En Cartagena, las denuncias por abuso policial contra jóvenes de barrios populares —en su mayoría afrodescendientes— han aumentado en los últimos dos años. Esto ha coincidido con la implementación del Plan Titán, la apuesta del alcalde Dumek Turbay para combatir la inseguridad. Aunque la Alcaldía ha invertido más de 60.000 millones de pesos en operativos, cámaras y despliegue policial desde enero de 2024, la percepción de seguridad sigue siendo baja y persiste la desconfianza al denunciar.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
“Mi hijo le tiene miedo a la policía porque ha visto todo lo que ha pasado. Llegan, pegan, abusan, te perfilan, te roban… y ya. Nos tratan de chismosas, sapas y malparidas cuando denunciamos”, cuenta Luisa*, una lideresa afrodescendiente de uno de los barrios periféricos de Cartagena. En barrios como el suyo, distintas personas consultadas por RAYA denuncian un aumento de abusos policiales y de operativos de funcionarios de la Alcaldía, desde la implementación del Plan Titán, la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Dumek Turbay.
Organizaciones sociales y testimonios recogidos por RAYA alertan que la estrategia ha servido como justificación para que cualquier persona considerada sospechosa —especialmente jóvenes afrodescendientes, vendedores ambulantes o personas que ejercen el trabajo sexual—, sea perseguida, requisada o incluso detenida sin mayores justificaciones. A esto se suman las afectaciones a derechos constitucionales como el mínimo vital, la libertad de circulación en el espacio público y el ejercicio del trabajo sexual. Según las fuentes consultadas, esos operativos responden a una lógica de control urbano que recae sobre la pobreza, racializa a las juventudes afrodescendientes y expulsa del espacio público a quienes el modelo turístico de ciudad considera indeseables.
Las denuncias acumuladas durante los últimos meses, como las de Luisa* y otros habitantes de distintos barrios en Cartagena, finalmente llevaron a que el Concejo Municipal prepare un debate de control político para revisar los resultados del plan y los presuntos abusos de autoridad. Se espera que asistan Distriseguridad, una entidad descentralizada de la Alcaldía que apoya la seguridad y la convivencia, y la Secretaría del Interior.
El Plan Estratégico de Seguridad Integral Titán, dirigido por el general (r) Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, se inició con el decreto 03 de 2024, con el que el alcalde Turbay buscaba contrarrestar el “turismo sexual” en el centro histórico —categoría con la que la administración ha enmarcado principalmente hechos de explotación sexual y trata de personas, para, según él, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Además, buscaba atacar la venta de estupefacientes. Para esto, la administración limitó la movilidad de carros y de peatones, prohibieron el consumo de sustancias psicoactivas en la zona y la presencia de trabajadores de las economías populares, así como de personas que ejercen la prostitución.
Para el lanzamiento del Plan, el Alcalde instaló vallas en la plaza de La Paz como forma de “persuasión” para personas que realizaran “operaciones ilegales”. Fotografía: Alcaldía de Cartagena
Con el paso de los meses, los controles del Plan Titán se extendieron del centro histórico a los barrios populares. Allí, según testimonios recogidos por RAYA, requisas, amenazas y operativos sin plena identificación de los uniformados hicieron que la estrategia empezara a sentirse menos como una política de seguridad y más como una forma de persecución cotidiana.
En ese contexto, Luisa* dice que el miedo se convirtió en cotidianidad en su barrio porque, aunque los jóvenes solo estén jugando fútbol o parados en una esquina, se han convertido en objetivo de la policía. Ese es el caso de Pedro*, un artista de la ciudad, a quien el pasado 6 de marzo un uniformado habría amenazado con desaparecerlo, según su testimonio. El operativo en el que se dio la situación coincide con un patrón identificado en otros testimonios recogidos por RAYA: agentes que omiten sus nombres u ocultan sus rostros tras capuchas sin quitarse el casco.
“Nos reunimos en una esquina después del horario laboral. No había consumo de licor ni de estupefacientes. Llegaron a ejercer su abuso de autoridad y, al no permitir eso, uno de ellos nos amenaza. Nos amedrentó con el taser (arma eléctrica). Cuando le pedimos que se identificara, se escaló la situación”, narra Pedro*. “Para ellos, las juventudes con las que nos reunimos, somos los malos. El Plan Titán ha sido una tiranía y nosotros no tenemos paz”, lamenta.
