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La revista RAYA conoció detalles del informe de la Justicia Especial para la Paz, donde se narran los hechos cronológicos de lo que se denomina “el entrampamiento a la paz”. Con dichos argumentos esta jurisdicción emitirá las denuncias particulares y quejas disciplinarias contra funcionarios de la fiscalía de la época del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, en cuya administración se ejecutó este complot. El gobierno elevará el caso ante la ONU.

Por: Edinson Arley Bolaños

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La semana pasada el presidente de le Justicia Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, recibió un expediente con cientos de folios. En él están cada una de las actuaciones y hallazgos de la comisión de magistrados que se encargó de hacer seguimiento e investigar el caso Santrich, incluso, luego de que la magistratura le otorgara al exjefe guerrillero la garantía de no extradición a Estados Unidos, por falta de pruebas, y quedara en libertad. Los señalados en el documento fueron funcionarios del entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quienes durante tres años interceptaron decenas de celulares, actuaron con agentes encubiertos de la DEA y legitimaron pruebas que luego no se entregaron a la JEP y con las que quedaba claro que, en este caso, el Cartel de Sinaloa era una ficción, así como lo era la operación para entrampar a los negociadores de paz de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Así también quedó claro en un anexo del informe de la Comisión de la Verdad.

El presidente Vidal dijo que en los próximos días presentará ante las autoridades judiciales y disciplinarias las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la fiscalía de Martínez en relación con el proceso de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, Santrich. Parte de esos documentos, conocidos por la revista RAYA, exponen un compendio de hechos y pruebas materiales con las que la justicia colombiana podrá investigar a fondo a los hoy exfuncionarios. Paralelamente, el gobierno elevará el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner en su conocimiento las trampas que sufrió el Acuerdo de Paz de La Habana luego de que las Farc dejara las armas. El objetivo es involucrar a este organismo en el esclarecimiento de esos hechos, pues aún está pendiente determinar el grado de responsabilidad que tuvo la DEA en el complot.

La negación de las pruebas

Si bien el hecho de fondo se ha centrado en que el fiscal Nestor Humberto Martínez no le entregó a la JEP más de 24 mil audios que hacían parte del caso Santrich, para los magistrados esto enlaza con la actuación de la entonces directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro. Ella fue la encargada de responder una petición que, según el informe de la JEP, se hizo con “evasivas”. “Dio a entender que no existía asistencia judicial sobre la petición que se hizo para conocer si la actuación de agentes encubiertos se realizó bajo asistencia judicial”.

“Así, la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía en respuesta al aludido requerimiento, de manera inconsecuente con lo pedido, guardó silencio, pues no aportó información clara, completa, detallada y de fondo”, resalta el informe. Y añade que a raíz de ello “se debe inferir que la Fiscalía no prestó asistencia judicial para la actuación de los testigos cooperantes con reserva de identidad, a instancias de la orientación y control de las autoridades norteamericanas o, por lo menos, no se cuenta en el expediente con el soporte respectivo de ello, a pesar de haber sido expresamente pedido”.

Por estos hechos, la exfuncionaria Castro aparece en el informe entregado por los magistrados a la presidencia de la JEP.

Otro de los análisis de fondo que tendrá que hacer la justicia está relacionado con la actuación de Néstor Humberto Martínez, como fiscal general, en lo que se conoce como el “entrampamiento a la paz”. Por un lado, porque en el expediente del caso Santrich y en entrevistas con medios de comunicación se puede constatar que el fiscal Martínez le mintió al país al negar que conocía de la existencia de 24 mil audios que le ocultó a la JEP. Esto quedó en evidencia en una entrevista que le realizó El Espectador en noviembre de 2020 cuando este mismo diario dio a conocer la existencia de ese material probatorio y él negó conocerlo.

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Es más, el fiscal en esa entrevista insistió en que a la JEP se le entregaron los únicos doce audios que la Fiscalía conocía relacionados “con ese tema de la droga de Marlon Marín”, dijo. No obstante, fue la investigadora de esa entidad, Alexandra Cruz Forero, la encargada de coordinar la escucha, grabación, transcripción y seguridad de los más de 24 mil audios, durante tres años, que reposan en al menos tres expedientes de la Fiscalía: uno ante la Fiscalía 34 de delitos contra el sistema de salud, otro en la Fiscalía 12 contra el crimen organizado y un tercero ante la Fiscalía 3 contra el lavado de activos.

