El asesinato de la profesora Paola Infante, baleada por la Policía en Saravena 40 minutos después de un ataque del ELN, expone la degradación de la guerra en Arauca y la vulnerabilidad de una comunidad que lucha por vivir en paz. El caso también revela el uso de espacios civiles en la confrontación, la estigmatización contra líderes y defensores y la persistencia de organizaciones sociales que, pese a la violencia, siguen reclamando una salida política.
Por: David González Martínez
Ramón Campos Iriarte
Enviado especial
El vehículo que conducía la profesora Paola Infante Jaimes quedó inmóvil en una calle de Saravena, luego de recibir decenas de disparos por parte de la policía. Foto: Ramón Campos Iriarte.
A las 4:40 p.m. del pasado domingo 19 de abril, un convoy de policías que salía de una ceremonia de ascenso en un establecimiento civil —un colegio público—- del barrio La Esperanza en el municipio de Saravena, fue atacado con granadas por hombres del ELN que luego se dieron a la fuga. Nueve uniformados resultaron heridos tras el ataque. Unos 20 minutos después, pasadas las cinco de la tarde, cuando ya habían arrestado a un vecino de la cuadra, que según testigos presenciales nada tuvo que ver con los hechos, la profesora Paola Infante regresaba a su casa ubicada en ese mismo barrio.
Los policías que permanecían en el lugar dispararon varias veces contra la camioneta Duster en la que se movilizaba la docente. No hubo señal de pare ni el lugar del atentado estaba acordonado. La docente tenía heridas en su cráneo, rostro y miembros inferiores. Pasaron otros 20 minutos antes de que llegara una ambulancia a socorrerla, pero finalmente murió en la madrugada en el hospital de Saravena. Decenas de residentes del barrio La Esperanza, que salían de la misa del domingo, acorralaron a los policías que se mantenían en el sitio de los hechos, quienes se vieron obligados a retirarse. Les reclamaban haber asesinado a la profesora.
Al día siguiente, un equipo de RAYA llegó al sector. La camioneta de la profesora permanecía en la esquina donde fue atacada por la policía. Eran visibles los disparos en las ventanas, en las puertas del vehículo, en los muros de las casas vecinas y en el andén que quedó destruido por la granada que lanzó la guerrilla contra los uniformados. “No he movido nada, ni siquiera mi carro que quedó con agujeros de bala, a ver si alguien me paga los daños”, dijo a RAYA uno de los vecinos del barrio.
Los testigos aseguran que los agentes no hicieron señas a la profesora Jaimes antes de abrir fuego contra su vehículo de manera indiscriminada. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Para ese momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había escrito en sus redes sociales: “Lo más lamentable fue la muerte de la profesora Paola Infante Jaimes, quien falleció a causa de las graves heridas sufridas durante la reacción policial frente al ataque terrorista”. Varios medios, a su vez, titularon que la profesora había muerto en medio del ataque terrorista del ELN contra la Policía.
Lamentablemente, este hecho no es extraordinario en Saravena, ni tampoco en Arauca. Los territorios en conflicto en Colombia sufren dinámicas complejas que no se explican fácilmente desde Bogotá. Desde 2016, tras la ilusión del acuerdo de paz, se observa un deterioro sostenido de la situación humanitaria, según cifras de CICR. En esa región coexisten la guerra entre el ELN y el Estado colombiano, los enfrentamientos con los grupos armados de disidencia de las antiguas FARC-EP que intentan ingresar al territorio y las disputas en torno a las economías ilegales. Al mismo tiempo, persisten los esfuerzos de las comunidades por buscar y sostener espacios de construcción de paz, en un contexto cada vez más tenso.
En la región que tiene como epicentro comercial a Saravena, opera la estructura del Frente de Guerra Oriental, uno de los bastiones históricos del ELN; dentro de ella está el Frente Domingo Laín Sáenz. También disputan los territorios estructuras de disidencias, que operan bajo la denominación de Estado Mayor Central (EMC), concretamente los frentes 10 y 28. Son los dos grupos más fuertes, pero no son los únicos.
