RAYA revela contratos, documentos y fotografías que conectan a la empresa Jamilsecurity con el entorno de alias Fito, jefe de Los Choneros, una de las bandas criminales más poderosas de Ecuador. La empresa de seguridad obtuvo al menos tres millonarios contratos con entidades públicas que manejan salud y educación bajo el gobierno de Daniel Noboa. Un sobrino de Fito aparece como pieza clave del entramado.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Steven Vicente Intriago Macías, sobrino del extraditado narcotraficante y cabecilla de “Los Choneros”, José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", figuraba hasta hace ocho meses como uno de los mayores accionistas de la empresa de seguridad privada Jamilsecurity CIA. LTDA., fundada en 2020 en Manta, una ciudad costera con uno de los principales puertos involucrados en el tráfico de cocaína y ciudad natal de “Fito”. Su sobrino, Intriago Macías, llegó a esa compañía en abril de 2025, luego de que José Alejandro Pincay Ponce le vendiera 4 millones de acciones. Pincay, años atrás, había sido enjuiciado por portar unos gramos de cocaína.
Intriago se convirtió en socio de otra figura clave alrededor de “Los Choneros”, quien figuraba como uno de los fundadores y mayores accionistas de la compañía: Ronald Jonathan Solórzano Menéndez, investigado por tráfico de armas y heroína tras la detención de dos integrantes de esa banda criminal en agosto de 2021. En dicho operativo, realizado en Guayaquil, se incautaron fusiles, municiones de alto calibre y 300 dosis de heroína. “Los Choneros” sufrieron un fuerte golpe el 21 de julio del año pasado, cuando un tribunal federal de Brooklyn, Estados Unidos, solicitó la extradición de Fito por cargos internacionales de drogas y armas. Un mes después, tanto Intriago como Solórzano, el mismo día, el 27 de agosto, vendieron sus acciones.
De acuerdo con reportes financieros, en 2023 la compañía de seguridad Jamilsecurity registró ventas por 23.540 dólares, cifra que ascendió a 562.996 dólares durante el año 2024. Pese a este incremento, la empresa no registra trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su impuesto a la renta causado en 2024 fue de 5.410 dólares. Este crecimiento contrasta con el año 2021, cuando la firma reportó ingresos por apenas 180 dólares, un historial financiero que genera interrogantes sobre la capacidad operativa y la idoneidad técnica de la compañía.
Durante los años 2020 y 2022, dicha empresa estuvo inactiva y no reportó ingresos, ventas o movimientos económicos ante las autoridades ecuatorianas, pese a que es un requisito indispensable en la ley de contratación pública de Ecuador acreditar experiencia técnica. Bajo la norma ecuatoriana, las empresas de seguridad privada son controladas por la Dirección de Regulación de Seguridad Privada del Ministerio del Interior. La compañía, señalada por sus vínculos con personas del entorno de “Los Choneros”, no contaba, según los documentos revisados, con autorizaciones y certificados para prestar el servicio de seguridad en Ecuador.
Aún así, los contratos con el gobierno se empezaron a firmar el 9 de enero de 2024. Ese día, Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 111 —que declaró el "Conflicto Armado Interno" y calificó a "Los Choneros" como grupo terrorista—, al tiempo que el entonces rector de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), Eduardo Galeas Guijarro, firmó un contrato de seguridad con dicha empresa por 257.156 dólares, otorgando la vigilancia de ocho dependencias universitarias a Jamilsecurity, bajo la representación legal de José Alejandro Pincay Ponce. El contrato se formalizó mediante un instrumento de apenas nueve páginas, el cual, tras una revisión técnica, evidencia la ausencia de especificaciones rigurosas y proporcionales a la complejidad y naturaleza del servicio contratado.
Otros participantes y oferentes, que participaron en la licitación, denunciaron ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) las irregularidades y el presunto direccionamiento; aseguraron que sus ofertas fueron descartadas bajo criterios que rozan la ilegalidad. La compañía Custodia y Seguridad Privada Cussepri, por ejemplo, fue eliminada del concurso debido a una multa de tránsito registrada a nombre de uno de sus accionistas. Mientras que la Compañía Limitada de Seguridad Privada Copriseg fue descalificada tras ser señalada como "deudora del Estado", una afirmación que se realizó sin presentar pruebas documentales que la sustentaran.
