Julián Quintero, una figura conocida en Colombia por hablar de drogas y fundador de ATS-Échele Cabeza, fue apartado de esa organización después de que varias mujeres lo señalaran de violencia sexual, pero él seguiría mandando por interpuesta persona. Ahora, la ONG y el propio Quintero circulan un documento que desprestigia a la excolaboradora que hizo la primera denuncia pública. El texto fue firmado por un supuesto colectivo del que no hay ningún rastro.
Por: Sebastián Forero Rueda
Julián Quintero, una de las voces más consultadas para hablar de drogas en Colombia y quien hasta hace poco dirigía la corporación Acción Técnica Social (ATS) y su proyecto bandera, ‘Échele Cabeza’, ha optado por promover una opaca respuesta contra la excolaboradora de su organización que lo denunció por violencia sexual en noviembre de 2025. Aunque en un primer momento su organización respondió a la denuncia —y a las que vinieron después por parte de otras extrabajadoras de la corporación— apartando a Quintero de todos sus cargos, en una nueva estrategia de defensa está promoviendo una supuesta investigación que busca desprestigiar a su principal denunciante con episodios pasados de su vida. La organización —así como Quintero— dice que no tiene nada que ver con ese informe, que sin embargo está promoviendo en todas sus redes, aparece firmado por un colectivo del que no hay ningún rastro y sus autores se niegan a identificarse.
A Julián Quintero lo señalan tres mujeres por distintos episodios de violencia sexual ocurridos en los últimos cinco años. La primera en denunciarlo, y quien lo ha hecho exponiendo públicamente su nombre y apellido, fue la investigadora estadounidense Yarelix Estrada, quien hizo público su testimonio en noviembre del año pasado en sus redes sociales y en chats donde participan decenas de organizaciones que hacen incidencia en temas de drogas en todo el mundo. También lo confirmó después en el diario El País América-Colombia. Según su relato, el 25 de julio del año pasado, tras un encuentro con varias personas en la sede del proyecto Échele Cabeza en el barrio Teusaquillo de Bogotá, ella se quedó dormida en una de las habitaciones y despertó cuando Quintero la estaba tocando sin su consentimiento y forzándola a consumir cocaína. También la tocó de esa forma en otro episodio ocurrido varios meses atrás, en marzo del año pasado, en Viena, en medio de un evento de política de drogas de las Naciones Unidas en el que coincidieron los dos.
Las otras dos mujeres que lo señalan, de forma anónima, le contaron su testimonio al medio Volcánicas. Según una de ellas, en un contexto de fiesta en febrero de 2024, también en la sede de Échele Cabeza, Quintero la llevó a una habitación y la tocó sin su consentimiento, cuando ella estaba en estado de embriaguez. La otra mujer también reporta un episodio muy similar, pero ocurrido en noviembre de 2020, cuando en una fiesta en la sede de la organización él acabó tocándola de forma no consentida. Todos los casos, según los testimonios, ocurrieron en contextos de fiesta, atravesados por la ingesta de alcohol y otras sustancias, un escenario en el que precisamente trabaja la organización que presidía Quintero para velar por que sean “espacios seguros”.
El mismo día en que se conoció la denuncia de Estrada, la junta directiva de ATS-Échele Cabeza emitió un comunicado en el que repudiaba los hechos, respaldaba a la denunciante y apartaba a Quintero de sus cargos como director ejecutivo, representante legal y le quitaba toda representación de la organización de la que hasta entonces había estado al frente. Dicha corporación existe en Colombia desde hace más de 15 años y es una de las más reputadas en temas de consumo de drogas, tanto así que cuenta con Estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, lo que le da un lugar privilegiado en la interlocución desde la sociedad civil con la ONU para definir la política de drogas a nivel global. La organización es más conocida por su proyecto principal, Échele Cabeza, que realiza testeo (pruebas) de sustancias psicoactivas para reducir riesgos y daños, y que suele estar presente en festivales y entornos de fiesta.
Pero el 13 de febrero pasado la organización hizo en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 230 mil seguidores, una publicación que tituló ‘Las acusaciones contra ATS ¿Justicia o sabotaje institucional?’, en la que reproducía una supuesta investigación que sostenía que la organización estaba siendo víctima de un sabotaje premeditado por parte de Yarelix Estrada, la mujer que denunció a Quintero. La corporación sostenía que era una investigación independiente que ellos no encargaron, no financiaron, de la que tampoco eran autores y en la que no tenían nada que ver.
Ese informe dice, básicamente, que Estrada ya tuvo en el pasado un episodio en el que acusó de abuso a una expareja suya en Estados Unidos, Colin Pugh, director de la Brooklyn Psychedelic Society. Y que ella ha participado en otros procesos de denuncia pública contra personas u organizaciones en el mundo de la incidencia en política de drogas y consumo. A partir de ello, el texto sostiene que se trata de una estrategia de Estrada para sabotear organizaciones sociales. La investigación sugiere que se trataría de “una venganza” de Estrada porque supuestamente la organización no la vinculó de forma permanente.
