El CNE sacó a Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo y empujó al senador a lanzarse a primera vuelta. Detrás del fallo hay un objetivo político concreto: impedir que una candidatura con capacidad de ordenar al progresismo use la consulta como plataforma de impulso y, al mismo tiempo, debilitar el arrastre electoral del Pacto Histórico hacia el Congreso. La exclusión de Cepeda y la caída de listas departamentales no son hechos aislados.
Por: Tatiana Portela
No estamos frente a un error administrativo ni ante un debate jurídico abierto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tomó una decisión y esa decisión tiene efectos concretos. La Registraduría avanza en la elaboración de los tarjetones de la consulta interpartidista sin el nombre de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, lo que significa que el candidato más fuerte en las encuestas no podrá participar en este ejercicio democrático. Ese dato fija el momento político en el que estamos: la exclusión no es una amenaza, es un hecho y puede traer riesgos en la carrera presidencial de mayo y junio de 2026, si es que hay segunda vuelta.
La decisión del CNE de sacar a Cepeda de la consulta presidencial del 8 de marzo no es un episodio aislado ni un simple choque de interpretaciones legales. Es el punto de llegada de un proceso que se fue construyendo con tiempo y que hoy tiene un efecto claro: alterar las condiciones de competencia del Pacto Histórico, tanto en la carrera presidencial como en la disputa por el Congreso.
Antes de entrar en los hechos puntuales, es importante detenerse en cómo se tomó esta decisión. La votación se resolvió por el mínimo requerido en Sala Plena, con conjueces incluidos, en un tribunal donde el sector cercano al gobierno apenas suma dos votos —y en ocasiones un tercero—, mientras la mayoría responde a fuerzas de oposición. La decisión se adoptó en una coyuntura límite del calendario electoral, con tiempos cerrados y con funcionarios (conjueces) que, como ahora se denuncia formalmente, debieron declararse impedidos.
El candidato Cepeda anunció que irá a primera vuelta tras la cuestionada decisión del CNE. El mensaje fue corto, pero el golpe puede tener efectos en las elecciones si el Pacto no toma medidas tempranamente. Sin su nombre en ese escenario, el progresismo pierde el mecanismo con el que buscaba ordenarse temprano, medir fuerzas reales y convertir la consulta en una jornada de movilización con capacidad de arrastre electoral. Pero ese campo de acción lo ganó la derecha, con sus fichas en un órgano electoral cada vez más desprestigiado.
En medio de este escenario, Iván Cepeda hizo un llamado directo al Pacto Histórico y a sus eventuales votantes para que no pidan el tarjetón de la consulta interpartidista en las próximas elecciones. A ese gesto se sumó la semana pasada el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, dejando claro que tampoco votará en dicha consulta y que sólo ejercerá su voto por las listas de Senado y Cámara. Una señal política clara: no legitimar un mecanismo en donde las reglas están alteradas por agentes externos al voto popular.
Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que volver a las elecciones del 2022. El Pacto Histórico compitió como coalición, ganó la Presidencia y obtuvo una bancada importante en el Congreso. Este resultado obligó al movimiento a transformarse en un partido político para poder volver a competir Desde entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtió en un actor político decisivo en el destino del Pacto.
El bloqueo comenzó cuando el Pacto intentó formalizar esa transformación. El 13 de junio de 2025, el movimiento presentó ante el CNE una solicitud para fusionar los partidos y movimientos que lo integraban y así convertirse en un solo partido. Pero el 17 de septiembre de 2025 el CNE aprobó sólo la fusión de Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, dejando por fuera a Colombia Humana y a Progresistas. La explicación oficial fue técnica: Colombia Humana no habría alcanzado el quórum en su asamblea para autorizar la fusión y Progresistas no contaba con personería jurídica. Con esa decisión el Pacto quedó obligado a seguir funcionando como coalición, con una estructura fragmentada y sin un liderazgo único.
Las consecuencias fueron inmediatas: Sin un partido unificado, se complicó aún más la coordinación interna, la conformación de listas y la definición de candidaturas. El 3 de diciembre de 2025, el CNE reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, pero sólo para la fusión parcial ya aprobada, y condicionó ese reconocimiento a la conclusión de procesos sancionatorios contra algunos de los partidos. Colombia Humana y Progresistas quedaron por fuera de esa unión, lo que dejó al movimiento con una estructura incompleta justo cuando empezaban los tiempos electorales.