Con la descalificación de las empresas competidoras, el camino quedó libre para que la empresa señalada de tener vínculos con Los Choneros asumiera el control de la seguridad en la UTB. En mayo del año pasado, Jamilsecurity volvió a ganar un nuevo contrato por 258.518 dólares adjudicado por el rector Marcos David Oviedo Rodríguez. Ese proceso de selección recibió críticas por la exclusión de empresas competidoras. Aunque participaron siete compañías de seguridad, la comisión técnica descalificó a seis de ellas por supuestos incumplimientos en los requisitos.
Al tramo final solo llegaron dos firmas: Jamilsecurity y Securitytotal. Esta última fue desechada bajo el argumento de que su oferta económica era superior, dejando la vía libre a la empresa relacionada con “Los Choneros”. El 13 de mayo del año pasado, el rector Oviedo Rodríguez adjudicó el servicio de vigilancia a Jamilsecurity. La resolución se emitió de forma expedita, omitiendo detalles técnicos o legales que justificaran por qué, por segunda vez consecutiva, una entidad educativa entregaba el contrato a una empresa de seguridad que, según los documentos revisados, no contaba con las certificaciones y permisos necesarios de la autoridad competente.
La expansión operativa de "Los Choneros" ha sido documentada en diversas zonas del país, con especial énfasis en el litoral ecuatoriano. Un punto crítico de este despliegue es Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, urbe que recientemente fue catalogada como la segunda localidad más violenta del mundo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En 2025, la ciudad alcanzó una tasa de 166 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese mismo periodo, la empresa Jamilsecurity ya contaba con el contrato para prestar seguridad en diferentes sedes de la universidad de Babahoyo.
Pero la empresa de seguridad Jamilsecurity, cuyos vínculos con alias Fito se dan a través de su sobrino, como lo revelamos al inicio de este reportaje, trascendió del sector de la educación pública al de la salud. El 19 de septiembre de 2024, el Hospital General de Manta, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), firmó un contrato de seguridad con esta empresa por US$2,4 millones para prestar el servicio durante 24 meses, con 35 guardias sin armamento. El proceso fue suscrito por la representación jurídica del hospital y ratificado por su entonces gerente.
La administración del hospital justificó la selección de Jamilsecurity bajo el argumento de que su oferta era la “más económica” frente a la empresa Grupo Gedeon. No obstante, la revisión de las proformas certificadas por el IESS contradice esa afirmación: en las cotizaciones no figura Grupo Gedeon; en su lugar, constan únicamente Jamilsecurity y Arviseg CIA. LTDA.
Mientras Jamilsecurity, empresa vinculada con personas del entorno de alias Fito, presentó una cotización inicial por US$3.486.432, la compañía Arviseg presentó una propuesta por US$3.158.820. Sin embargo, el contrato finalmente adjudicado a Jamilsecurity quedó por US$2,4 millones. Esa variación debe ser explicada en el expediente contractual, pues, según las cotizaciones iniciales, existía una opción que representaba un ahorro aproximado de US$330.000 para el Estado. Aun así, las autoridades hospitalarias adjudicaron el contrato a Jamilsecurity, que en la cotización inicial aparecía como la oferta de mayor costo, e inhabilitaron la participación de la competencia en las fases siguientes del proceso.
Estas irregularidades en el proceso de contratación abren preguntas en la estructura administrativa del hospital. El 6 de agosto de 2025, el expresidente del directorio del IESS, Edgar José Lama Von Buchwald, abogado defensor del único procesado por tráfico de cocaína en el caso Noboa Trading, confirmó la desvinculación de Erika Paola Macías Cuenca, cuñada de alias "Fito", quien se desempeñaba en el área de selección de personal.
Bajo la gestión de Macías Cuenca, ingresó a la institución Jairo Fermín Ampuno Santos como auxiliar de contabilidad. Ampuno Santos elaboró el informe técnico de contratación que terminó favoreciendo a Jamilsecurity, lo que abre una línea de investigación sobre un posible direccionamiento interno: una funcionaria vinculada familiarmente con alias Fito trabajaba en selección de personal y un funcionario vinculado durante su gestión elaboró el informe técnico que favoreció a Jamilsecurity.