Relatos como los de Pedro* y Luisa* no son aislados. Entre 2024 y el primer semestre de 2025, organizaciones barriales documentaron al menos 27 casos de presunta violencia policial en barrios como Olaya, El Pozón, Bicentenario y el centro histórico. Los testimonios recogidos por RAYA coinciden en describir requisas sin justificación, amenazas, uso de armas eléctricas y operativos en los que los uniformados no se identifican. Otro caso, que ocurrió el 30 de mayo de 2025, quedó registrado en un video en el que se ve cómo cuatro uniformados rodearon a un joven en el barrio Bicentenario. Lo estrangulan y lo reducen al suelo; mientras su madre pide que lo suelten, los uniformados continúan golpeándolo.
Tras la difusión de las imágenes, la Policía de Cartagena anunció la apertura de una indagación disciplinaria para determinar los hechos y justificó el uso de la fuerza asegurando que: “el ciudadano intentó agredir a los uniformados en el marco de una disputa entre ‘pandillas’ que viene aquejando a esta comunidad”. Hoy, el caso está en manos de la Procuraduría General de la Nación, según confirmó la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Pero los cuestionamientos al Plan Titán no se concentran solo en el uso de la fuerza. También alcanzan el lenguaje con que la Alcaldía nombra estos operativos, los criterios con que interviene y la lógica institucional que los sostiene.
Organizaciones como Caribe Afirmativo han llamado la atención sobre la ausencia de un enfoque de género en la estrategia, lo que amenaza los derechos sexuales de personas de la población LGBTIQ reproduce la estigmatización e instrumentaliza el bienestar de las infancias para ese tipo de intervenciones. “Esta retórica, aunque aparentemente altruista al destacar la importancia de salvaguardar a los más vulnerables, en realidad oculta una agenda que busca imponer normas y valores específicos sobre la sexualidad, ignorando la diversidad y la autonomía de las personas en el ejercicio de sus derechos”, dice la organización.
En particular, esto habría ocurrido con “un punto de encuentro para personas LGBTIQ donde había posibilidad de tener prácticas sexuales consentidas” en Las Gaviotas. Sobre la clausura, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, Bruno Hernández, dijo: “No dejamos de sorprendernos con el nivel de aberraciones sexuales que encontramos en cada acción que ejecutamos… la calle está llena de degenerados”.
Organizaciones de derechos humanos alertan que esta lógica punitiva refuerza la estigmatización de ciertos sectores sociales y perpetúa el racismo estructural en la ciudad, pues, según denuncian, el Plan Titán favorece una idea de orden urbano pensada para el turismo antes que para quienes habitan Cartagena y termina como un mecanismo para expulsar del espacio público a quienes son tratados como indeseables. El Plan Titán ha ampliado la presencia policial desde el centro histórico hasta barrios populares, sin un aparente mecanismo de control sobre su actuación.
“Cartagena nunca ha sido una ciudad para los cartageneros y menos para los que no tienen dinero o empobrecidos. Sirve para mostrar a un sector turístico de extranjeros y así se diseñan estos planes, así se piensa la ciudad: acomodar un espacio físico para un ejercicio de explotación de una cultura. Entonces la policía funciona como un ente estatal que sirve para controlar quiénes pueden estar, dónde, a qué hora y para qué”, cuestiona Dayana Blanco, abogada cartagenera y exdirectora de ILEX Acción Jurídica.
Ese enfoque también ayuda a explicar por qué, pese a la cantidad de denuncias, el control político sobre la estrategia y la alcaldía de Turbay ha sido limitado, principalmente en el Concejo Municipal. Entre 2020 y 2024, los debates de control político disminuyeron 83% y las proposiciones de control político 72%, según cifras de la Fundación Cívico Social Pro Cartagena (Funcicar), que hace seguimiento al cabildo. “Este es el porcentaje más alto registrado en los últimos diez años”, concluye la entidad.
Comparativo de los debates de control político construido por Funcicar.
