La revista RAYA revela las declaraciones de una veintena de militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el homicidio del indígena Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué, perpetrado por el Ejército en diciembre de 2008. Según sus testimonios, existió un plan de encubrimiento que incluía culpar a la propia Quilcué de ordenar el asesinato. Una de las piezas clave del entramado es el abogado asignado, a quienes dispararon esa madrugada, por la última cúpula del Ejército del gobierno de Alvaro Uribe; y una presunta testigo que después terminó recompensada por el estamento militar.
Por: Sebastián Forero Rueda
A principios de noviembre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió una veintena de declaraciones de militares sobre un episodio ocurrido en diciembre de 2008: el asesinato a manos del Ejército del comunero indígena Edwin Legarda, esposo de la lideresa Aída Quilcué, hoy candidata a la vicepresidencia de la República. Sobre el hecho, hasta ahora se conocía que los soldados que dispararon fueron condenados en la justicia ordinaria a 40 años de prisión. Sin embargo, las versiones con las que ahora cuenta la JEP, a las que tuvo acceso la revista RAYA, describen por primera vez una operación de encubrimiento que se habría activado tras el crimen y que, según esos testimonios, compromete a mandos de la última cúpula militar del gobierno de Álvaro Uribe. El plan incluía ocultar la existencia de informantes y hacer un presunto montaje para responsabilizar a la propia Quilcué de ordenar el asesinato de su esposo. El objetivo era desprestigiarla a ella y a la minga señalada por Uribe de estar infiltrada por la guerrilla.
Pasadas las 5 de la mañana del 16 de diciembre de 2008, Edwin Legarda se desplazaba a bordo de una camioneta vinotinto con vidrios polarizados por la carretera que conecta al municipio de Inzá con Popayán, Cauca. A la altura del corregimiento Gabriel López, un supuesto retén militar del séptimo pelotón de la compañía Galeón, del batallón José Hilario López, abrió fuego contra su vehículo y en cuestión de segundos los uniformados descargaron más de cien proyectiles contra la camioneta. Malherido, Legarda avanzó casi un kilómetro hasta que perdió el conocimiento al volante y su carro terminó a la orilla del camino.
Después de esa emboscada, los militares fueron rodeados rápidamente por decenas de guardias indígenas que impidieron que se fueran de la escena del crimen. Los comuneros indígenas trasladaron a Legarda al hospital del municipio de Totoró y después al San José, en Popayán, donde finalmente murió. Seis militares fueron condenados por un juzgado de Popayán en 2010 a 40 años de prisión por ese crimen y en 2011 esa sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de esa ciudad. Sin embargo, dichas condenas se centraron principalmente en los soldados que apretaron el gatillo esa madrugada, pero no esclarecieron la verdad plena sobre lo que hubo detrás.
“Por más que se intentó decir la verdad, siempre hubo intereses ocultos para que no se dijera”, se lee en la declaración del soldado Numar Armido Buitrón Cabezas, uno de los condenados en este caso. Según él, el abogado que les asignó el Ejército, Luis Hernando Castellanos, les pidió cambiar su versión sobre lo que realmente había ocurrido esa madrugada: “Se debía omitir lo de los informantes y decir que habíamos creído que desde el carro nos habían disparado, que habíamos sido inducidos a cometer un error militar”
El soldado Buitrón Cabezas se refiere a uno de los puntos clave en el proceso: la existencia de dos informantes que le habían dicho al sargento al mando del pelotón, Alexis Ramírez Vivas, que por esa vía pasaría una camioneta supuestamente con hombres armados y droga. Con esa supuesta información, el sargento Ramírez Vivas ordenó montar el retén en ese punto de la carretera y esperar la camioneta. Las declaraciones de los soldados coinciden en que la operación había sido premeditada: durante la formación de la tarde anterior, el sargento les dijo que pasaría esa camioneta y seleccionó personalmente a los soldados con los que armaría el presunto retén. La orden, según contaron los soldados a la JEP, fue “parar la camioneta como fuera”.
