Desde hace un año Roberto Arango viene presionando al Ministerio de Ambiente para que derogue dos resoluciones que protegen el páramo del Cocuy de actividades ganaderas, agropecuarias y mineras, bajo la premisa de que van en contravía de la soberanía alimentaría. Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, es uno de los líderes políticos que apoya a Arango. De hecho, lo hizo el año pasado con el paro nacional y la elaboración de documentos académicos que justificaban la derogatoria de las medidas ambientales que protegen la reserva forestal.
Por: Enrique Gamboa
El 20 de marzo, en la ciudad de Tunja, el Ministerio de Ambiente anunció que llegó a un acuerdo con la Federación de Parameros del Páramo del Cocuy para trazar una ruta que permita derogar la resolución que estableció la Reserva Forestal del Cocuy, una reserva de casi 300.000 hectáreas situada entre los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare, y que protege la mayor masa glaciar del país. La ministra Irene Vélez destacó que esto se logró luego de un proceso de diálogos de más de siete meses con la Federación, en torno al cumplimiento de unos acuerdos surgidos en la movilización campesina de agosto de 2025 en Ventaquemada, promovida por Roberto Arango, presidente de la misma, y quien como vocero de los campesinos, dijo que las medidas de conservación del páramo atentan contra la seguridad alimentaria y ponen en riesgo la subsistencia del campesinado. Una tesis que comparte el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha acompañado a la federación desde el paro de 2025 en su propósito de derogación.
La ministra Irene Vélez destacó que el acuerdo es un avance histórico porque se van a crear unas zonas al interior de la reserva con un enfoque de agricultura campesina y comunitaria, además de medidas para prohibir actividades mineras en el páramo. Para la Federación también es un avance, pero no satisface del todo sus pretensiones, porque habían pedido la derogación total de dos resoluciones ambientales de protección del páramo: “En Tunja el Ministerio nos presentó unos estudios para cambiar la zonificación de la reserva forestal que estamos evaluando. Pero también solicitamos que se revocara la delimitación del páramo del Cocuy. No podemos negociar por partes”, le dijo Arango a la Revista RAYA, que lo consultó sobre los acuerdos anunciados por la cartera de Ambiente.
Sobre la probabilidad de derogar la resolución 1405 de 2018, (que delimita el páramo del Cocuy), el Ministerio de Ambiente señaló que esa posibilidad no es viable debido a que existe una demanda de nulidad sobre dicha resolución por parte del pueblo indígena Uwa, que alegó que no fue tenido en cuenta en el proceso de creación del documento y que no recibió la información completa. Además, desde la cartera de ambiente apuntaron que hay consideraciones jurídicas y ambientales para la protección del páramo que no permiten la derogación de dicha resolución.
A pesar de que la Federación de Parameros no ha logrado derogar ambas resoluciones, el gobernador Carlos Amaya destacó durante el encuentro en Tunja que los avances para la derogación de una de ellas son algo valioso y un gran paso para las peticiones de la Federación. “Pedirle a la Federación, con el cariño que les tengo, que valoren este gran logro”, señaló en el encuentro. Por su parte, Roberto Arango, destacó el acompañamiento que ha recibido la Federación del gobernador de Boyacá para avanzar en las derogatorias de las resoluciones ambientales. De él apuntó que fue un garante en la movilización campesina de agosto de 2025 y que logró un convenio jurídico con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para la creación de un documento que respalde sus peticiones.
Las miradas opuestas en la protección de páramo del Cocuy
Desde hace más de diez años el páramo del Cocuy cuenta con resoluciones ambientales que lo protegen de actividades mineras, ganaderas y agrícolas, en busca de la protección del ecosistema, el agua y las especies que lo habitan. Sin embargo, hay campesinos que se oponen a las normas ambientales argumentando que afectan la seguridad alimentaria y la propiedad privada. Ese sector es encabezado por Roberto Arango Torres, un abogado boyacense que desde hace ocho años lidera la Federación de Parameros Seccional Sierra Nevada del Cocuy, la cual reúne a los campesinos que rechazan la delimitación del páramo del Cocuy y las actividades que pueden realizarse. En esa tarea, Arango y su federación han recibido el apoyo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien desde su rol viene respaldando sus peticiones, e incluso, promovió un estudio para la derogación de dos resoluciones ambientales, una de las exigencias del movimiento de Arango en un paro que realizó en agosto de 2025.
