Las alusiones de Abelardo de la Espriella y su aliada Paloma Valencia al comunismo y al castrochavismo no surgen de la nada. Recogen una doctrina de seguridad impulsada por Estados Unidos en los años sesenta, que en Colombia sirvió para justificar la persecución de militantes de izquierda, sindicalistas, líderes sociales, estudiantes y defensores de derechos humanos. Su rastro recorre el paramilitarismo, el genocidio de la Unión Patriótica y los falsos positivos.
Por: Juan Sebastián Lozano
Desde hace décadas, la política y el activismo de izquierda y en defensa de los derechos humanos en Colombia cargan con un estigma. En este proceso electoral las campañas de derecha y extrema derecha siguen alimentándolo con declaraciones en medios de comunicación y redes sociales.
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, denunció en una entrevista con Daniel Coronell, el 22 de marzo de este año, la caricaturización que sus rivales cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez hacen de su campaña. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella invocan de nuevo los fantasmas del comunismo y el castrochavismo para asustar a posibles votantes. La estrategia les permite ganar adhesiones sin discutir a fondo sus propuestas.
Abelardo de la Espriella no es Scooby Doo —el perro de caricatura que perseguía fantasmas—: se autopercibe como un tigre feroz que va a someter a Cepeda, a quien representa como una hiena en animaciones de campaña compartidas por aliados y seguidores. En Revista Semana dijo que Cepeda es un "símbolo del comunismo extremo" y "heredero de lo más peligroso de la izquierda radical". En diciembre de 2025, en Caracol Radio, fue categórico: "Cepeda es comunismo, yo soy respeto, libertad, democracia". En La FM afirmó que quería "destripar a la izquierda", expresión que luego matizó. También se ha referido al presidente Gustavo Petro como un aliado del narcoterrorismo.
Paloma Valencia, en febrero, dijo a El Colombiano: "El camino que nos está proponiendo Petro y Cepeda es el camino de Cuba y de Venezuela: destrucción institucional, destrucción del sector productivo y la expulsión de la ciudadanía". En la celebración de su triunfo en consulta, el 8 de marzo, repitió una idea similar y, en un reciente debate en el Congreso, afirmó que Cepeda es comunista. En 2021 ya había asegurado en Semana que Cuba busca "imponer el modelo socialista-comunista" en la región usando a las guerrillas.
Iván Cepeda, por su parte, ha sido claro sobre su posición ideológica: se define como progresista y ha dicho que el modelo económico que propone es un capitalismo social adaptado a la realidad colombiana para disminuir la desigualdad. Los datos muestran la magnitud de esa desigualdad: según estimaciones de la World Inequality Database, en Colombia el 10% más rico concentra alrededor del 60% del ingreso total, mientras que el 50% con menos ingresos recibe cerca del 7%. En materia de tierras, la concentración es aún más extrema: según datos del IGAC, el coeficiente Gini de la propiedad rural en Colombia ha rondado 0,89, uno de los niveles más altos del mundo.
La izquierda en el mundo es amplia y heterogénea —incluye corrientes distintas como la socialdemocracia europea, el progresismo latinoamericano o el marxismo-leninismo—, pero en Colombia buena parte de la propaganda política de derecha reduce todas sus variantes al socialismo autoritario. Ese desconocimiento de los matices no es casual. Es el resultado de una política impulsada durante décadas por Estados Unidos que convirtió al comunismo en una amenaza total y a sus supuestos simpatizantes en enemigos del Estado. La doctrina dejó miles de muertos entre quienes cuestionaron, desde distintas orillas, el sistema político y económico dominante.
El nacimiento de una doctrina de Guerra Fría
Para entender por qué en Colombia llamar "comunista" a un político equivalía muchas veces a condenarlo políticamente —e incluso físicamente— hay que regresar a 1962, en plena Guerra Fría. En febrero de ese año, durante los últimos meses del gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, Estados Unidos envió una misión militar encabezada por el general William P. Yarborough, que visitó cuatro brigadas del Ejército colombiano para evaluar la capacidad contrainsurgente del Estado. La Comisión de la Verdad señaló a esta misión como el hito que dejó sentadas las bases de la doctrina contrainsurgente, conocida en el continente como de Seguridad Nacional, aplicada durante las décadas siguientes con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Bajo esa lógica, el enemigo dejó de ser únicamente externo: el peligro podía estar adentro de cada país.
La investigadora Magda Alicia Ahumada, en su libro El enemigo interno en Colombia (Abya-Yala, 2007), explica que esa doctrina consolidó a las Fuerzas Armadas como actor central de la vida política y social. El "enemigo" ya no era solo un ejército extranjero: pasaba a incluir a quienes cuestionaran el orden político, económico o institucional.