La cuñada de alias “Fito”, Erika Paola Macías Cuenca, ha ocupado cargos en el gobierno nacional y local de Manta. Entre 2015 y 2021 se mantuvo en el Municipio de Manta, bajo la gestión del exalcalde Agustín Intriago, asesinado en 2023 por presuntos integrantes de “Los Lobos”, banda rival de “Los Choneros”. En 2021 ingresó como directora de Talento Humano del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y, entre 2023 y 2026, ocupó la misma función en el Hospital General de Manta del IESS, institución que le otorgó los contratos de seguridad a Jamilsecurity.
La trascendencia de Macías Cuenca fue señalada también por el narcotraficante ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, también conocido como “El Negro Willy” o “Comandante Willy”, quien la identificó como “el enlace directo con Acción Democrática Nacional (ADN)”, el partido del presidente Daniel Noboa. Según esa versión, Macías Cuenca habría “canalizado los fondos” del supuesto financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Noboa. Esta afirmación la hizo El Negro Willy el 21 de marzo de 2026, en una entrevista con el diario El Mundo.
En el ámbito internacional, el presidente Daniel Noboa ha señalado responsabilidades externas por la crisis de seguridad en Ecuador, sugiriendo incluso vínculos entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y el crimen organizado. No obstante, los registros oficiales, contratos y evidencias fotográficas conocidos por RAYA muestran vínculos entre la estructura criminal de "Los Choneros" y el entorno político y familiar del propio Daniel Noboa.
En el marco de esta red de influencias, resalta un registro visual que ha generado cuestionamientos sobre el entorno del Ejecutivo. Una fotografía muestra a los padres del presidente Daniel Noboa —la asambleísta Anabella Azín y el empresario Álvaro Noboa— junto a Ronald Francisco Cantos Sacón, abogado de confianza de la familia de alias “Fito”. Cantos Sacón cobró relevancia internacional en mayo de 2024, cuando fue expulsado de Argentina por su presunta vinculación con el tráfico de armas y por representar, según denunció la entonces ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, intereses vinculados a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en la ciudad de Córdoba.
https://x.com/PatoBullrich/status/1785756540084814012
El abogado Cantos Sacón fue uno de los juristas que impulsó una acción de habeas corpus a favor de Junior Alexander Roldán Paredes, alias "JR", aliado de "Fito" y líder de "Los Águilas", brazo armado de la estructura criminal "Los Choneros". Tras su fuga de Ecuador en 2023, Roldán fue reportado muerto en la ciudad de Envigado, Antioquia. Sin embargo, sus restos nunca fueron repatriados a Ecuador y días más tarde desaparecieron del cementerio de Envigado. El mail y los nombres completos de este abogado, que aparece en las fotografías junto a los padres del presidente Daniel Noboa, figuran en la querella ante la justicia ecuatoriana.
Dentro de los antecedentes que vinculan al círculo cercano de la estructura criminal, se destaca la figura de Inda Peñarrieta Tuárez, esposa de alias "Fito", quien enfrenta un proceso judicial por el presunto lavado de activos. Esta causa, instruida por la justicia ecuatoriana contra el núcleo familiar y operativo de la organización, incluye también a Steeven Intriago Macías, sobrino de Macías Villamar y accionista de la empresa de seguridad Jamilsecurity.
Pese a la gravedad de las imputaciones, hasta la fecha no se ha emitido una sentencia definitiva en este caso. Tanto Intriago como Peñarrieta Tuárez constan como accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A., entidad bajo investigación por su presunta utilización en el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La operatividad de Jomavi S.A. establece un nexo directo con Peñarrieta Tuárez, a quien la Fiscalía señala por la recepción de depósitos millonarios en sus cuentas bancarias. Debido a estos flujos financieros, la procesada permanece vinculada a la instrucción fiscal por lavado de activos junto a su cónyuge, sus cuñados y otros integrantes de la jerarquía de la organización criminal.