El 4 de agosto de 2025 y durante cinco días, Roberto Arango promovió un paro que afectó gran parte de la movilidad entre el departamento de Boyacá y Bogotá e incluso obligó a la cancelación de la conmemoración de los 206 años de la batalla de Boyacá. Durante los días que duró la movilización campesina, Arango apareció en la mayoría de los medios de comunicación nacionales que seguían el desarrollo de la protesta. Ante los micrófonos decía que el paro era una consecuencia por unos incumplimientos del Ministerio de Ambiente para desarrollar espacios de diálogos para la derogación de las resoluciones 1275 de 2014, que adoptó al Cocuy como reserva forestal, lo que significa que el suelo debe destinarse exclusivamente a la conservación y al aprovechamiento forestal sostenible y la 1405 de 2018, que delimitó el páramo Sierra Nevada del Cocuy.
Según el líder, la delimitación se hizo violando la Constitución, ya que dejó a municipios como Cocuy, Güicán, El Espino y Chiscas en límites donde no se permite ninguna actividad productiva, lo que podría llevar a la desaparición total de los municipios: “Por los desplantes del Gobierno Nacional, empecinado en avanzar con normativa que modifica seriamente la frontera agrícola en zonas de páramo, hemos decidido movilizarnos, en defensa de nuestra tierra y nuestros derechos campesinos”, aseguró Arango ante los micrófonos de los medios. El paro finalmente se levantó el 9 de agosto gracias a la mediación directa del gobernador, Carlos Amaya. “Agradecer al gobernador Carlos Amaya que desempeñó un rol fundamental como mediador y facilitador del diálogo, contribuyendo activamente a la construcción de consensos”, dijo el Ministerio de Ambiente en un comunicado cuando anunció el levantamiento del paro.
Uno de los acuerdos más relevantes a los que se llegó para el levantamiento del paro fue la creación de un equipo técnico y jurídico por parte del ministerio, y la instalación de unas mesas de diálogo, para estudiar la posibilidad de la revocatoria directa de las dos resoluciones, uno de los grandes pedidos que hizo Arango. También se acordó la inclusión de la agricultura sostenible en los planes de ordenamiento y desarrollo. “Ustedes son campesinos que entienden que su territorio es sagrado y que primero Dios y después el agua. Celebro este acuerdo. Vamos a cuidar nuestros páramos como lo más sagrado, pero también vamos a cuidar a los que han habitado y tienen el derecho de no ser excluidos”, dijo Amaya un día antes de la firma del acuerdo final.
La firma del acuerdo se hizo en el puente de Boyacá y estuvieron presentes desde los ministerios de Agricultura y del Interior hasta entidades como Parques Nacionales Naturales, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Tierras, entre otros. “Con la firma del acuerdo se restablece la normalidad y se levantan los bloqueos establecidos en el marco de la movilización”, apuntó en ese momento el ministerio de Ambiente, que además señaló que mientras se realizaban esos diálogos, se iba a garantizar el blindaje jurídico de las resoluciones. “El páramo no se puede quedar sin instrumento de protección ambiental contra actividades extractivas de minería e hidrocarburos”, se lee en el comunicado de la cartera.
