermano del condenado Musa Besaile
John Moisés Besaile logró este domingo 107.000 votos y regresará al Senado por el Partido de la U. Jhony, como se le conoce, ya había ocupado esa curul en dos periodos anteriores, además de haber sido alcalde de Sahagún (Córdoba) y secretario en la Gobernación de Córdoba durante la administración de Alejandro Lyons. Por hechos relacionados con esa etapa, hoy enfrenta juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta malversación de recursos de regalías.
Jhony es hermano de Musa Besaile, quien carga ya varias condenas encima por distintos hechos. Musa fue una de las fichas claves de la parapolítica en el Caribe colombiano y en Córdoba. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que las Autodefensas lo apoyaron en su aspiración al Congreso a cambio de que les entregara dos secretarías departamentales a los paramilitares. La Corte Suprema de Justicia condenó a Besaile a seis años de prisión por esos hechos en 2023.
La sentencia en su contra determinó que se alió con el bloque norte de las AUC y se convirtió en una pieza fundamental del proyecto político paramilitar desde 1998, al integrar el segundo renglón de la lista a la Cámara de Miguel Alfonso de la Espriella, hasta por lo menos el primer semestre de 2006, cuando fue reelegido representante a la Cámara. Precisamente en los mismos años en que se negoció y se firmó el famoso “Pacto de Ralito” para refundar la patria, una alianza entre políticos y paramilitares que derivó en la toma del Congreso de la República por parte de las Autodefensas.
Pero, además, Musa fue condenado también por el caso conocido como el Cartel de la Toga, cuando pactó con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, la entrega de $2 mil millones precisamente para intentar torcer el caso de la parapolítica que cursaba en la Corte Suprema en su contra y por el que finalmente fue condenado.
Esteban Quintero, las entrañas del uribismo en Antioquia
Esteban Quintero Cardona tendrá su tercer periodo en el Congreso gracias a la lista cerrada del Centro Democrático que jalonó Álvaro Uribe Vélez al Senado y que consiguió más de tres millones de votos. Quintero fue representante a la Cámara por ese mismo partido entre 2018 y 2022, año en que dio el salto al Senado, donde ha sido uno de los más acérrimos opositores a las reformas sociales.
Esteban, quien hizo campaña insultando transeúntes en los barrios y comunas de Medellín, como reveló Señal Investigativa, heredó los votos de su padre, el exparlamentario y expresidiario Rubén Darío Quintero Villada, condenado a siete años de prisión por haberse aliado con los paramilitares del Urabá para incrementar su votación y mantenerse en el Congreso, en ese entonces bajo el aval de Cambio Radical. Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, confesó ante los tribunales de Justicia y Paz que hizo pactos con Quintero para ponerle votación y que incluso acompañó actos proselitistas de su campaña.
La cercanía de Rubén Darío Quintero con políticos cercanos a la mafia y los paramilitares viene desde mediados de los años ochenta, cuando se convirtió en un cacique del Oriente Antioqueño ganando la primera elección popular de alcaldes en su pueblo natal, Rionegro, con el aval del Partido Liberal y el respaldo del todavía joven Álvaro Uribe Vélez, quien por esos años aspiraba al Congreso de la República. Desde entonces han mantenido una estrecha relación de amistad y alianza política que sobrevive hasta hoy.
El parapolítico Rubén Darío Quintero trabajó como secretario privado de Álvaro Uribe cuando este fue Gobernador de Antioquia, una gestión estuvo marcada por señalamientos de favorecer a los sanguinarios grupos paramilitares a través de las Cooperativas de Seguridad Privadas conocidas como CONVIVIR, a las que Uribe les dio permisos, apoyo logístico y respaldo político. Como se ha probado en múltiples sentencias judiciales, la mayoría de CONVIVIR terminaron sirviendo de fachada legal para las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia.
En las fotos de los años noventa Esteban Quintero aparece desde niño en las correrías y eventos políticos con Uribe, quien luego sería su mentor y jefe. Esteban Quintero hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Álvaro Uribe cuando este regresó al Congreso entre 2014 y 2018, aunque renunció para aspirar a la Cámara con aval del Centro Democrático.
El poder del expresidiario Rubén Darío Quintero se ha traducido en apoyo a otros candidatos. Padre e hijo también respaldaron e hicieron campaña junto al corrupto exalcalde de Bello (Antioquia) Óscar Andrés Pérez, quien hoy purga una condena de diez años de prisión por haber malversado recursos públicos de ese municipio.
Además, Rubén Darío Quintero fue el impulsor de la carrera política del hoy gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona, quien es sobrino de su esposa y primo hermano de Esteban Quintero.
El Clan Quintero apadrinó a Andrés Julián Rendón cuando aquel aspiró a la alcaldía de Rionegro en 2015 con el respaldo explícito de Rubén Darío. Pese a que no tenía ningún cargo oficial, pues está inhabilitado por sus conductas criminales, Rubén Darío Quintero asistió a reuniones en la alcaldía y gestiones con funcionarios del alto gobierno acompañando a Andrés Julián Rendón cuando este fue alcalde de Rionegro.
Después, tanto Esteban Quintero como su padre Rubén Darío Quintero apoyaron a Andrés Julián Rendón en su aspiración a la Gobernación de Antioquia en 2023, y ambos fueron invitados especiales a la posesión de Rendón. Rubén Darío Quintero aseguró en un post de redes sociales que él había contribuido a gestar la carrera de un nuevo “líder nacional”.