Es evidente que el pequeño fragmento de audios, revelados al país el 9 de abril de 2018, día de la captura de Jesús Santrich, salió de este universo de interceptaciones que se obtuvieron mediante la plataforma Esperanza y la sala Zeuz. De esos miles de archivos también salieron los 12 audios que el fiscal Martínez, a regañadientes y de manera informal, se vio obligado a entregar en octubre de 2018 ante la solicitud de las pruebas por parte de la JEP. Sin embargo, ante la informalidad con la que actuó el fiscal Martínez, la JEP solicitó que esos audios se allegaran bajo cadena de custodia por las complejidades del caso. Luego de ese hecho pasó casi un mes para que los funcionarios de la Fiscalía, especialmente la investigadora Cruz Forero y la fiscal 34, procedieran a extraer por solicitud del fiscal Martínez los doce audios de ese universo de más de 24 mil para entregarlos finalmente el 3 de diciembre de 2018 de manera legal.  

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En el expediente de la Fiscalía 3 contra el lavado de activos, el tercer expediente conocido sobre el caso Santrich, se puede escuchar en los audios una operación que posiblemente desembocaría en otro entrampamiento. No se desarrolló completamente y aún no se esclarecen todos los cabos sueltos que giran en torno a un misterioso hombre: Iván Libreros. El relato plantea una entrega de dinero en Miami, así como la supuesta consignación de 5 millones de dólares de las Farc en cuentas de Turquía y Grecia durante estas mismas fechas. En este expediente reposa la solicitud de interceptación, con sus respectivas transcripciones, de más de 20 líneas telefónicas por petición del agente de la DEA Craig Michelín, incluyendo la de Iván Márquez. El Agente Michelín es el mismo que un año después, a principios de 2019, solicitaría $500 mil dólares de la Fiscalía para entrampar a la JEP a través del fiscal Bermeo.

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Este entramado de Turquía fue reconocido por el propio Néstor Humberto Martínez durante el debate de control político en el Congreso, titulado “el entrampamiento a la paz” y liderado por el entonces senador Gustavo Petro. Martínez comentó ese día que en la Fiscalía ese expediente se llamaba el caso F500, en alusión a los automóviles Fiat 500, dijo. De esta historia no se conocen más detalles, salvo que Iván Libreros, su principal protagonista, a quien algunas fuentes ligan con organismos de seguridad y con la propia DEA, apareció muerto en extrañas circunstancias en julio de 2019 en un apartamento de la 93 en Bogotá. 

La publicidad ilegal del fiscal

Para los magistrados que redactaron el informe, la actuación mediática del caso Santrich que desarrolló ampliamente el fiscal Nestor Humberto Martínez, es ilegal. A través de ruedas de prensa y entrevistas de radio y televisión, en distintas oportunidades, según el informe, el fiscal realizó una serie de calificaciones y afirmaciones sobre la responsabilidad y conducta de Santrich sin que en ese momento existiese un juicio. “Los juicios paralelos que emitió el fiscal Martínez, todo ese tema mediático está prohibido. Él realizó una serie de calificaciones y afirmaciones sobre la responsabilidad y conducta en ese momento de Hernández Solarte pasando por encima de su presunción de inocencia”, le explicaron las fuentes de la JEP a esta revista.

“La ocurrencia de situaciones externas al trámite de la garantía de no extradición tocan con la misma y han generado irregularidades de trascendencia, tales como las alocuciones y entrevistas exteriorizadas por el representante de la Fiscalía General de la Nación en distintos medios radiales y televisivos, que han podido influir en la población colombiana, haciendo que esta se forme preconcepciones de responsabilidad y culpabilidad en los hechos que la jurisdicción ha conocido sin que el trámite llegara a su culminación”, dice el informe.