Aunque Arango se vende como la voz autorizada de los campesinos del Cocuy y sus zonas aldedañas, la realidad es que varias organizaciones ambientales y sociales van en contravía de lo expresado por el presidente de la Federación de Paramero del Nororiente Colombiano, y en cambio, apoyan las protecciones ambientales del páramo. Una de ellos fue el colectivo Resistencia y Lucha por el agua, que emitió un comunicado durante el desarrollo del paro: “Rechazamos categóricamente las declaraciones del señor Roberto Arango, las cuales no representan en absoluto el sentir ni la lucha de las comunidades que habitamos y cuidamos este territorio. Estas afirmaciones desconocen el trabajo, el sacrificio y el compromiso de quienes hemos decidido defender la naturaleza, proteger nuestras fuentes hídricas y garantizar un futuro digno para las próximas generaciones”, escribió la organización que se dedica a la protección en Socha, Cundinamarca.
Otra de las asociaciones ambientalistas que se pronunció para esa época fue la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (Asoacctasco) que aseguró que la mayoría de organizaciones que se ubican en el páramo no le entregaron la vocería a Arango. “Sabemos que los intereses del señor Roberto Arango, no son colectivos sino que van en favor de quienes están destruyendo nuestros páramos, como lo es la minería legal, ilegal e indiscriminada de carbón y, en el caso del Cocuy a quienes cuidan miles de ovejas, pues según ellos cuidan cerca de 4.000, y él es uno de los más grandes poseedores de estos animales en la zona, además, cultivos extensivos de agricultura y ganado vacuno”, apuntaron desde el colectivo ambientalista.
Las organizaciones ambientales, que van en contravía del discurso de Arango, y reconocen la importancia de las resoluciones de protección del páramo, señalan que los intereses del líder de la Federación de Parameros se centran en seguir consolidando sus negocios de cultivos y venta de pino, una especie que afecta los páramos porque seca el suelo, modifica el consumo de agua e impide la regeneración de la vegetación nativa. Roberto Arango siempre ha negado ser un gran hacendado de Boyacá, así como de querer impulsar la pequeña minería y de tener más de 4.000 ovejas en zonas prohibidas, como lo señalan desde el Cocuy líderes ambientales que se oponen a su trabajo: “No tengo un centímetro de tierra pueden buscar en cualquier registro. Tampoco soy el propietario de esa cantidad de ovejas, ojalá las tuviera. Estoy disponible para que los enemigos de los campesinos continúen en esa tarea, pero sin ninguna razón y fundamento”, aseguró Arango en medio del paro de agosto de 2025, donde indicó que esas acusaciones hacen parte de una campaña de desprestigio en su contra.
Aunque Roberto Arango ha negado tener tierras en el Cocuy, en los registros de la Corporación Ambiental de Boyacá hay solicitudes suyas, desde 2014, para obtener una licencia ambiental y así poder explotar un bosque conformado por 3.000 árboles de la especie Pino Patula y 1.000 árboles de eucalipto, en el municipio de Guicán, cuya propietaria formal es su hermana María del Rosario Arango Torres. Además a Roberto Arango lo han señalado desde los sectores que se oponen a su liderazgo de querer imponer la extracción de carbón en la parte alta de la montaña del páramo. Sobre esto hay una sanción en su contra por un total de 76 millones de pesos, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que en 2015 lo sancionó por no pagar las regalías de un título minero que poseía en el Cocuy.
Para entender esta situación la Revista RAYA se comunicó con Roberto Arango para saber si tiene títulos mineros en el Cocuy y si pagó la deuda que tenía en la ANM. Lo primero que destacó es que no tenía un título a su nombre si no dos y que la deuda por 76 millones de pesos sigue activa porque no tiene dinero para pagarla. “Cuando llegó una compañía canadiense a la región a explotar el carbón, nos reunimos unos amigos y ganamos la concesión, pero nunca hubo interés de explotarla ni nunca se presentó la licencia ambiental. Cuando salió el Código Minero se renunció a los títulos mineros. Aún se debe esa sanción, yo vivo de manera muy austera y no tengo los recursos para eso”, apuntó en su conversación con esta revista.
