Este viernes finalmente la Fiscalía realizará la indagatoria al expresidente Alvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. RAYA examina una pregunta latente que sigue sin resolverse: ¿en qué contexto se compraron las tierras de los campesinos de Ituango para la hidroeléctrica? La socióloga ituanguina Nubia Ciro sostiene que las masacres, los desplazamientos y el asesinato de líderes debilitaron la capacidad colectiva de las comunidades cuando EPM negoció, predio a predio, las tierras requeridas para Hidroituango.
Por: Redacción Revista RAYA
Todo está previsto para que este viernes 4 de septiembre la Fiscalía realice la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro, ocurrida en ese pequeño caserío en las montañas de Ituango (Antioquia), tras una incursión paramilitar que tuvo lugar entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 cuando Uribe era gobernador del departamento. La investigación también abarca la masacre de La Granja, cuyo corregimiento lleva el mismo nombre, perpetrada en junio de 1996; y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, cometido en Medellín en febrero de 1998, después de que denunciara la connivencia entre agentes estatales y paramilitares precisamente para ejecutar esas matanzas.
Paramilitares y testigos han señalado ante la justicia la presencia de al menos un helicóptero de la Gobernación en el sitio, así como la presunta connivencia oficial que habría permitido que miembros de los paramilitares de Carlos Castaño penetraran sin obstáculos hasta el lugar de los hechos, en coordinación con miembros de la Fuerza Pública, como lo ha documentado la Revista RAYA. Uribe y sus abogados han intentado aplazar o trasladar la investigación a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República por este y otros casos que lo relacionan con el paramilitarismo.
Vea la investigación: Las maniobras de Uribe para dilatar imputación por masacre de El Aro
Pero hay una arista de esta oleada de violencia de la que poco se habla: el papel que podrían haber jugado en la arremetida paramilitar los intereses corporativos de un megaproyecto que las élites paisas cocinaban en la región desde la década de 1970: Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país que tomó forma institucional dos meses después de la masacre y cuyo proyecto fue impulsado por Uribe desde la Gobernación de Antioquia. La ordenanza para crear la sociedad que luego sacaría adelante el proyecto fue firmada por el entonces gobernador Uribe y reposa en los anales de la Asamblea Departamental de Antioquia. Ese fue uno de los últimos actos administrativos de su mandato en la Gobernación, aprobado el 29 de diciembre de 1997, dos días antes de dejar el cargo.
Para entender la relación que la violencia política pudo tener con este megaproyecto conversamos con la socióloga e investigadora Nubia Ciro Zuleta, hija de Ituango y víctima de la violencia, quien investigó el proceso de despojo y acumulación de tierras previo a la construcción de la represa. Según Ciro, hay una relación directa entre el proyecto y el auge de la violencia paramilitar en su municipio, con un caso específico: la masacre de El Aro.
Su trabajo sobre el tema no es reciente. Ciro es socióloga de la Universidad de Antioquia, lideresa social y coordinadora de Agenda Ituango, una articulación de organizaciones que hace seguimiento a la situación de derechos humanos y a las necesidades del campesinado del municipio. En 2008 presentó en esa universidad la tesis de grado La guerra como proyecto económico-político: caso Pescadero-Ituango y ha acompañado a víctimas de las masacres de El Aro y La Granja.
RAYA: ¿Cuáles son los hallazgos de su investigación sobre Hidroituango?
Nubia Ciro: La investigación que hice fue sobre todo el tema de gestión de tierras: cómo se movieron previamente las tierras alrededor de la represa de Hidroituango, cómo fue ese mercado de tierras, cuáles fueron las condiciones para la compra por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y cuáles fueron las adecuaciones que se hicieron políticas y administrativas por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia con la promulgación de una ordenanza para crear la empresa del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango, como se llamó en su momento.
RAYA: ¿Hubo una coincidencia entre la forma como se compraron las tierras para el megaproyecto y la arremetida violenta?
Nubia Ciro: Sí. A la hora de hacerle un seguimiento detenido al proceso previo de implementación, que arrancó en la década del setenta con la idea del negocio y las condiciones del río, aparece un proceso de especulación sobre la tierra. Pero es en la década del noventa, en 1996 cuando llegan los grupos paramilitares y se acentúa ese proceso, principalmente en 1997, cuando se asientan en los doce municipios de la zona de influencia de la represa implementando acciones violentas que dejaron estos territorios vacíos: hubo masacres, desplazamientos, violencias contra las mujeres, pero no eran hechos aislados ni individuales, sino que generaban que los pueblos quedaran completamente vacíos, como en el caso de El Aro. Sólo este territorio tenía antes de la masacre más de 600 pobladores. También fue una violencia muy descarnada y acentuada en los liderazgos, de manera que rompió el tejido social, comunitario y organizativo de raíz, completamente. Una de las personas que mataron en El Aro y con cuyo cuerpo hicieron un montón de vejámenes era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Él tenía una tiendita con la que le compraba las cosechas a la gente y las vendía en los municipios cercanos, le fiaba mercados a las personas, y esa fue la mayor acusación del paramilitarismo: decir que él financiaba a las guerrillas porque compraba cosecha. Lo que había de fondo era el propósito de desarticular por completo a una comunidad.