Los militares declararon en la JEP que esa misma madrugada los dos informantes hicieron presencia en la vía hasta cerciorarse de que la camioneta había sido interceptada. Así lo declaró el cabo Javier Adolfo Osorio: “Los dos informantes estaban dentro de una camioneta de estacas, la camioneta se encontraba en una entrada que estaba sobre la vía, cuando bajé a la carretera ellos ya estaban ahí; la actuación de estas personas fue la de estar ahí dentro de la camioneta esperando, cuando ocurre a las 5:30 a.m. los disparos ellos se bajan de la camioneta, estaban con pasamontañas, hablan con el sargento Ramírez quien los deja ir y nunca más se supo de ellos”.
Al igual que el soldado Buitrón, el cabo Osorio también insistió en que el abogado Castellanos le pidió callar sobre los informantes: “Me indican que tendría un abogado pagado por ellos que hiciera lo que él dijera, el abogado me explica que eso fue un error que saldría libre que ocultara la información de los informantes que él y el sargento los traerían, él hizo cambiar esa parte de mi historia, para beneficiar no sé a quién”.
El cabo Osorio también insistió en el hermetismo al que los sometieron en el batallón después del crimen, para que ellos no hablaran con nadie más: “Nos dejan en un alojamiento sin salir del batallón y sin poder hablar con nadie no teníamos permitido eso, por orden del comandante de batallón y el sargento Ramírez, en alguna formación amenazó con palabras de que si se hablaba con alguien que corríamos peligro, decía el sargento Ramírez que se hiciera lo que dijera el abogado, al igual el coronel Cantillo decía eso. Considero que el tiempo que estuvimos en el batallón con movilidad reducida era para poder cuadrar ellos las cosas y tenernos detenidos ilegalmente con la finalidad de que no se supiera lo de los informantes y lo que hicieron callar a los soldados”.
Según las declaraciones de los soldados, el abogado Luis Hernando Castellanos habría sido enviado por altos mandos militares de la época. Para ese momento, el pelotón que cometió el crimen estaba bajo el mando del batallón José Hilario López, comandado por el coronel Alexis Cantillo; dicho batallón pertenecía a la brigada 29, comandada por el general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo. Esa brigada, a su vez, estaba bajo el mando de la Tercera División del Ejército, comandada por el general Justo Eliseo Peña, y el comandante del Ejército era el general Óscar Enrique González Peña, que acababa de reemplazar en ese cargo al general Mario Montoya. El comandante general de las Fuerzas Militares era el general Freddy Padilla de León, el último en ocupar ese cargo en la era Uribe.
El abogado enviado por la cúpula militar y la versión para ensuciar a Aída Quilcué
El soldado Lizandro Obando Caicedo, el primero en disparar al vehículo en el que iba Edwin Legarda, le dijo a la JEP que fue el propio general Padilla de León quien les dijo por teléfono ese día que les enviaría al abogado defensor: “Llegamos acá al batallón José Hilario López nos tomaron declaración, a mí me pusieron a hablar con el general Padilla, yo le dije pues lo que había pasado y eso, él nos dijo tranquilos muchachos que yo me voy a poner un abogado, obviamente al otro día apareció el doctor, el señor a representarnos”.
El soldado declaró que el sargento Ramírez Vivas los amenazó si no seguían las instrucciones del abogado Castellanos: “Incluso el sargento Ramírez lo dijo en el batallón a boca llena que teníamos que decir lo que dijera el abogado Castellanos porque si no la familia de nosotros y nosotros corríamos peligro… y que detrás de él había mucha gente, eso también lo dijo”.
El propio sargento Ramírez Vivas también dijo que quien les había enviado el abogado Castellanos había sido el general Padilla: “Cuando hablamos con mi general Padilla —que no me acordaba que había hablado con él— él dice: “les va a llegar allá un abogado, el doctor Castellanos””.
Tras su llegada, el abogado Luis Hernando Castellanos, según los testimonios de los soldados, empezó a difundir una versión paralela: que había sido Aída Quilcué quien había mandado a matar a su propio esposo porque supuestamente él sostenía otra relación amorosa. Así lo declaró el soldado Obando Caicedo:
“Pero sí me dijo que los civiles (informantes) que los dos o uno de ellos, era escolta de la señora Ayda (sic) Marina Quilcué. Entonces, ahí es donde el abogado me acaba de lavar el cerebro y me lleva a pensar lo que dijeron, que la señora Ayda (sic) Quilcué había mandado a matar a su marido. Yo incluso pensé: qué mujer tan cruel mandar a matar al marido y en el proceso fue una testigo y dice que ella sabía que lo iban a matar, entonces yo pensé que si hay un testimonio, pues tal vez ella necesitaba que fuera el Ejército, o sea, todo esto fue dicho por el abogado Castellanos, que ella (señora Ayda (sic) Quilcué) lo que necesitaba era que fuera la ley o sea el Ejército para poder cobrar una plata”.