La composición política del Concejo ayuda a entender esa falta de contrapeso. De los 19 concejales, 13 se han declarado de gobierno, tres independientes y solo uno en oposición. Varios de estos hicieron campaña a favor de Dumek Turbay: Wilson Toncel de Cambio Radical; el conservador David Caballero, quien además hace parte de la casa política Blel; y la liberal Gloria Estrada, quien fue cercana a la condenada Enilce López, “La Gata” y hace parte del grupo político del senador Lidio García, primo de Turbay.
Una estrategia sin diagnóstico claro y con resultados discutibles
El alcalde Dumek Turbay utilizó la seguridad como su principal bandera de campaña. En su Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 reconoce que en la ciudad se presentan distintas problemáticas: hurtos, homicidios, presencia de grupos armados organizados y de bandas criminales, trata de personas y rutas de narcotráfico. Para esas problemáticas planteó el Plan Titán y otros programas de fortalecimiento tecnológico y de personal para la Policía, así como otras iniciativas con enfoque pedagógico.
Descripción del Plan Titán en el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana de Turbay.
A pesar del endurecimiento de los operativos y de las restricciones impuestas en el espacio público, la estrategia no ha logrado traducirse en mejores condiciones de seguridad. Por el contrario, mientras aumentan las denuncias por abusos, también crece la percepción de inseguridad en la ciudad. Según Cartagena cómo vamos, el 53% de 1.071 habitantes encuestados en 2025 aseguraron sentirse seguros en la ciudad, en comparación con el 40% de los entrevistados en 2024. Esa sensación se ha deteriorado en los barrios, donde solo el 33% de las personas se sienten seguras, 9 puntos porcentuales menos que en 2024.
“Yo camino seguro la ciudad. Yo no sé cuál inseguridad es. Estamos en la plaza de la Trinidad, los turistas vienen, la gente viene. Yo creo que hay que manejar muy bien ese concepto de inseguridad porque comenzamos a enviar un mensaje de que la ciudad no está en condiciones de hacer una fiesta”, respondió Turbay a finales de 2024 cuando se presentaron dos homicidios en menos de 24 horas en la ciudad.
Otro elemento de gravedad en ese análisis son los bajos niveles de denuncia. De 150 personas encuestadas, apenas el 39% de las víctimas denunció. La desconfianza institucional es la principal barrera para denunciar delitos, concluye Cartagena cómo vamos.
Entre enero y febrero de este año se registraron 55 homicidios en Cartagena, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta es la tercera cifra más alta entre las principales ciudades del país, antecedida por Barranquilla y Bogotá. En 2025, se presentaron 410, y 411 en 2024. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, reseñadas por Cartagena cómo vamos, el año pasado se redujeron los hurtos a personas, pasando de 7.249 casos en 2024 a 6.493 en 2025.
Datos de Medicina Legal sobre homicidios entre enero y febrero 2026.
Sin embargo, la Alcaldía maneja otras cifras para sustentar los impactos del Plan Titán. Según la respuesta a la tutela sobre un derecho de petición, los homicidios pasaron de 402 en 2023 a 389 en 2024 y, tan solo en el primer semestre de 2025, se habían presentado 26. Lo mismo ocurre con el hurto a personas. La entidad asegura que de 6.400 casos en 2023, se redujo a 5.400 en 2024 y, entre enero y junio de 2025, se registraron 522 casos. Asimismo, aseguró que la trata de personas y la explotación sexual comercial se redujeron a partir de la intervención en el espacio público, comparendos contra personas que ejercen el trabajo sexual, pedagogía sobre la no tolerancia con esos delitos y cierres de establecimientos que promocionen el “turismo sexual”.
Logros de la Alcaldía frente a hurtos y homicidios en respuesta al derecho de petición enviado por RAYA.
Las cifras, sin embargo, no coinciden del todo entre sí ni permiten establecer con claridad qué cambios pueden atribuirse al Plan Titán y cuáles responden a otras dinámicas de violencia y seguridad en Cartagena.
Ivonne Díaz, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y que ha hecho seguimiento a la seguridad en la ciudad, cuestiona que la ausencia de resultados contrasta con la falta de certeza que tiene la ciudadanía sobre la caracterización de la violencia en aspectos como : las víctimas, los móviles de los homicidios, la relación de las bandas con grupos armados y el funcionamiento de la red de trata de personas, elementos que deberían sustentar iniciativas como el Plan Titán.