Ese mismo contexto Cepeda, el candidato con mayor apoyo en las encuestas quedó por fuera de la consulta, un mecanismo que podía unir al progresismo y darle impulso electoral temprano. La consulta no era una simple formalidad,era un instrumento para medir fuerzas, movilizar votantes y construir un liderazgo visible. Sin Cepeda, el proceso perdió fuerza y dejó el camino abierto para que el candidato presidencial Roy Barreras avanzara sin competencia directa.
En paralelo, el cierre de listas departamentales redujo la presencia territorial del Pacto Histórico. Menos listas significa menos gente en el territorio, menos posibilidad de disputar votos en regiones clave, y en consecuencia, menos fuerza en el Congreso. Y el factor tiempo fue determinante: las decisiones del CNE llegaron cuando faltaban solo dos días para que se cerraran los plazos por parte de la Registraduría, por lo que los recursos jurídicos se volvieron prácticamente inútiles.
A partir de ahí, el efecto dominó se acelera. Sin Iván Cepeda en la consulta, Roy Barreras queda prácticamente solo en ese escenario. Y ahí está la diferencia: el candidato que venía apuntando al 30 % de favorabilidad se midió en una consulta en frío, cuando todavía no se habían comprimido los tiempos y el proceso tenía algo de calma. Barreras, en cambio, se encuentra con un camino abierto por el CNE para medir su fuerza en una consulta sin un rival fuerte y en un momento mucho más caliente. La estrategia es conocida: pedir el voto progresista para “derrotar a la derecha” y, si obtiene un resultado favorable en ese escenario, plantear luego que Cepeda renuncie en primera vuelta para respaldarlo como candidato único. No hay reglas iguales del juego.
Mientras tanto, el calendario electoral corre. Las decisiones llegan cuando los tiempos ya están cerrados, lo que vuelve ineficaces, en la práctica, los recursos jurídicos. El cierre no es solo legal. Es político y temporal.
En este contexto, Cepeda anunció que radicará ante la Fiscalía y la Procuraduría una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez. Según explicó, ambos habrían incurrido, presuntamente, en prevaricato por omisión y en faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de interés. La denuncia sostiene que ni Prada ni Ibáñez se declararon impedidos para decidir sobre la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, pese a existir conflictos evidentes.
En el caso de Prada, la denuncia habla de la existencia de un pleito penal vigente, en etapa de juzgamiento, en el que fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión del delito de soborno en actuación penal y en el que Cepeda figura como víctima reconocida. A eso se suma una enemistad grave, derivada de una confrontación judicial directa y de una denuncia penal adicional por presuntos delitos de calumnia, injuria agravada, apología del genocidio y hostigamiento por razones políticas y filosóficas, por parte de Cepeda al político de derecha, hoy magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada.
En cuanto al conjuez Hollman Ibáñez, la denuncia radicada ante la Fiscalía indica que antes de intervenir en la decisión del CNE, había emitido reiteradamente pronunciamientos públicos sobre el fondo del asunto el 16 de octubre de 2025. A través de su cuenta de X escribió: “quien participe en una consulta no puede participar en otra consulta similar dentro del mismo proceso electoral”. Por eso consideró que, dado que Cepeda ya había estado en una consulta previa (la interna del Pacto Histórico de octubre de 2025), no podía volver a participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026.
Ese mismo día volvió a referirse sobre el tema en la misma red social: “En serio ¿De dónde sacan tanta basura junta, de dónde acá la ley permite hacer consultas de precandidatos? ¡Consulta para consulta no hay!”. Con estos señalamientos, Ibañez fijó una postura sobre la consulta del Pacto Histórico y la eventual participación de Cepeda. Además, se señala una animadversión sostenida contra el Pacto. A esto se suma su relación profesional con Abelardo de la Espriella, de cuyo equipo hizo parte, y con el cual mantiene una amistad cercana.
El resultado es claro. El árbitro no se limitó a administrar un procedimiento. Alteró las condiciones de competencia. El Pacto Histórico pierde un mecanismo de ordenamiento temprano y entra a una fase de negociación forzada, con menos vitrina pública y mayor riesgo de fragmentación. Al mismo tiempo, se debilita su capacidad de disputar mayorías en el Congreso.
Visto en conjunto, lo ocurrido no es una controversia jurídica aislada: revela una disputa que se está librando en otro terreno. En la carrera hacia 2026 no solo compiten proyectos políticos, también se disputa el control de las reglas, de los tiempos y de las condiciones para participar. Y cuando esas decisiones reducen de manera artificial la oferta política y afectan el derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente, la democracia deja de ampliarse y empieza a cerrarse desde el reglamento.
