Más de 11.000 personas siguen trabajando en sus proyectos de vida en democracia. Al cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la reincorporación no solo se consolida como uno de los puntos con el mayor índice de implementación, sino una de las experiencias más exitosas en el mundo.
En gobiernos anteriores se habían entregado solo 788 hectáreas a firmantes de paz, en el Gobierno del Cambio esa cifra aumentó a 17.846 hectáreas. En la foto Alejandra Miller, directora de la ARN. / Fotos: Archivo ARN.
El último fusil de las FARC-EP que fue destruido por la ONU el 22 de septiembre de 2017 era un AR-15. 33 contenedores fueron llenados por las 8.994 armas y otro material de guerra entregado por la que fue la guerrilla más antigua de América Latina. Este acto, que fue impensable décadas atrás, marcó el inicio de la reincorporación, un proceso en el que Colombia tenía una amplia experiencia, pero que debía robustecerse para contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado, el desarrollo de las economías locales y comunitarias, la no repetición de la violencia en los territorios y, por ende, la edificación de una paz sostenible en el tiempo.
Y así ha ocurrido. Tras nueve años de la firma en el Teatro Colón, 11.250 personas se mantienen en su proceso. En comparación a otras experiencias de reintegración en el mundo, podemos decir que Colombia es exitosa porque transformó la ruta en una política real de tránsito digno a la vida civil con garantía de derechos, en perspectiva de construcción de paz y no repetición del conflicto armado.
Para que esto fuese una realidad, bajo la dirección de Alejandra Miller, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) diseñó y puso en marcha el Programa de Reincorporación Integral (PRI), una apuesta para garantizar el arraigo a una vida lejos de las armas en medio de un conflicto armado que persiste.
Eso se traduce en un programa que no solo contempla a una persona que hizo parte de un grupo armado y que ahora debe estudiar, conseguir un empleo, emprender, votar, ser elegido y acceder a un sistema de salud, sino que rescata la capacidad de las y los firmantes para trabajar en colectivo, de dialogar con las comunidades de acogida para encontrar una idea de futuro compartido.
“Hoy tenemos un programa que tiene una visión que es fiel al enfoque colectivo e integral que se planteó en el Acuerdo. Que tiene en cuenta las necesidades e intereses particulares de los y las firmantes en todas las dimensiones – social, económica, comunitaria, política – y que hacen parte del tránsito a la vida civil, la democracia y a la ciudadanía plena”, expresa Tania Rodríguez, directora programática de la ARN.
Un componente fundamental de este proceso es el acceso a la tierra y a la vivienda. Por eso, el Gobierno del Cambio también garantizó la inclusión de las y los firmantes como sujetos de la Reforma Rural Integral. 100 predios que suman 17.846 hectáreas han sido adquiridos, de las cuáles el 84% fue gestionado en esta administración, 13.000 para organizaciones productivas y 4.846 para la consolidación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Por primera vez, desde la firma del Acuerdo, hace nueve años, el Gobierno de Gustavo Petro entregó las primeras viviendas a firmantes de paz: 140 casas que integran la Ciudadela Camino del Sol, en Caldono, Cauca. Un proyecto de infraestructura realizado en alianza con el Ministerio de Vivienda y con enfoque étnico, pues el 92% de las y los nuevos propietarios son indígenas, este además es un espacio de paz que le hace frente a la violencia que sigue instalada en el territorio. A estas se sumaron 106 viviendas entregadas el pasado 13 de noviembre en El Doncello, Caquetá.
“La paz necesita transformaciones territoriales y el Gobierno del Cambio ha trabajado con el propósito de llegar a los territorios históricamente marginados. Esta es la manera en la que entendemos el arraigo de los y las firmantes en la democracia. Este es el compromiso con la paz y por eso en este Gobierno le estamos apostando a que proyectos como este sean una realidad”, afirma la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller. La meta, antes de terminar el Gobierno, es garantizar 1.400 viviendas en total.
La vida en dignidad se traduce también en la consolidación de los ETCR, que en su momento se plantearon como lugares transitorios, pero que hoy son el hogar de muchos de los y las firmantes y de sus familias. Es una realidad que de los 23 ETCR, 21 de ellos ya cuentan con tierra y que a través del Decreto 1048 de 2024 se reconocieron las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva.
Carolina Vergara, secretaria general, lidera la consolidación de los ETCR, de los 23 existentes, 21 ya tienen tierra propia
“Hablar de consolidación de los ETCR es garantizar que las y los firmantes del Acuerdo de Paz construyan proyectos de vida sostenibles en el tiempo, que cuenten con condiciones dignas de habitabilidad y fortalezcan lazos comunitarios. Consolidar es cumplirle a la paz”, señala Carolina Vergara, secretaria general de la ARN.
Otro de los componentes que se han fortalecido en este cuatrienio, que sigue en curso, es la sostenibilidad económica de las y los firmantes, no solo a través de la entrega de recursos, sino también por medio de capacitaciones para que sepan cómo administrarlos a través de proyectos productivos que sirvan como vehículo para el desarrollo local. Hoy es una realidad que numerosas empresas y emprendimientos de firmantes vinculan a víctimas del conflicto armado y a la comunidad en general en distintas regiones del país.