“Lo que se observa es que no hay diagnóstico ni una estrategia ni metas claras. Están haciendo estas acciones de forma desarticulada, pareciera que fueran improvisadas”, explica Díaz. “El Alcalde ha dicho que la seguridad es un asunto de percepción cuando claramente hay unos hechos objetivos que muestran que la inseguridad va en aumento y que no está dando respuesta a esto”, agrega.
Sin embargo, más allá de esos indicadores, habitantes y trabajadores de Cartagena denuncian que el Plan Titán se ha concentrado en controlar a la población del común, más que en desarticular estructuras criminales y atender otros delitos: venta de estupefacientes, reclutamiento, desaparición forzada, trata de personas y explotación sexual de menores. En ese sentido, Díaz agrega que para diseñar las estrategias de seguridad debe tenerse en cuenta el contexto territorial ampliado en el que se encuentra la ciudad.
Ese contexto ampliado incluye riesgos que no siempre aparecen en el discurso oficial sobre seguridad, pero que sí han sido advertidos por organismos de control y por las propias comunidades.
En la ciudad hay al menos cuatro casos de hombres afrodescendientes desaparecidos y de dos mujeres: Alexandrith Sarmiento y Tatiana Hernández.
Fotografía: Colectivo Comunitario Contextos
La Defensoría del Pueblo, en la alerta 002-20, ya advertía la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Pachencas o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por el control territorial de las rutas para las economías ilícitas como el tráfico de drogas y de armas en Cartagena, y los municipios vecinos de Turbaco y Arjona.
Además, hacía énfasis en las alianzas de estos grupos con narcotraficantes internacionales y organizaciones criminales locales como “Los Caballeros” en Cartagena, una banda vinculada al sicariato y la extorsión. El riesgo humanitario de esta alerta: el reclutamiento forzado de menores de edad, la intimidación hacia las comunidades y los hostigamientos contra los liderazgos sociales, principalmente de mujeres.
Las cifras públicas sobre trata de personas, explotación sexual y desaparición forzada en Cartagena siguen siendo limitadas. RAYA confirmó con la Fiscalía General de la Nación que, entre enero y julio de 2025, la entidad abrió 11 noticias criminales por trata de personas. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no había respondido sobre las demás cifras solicitadas, con corte a abril de 2026. Aun así, la Alcaldía sostiene que sus operativos han contribuido a reducir estos delitos. En el caso de la trata de personas, la administración reportó 500 casos en 2023, 371 en 2024 —año en que comenzó el Plan Titán— y 168 entre enero y junio de 2025.
Aun así, buena parte de los operativos del Plan Titán no se han sentido sobre esas estructuras criminales, sino sobre quienes viven y trabajan en el espacio público. Vendedores ambulantes y trabajadores de la economía popular aseguran que los operativos se traducen en decomisos, desalojos y persecuciones en zonas turísticas y alrededor del centro histórico. María*, una vendedora de artesanías, cuenta que un integrante de la Gerencia del Espacio Público la hizo retirarse del Portón de los Dulces, donde estaba descansando de una jornada de caminata y venta por la ciudad amurallada.
“Yo, una mujer negra, que sabe cuáles son sus derechos y que esta tierra le pertenece, le dije: ‘No, me voy a quitar. No tengo ni 5 minutos de estar aquí. Déjame en paz’. Entonces, me echaron a la policía. Me desplacé hacia adelante buscando encontrarme con mi compañera artesana para sentirme segura”, dice María*. “Después de ese episodio duré casi dos meses que no venía al centro, porque tenía miedo. Cada vez que veía a un policía, pensaba que me iban a quitar. Si tú no te paras siquiera 5 segundos, ¿cómo la gente te va a comprar? ¿Cómo vas a mostrar? A veces estoy vendiendo y cuando me veo tengo policías al lado”, agrega.
Las vendedoras de la ciudad amurallada cuestionan que se permita el uso del espacio público solo para quienes lo pueden pagar: los restaurantes. Fotografía: María Fernanda Padilla Quevedo
La recuperación del espacio público implementada por el alcalde Dumek Turbay también ha generado intervenciones de desalojo de trabajadores informales, tanto del centro histórico como de zonas aledañas. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tipo de estrategias y ha señalado que no pueden atropellar los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso en caso de vendedores de la economía popular, especialmente de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. En su lugar, la Corte exige una reubicación digna y alternativas económicas, algo que, según testimonios recogidos por RAYA, no ha pasado.