El abogado Luis Hernando Castellanos ha representado a altos mandos militares en procesos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto. En la JEP, según fuentes cercanas a esa jurisdicción, ha sido identificado como un abogado que les indica a los militares que representa que no hablen y que no cuenten la verdad que conocen sobre los hechos por los que se les investiga, según fuentes cercanas a esa justicia.
De hecho, uno de los representados por Castellanos es el general (r) Leonardo Barrero Gordillo, quien en el momento del asesinato de Legarda comandaba la brigada 29 del Ejército, a la que estaba adscrito el batallón José Hilario López cuyos militares cometieron el homicidio. Barrero Gordillo ha sido señalado por la Fiscalía de ser alias “El Padrino” en la estructura de la organización narcotraficante La Cordillera Sur, que operaba en el suroccidente del país al mando de Juan Larinson Castro, alias Matamba, vinculado al Clan del Golfo. Además, el excabecilla del Clan del Golfo conocido como Otoniel lo señaló de ser un aliado de los paramilitares en las diferentes unidades por las que pasó. El exparamilitar aseguró que Barrero Gordillo participó en 1996 en una falsa desmovilización de guerrilleros del EPL que en realidad terminaron en las filas de los paramilitares.
En entrevista con la revista RAYA, el abogado Castellanos negó haber sido enviado por la cúpula militar de la época para asumir el caso. Según dijo, terminó asumiéndolo porque ya en el batallón existía previamente un convenio de defensa para militares que resultaran involucrados en casos como este. Sobre las afirmaciones de los soldados que aseguraron que el propio general Padilla de León lo había enviado, el jurista insistió en negarlo: “Eso no fue así, yo no conozco ni traté nunca personalmente al general Padilla de León; sé quién es, desde luego, porque fue comandante general de las Fuerzas Militares, pero yo no lo conozco”. Sin embargo, dijo que no recuerda quién le pidió que asumiera la defensa de esos militares.
Negó igualmente haber instruido a los militares para que callaran sobre los informantes, pese a que así lo declararon varios de ellos en la JEP. Y, precisamente, el abogado sugirió que los soldados podrían estarle mintiendo a esa justicia transicional. “Es probable, no tengo ninguna duda, que a mí me hayan mentido y pues es probable que también le hayan mentido a la jurisdicción; no puedo decir que lo están haciendo, pero probable sí es”, deslizó.
La testigo aliada con los militares
La pieza clave del plan para incriminar a la líder indígena Aida Quilcué era la testigo a la que se refieren los soldados: Giomar Patricia Riveros Gaitán, una mujer que de tiempo atrás había logrado ganarse la confianza del entonces senador indígena Jesús Piñacué y que resultó siendo una aliada de la cúpula militar del Gobierno Uribe. En noviembre de 2008, el senador Piñacué le había asignado la tarea de acompañar la minga indígena que se estaba dando en esa época y en particular a la lideresa Quilcué, entonces consejera mayor del CRIC. Durante el juicio a los militares, sin embargo, la mujer desempeñó un papel revictimizante contra Quilcué y su hija, pues acusó a la lideresa indígena de estar detrás del asesinato de su propio esposo, Edwin Legarda.
La abogada Soraya Gutiérrez, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quien llevó este caso en la justicia ordinaria, describió a RAYA el papel que jugó Riveros: “Esta mujer llegó justo en un momento determinado para alinearse a una defensa de los militares y finalmente su objetivo era desprestigiar, debilitar, dejar una sensación de duda frente al proceso social y lo que era Aída como lideresa y finalmente lo que dijo fueron injurias, calumnias y me atrevería a decir muy dirigida desde el alto estamento militar”. Fue el abogado Castellanos, precisamente, quien introdujo a esa testigo en el proceso judicial, después de haberle tomado su declaración en las propias instalaciones de la brigada 29 del Ejército. Los magistrados del Tribunal que condenaron en segunda instancia a los militares encontraron que su testimonio no se soportaba en la realidad de los hechos.
