Por primera vez en Colombia, el Ministerio de Educación sancionó a una universidad por sus omisiones en la atención a la violencia de género. La decisión se tomó contra la Universidad de Cartagena, su rector y el decano de Ciencias Económicas y se originó en el caso de una estudiante que esperó respuesta por más de dos años a una denuncia de acoso sexual contra uno de sus tutores. Documentos y actas revelan dilaciones y negligencia de la institución.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La Universidad de Cartagena, la más antigua del Caribe colombiano, enfrenta una crisis institucional después de que el Ministerio de Educación la sancionara por negligencia y omisiones en la atención de una denuncia de violencia basada en género presentada por una estudiante. La decisión también cobijó al rector William Malkún, como representante legal, y a José David Patiño Mercado, decano de la facultad de ciencias económicas, por no activar las rutas previstas para investigar el caso. Es la primera vez que una universidad en Colombia recibe una sanción de este tipo. Entre la institución y los dos funcionarios deberán pagar 200 millones de pesos.
La sanción se originó en la de una estudiante que, en febrero de 2023, acudió al ministerio para denunciar el trámite que la universidad le dio a una queja presentada un año antes. Según su relato, había alertado desde febrero de 2022 que un compañero suyo, diez años mayor y tutor en una de sus clases, la acosaba dentro de la institución y hasta iba a su casa en estado de alicoramiento. Ante el ministerio aseguró que “hubo una demora injustificada de la universidad para adelantar un proceso disciplinario y sancionar al agresor”.
La Revista RAYA conoció más detalles del acoso que sufrió la estudiante, pero se reserva de narrarlos para no incurrir en una revictimización. Lo que sí revela esta investigación son actas y documentos del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas que permiten reconstruir cómo fue tramitada la denuncia y por qué el Ministerio de Educación concluyó que hubo omisiones, dilaciones y barreras institucionales.
La primera evidencia quedó registrada en el acta del 7 de abril de 2022. Ese día, dos meses después de la denuncia, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas se reunió para socializar el caso de la estudiante. Según consta en el documento, el decano José David Patiño –uno de los sancionados por el ministerio– abrió la discusión contando que la noche anterior recibió una llamada del jefe de departamento para “dialogar de una situación delicada y de carácter urgente".
Según narró el decano, al llegar a su oficina encontró a la estudiante llorando, muy triste, una “situación que le causó preocupación”. De acuerdo con el acta, la joven le dijo que estaba siendo acosada por un compañero de clases. Pero el mismo registro consigna otro detalle llamativo: Patiño señaló que, después de presentarse, la estudiante “se disculpa por un cartel que había hecho y luego irrumpió en llanto nuevamente”. El cartel, según él, decía: “Patiño no me cuida”, una frase que expresaba su sensación de desprotección después de dos meses sin que se activara efectivamente la ruta de atención.
En esa misma reunión, Patiño relató que luego llegaron compañeros de la estudiante, quienes ampliaron la información sobre los hechos de acoso. Según el acta, el decano les pidió que presentaran un escrito y se ofreció a “estar atento al caso”. La representante estudiantil, que había acompañado a la víctima en el proceso de activación de la ruta, intervino enseguida para decir que no era la primera vez que el estudiante era señalado por ese tipo de conductas y que ella misma también había sido acosada por él.
Su testimonio fue más allá. Según el acta, contó que Ávila esperaba a la estudiante a la salida de la universidad, la intimidaba jalándola del brazo cerca de las rutas de transporte público y le enviaba mensajes “inadecuados” al celular. También informó que ya se había presentado una denuncia ante la Fiscalía. La escena, registrada por la propia universidad, mostraba algo más que una queja informal: había un señalamiento reiterado, una percepción de riesgo y una ruta institucional que, dos meses después, seguía sin respuestas de fondo.
Antes de terminar la reunión también hablaron Alejandro Barrios, director del programa de Administración de Empresas y Ruth Gutiérrez, directora del Observatorio de Género de la universidad. Barrios dijo que tenía conocimiento del caso, pero que prefería no lanzar juicios sin escuchar las partes, pero, según el acta, “reiteró que si se ha dado atención al caso y que la noche del 6 de abril llamó al psicólogo y le recordó sobre el caso”. Gutiérrez, por su parte, sostuvo que en casos de este tipo “siempre se debe dar credibilidad y certeza al reporte de acoso por parte del o la estudiante”.
Con esa discusión terminó la reunión. Los compromisos fueron abrir un expediente, articular a la víctima con el consultorio jurídico para la restitución de derechos vulnerados y diseñar una campaña sobre violencia basada en género. Pero el expediente documental muestra que, mientras se formulaban compromisos generales, la decisión clave seguía sin tomarse: asignar a un docente que iniciara formalmente la investigación, como ordenaba la propia ruta institucional. El 16 de mayo de 2022 el Consejo de Facultad volvió a reunirse para hacer seguimiento al caso, que internamente fue denominado “abuso estudiantil”. El primero en hablar fue de nuevo el decano Patiño quien dijo que la estudiante aportó nuevas evidencias, en video y testimonios de acoso que habría sufrido en la biblioteca de la institución. También dijo que el jóven se presentó en su casa en estado de alicoramiento el sábado 14 de mayo.