La Alerta Temprana 014 de 2025 de la Defensoría del Pueblo también reportó presencia en Arauca de hombres de la Segunda Marquetalia, otra expresión armada derivada del entrampamiento al acuerdo de paz durante el gobierno Duque, y del Ejército Gaitanista de Colombia, a través de la subestructura Gonzalo Oquendo, otro grupo armado heredero de la cuestionada desmovilización paramilitar durante el gobierno Uribe y hoy uno de los actores armados dominante en el negocio del narcotráfico nacional. Y como si no fuera suficiente, al ser Saravena un territorio de frontera con Venezuela, la alerta también menciona la presencia de hombres de la organización Tren de Aragua.
Ese conflicto resulta en un repertorio de violencia que se traduce en desplazamiento forzado, riesgo extremo de reclutamiento de menores, homicidios, amenazas y persecución contra líderes o población civil. También en ataques a la infraestructura petrolera, que contaminan fuentes hídricas y ecosistemas. La Defensoría del Pueblo registró en 2024, 178 personas asesinadas asociadas al conflicto, de las cuales 19 eran líderes sociales y 1 era un firmante de paz. La tasa de homicidios ese año estuvo muy por encima de la media nacional con 57,2 homicidios por 100 mil habitantes.
La comunidad de Saravena reaccionó rapidamente al asesinato de la profesora Jaimes, con movilizaciones, una velatón y actos de solidaridad con su familia. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Al día siguiente del asesinato de la profesora, decenas de docentes del municipio se reunieron en la sede central del Sindicato de Docentes de Arauca (ASEDAR) y marcharon con camisetas blancas por las calles centrales de Saravena. Un pueblo donde conviven grafitis del ELN o de las FARC, muros marcados por balas y explosiones en los lugares donde permanece una fuerza pública atrincherada. También persiste una sociedad civil movilizada y próspera. Saravena tiene cuadras comerciales, nuevos negocios nutridos por la cercanía de la frontera y, en las afueras de la zona urbana, cultivos de cacao y plátano.
En la sede del sindicato de docentes, ASEDAR, RAYA habló con Albio Sepúlveda, un profesor de 34 años de ejercicio y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Arauca. El sindicalista dice que la situación de orden público en Saravena no es la mejor en los últimos meses; aun así, subraya que el conflicto no es nuevo: «en más de 50 años que tengo aquí en la región, ha estado en permanencia el conflicto armado».
El docente y líder sindical Albio Sepúlveda en la sede de ASEDAR —Asociación de Educadores del Arauca—, en Saravena. Foto: Ramón Campos Iriarte.
El líder denuncia la violencia con la que fue asesinada su compañera de sindicato. «Como pudieron darse cuenta, luego de visitar el lugar donde está el carro, ven cómo violentamente dispararon en su contra». Y agrega: «La profe era muy llegada a la religión católica». En sus tiempos libres, colaboraba con la parroquia en la catequesis de los niños y era muy allegada a la iglesia. Era una persona muy ecuánime, muy entregada a la educación».
«No entendemos por qué la fuerza pública un día domingo estaba presentando unas pruebas de ascenso en un colegio público. Y más en el contexto de esta región donde vivimos».
Las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, prohíben que los actores armados usen instalaciones civiles, precisamente para evitar que la población quede expuesta a la violencia. En una zona de guerra como Saravena, que la fuerza pública use un colegio público para ceremonias de ascenso pone en riesgo a todos los civiles del barrio.
Las cicatrices que deja el conflicto armado son visibles en Saravena: en una calle principal, las garitas de las fuerzas de seguridad están llenas de marcas de proyectiles y esquirlas. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Así lo dijo a RAYA Sonia Milena López, una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas de Arauca y representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra: «Según hemos tenido conocimiento, la Policía estaba haciendo una capacitación con fines de ascenso de varios policías en un colegio público, donde los niños y niñas del municipio de Saravena, además, reciben atención médica».
«Esto es grave porque ya nosotros habíamos interpuesto una acción de tutela que tiene un fallo de la Corte, que es la sentencia T005 del 2024, precisamente porque la fuerza pública, la policía y el ejército, desarrollaban acciones cívico-militares dentro de las instituciones educativas, en los parques, en las veredas, y eso, en una zona de conflicto como la nuestra, pone en riesgo la vida», explicó a RAYA.