Ese es el caso de Yule*, quien durante más de 20 años ha tomado un espacio de las calles de la ciudad amurallada para ofrecer sus artesanías. Los gestores del espacio público han intentado desalojarla en más de una oportunidad e incluso asegura que ha sido golpeada en esas situaciones, al oponerse al decomiso de su mercancía. Otro caso icónico durante esta administración ha sido el desalojo de 18 trabajadores de la Villa Olímpica, quienes trabajaban limpiando motos y carros desde hace más de 10 años. A pesar de que han pedido reuniones con la administración municipal, cuentan, no se ha logrado avanzar en el diálogo y la búsqueda de alternativas.
Las artesanas de la ciudad amurallada se han organizado en pequeñas islas dentro de las plazas para ofrecer sus productos y apoyarse. Fotografía: María Fernanda Padilla Quevedo
Hechos como estos han llevado a la ciudadanía y a organizaciones de la ciudad a problematizar la eficiencia del Plan Titán. En particular sobre si desarticular las redes criminales que captan, explotan y desaparecen a las personas más vulnerables de la ciudad, ha terminado reforzando una visión punitiva y moralista que criminaliza la pobreza, la diversidad sexual y el trabajo sexual.
Esta alerta contrasta también con la conformación de pandillas juveniles en distintos barrios de la ciudad, que a diario sostienen riñas con sus contrapartes por fronteras invisibles y disputas territoriales, que no siempre están ligadas a la venta de estupefacientes. En la encuesta de Cartagena cómo vamos, el 25% de las personas identifican que las pandillas son el segundo problema de seguridad en la ciudad. No en vano, la policía llega a los barrios, según Luisa* y organizaciones como el Colectivo Antiracista Comunitario Contextos, a estigmatizar a los jóvenes sean o no parte de estas. Detrás, denuncian, existe una visión racista sobre los cuerpos y se ignora la falta de oportunidades laborales y de educación.
Los y las trabajadoras de la Villa Olímpica completan un año sin alternativas laborales ni de reubicación. Fotografía: Colectivo Antiracista Contextos
“Quienes colocan el cuerpo en la disputa no son los ricos de la ciudad sino las juventudes empobrecidas a las que, por ejemplo, les pagan 60 mil pesos por hacer cualquier acto delictivo, aprovechándose de la marginalización en la que se encuentran. Por eso, no se puede pensar el problema de las bandas criminales, del crimen organizado en la ciudad, sin entender que es una ciudad que ha estado sometida al empobrecimiento”, lamenta Airlin Pérez, integrante del Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas de Cartagena
El costo del Plan Titán: millones invertidos y resultados inciertos
Un mes después de la puesta en marcha del Plan Titán, Dumek Turbay anunció que su programa tendría como inversión “una cifra sin precedentes”. Anunció que destinaría más de 30.000 millones de pesos para fortalecer la presencia policial, la videovigilancia y mejorar los mecanismos de investigación para los procesos de judicialización de los delincuentes. “La implementación de estas medidas está programada para materializarse en el mes de marzo, marcando un hito en la lucha contra el microtráfico y la ola de crimen que ha afectado a la ciudad”, publicó la alcaldía en su momento.
Ni la Alcaldía ni Distriseguridad han dado respuesta completa a la solicitud de información sobre esa inversión. Lo poco que se conoce ha sido por las declaraciones en el Concejo de la ciudad. Incluso, al ingresar a la página web no hay acceso a la ejecución presupuestal de 2024 y 2025. Organizaciones de la ciudad han denunciado que frente a sus derechos de petición no reciben respuesta o estos contienen información incompleta sobre los impactos que ha tenido la estrategia.
Los alcances reportados para el primer año fueron: “la dotación de cinco organismos de seguridad, la adecuación de la estación de bomberos de Bocagrande, la entrega de dos máquinas de bomberos, la dotación de 11 inspecciones de policía y la vinculación de 685 jóvenes en el programa «Vida libre de violencia», con apoyo en emprendimiento”, según la bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena del 21 de marzo del 2025.
No es posible acceder a los documentos dentro de la página de Distriseguridad. Intento de acceso el lunes 6 de abril de 2026, 8:25 am.