El punto más inquietante quedó consignado en el "Secret Supplement" del informe producido durante la misión, hoy en los archivos de la Biblioteca John F. Kennedy. Allí, los asesores estadounidenses recomendaron seleccionar personal civil y militar para entrenarlos clandestinamente y, si fuera necesario, ejecutar "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos". Diversos investigadores y la propia Comisión de la Verdad consideran ese documento uno de los antecedentes doctrinales del paramilitarismo en Colombia.
La Escuela de las Américas: la expansión continental
La doctrina no se limitó a recomendaciones escritas: también requirió formación. Con ese objetivo, Estados Unidos fortaleció la Escuela de las Américas, creada en Panamá en 1946 y que, desde los años sesenta —cuando adoptó el nombre definitivo y reorientó su misión hacia la contrainsurgencia—, se convirtió en el principal centro de entrenamiento de oficiales latinoamericanos. Hasta 1999 habían pasado por sus aulas más de 60.000 militares del continente, entrenados en inteligencia, contrainsurgencia y combate contra movimientos considerados afines al comunismo.
Con los años, la escuela acumuló denuncias por entrenamientos asociados a torturas, desapariciones y represión política; en 1996 el Pentágono desclasificó manuales que confirmaron esas prácticas. Activistas y organizaciones de derechos humanos la apodaron "la escuela de asesinos". Entre sus egresados estuvieron dictadores como Hugo Banzer de Bolivia y Leopoldo Galtieri de Argentina; los propios registros de la escuela muestran que un tercio de los oficiales de la DINA —la policía secreta de Pinochet— se formaron allí.
Colombia se integró tempranamente a esa estrategia: hasta 1999 el país había enviado 9.558 oficiales a la escuela, que en 1984 trasladó sus operaciones de Panamá a Fort Benning, Georgia, y en 2001 fue cerrada y reemplazada por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
¿Quién era el "enemigo interno"?
La amplitud de esta doctrina fue una de sus características más devastadoras. El sacerdote jesuita e investigador del CINEP Javier Giraldo Moreno ha documentado durante décadas que el estigma alcanzó no solo a integrantes de grupos armados, sino también a sindicalistas, líderes campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos, sacerdotes vinculados a la teología de la liberación y periodistas. En palabras de Ahumada, el comunismo era presentado como una amenaza contra el orden social y las "instituciones libres", lo que hacía que distintas formas de inconformidad social pudieran interpretarse como subversión.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en 2022 tras cuatro años de trabajo y cerca de 30.000 testimonios, llegó a una conclusión que los candidatos de extrema derecha desconocen o desechan: la estigmatización concebida como mecanismo para la construcción del enemigo interno fue fundamental para la persistencia del conflicto en Colombia, pues a través de ella se justificó la persecución contra contradictores políticos para su exterminio.
La Comisión también documentó que las agencias de inteligencia infiltraron en diferentes épocas a grupos guerrilleros, pero también a partidos y movimientos políticos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales, cívicas y culturales.
El Estatuto de Seguridad y la institucionalización de la persecución
La doctrina encontró una de sus expresiones jurídicas más fuertes durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). El Estatuto de Seguridad Nacional (Decreto 1923 de 1978) puso en la mira a militantes, sindicalistas, líderes sociales, universitarios e intelectuales considerados opositores —lo documenta un artículo del Anuario de Historia Regional y de las Fronteras de la Universidad Industrial de Santander. El CINEP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el Estatuto otorgó facultades extraordinarias a la fuerza pública, incluyendo detenciones sin orden judicial y juzgamiento de civiles.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, mediante actas del Consejo de Ministros se ordenó la detención de 3.752 personas en unidades militares; la misma Comisión documentó 1.322 víctimas de tortura entre 1978 y 1982. Amnistía Internacional, tras su visita al país en enero de 1980, documentó torturas en 35 centros de detención —incluyendo la Escuela de Caballería en Usaquén y el Batallón Pichincha en Cali— y recomendó levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto. La Corte Suprema de Justicia terminó por quitarle sus principales excesos al Estatuto en noviembre de 1981; Turbay lo derogó formalmente en junio de 1982.
El genocidio político de la Unión Patriótica
No se puede hablar de la doctrina del enemigo interno sin mencionar una de sus consecuencias más brutales: el exterminio de la Unión Patriótica. La UP surgió tras los Acuerdos de La Uribe de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, como una apuesta para abrir espacios de participación política por vías democráticas. Terminó convertida en blanco de una campaña sistemática de violencia y persecución. La JEP y la Comisión de la Verdad documentaron al menos 8.924 víctimas entre 1984 y 2016, incluyendo más de 5.700 personas asesinadas o desaparecidas, entre ellas dos candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa—, congresistas, diputados, concejales y miles de militantes de base. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por ese exterminio sistemático.
El asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, ocurrió el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Capitolio. Fue víctima del "Plan Golpe de Gracia", una estrategia diseñada por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares para eliminar a los dirigentes de la UP. En 2010, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por ese crimen.
Tres décadas después, quienes heredaron política e ideológicamente a Uribe continúan la estigmatización, ahora en redes sociales y en campaña electoral. El propio Uribe ha llamado a Cepeda "candidato del terrorismo" y "candidato del narcoterrorismo", ha dicho que "se crió en la FARC" y que "le hacía las movilizaciones" a esa organización, vinculándolo a archivos incautados al jefe guerrillero alias Raúl Reyes —material que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal como prueba en 2011, por haber sido obtenido en territorio ecuatoriano sin autorización de las autoridades locales y con irregularidades en la cadena de custodia. Sus hijos prolongan la campaña en X: Tomás Uribe lo llamó "heredero de las FARC" y "padre de la nueva Marquetalia" (mayo de 2026); Jerónimo Uribe afirmó que Cepeda "nunca fue investigado por sus vínculos con la FARC" (julio de 2025). Cepeda ha anunciado acciones penales por calumnia contra quienes lo vinculan con esa guerrilla; no existen procesos judiciales en su contra por esas acusaciones.
A su vez, Cepeda le ha recordado a los Uribe que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue condenado en segunda instancia en noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia como líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles —condena que su defensa ha impugnado ante la Corte Suprema y aún no está en firme. En un álgido debate con Paloma Valencia en el congreso, Cepeda preguntó: "¿Los 12 Apóstoles fueron 12 o fueron 13?". El fuego verbal cruzado entre los políticos continúa.
La Seguridad Democrática y los falsos positivos
Aunque la Guerra Fría terminó, la lógica del enemigo interno sobrevivió al conflicto bipolar. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sectores académicos y organizaciones de derechos humanos señalaron que esa lógica persistió bajo la política de "Seguridad Democrática". La presión por mostrar resultados militares creó el contexto para las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. La JEP documentó inicialmente 6.402 posibles víctimas entre 2002 y 2008; en abril de 2026, tras ampliar el período de análisis, actualizó esa cifra a 7.837 víctimas entre 1990 y 2016 —número que la propia JEP advirtió como provisional y sujeto a seguir creciendo.
En noviembre de 2025, la JEP imputó a 30 militares, incluidos tres generales retirados, por 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas cometidos en Meta entre 2002 y 2007. En septiembre de ese mismo año había emitido su primera sentencia por falsos positivos: 12 militares del Batallón La Popa recibieron sanciones restaurativas de hasta ocho años por 135 ejecuciones extrajudiciales en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
El ESMAD, creado en 1999, también ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como una continuidad de ese enfoque. Según un análisis de La Liga Contra el Silencio sobre el Banco de Datos del CINEP, entre su creación y junio de 2019 acumuló 986 casos de detenciones arbitrarias, 86 de tortura y 45 desapariciones forzadas.
La herencia que persiste
Las alusiones al comunismo y al castrochavismo que hoy reaparecen en campaña no surgieron de la nada. Forman parte de una tradición construida durante décadas en la que amplios sectores de la izquierda fueron presentados como amenazas existenciales para el país. Las declaraciones de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella reviven esa narrativa: la idea de que el contradictor político no es simplemente un adversario democrático, sino un enemigo que pone en riesgo la nación.
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, lo expresó con precisión al arrancar su mandato en noviembre de 2018: "No sabemos qué será este país sin narcotráfico, sin guerrilla, sin paramilitares, sin una seguridad dedicada a buscar al enemigo interno." Esa fue la pregunta que la Comisión dejó abierta. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella dan su respuesta en campaña: seguir buscándolo.
La Comisión también concluyó que esa concepción obstaculizó durante décadas los espacios de negociación política, limitó los debates sobre reforma agraria y debilitó la democracia. El Acuerdo de Paz de 2016, en su Punto 2 sobre participación política, intentó cortar ese ciclo: con el fin de evitar la estigmatización y la persecución, contempló la elaboración de un estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Ese estatuto fue aprobado por el Congreso en 2018, tras más de 25 años de intentos fallidos. En la campaña presidencial actual, su letra importa cada vez menos en la práctica.
Cuando el debate público se reduce a fantasmas ideológicos y etiquetas absolutas, desaparece el matiz, no se entra en profundidad a los temas que merecen debate. El adversario deja de ser un contradictor y se convierte en una amenaza a destruir. Y en un país marcado por décadas de violencia política, el exterminio no se queda en retórica.