Además, dijo que en el marco del atentado y del posterior asesinato de la profesora se presentaron otras vulneraciones a los derechos humanos de las personas del barrio. Entre esas, detenciones ilegales: «Sacan a un joven que estaba dentro de su casa, lo llevan al lugar donde tenían a los policías heridos, allí lo amenazan, lo inculpan, le apuntan con un arma para obligarlo a decir dónde estaban los responsables del hecho y tratan de involucrarlo», agregó.
Para López, este tipo de actuación de la fuerza pública en Saravena no es excepcional. «El civil que va pasando en el momento lleva las consecuencias. Ya sea porque los han capturado y los han responsabilizado de los hechos, o los han torturado física y psicológicamente para que acepten, o los han agredido en su integridad».
Hacer estas denuncias y ser garantes de la protección de los derechos humanos de los civiles en zonas de conflicto traen serios riesgos para los defensores. El 19 de enero de 2022, las disidencias detonaron un carro bomba a pocos metros del edificio que alberga a las organizaciones sociales en Saravena —donde López concedió esta entrevista a RAYA—. El ataque, que milagrosamente sólo dejó una víctima mortal, iba dirigido contra los defensores, que venían siendo acusados y estigmatizados por su labor: los señalaban desde anónimos o sectores del poder local de ser cómplices de la guerrilla del ELN.
«Mucha gente que no quiere estos procesos sociales, que no le gusta la clase popular, pues no ve bien nuestro trabajo y nos estigmatizan», explica el profesor Sepúlveda. «Ser líder social en Colombia y aquí en el departamento es muy complejo porque estamos estigmatizados por parte de la ultraderecha, diciéndonos que nosotros somos guerrilleros».
Por su parte, López explica que en Saravena viven bajo una fuerte criminalización. No solamente contra los integrantes de las organizaciones sociales, sino contra la comunidad en general, también por la historia de presencia de organizaciones guerrilleras en el territorio. «En el marco de la doctrina de seguridad nacional y el elemento del enemigo interno, la fuerza pública, el Estado ha considerado a la población de este territorio como parte de ese enemigo interno y ese tratamiento nos ha dado».
Y explica Sonia que el estigma no viene solo del gobierno, sino también de estructuras armadas que operan en el territorio. «Después del proceso de la firma del acuerdo final entre las FARC y el gobierno, se quedan unas expresiones armadas que algunas de ellas recogen el nombre de las FARC, que acá en el territorio se conocen como disidencias de las extintas FARC, pero cuyo accionar quedó ligado a la extorsión, al narcotráfico y que desde 2022 para acá vienen en una arremetida directa contra el movimiento social».
En zona rural del departamento, son latentes la presencia y el control del Frente de Guerra Oriental del ELN. Foto: Ramón Campos Iriarte.
La guerra entre la guerrilla del ELN, actor histórico en la región, y la llegada de esas disidencias de las FARC ha sido la principal razón de lo peor de la violencia reciente en la zona. Especialmente desde enero de 2022, cuando el municipio amaneció con una estela de homicidios, que se extendió hasta Fortul y Arauquita. Solo ese día hubo 22 asesinatos contra civiles en el marco de lo que luego se conoció como una confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 10 y 45 de las FARC. El 9 de enero las disidencias declararon objetivo militar al movimiento civil del centro oriente de Colombia, bajo los mismos argumentos que ha usado el Estado Colombiano para señalarlos de complicidad como brazo político del ELN. Y el 19 de enero de 2022 explotó el mencionado carro bomba contra el edificio de las organizaciones.
“Eso tiene también un antecedente porque previamente habían rotado por grupos de WhatsApp un audio en el que se reconocía la voz de este señor Antonio Medina (Comandante de las disidencias de las FARC) en el que orientaba a atacar los proyectos sociales, comunitarios y a los líderes que, según el ELN”. Concluye Sonia.