A esas nuevas evidencias del presunto acoso se sumaron conceptos del área psicosocial. El psicólogo de la universidad, Ernes Jiménez, dijo que el estudiante estaba siendo atendido y que, en su observación, mostraba “rasgos psicopáticos asociados a conductas compulsivas”. Marta Carvajal, jefe de sección de Psicología, afirmó que “nunca se había tenido un caso como este en el que las partes no han podido conciliar debido a la conducta de acoso persistente del estudiante”. Aun así, la discusión del Consejo de Facultad se concentró en la “posibilidad de evitar” que el estudiante asumiera roles de poder sobre otros alumnos, especialmente en espacios académicos compartidos con la denunciante, mientras se definían otras medidas.
Según la ruta de atención para situaciones de violencia de género de la Universidad de Cartagena, una vez recibida la denuncia debía asignarse un profesor para asumir la investigación. Eso no ocurrió. En la sesión del 25 de mayo, el decano Patiño declaró que el Consejo de Facultad estaba impedido para escoger a dos docentes que adelantaran una indagación preliminar, porque el caso “supera los aspectos académicos” y no tenían competencias jurídicas para manejarlo. La decisión era llamativa por dos razones: primero, porque la propia ruta universitaria sí les asignaba un papel en el trámite; segundo, porque el mismo decano ya había informado hechos ocurridos dentro de la institución.
Patiño sostuvo que el asunto debía ser tratado por el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género, “ya que se trata de un acoso fuera de las instalaciones de la Universidad”. El 14 de julio de 2022, el Consejo de Facultad ratificó esa posición y volvió a declararse impedido, esta vez “por no tener los docentes competentes para manejar estos casos”. La respuesta institucional, en la práctica, fue la inacción. Cuando la estudiante se enteró de esa decisión, el 28 de agosto de 2022 envió una carta al Consejo de Facultad exigiendo que en diez días hábiles se asignara un profesor para investigar su denuncia. Recordó que el proceso debió iniciarse meses atrás y que ya habían pasado seis meses desde que se activó la ruta. Solo entonces, dos días después de la carta, el Consejo de Facultad volvió a reunirse para estudiar la petición y decidió nombrar al docente Germán Mejía Dager para adelantar la investigación.
Pero el nombramiento tampoco se tradujo en una respuesta rápida. Pasaron los meses sin que hubiera resultados visibles. El 12 de noviembre de 2022 la estudiante presentó un derecho de petición para solicitar copia del expediente. La universidad le respondió que esa información era reservada. Ante la negativa, interpuso una tutela para que le ampararan su derecho de petición. En la tutela, radicada el 28 de enero de 2023, denunció que el Consejo de Facultad había dilatado la entrega de información mediante citaciones presenciales que luego eran canceladas o aplazadas. Para ella, esa actitud no era un trámite menor: significaba permanecer expuesta mientras su agresor seguía sin sanción.
Fue en ese contexto que la estudiante acudió al Ministerio de Educación. La queja radicada el 10 de febrero de 2023 fue el punto de partida de la investigación administrativa que terminó en una sanción inédita. El 27 de octubre de ese año, la cartera ordenó verificar si la universidad había vulnerado su protocolo de atención frente a casos de discriminación, acoso y violencia sexual o de género. Tras revisar el material recolectado, concluyó que la Universidad de Cartagena “no fue proactiva ni diligente en el recaudo de las pruebas” y que la víctima tuvo que recurrir a múltiples acciones para impulsar un proceso que la institución mantuvo congelado.
Hasta aquí, el expediente ya mostraba algo más que simples fallas administrativas. Mostraba una universidad que, frente a una denuncia de violencia basada en género, optó por postergar decisiones, alegar falta de competencia y entregar respuestas tardías mientras el riesgo persistía. Ese fue el núcleo de la sanción. Y, como después se vería, también podría ser apenas un caso dentro de un problema mucho más amplio.
Respecto a la obligación que tenía la universidad de adelantar una investigación imparcial, el ministerio dijo que hay evidencias de que las actuaciones y pronunciamientos de la Universidad no constituyen simples fallas administrativas, sino que reflejan la persistencia de estereotipos de género profundamente arraigados que dieron lugar a manifestaciones de violencia institucional y generaron barreras de acceso a la justicia de la estudiante. En concreto la entidad apuntó que uno de los estereotipos en los que incurrió la institución fue la minimización. Para el ministerio, la decisión del Consejo de Facultad de “declararse impedido” y no asignar a profesor para investigar el caso, indica que “la violencia basada en género no es un problema de la comunidad académica, relegandolo a un plano secundario, en lugar de asumirlo como una responsabilidad estructural”.