Pero mientras ella intentó desviar la investigación hacia Aída Quilcué, al mismo tiempo, en Bogotá, un alto general del Ejército y un procurador que después se convertiría en fiscal la favorecían laboralmente, incluso de manera ilegal. Antes de la difamación contra Quilcué, Giomar Patricia Riveros había sido condenada por cometer delitos de abuso de confianza y estafa dentro de la oficina del senador Piñacué. Por esa razón, estaba inhabilitada para contratar con el Estado. Sin embargo, en 2010, el general Ricardo Gómez Nieto, entonces director del Hospital Militar la contrató en esa entidad con una falsa certificación expedida por el entonces procurador delegado para la casación penal, Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien adujo que ella sí podía ser contratada a pesar de la condena. Jaimes después se convirtió en fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y es conocido por pedir la preclusión del caso del expresidente Uribe para impedir su juicio.
Es decir, según las investigaciones judiciales, el general Gómez Nieto y el procurador Jaimes Durán habrían facilitado la contratación irregular de la mujer que al mismo tiempo servía como testigo contra Quilcué para involucrarla falsamente en el asesinato de su esposo. Ambos han sido investigados en la justicia por esa contratación irregular. En el caso de Jaimes, el año pasado la Corte Suprema ordenó investigar al exfiscal por la presunta falsedad del certificado que expidió en favor de Giomar Riveros, mientras que el general Gómez está en juicio, imputado por la Fiscalía por violar las leyes de la contratación pública para favorecer a la testigo contra Quilcué.
Giomar Patricia Riveros, por su parte, ha sido una defensora de los militares, incluso es parte de la Fundación para la Dignidad de los Héroes de Colombia, Policías y Militares Víctimas del Conflicto, a través de la cual logró llegar hasta la Mesa Nacional de Víctimas. Esa entidad, sin embargo, acabó expulsándola al considerar que no representaba los intereses de las víctimas del conflicto. En sus redes sociales, se ha mostrado cercana a políticos del Centro Democrático.
Ver el programa completo de Señal Investigativa:
La estigmatización, el preludio del crimen
Dos meses antes del asesinato de Edwin Legarda, el movimiento indígena del Cauca había realizado una masiva minga en octubre de 2008 que bloqueó la vía Panamericana durante varios días, llegó hasta Cali y después hasta Bogotá. Era una nutrida movilización, de casi 40.000 indígenas, para denunciar la crítica situación de derechos humanos que atravesaban sus pueblos particularmente en ese departamento. Aída Quilcué, precisamente, quien entonces era la consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asumió como el rostro más visible de la movilización.
La minga logró incluso que el entonces presidente Álvaro Uribe llegara hasta el resguardo La María, en Piendamó, epicentro de la movilización, y tuviera un cara a cara con los indígenas, el 2 de noviembre de 2008. Ese día, fue Quilcué quien asumió la vocería de los indígenas e interpeló directamente al presidente en la misma tarima. También a otros de sus funcionarios de primer nivel que durante esas semanas estigmatizaron la movilización al instalar la idea de que estaba infiltrada por las FARC. En particular, así lo hicieron durante una rueda de prensa el entonces ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt; la entonces directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado; y el para ese momento director general de la Policía, el general Óscar Naranjo. En esa rueda de prensa, incluso expusieron interceptaciones ilegales a llamadas de Quilcué para intentar mostrar la supuesta injerencia de la guerrilla en la movilización.
Días antes del homicidio de Legarda, Aída Quilcué había viajado a Ginebra (Suiza), para intervenir en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Colombia. La madrugada en la que fue asesinado, Edwin Legarda se desplazaba hacia Popayán precisamente para recoger a Aída que regresaba de ese viaje, y desplazarse juntos a la región de Tierradentro, donde Aída acudiría a una reunión de autoridades indígenas para evaluar y proyectar la minga. Legarda no alcanzó a llegar por ella.