RAYA: ¿Cómo se llamaba ese líder?
Nubia Ciro: El señor se llamaba Marco Aurelio Areiza, si no estoy mal.
RAYA: Entonces fue una política de tierra arrasada…
Nubia Ciro: Ocho o diez años después, entró un pool de abogados a comprar tierras con unos criterios que no se ajustan en lo absoluto ni a la topografía, ni a las condiciones de las tierras en Ituango. Primero, no había quién pudiera hacer resistencia, porque ya las zonas de influencia del megaproyecto estaban abandonadas, con las fincas llenas de monte. Comenzaron a hacer una negociación uno a uno, obligaban a los campesinos a firmar unas cláusulas de confidencialidad en donde no le podían decir a los otros por cuánto habían hecho la negociación. Para esa época le escuché a una familia del municipio de San Andrés de Cuerquia que les iban a comprar el predio para la ampliación de la vía, les ofrecieron cincuenta pesos por metro cuadrado… Ese precio ni siquiera le tocó a mi papá en la década del cincuenta cuando compró una finca en Ituango para nosotros… Entonces la capacidad de negociación era muy baja por parte de las comunidades, fue un pool de abogados que venía negociando con unos criterios concertados por ellos, pero que no se ajustaban a las realidades del territorio. Había un supuesto representante de la comunidad que no abogó para que las condiciones fueran mejores. Cuando EPM empieza a negociar la energía que va a producir en Hidroituango vende el proyecto en la bolsa como el kilovatio más barato de energía en la historia, pues claro, eso responde a que ellos no pagaron por la tierra lo que tenían que pagar.
RAYA: ¿Por eso salió tan barato el proyecto?
Nubia Ciro: Exactamente. El costo más alto dentro de cualquier proyecto son las tierras, se puede ver en infraestructura en las ciudades, pero pues acá ya se había hecho un trabajo previo que era desarticular la comunidad y quitarle no sólo las organizaciones sino incluso la posibilidad de estar y sus proyectos de vida. Eso fue lo que pasó en El Aro: un arrasamiento completo, no sólo de la comunidad sino de los medios de vida que tenían también. Las coincidencias son muchas, no sólo es el incremento de la violencia. En Ituango empezamos a identificar los momentos de violencia que había pasado el municipio, y nos sorprendimos con la línea de tiempo, porque de los setenta al noventa hubo la violencia de las guerrillas, pero en los noventa se acentuó una violencia durísima de los paramilitares principalmente en la zona de influencia de Hidroituango y también en la zona del Nudo del Paramillo, lo mismo que pasó en El Aro pasó también en las veredas cercanas al Paramillo. Y desde el 2006 en adelante llegó la violencia del Estado con las capturas masivas de pobladores y una connivencia con la Fiscalía porque tuvimos una persecución increíble: salíamos en sentencias como si todo el municipio de Ituango fuera parte de las FARC, mediante la estigmatización y el señalamiento le pusieron la lápida a todo el municipio por la oposición que se estaba haciendo a la represa de Hidroituango. Aparecieron listas, mi hermana que trabajaba en la administración municipal fue señalada de colaboradora de la guerrilla… Fue una violencia estatal aliada con EPM para sacar adelante ese proyecto como fuera.
RAYA: ¿Fue durante la gobernación de Álvaro Uribe que el proyecto tomó forma?
Nubia Ciro: Fue desde la Asamblea Departamental donde se creó la ordenanza, obviamente bajo la dirección de Álvaro Uribe como gobernador, para crear la firma promotora Pescadero Ituango. La conformaron y le asignaron recursos para empezar toda la gestión política, administrativa y económica para echar a andar la obra. Fueron unas acciones conjuntas: la gestión de la tierra, cómo se estaba moviendo el mercado de tierras y qué era lo que se estaba posibilitando, sumado a todo el trámite político, jurídico y administrativo que se dio desde la Gobernación de Antioquia, a la par llegaron las acciones violentas contra la población que buscaban romper las comunidades, romper los liderazgos y romper con cualquier capacidad de la gente para oponerse al proyecto y a la negociación de las tierras.