Es más, la magistratura refuerza este argumento amparándose en el fallo que le otorgó la garantía de no extradición a Santrich: “Lo que se acaba de ilustrar puede dar lugar a lo que se conoce como “juicios paraIeIos”, que son aquellos que se forman en la sociedad con ocasión de la publicidad que se genera, en algunos casos, incentivados por algún servidor público que tiene conocimiento de un trámite judicial, con la virtualidad de poner en riesgo la autonomía, independencia e imparcialidad del juez”.

Por lo anterior, resalta el informe, el fiscal Martínez con su comportamiento “pudo desatender los lineamientos previstos en los artículos 6º, 123 y 209 de la Constitución Política y, particularmente, el consignado en el artículo 138 numeral 6 de la Ley 906 de 2004 referido al deber de “abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como responsable”. Es decir, está obligado a preservar la presunción de inocencia como un derecho constitucional.

Incluso, en este apartado quedó claro que quien estaba detrás de amenazas contra los magistrados era Ernesto Yamhure, un periodista de la derecha vinculado a Carlos Castaño cuya cercanía con el fiscal Martínez quedaría en evidencia desde Miami donde reside. Cuatro días antes de la decisión de garantía de no extradición en favor de Santrich, envió mensajes de audio y texto a la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana amenazándola con quitarle la visa americana en caso de que ese fuera el sentido del fallo. Un día después de que se conociera la sentencia y tras la renuncia del fiscal Martínez, este último concedió una entrevista exclusiva a Caracol Televisión en la que quedó en evidencia, cuando mostró el celular para hablar de su transparencia ante los televidentes, que en ese preciso instante lo estaba llamando el señor Yamhure.

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El caso Bermeo

Este caso tiene unos antecedentes importantes a partir de investigaciones periodísticas que distintos medios independientes realizaron durante y después del desarrollo de la operación. Una de esas piezas es la entrevista que le realizó El Espectador a la abogada Patricia Lorza quien, según el informe de los magistrados, deja claro que a ella la buscaron agentes de la DEA para que atestiguara contra magistrados de la JEP: “varios mensajeros me han dicho que yo atestigüe en contra de magistrados de la JEP, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no sé porque los magistrados no se pronuncian. Pero si sé que hay un interés muy grande de acabar con la JEP, y eso se vio en el entrampamiento que intentaron hacerles a dos magistrados, cuando el exfiscal Martínez autorizó a agentes de la DEA”, resalta el documento.

Según el informe de la magistratura, el mexicano que aparece en el caso Santrich tiene características, físicas y de relato, similares a las del mexicano del caso Bermeo. Es más, tan quedó claro que los magistrados obraron en derecho que, durante el juicio contra el entonces fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, por recibir dinero supuestamente para retrasar la extradición de Santrich, el juez lo absolvió del delito de tráfico de influencias al no existir una contraparte real con la que estuviese negociando lo que le estaban pagando.

Por este hecho, sale a relucir un nombre nuevo en esta trama del “entrampamiento a la paz”: el del abogado Camilo Sanpedro, quien durante el juicio y, a pesar de ser el abogado defensor de la JEP, dijo que estaban probadas todas las acusaciones de la Fiscalía “no sólo las referidas al exfiscal Bermeo, sino también aquellas sobre la existencia de una red corrupta en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Por estos hechos, la JEP también evalúa si elevarán una queja disciplinaria contra el abogado ante el Consejo de la Judicatura por su proceder poco ético en este caso.  

Los audios falsos

De lo otro que tendrán que rendir cuentas los funcionarios de la Fiscalía de Martínez y la DEA, quienes desarrollaron la operación Santrich y Bermeo, es de los audios en los que claramente imitan a la hoy senadora de izquierda Piedad Córdoba, suplantan de mala fe y sin éxito la voz del entonces jefe negociador de las antiguas Farc, Iván Márquez, hoy por fuera del acuerdo de paz, e involucran en el supuesto negocio de narcotráfico (ficticio) al entonces vicepresidente de la República, general Oscar Naranjo, quien en una entrevista durante la aparición de los 24 mil audios, en noviembre de 2020, afirmó que el caso Santrich se trató de un libreto.

Espere en la siguiente entrega de este caso la revelación de otras pruebas inéditas de cómo se fraguó el entrampamiento a la paz.    

 

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