Otro de los motivos que llevó al Ministerio a la sanción fue que la investigación del acoso del que era víctima la estudiante concluyó en mayo de 2024, dos años después de la denuncia, con la suspensión de Jorge Ávila por dos años en sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Sobre esto, se dijo que la sanción no se aplicó, pues el estudiante se había retirado en el segundo periodo de 2022 y en 2023 ni siquiera se matriculó en la universidad. “Esta situación no exime su responsabilidad a la institución debido a que la demora constituyó un peligro cierto y actual para los derechos de la denunciante y comprometió la eficacia en la prevención de violencias de género”, dice la resolución del ministerio.
A raíz de estos fundamentos, el ministerio sancionó a la universidad. En la resolución destacó que el rector William Malkún y el decano José Patiño, debían velar por el cumplimiento de las rutas de atención de violencia basada en género. Sin embargo, no supervisaron las labores del profesor Germán Mejía y no le dieron trámite oportuno a la queja de la estudiante. Deberán pagar 85 y 71 millones, respectivamente. Una vez se conoció la sanción, la Universidad de Cartagena emitió un comunicado en el que afirmó que respetaba la decisión, pero apuntó que la cartera desconoció la autonomía universitaria y recordó que la institución tiene potestad de regirse por sus propias normas internas, las cuales fueron ignoradas. "Rechazamos las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, las cuales desconocen nuestras normas internas, el debido proceso y afectan nuestra reputación y buen nombre", dice el comunicado firmado por el Consejo Académico.
Aunque fue el caso de la estudiante de Administración de Empresas el que llevó a una sanción inédita en el país, este sería la punta del iceberg de un historial de omisiones al interior de la Universidad de Cartagena para atender las violencias basadas en género. Desde hace años se vienen denunciando agresiones y abusos contra estudiantes, empleadas y docentes. Según el Ministerio de Educación se investigan más de 40 casos de violencia sexual entre 2023 y 2025 al interio del alma mater. De los casos que se investigan, en 19 de ellos los presuntos agresores serían docentes.
Los casos que se han documentado van desde acoso, abuso sexual, violencia verbal y comentarios sexuales y misóginos. Entre las víctimas hay una profesora de la Facultad de Derecho que denunció que durante 2023 fue víctima de acosos constantes por parte del decano de la facultad que terminó por desvincularla de la facultad cuando presentó las quejas ante la institución. Tres años después su caso no avanza y se le ha negado la información del mismo, al igual que con la estudiante.
En esa misma facultad otra profesora advirtió ante el Comité de Convivencia que el mismo decano de Derecho constantemente le hacía comentarios machistas como: “eres una mojigata” o “las mujeres solo sirven para abrir las piernas”. Adicionalmente dijo en su denuncia que recibía amenazas de ser expulsada de la facultad y recibía exceso de carga laboral. Hoy su caso no avanza, según pudo conocer RAYA. Entre las denuncias también hay una joven quien aseguró ante la Fiscalía haber sido violada en 2021 por un directivo de la Facultad de Administración que hoy sigue en su cargo.
Sumado a las denuncias que no avanzan, desde varios sectores de la universidad se apunta a un debilitamiento en los espacios académicos donde se tratan los temas de violencias basadas en género. Uno de los estamentos que se han pronunciado sobre esto han sido los estudiantes. A través de un comunicado de marzo de 2024, el Consejo de Estudiantes de Derecho dijo que había tenido conocimiento de que la asignatura electiva “Género, derechos Humanos y defensa judicial de la mujer” fue retirada en el periodo universitario, “sin tener en cuenta criterios objetivos y legítimos de porqué se retiró la asignatura siendo un componente esencial para estudiantes para poder defender sus derechos ante casos de Violencia de Género que se susciten en su vida diaria”.
Otra de las alertas de los estudiantes de Derecho que dieron a conocer en 2024 fue que el consultorio dedicado al área de violencia de género estaba siendo usado como un lugar para guardar cosas y no como un lugar para atender. “Guardan sillas, computadores, gavetas y no es lugar óptimo para atender a las personas que se encuentran inmersas dentro de estas situaciones”, dice el comunicado. Para las estudiantes acciones como estas dejan ver que dentro de la Facultad no hay un apoyo, por parte de la decanatura y del observatorio de género, en los presuntos casos violencia basada en género, “denotando que los comportamientos pueden posiblemente ser la materialización de las VBG en especial violencia psicológica dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”, finalizaron.
La Revista RAYA intentó comunicarse con el decano Patiño para preguntarle sobre el caso por el que fue sancionado. Sin embargo no respondió a los mensajes enviados y llamadas realizadas. Una de las preguntas que quedaron sin responder fue, ¿por qué la demora de más de seis meses para darle trámite a la investigación?
Además de la sanción económica que deberán pagar el decano, el rector y la Universidad de Cartagena, las víctimas esperan que a raíz de la sanción las directivas les ofrezcan una disculpa pública, reconozcan los vacíos que existen en la atención de las denuncias de violencia de género y se formen en este campo, pero sobre todo que garanticen que eso no volverá a pasar. ¿Hasta dónde tendrán que llegar las violencias de género para que se tomen medidas reales y efectivas?, fue la pregunta que se repitió a lo largo de esta investigación.