Además, medios como La Contratopedia identificaron que la entidad también firmó nueve contratos para fortalecer el circuito de videovigilancia distrital y el sistema de alarmas comunitarias por 46.865 millones. En su análisis, el medio incluyó que, según el seguimiento a esos contratos, estos se hicieron sin los estudios necesarios que justifican por qué se necesita la inversión y cuánto debería costar realmente.
Para 2025, se asignaron $31.669 millones al Plan Titán 24, enfocado en articulación, fortalecimiento y dotación de organismos de seguridad. Jaime Amín, el director de Distriseguridad, resaltó como logros la operativa de 459 cámaras, 1.687 mantenimientos preventivos y 724 correctivos al sistema de videovigilancia, la expansión del circuito de cámaras al Centro Histórico y Getsemaní con 38 cámaras y la integración de cámaras de terceros. Además, entregaron vehículos con una inversión de $14.698 millones y equipos de comunicación por $400 millones a la Policía.
La Alcaldía ha defendido su estrategia porque su modelo de seguridad multidimensional está basado en la presencia física y la articulación interinstitucional. Sin embargo, organizaciones como Tejiendo Democracia, una organización que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en la ciudad, cuestionan que no han encontrado acciones diferenciales en la estrategia, como dotación de cascos, chalecos, motocicletas y entre otros a la Policía.
Para 2026, la Alcaldía ha planteado la modernización tecnológica de la seguridad con la instalación de alarmas comunitarias inteligentes, implementación de sistemas de reconocimiento de placas y facial con una inversión, la ampliación del sistema de videovigilancia en sectores como El Pozón y el Centro, y el mantenimiento de alarmas existentes. Hasta el momento, se conoce que esa inversión costará más de 11 mil millones de pesos a la ciudad.
Queda pendiente que en el próximo debate de control político que se agende, se conozcan a profundidad las cifras de inversión y el impacto real que ha tenido en la seguridad. Un momento importante para distintas organizaciones como la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, el Movimiento de Mujeres Negras Barriales y Periféricas, el Colectivo Antirracista y Comunitario Contextos, Ilex Acción Jurídica y el concejal Javier Julio Bejarano del Pacto Histórico, que desde hace dos años han solicitado sin éxito que se hagan debates en el Concejo de Cartagena contra el Alcalde, porque a pesar de estar aprobada la proposición, los cabildantes levantan el quórum o no agendan la discusión. Sin embargo, ante la presión de las organizaciones y la evidencia de los abusos, el silencio en el Concejo parece haber llegado a su límite.
La estrategia de Dumek Turbay, centrada en el despliegue policial y el control del espacio público, no muestra por ahora resultados claros ni verificables frente a problemas de seguridad como la trata de personas, el narcotráfico o la explotación sexual en Cartagena. Mientras la Alcaldía defiende sus resultados y anuncia nuevas inversiones, lejos de las murallas persiste otra realidad: miedo por la militarización, los controles que castigan la pobreza y la configuración de una ciudad que prioriza el turismo sobre quienes la habitan.
Canal de agua que cruza por uno de los barrios periféricos de la ciudad, donde sus habitantes conviven con el mal olor, la falta de infraestructura de aguas residuales y las basuras. Fotografía: María Fernanda Padilla Quevedo
Sin un diagnóstico público claro, con una inversión que supera los 60.000 millones de pesos y con resultados discutidos por organizaciones, expertas y habitantes, Cartagena sigue esperando una política que garantice los derechos de los trabajadores informales, personas que ejercen el trabajo sexual, artesanas del centro histórico y jóvenes afrodescendientes. También sigue pendiente una discusión de fondo sobre participación en las acciones implementadas en la ciudad, socialización de la información por parte de la administración y una redistribución real del capital turístico en inversión social y en infraestructura para los barrios más allá de la ciudad amurallada.
“La seguridad debe ser integral y eso implica también que no se nos mueran los niños de dengue en los barrios populares, que las mujeres negras no sigan siendo golpeadas y ultrajadas por la policía. Habitar la ciudad también implica poder vivir con dignidad”, afirma Airlin Pérez, integrante del Movimiento de Mujeres Negras Barriales y Periféricas.
* Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados para proteger sus identidades por miedo a represalias, en medio del perfilamiento que han denunciado por parte de las autoridades.