Además, intenta plantear una presunta asimetría de poder entre la denunciante y el denunciado: que ella nació en Estados Unidos, es egresada de una prestigiosa universidad como la Johns Hopkins University e investigadora para el departamento de salud pública de Nueva York. Y a él lo presenta de la siguiente manera: “En contraste, Julian Quintero es un estudiante de provincia, egresado de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, becado con una maestría de la Universidad de Salamanca, fundador de una pequeña ONG, Acción Técnica Social, ATS, que logró posicionar en la agenda internacional, el discurso más progresista de la región en torno a políticas públicas sobre drogas y regulación. Es definitivamente alguien que ha basado su imagen de figura pública en su capacidad de liderazgo”.
Esa investigación está firmada por un colectivo llamado ‘Diotima’, del que no existe ningún rastro. La revista RAYA se comunicó con ellos a través de un correo electrónico disponible en la investigación y la conversación se trasladó a la plataforma de mensajería Signal. Allí, uno de los supuestos miembros del colectivo se negó a identificarse y a atender una llamada telefónica. Dijo que eran un colectivo de varias personas, pero que preferían el anonimato para no enfrentarse a ‘escraches’ en redes sociales. Ese miembro defendió la existencia del “colectivo”, pero reconoció que, en realidad, esta investigación era la primera que publicaban. Es decir, no fue posible establecer una trayectoria previa verificable del supuesto colectivo.
Pero además, el vínculo de Julián Quintero con ese supuesto grupo que hizo la investigación que se quiere presentar como “independiente” es más estrecho de lo que quieren reconocer. En diálogo con la revista RAYA, Quintero evidenció que ya conocía la conversación que este medio había tenido con uno de ellos por Signal, lo que contradice la versión inicial según la cual nada tenían que ver los autores del texto con él ni con su organización. Después, reconoció que sí tiene un vínculo con uno de los supuestos integrantes de ese grupo. Además, en la conversación por Signal, el supuesto miembro envió como prueba de las acusaciones contra Yarelix Estrada chats que solo pudo haber obtenido por parte de Quintero o de Vanessa Morris, quien ha sido pareja de él y su socia durante años en la corporación. Los indicios recopilados por RAYA muestran que la supuesta independencia del colectivo es, como mínimo, cuestionable y que su informe terminó funcionando como una pieza de descrédito contra la mujer que denunció a Quintero por violencia sexual.
Laura Barreto Navarro, abogada senior de Women’s Link Worldwide, explicó en diálogo con la revista RAYA que esa estrategia de defensa reproduce un patrón que ha sido común en la respuesta de organizaciones frente a denuncias de violencia. “Cuando una organización enfrenta una denuncia de violencia basada en género, su obligación principal no es proteger su reputación sino garantizar un proceso independiente, transparente e imparcial (...) En lugar de ello, lo que vemos es la circulación de un documento que desacredita a la denunciante y construye una narrativa política sobre su biografía. Eso no solo se aleja de los estándares que se esperan de organizaciones que trabajan en derechos humanos, sino que además corre el riesgo de reproducir dinámicas de revictimización institucional”, sostuvo la abogada.
Para Barreto, que la organización quiera desplazar el debate hacia la reputación de la denunciante, cuestionando sus motivaciones o enmarcando la denuncia como sabotaje, la está revictimizando y, además, “envía un mensaje muy peligroso hacia dentro del movimiento: denunciar puede convertirse en un conflicto político contra quien denuncia”.
Pero el caso ha desnudado, además, que Quintero sigue ejerciendo influencia en la corporación ATS - Échele Cabeza, pese a que había sido supuestamente apartado. En todas sus redes sociales, la corporación sigue reproduciendo la investigación del supuesto colectivo que lo defiende y tiene fijados los enlaces directos al texto y a un resumen que preparó la propia organización. A la par, Quintero se ha encargado de circularla y, de hecho, él mismo la entregó al diario El País América-Colombia, el primer medio que publicó la denuncia en su contra, para que la reprodujera, algo que no ocurrió. Lo mismo ha hecho con otros medios de comunicación, que sin embargo tampoco la han reproducido.
Formalmente, tras la supuesta salida de Quintero, desde febrero pasado fue nombrada como directora de la organización la investigadora sobre drogas Estefanía Sánchez, graduada de la Universidad de Caldas. Según le respondió ella a esta revista, el rol actual de Quintero en la ONG es el de “exdirector, lo que implica que está haciendo una entrega formal y un proceso de empalme de las labores, proyectos y contactos”. Y añadió: “Julián claramente me ha apoyado en la transición de esta dirección, pero no tiene otro vínculo directo con la corporación”. Sostuvo que publicaron la investigación del colectivo Diotima con la intención de abrir un espacio para una perspectiva que su organización “no había tenido oportunidad de expresar en medio de las acusaciones”. “Fue un ejercicio de pluralidad, no un acto de parcialidad”, argumentó.