Desde entonces, Saravena ha vivido periodos de tensa calma, con enfrentamientos esporádicos. La fuerza pública permanece resguardada en garitas y cuarteles, se mueve poco y los sitios alrededor de sus bases tienen orificios de disparos y hojarascas de semanas. La población evita pasar por ahí ante el temor de quedar en medio de un enfrentamiento o de un ataque. “A mi hija yo la enseñé a nunca pararse al lado de una moto de policía, incluso en un semáforo, si llega a quedar cerca a un policía, le digo que no pare o que guarde la distancia”, explica a RAYA una comerciante de Saravena, quien añade que allá el control del ELN es una realidad.
“Fabio”, comandante político del Frente de Guerra Oriental del ELN, posa para un retrato con su fusil CUGIR Drako, de fabricación rumana. Foto: Ramón Campos Iriarte.
A unas horas de Saravena, RAYA entrevistó al Comandante Fabio, jefe político del Frente de Guerra Oriental del ELN. Según él, ellos ganaron la guerra a las disidencias de las FARC en el departamento. El comandante acusa a las disidencias de querer imponer la cultura del narcotráfico y dice: “Se fue generando las condiciones de una confrontación militar, porque ellos se oponían a que la droga desapareciera de Arauca, porque estaban empeñados en que Arauca fuera un paraíso del narcotráfico. Y nosotros dijimos: No, Arauca tiene que volver a ser lo que fue. Tenemos que rescatar las raíces de nuestra región”.
Dice que esa guerrilla ha operado como un mecanismo de regulación y expulsión de la economía ilegal del narcotráfico en Arauca y que ese objetivo es la causa de la disputa con las disidencias de las FARC y otros grupos que quieren ingresar a la zona. Y que hasta ahora no tener cultivos de coca es prueba de eso. “Nos plantearon la guerra (las disidencias de las FARC) y le respondimos a la guerra. Los derrotamos y, junto al pueblo, con una iniciativa social, se logra que la gente se sensibilice. Se consulta y se acuerda la erradicación de la coca por cultivos agrícolas y ganaderos. En un plazo de un año se erradicó la coca voluntariamente, conscientemente por los campesinos en la región. Un lote de campesinos arrancando coca y otros haciendo huecos para sembrar plátano”
En la zona de influencia del FGO, los campesinos cultivan platano y cacao. Aunque Arauca fue una región cocalera, hoy no se ven cultivos de uso ilícito. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Según el comandante, la guerra contra esos grupos fue especialmente fuerte en el municipio de Arauquita, donde las disidencias al mando de Arturo Paz y Antonio Medina habían empezado a cultivar coca. “Cuando nosotros nos dimos cuenta, inmediatamente movilizamos nuestra tropa militar y se arrancó la mata. Y se le dijo al que la había dejado sembrar: "Si vuelve a hacerlo, se va.”
Eso generó la reacción de las disidencias en el año 2022 contra la población civil en varias partes de Arauca. «Tumbaban puentes en las veredas, le metieron un carro bomba en Saravena, le tiraron granadas a los principales negocios de los pueblos, asesinaron a mucha gente metiendo el terror; pero fueron derrotados también», da su versión el comandante Fabio. Y concluye: «Tenemos un departamento demostrativo donde totalmente se ha erradicado el narcotráfico y eso es para mostrarle al país. La permanencia en el territorio es fundamental. Por eso hablamos de las raíces; las raíces del árbol que nunca muere».
Ante la pregunta sobre los hechos donde resultó muerta la profesora, dice: «En el marco del control territorial se da una acción militar donde unidades nuestras atacan a un convoy de la policía. Una acción militar normal. A los 40 minutos, más o menos, una profesora pasa y a ella la acribillan. ¿Cuál es el deber de la ley? Parar el carro, requisar el carro, no dispararle. Ahora van a decir que la profesora era guerrillera... no, era un carro civil».
Miembros del Frente Domingo Laín del ELN desarrollan ejercicios militares. Foto: Ramón Campos Iriarte.