RAYA: Uribe ya tenía experiencia previa trabajando en EPM en su juventud con los desalojos y las indemnizaciones a los pobladores del antiguo municipio de El Peñol (Antioquia), que fue inundado para construir otra represa… ¿Qué relación encuentra entre ese antecedente y los intereses que impulsaron Hidroituango?
Nubia Ciro: Sí. Yo creo que para ellos era un negocio. Hidroituango no hizo parte de una iniciativa que fuera a resolver problemas territoriales, ni siquiera nacionales. Hidroituango nació por una idea de exportar energía a Centroamérica y darle electricidad a los proyectos mineros de oro, por eso el lugar en donde se construyó. Esa energía no estaba proyectada para aliviar nuestras necesidades, de hecho, viendo el incremento en las tarifas en Ituango, allá pensamos que en los doce municipios de las zonas de influencia pagamos la represa vía factura, se paga como si viviéramos en estrato cinco. Terminamos además con los daños ambientales irreparables, con unos daños culturales y una modificación en la economía de estos pueblos. Todo eso lo terminamos pagando nosotros, con los impactos ambientales y los impactos en las comunidades que ya no pueden desarrollar sus actividades sobre el río. Menciono sólo un caso: ¿cuánto cuesta el material de arena para construir una casa? Antes lo sacábamos del Cauca, ahora que el río fue privatizado tenemos que traerlo de otro lado, el valor se ha incrementado porque se privatizó un recurso que era de todos: que daba alimento, transporte… Había montones de personas que se dedicaban al barequeo y la minería artesanal y a la vez cultivaban la tierra. La gente tenía toda su vida alrededor del río.
RAYA: La represa es un hecho consumado y hay responsabilidades políticas, pero también hubo personas naturales e inversionistas metidos en ese proyecto… ¿Quiénes fueron y qué riesgos persisten para las poblaciones aguas abajo?
Nubia Ciro: Claro, firmas locales como CCC, como Cementos Argos, que eran accionistas y al mismo tiempo proveedoras y contratistas de la construcción. Esto ha sido un yo con yo, cuando se creó el consorcio era de personas particulares que a la vez tenían firmas contratistas. Fue luego en la crisis por la inundación que tuvieron que pedir apoyo fuera del país para recomponer esa barbarie que habían hecho. Ahora, hay estudios científicos probados de la falla geológica que tiene esa montaña sobre la que está la represa, nos preocupa mucho que el actual gobernador Andrés Julián Rendón solicitara el incremento en la cota del agua del embalse, sobre todo cuando están pasando todos estos desastres naturales. Son muchísimos municipios río abajo que se pueden ver afectados con cualquier contingencia, de hecho cuando se han abierto compuertas la inundación ha llegado hasta la Mojana en los departamentos de Sucre y Bolívar. El nivel de riesgo que se tiene es muy, muy grande.
RAYA: Treinta años después, la Fiscalía citó a Álvaro Uribe a indagatoria. Como víctima, ¿qué espera de esta diligencia? ¿Cree que se podría esclarecer la relación de la violencia con megaproyectos como Hidroituango?
Nubia Ciro: Sí, claro. Esta verdad como que todos la sabemos pero nadie la quiere aceptar. Sobre todo, la justicia se ha tardado mucho en reconocer, pero los hechos están: la sola muerte de Jesús María Valle por su denuncia de la connivencia entre fuerzas militares y la Gobernación con todo su aparato, poniendo helicópteros para ejecutar una masacre de campesinos, eso está más que probado. Esperamos que la verdad salga a flote y que se reconozca su participación, cómo fue que participó, cómo fue en lo territorial, acá también hubo gente que se prestó para esto pero salió ganando mientras el municipio entero perdía: Ituango perdió más de diez mil habitantes en menos de cinco años a causa de la incursión paramilitar y vivió una violencia que jamás había conocido, una violencia que no vamos a olvidar. En el cementerio hay pabellones completos de personas no identificadas, el conflicto está arraigado en la memoria del municipio, por eso necesitamos que se sepa la verdad, necesitamos que la autoría intelectual de esa masacre quede develada, quién ordenó esa masacre y para qué, por qué le sirvió tanto, eso es muy importante para nosotros conocerlo.
RAYA: ¿Qué opina de la movida en el Congreso, donde cinco representantes del Pacto Histórico se sumaron a una votación para que este y otros casos pasen a la Comisión de Acusaciones de la Cámara?
Nubia Ciro: No sé si eso tiene que ver con que ahora existe una posibilidad real de que a Uribe lo juzgue la justicia ordinaria. Más de ahí no podría pensar, porque una jugada de estas no la van a hacer gratuita o por coincidencia, Uribe puede estar viendo que este proceso no lo va a favorecer y que por fin los colombianos vamos a conocer la verdad de todo esto.