Para entender la dimensión de esta línea estratégica, a corte de 2025, 6.097 proyectos han sido apoyados con 104.000 millones de pesos: 130 colectivos y 5.967 individuales, en los que se incluyen ocho proyectos ambientales sostenibles con más de 1.000 millones de pesos de inversión. Con la estrategia de sostenibilidad para procesos productivos colectivos la ARN ha financiado 33 planes de sostenbilidad que suman inversiones por 13.000 millones de pesos. Igualmente, se han desplegado esfuerzos para impulsar 110 proyectos productivos en el sector agropecuario y agroindustrial a través de una alianza con el Fondo Emprender del SENA y se logró un programa de crédito especial para firmante con el Banco Agrario de 36.000 millones de pesos para financiar iniciativas productivas individuales y colectivas de firmantes.
En Fortul, Arauca, la ARN entregó incentivos a 25 proyectos productivos de firmantes de paz.
“La sostenibilidad de la economía social, solidaria y popular es nuestra apuesta política para la reincorporación y para poner en el centro el bienestar de las y los firmantes. Un modelo de desarrollo que nos acerca realmente al sueño de ser una potencia mundial de la vida”, expresó Tania Rodríguez, directora programática de la ARN, en la entrega de 9.840 millones de pesos para 25 proyectos de firmantes en agosto pasado en Fortul, Arauca.
Es decir, esta estrategia es una apuesta de la ARN para plantearle al país una conversación sobre la posibilidad de otra economía que pone en el centro la vida y la paz.
Asimismo, una de las grandes victorias alcanzadas es la expedición del Decreto 0846 de 2024, que no solo dio vida al PRI, sino que también creó el Sistema Nacional Reincorporación (SNR), el enorme engranaje estatal que pone a 38 entidades del orden nacional y local a trabajar por la garantía de derechos de esta población.
Más espacios participativos para las mujeres
El Acuerdo Final marcó un hito al incluir la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Pero el llevarlo del papel a la realidad ha sido una tarea difícil, que no pasa solamente por el reconocimiento de las barreras patriarcales a las que se enfrentan en la sociedad o bridarles herramientas específicas para garantizar su independencia económica, sino que las mujeres necesitan ocupar los espacios de toma de decisión en sus comunidades y para ello hay que fortalecer sus voces y sus redes de cuidado. Por medio de las escuelas de formación, 352 mujeres (incluidas 35 indígenas) participaron en procesos de formación política y liderazgo.
Generar las condiciones para el arraigo a la vida civil es una de las metas del Gobierno del Cambio. En la foto, Tania Rodríguez, directora programática de la ARN.
Volver al origen
Las comunidades étnicas sufrieron daños desproporcionados en el marco del conflicto armado que deben ser reparados, pero teniendo en cuenta sus cosmovisiones y sus formas de convivencia. En los territorios afrocolombianos e indígenas del país, avanza un proceso único de construcción de paz desde los saberes colectivos, el respeto a la autonomía y el reconocimiento mutuo por medio del Programa Especial de Armonización, que se construye de forma colectiva y consensuada.
La ARN ha implementado seis planes de armonización en pueblos étnicos con una inversión de 4.130 millones de pesos, con la consigna de que no hay paz posible sin respeto por la cultura y la autonomía de los pueblos.
La apuesta por lo comunitario
Se sabía que el proceso de aceptación de las y los firmantes en las comunidades sería largo, complejo, accidentado, pero no imposible. Una placa huella, una olla comunitaria, un campeonato de fútbol con la Policía, un puesto de salud, han sido esos puentes que ha tendido la reincorporación en los territorios. Es ahí donde la paz deja de ser una palabra abstracta para cobrar un sentido en la realidad.
Carolina Vergara, secretaria general, lidera la consolidación de los ETCR, de los 23 existentes, 21 ya tienen tierra propia
Esos encuentros entre víctimas, firmantes y comunidad en general para superar los dolores del conflicto también han tenido un lugar muy importante a través de las ‘Agendas Comunitarias, diálogos para el futuro’. Desde 2024 se han establecido diálogos restaurativos, talleres y trabajos colectivos en 66 lugares para tejer lazos de confianza.
Estos encuentros continuarán en 2026 ya que, sin ese trabajo en conjunto, la transformación territorial no sería posible. Fortalecer el tejido social y promover la reconciliación también ha implicado asignar recursos para financiar iniciativas autónomas de firmantes y sus comunidades para promover la reconciliación y la superación de la estigmatización. Por primera vez, la ARN abrió convocatorias públicas equivalentes a 7.000 millones de pesos para financiar estos procesos de manera directa.
Hoy tenemos la firme convicción de que una reincorporación con garantías y que tenga como fin último el arraigo a la vida en democracia, es uno de los pasos más firmes que ha dado Colombia en su búsqueda de la paz. Y eso debe seguir siendo motivo de orgullo. Se ha recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer.
Un Estado que respalda un proceso de reincorporación con garantías reales tiene la seguridad de que dicho proceso será exitoso y se convertirá en un referente para futuras iniciativas de paz en el mundo. Esto es lo que hemos promovido desde la ARN conscientes de que impulsar la garantía de derechos para las y los firmantes de paz no es solo una contribución para la vida de estas personas, sino que es algo más grande: un avance significativo para el fortalecimiento de la paz y para la no repetición del conflicto armado en Colombia.
Nota de transparencia: este contenido cuenta con pauta de la ARN. Indicamos la financiación por transparencia con nuestras audiencias, y la pauta no condiciona nuestro compromiso informativo.