El pasado 19 de enero de 2025, el ELN adelantó una ofensiva en Norte de Santander. Hombres al mando de Pablito se tomaron zonas de cultivos de coca controladas por las disidencias de las FARC en ese departamento. Según las fuentes oficiales, la ofensiva dejó 80 campesinos muertos; varios de ellos eran firmantes del acuerdo de paz de 2016. El gobierno de Gustavo Petro, que adelantaba negociaciones de paz con el ELN, calificó los hechos como una línea roja en el proceso de paz. Y, finalmente, tras otros ataques en Arauca contra bases militares, suspendió las negociaciones.
Desde entonces, Petro ha escalado en su retórica contra esa guerrilla, a la que ya no baja de «grupo narco», a la par del gobierno de Estados Unidos, que la mantiene entre la lista de organizaciones terroristas. En marzo de 2026, la directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, describió al ELN como un "riesgo tangible" para EE.UU. por su rol en el tráfico de cocaína hacia mercados estadounidenses. El presidente Petro dice que ese vínculo entre la guerrilla y el narco incapacita a ese actor para tener voluntad de paz. Además, ha dicho que la acción de ese grupo más allá de la frontera, bien adentro de Venezuela, se traduce en cultivos, laboratorios y rutas de cocaína binacionales.
Afluentes del río Banadia, que desemboca en el río Arauca en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los Andes orientales en la distancia. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Por su parte, el ELN dice seguir inmerso en una lucha revolucionaria. El mismo comandante Fabio dijo a RAYA que el gobierno de Petro, aunque demócrata, no está exento de ser un instrumento del gobierno de Estados Unidos y que tampoco tiene el poder para tomar las decisiones que se necesitan para negociar. Unas decisiones que, según ellos, deben estar dirigidas a lograr transformaciones radicales del sistema económico y de las necesidades históricas de las comunidades.
Organizaciones especializadas en el conflicto armado colombiano, como el CINEP, han realizado estudios sobre la dificultad de las negociaciones con el ELN. Las razones se resumen en su estructura de federalismo insurgente, con organizaciones regionales altamente autónomas como la de Arauca. En segundo lugar, el rechazo del ELN a modelos de negociación como el que llevó el gobierno con las FARC: critican la receta de cambiar armas por curules, básicamente porque rechazan el poder central nacional y creen en la construcción de un «poder local» popular. Y, por último, porque sus comandantes ya cogobiernan en algunos de los territorios donde operan; el Arauca es quizás el mejor ejemplo de eso. Desde esa mirada, la desmovilización es pérdida de poder real antes que una ganancia.
En ese clima, la sociedad civil aun así sigue empujando movilizaciones que fuerzan construcciones eficaces de paz. Dos días después del asesinato de la profesora en el barrio La Esperanza, líderes sindicales, compañeros docentes y familiares se reunieron en el centro de Saravena. En la noche prendieron velas y hablaron sobre la necesidad urgente de detener la violencia.
Cientos de habitantes de la región confluyeron en el cementerio de Saravena para presenciar el sepelio de la profesora Infante, el 22 de abril de 2026. Foto: Ramón Campos Iriarte.
Sonia dijo: «Nosotros hemos documentado más de 40 (asesinatos de) líderes, lideresas, defensores de derechos humanos desde el 2022 a la fecha; de eso, más o menos un 70 por ciento de esos homicidios han sido compañeros que hacen parte de nuestro movimiento social». Y agregó: «Queremos un territorio para la vida, queremos un territorio para la protección del ambiente, del entorno, para la permanencia de los araucanos en condiciones de dignidad».
Ella participó activamente, como representante de la sociedad civil, en las negociaciones que el gobierno y el ELN suspendieron el año pasado. «Para nosotros, la paz es precisamente transformaciones estructurales de esta sociedad, y eso es lo que precisamente los estamentos de poder, el poder instituido en el país, no está dispuesto a ceder». Dice que no se puede plantear un proceso de paz para pacificar los territorios y para que sigan mecanismos extractivistas sobre los recursos de Arauca, mientras la vida de la población se precariza.
En esas mesas se planteó la necesidad de procesos agroindustriales, de reconstruir las vías de acceso, de apoyo al campesinado. Y aunque el proceso ahora está en estado vegetativo, cree que hay que insistir, tampoco parece haber otra opción: «Seguiremos apostándole a la solución política al conflicto».