Volviendo al paro de 2025 fue cuando el gobernador Carlos Amaya salió en respaldo de Arango y afirmando que él sí era el vocero de los campesinos, a diferencia de lo que decían desde otros colectivos. Su defensa la hizo ante el público que asistió al diálogo que se desarrollaba entre entidades públicas y la Federación de Parameros para buscar un levantamiento de la movilización. Amaya destacó que las acusaciones en su contra se trataba de un plan sistemático en su contra y que él mismo había sido señalado de ser un “multimillonario financiado por Minesa”: “Yo sé más que usted de lo que es una calumnia. Quienes los conocemos sabemos quién es usted y por eso ya salí a defenderlo en los medios porque sé cuáles son sus intereses. Estoy de su lado porque ustedes lo merecen y es justo lo que están pidiendo. Así que no ponerle cuidado a las calumnias, pero sí tener cuidado porque eso es un plan sistemático lo que están haciendo para deslegitimar la lucha. Eso no es silvestre, porque si dicen eso en Tosca, Cocuy y en Bogotá es porque alguien está orquestando eso”, apuntó el gobernador.
El apoyo del gobernador Carlos Amaya a Roberto Arango, para la derogación de las resoluciones ambientales, no solo ha quedado consignado en palabras de admiración mutuas, y en el respaldo a la movilización como lo afirmó durante el paro, sino que también se ha visto reflejado en informes técnicos para sustentar la eliminación de las resoluciones ambientales. Según un informe de gestión de agosto de 2025 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), esta universidad suscribió un contrato de 300 millones de pesos con la Gobernación de Boyacá con el objeto de “brindar asesoría y acompañamiento técnico y jurídico que permitan adelantar el procedimiento de revocatoria directa de las resoluciones proferidas por el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible”.
El documento en cuestión consta de 93 páginas y en él se fundamenta la viabilidad de revocar la delimitación del Páramo Sierra Nevada del Cocuy para proteger los derechos de las comunidades campesinas. Entre las razones que se expusieron está que la delimitación se hizo sin una consulta efectiva con quienes habitan la parte alta del páramo. Además de que prohíbe actividades agrícolas sin ofrecer alternativas previas de reconversión productiva, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria de las familias. En conclusión, el informe patrocinado por Amaya sugiere la necesidad de suspender las resoluciones actuales e iniciar un nuevo proceso de delimitación. “Con el objetivo de lograr un equilibrio: proteger el ecosistema de páramo (evitando minería e hidrocarburos) pero garantizando la justicia social y los derechos de los habitantes rurales”, se lee en el informe que fue material de consulta durante los diálogos entre ambas partes para estudiar la derogación de las resoluciones.
Un año después del inicio de los diálogos entre el ministerio de Ambiente y la Federación de Parameros se han realizado cerca de diez reuniones técnicas para ese fin, sin llegar a un acuerdo hasta el momento. Por un lado, el ministerio dice que las resoluciones están blindadas jurídicamente y que eliminarlas sería dar un paso atrás para la protección de este ecosistema. Mientras que para la Federación y la UPTC, es posible la revocatoria con participación efectiva e incorporar los comentarios técnicos radicados por la consultoría de la UPTC. Al no llegar a un acuerdo, la Federación de Parameros en varias ocasiones ha amenazado con volver a un paro si no se cumplen sus deseos de derogación de las resoluciones. Esas advertencias, por ejemplo, quedaron consignadas en la reunión del 30 de enero de 2026. En el acta de esa reunión, que conoció RAYA, quedó consignado que la Federación dijo que “el paro podría realizarse en época electoral”.
En esa misma reunión se abrió la posibilidad de abrir el espacio de diálogo a más sectores de la comunidad del páramo. La procuradora Patricia Nieto pidió aplazar la toma de decisiones, mientras se organizaba una mesa con otras organizaciones en un plazo menor de 30 días. “El ministerio público no puede coadministrar, pero si propender por la garantía de los derechos de todas las comunidades. La Procuraduría no se opone a soluciones concertadas, pero estas deben responder a una lógica de un conocimiento de todas las decisiones que afectan al territorio”, se lee en el acta.
Ante la petición hecha por la representante del Ministerio Público, según consta en el acta, Roberto Arango rechazó la propuesta de incorporar nuevos actores, defendiendo la legitimidad de las vocerías actuales, que según él eran los representantes legítimos de los campesinos. Así se lee en el documento: “Esos zánganos de la meseta de Bucaramanga que quieren dejar a los campesinos sin agua, son los que se quieren meter para dejar a los campesinos sin tierra. Si en nombre del acuerdo de Escazú el Ministerio de Ambiente oye a esas personas, nosotros tomaremos las medidas respectivas. Que nos dejen en paz y no nos busquen. No nos busquen por el brío porque nosotros sabremos responder”, se lee sobre la intervención de Arango en la reunión realizada a finales de enero.
El siguiente en hablar en esa reunión fue Javier Vargas, mano derecha de Arango en la Federación, que al igual que su compañero rechazó la posibilidad de abrir los diálogos a otros actores. “Acá están los dueños de los predios, los que han trabajado la tierra. Este proceso lleva 6 meses y ahora están pidiendo participación”. De acuerdo con la Federación, las otras asociaciones “solamente están buscando contratos con el Instituto Humboldt y entidades ambientales”. Esa reunión terminó sin consenso porque el ministerio apuntó que la revocatoria directa de la resolución que delimita el páramo no es posible porque existe una demanda de nulidad que interpuso el pueblo Uwa ante el Consejo de Estado al objetarla de que no tuvo el consenso de esa comunidad y no se obtuvo información suficiente. Así las cosas, mientras los magistrados no resuelvan el caso del pueblo indígena, ni el Gobierno ni Roberto Arango pueden modificar la resolución de 2018.
En su charla con RAYA, Arango también se refirió al tema de abrir el diálogo a otros participantes y aseguró que nunca le ha cerrado las puertas a los diferentes actores que habitan en el páramo. “Aquí en la región no hay ninguna oposición. Desconocemos a quienes evocan esa posición. De pronto se lo dijeron en privado a usted. Nosotros hemos hecho invitaciones públicas a dar el debate, pero nadie ha aparecido a ninguna de las reuniones. La verdad es que nadie se ha manifestado de manera abierta a oponerse a las actividades agropecuarias para que el campesinado siga en su territorio”, señaló Arango a RAYA.
Como se mencionó al inicio del artículo, la última reunión entre el Ministerio de Ambiente y la Federación de Parameros para la derogación de las resoluciones se realizó el 20 de marzo pasado en Tunja. La ministra de Ambiente Irene Vélez, destacó que se logró un acuerdo para derogar la Resolución 1275 de 2014 (que adoptó al Cocuy como reserva forestal), según la ministra fue una norma que nació con vacíos de participación y que “hoy transformamos para reconocer los derechos del campesinado. Esta nueva propuesta abre oportunidades reales, como el acceso al crédito en áreas de producción campesina, y refleja un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno Nacional y las comunidades, basado en el diálogo, la concertación y el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”, afirmó la ministra.
Por su parte, Arango destacó al finalizar la reunión que estaba de acuerdo con los nuevos lineamientos para la reserva forestal, pero igual indicó que la necesidad completa de la federación es eliminar las dos resoluciones, y no sólo una. “No podemos negociar por partes”. A su turno, el gobernador Amaya también destacó los avances de la derogación de una de las resoluciones a lo que llamó un avance valioso. “Pedirle a la federación, con el cariño que les tengo, que valoren este gran logro”. A cuatro meses de acabarse el Gobierno de Gustavo Petro queda la duda si el Ministerio terminará accediendo a las peticiones de Arango, de permitir actividades agrícolas y ganaderas en la parte más alta del páramo del Cocuy. Por ahora, Arango y Amaya no pierden la fe en lograr las derogatorias. En las pasadas elecciones quedó electo senador el hermano del gobernador, Jhon Amaya, quien desde el legislativo puede ser un ficha clave para mover la leyes ambientales.
