Manuel Santiago López, periodista de Duitama, demostró a la justicia que fue torturado por la Policía durante el Paro Nacional de 2021. Hoy, Santiago busca regresar a este municipio de Boyacá para retomar su labor periodística y luchar por una reparación simbólica que reconozca su sufrimiento y motive a sus colegas a alzar la voz sin temor.

Por: Gina Rojas Hoyos

Las cifras sobre violencia policial en Colombia revelan una preocupante realidad. Mientras que 7,383 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia física por parte de miembros de la Fuerza Pública, los registros de Medicina Legal muestran 79,796 valoraciones por incidentes de violencia policial, una diferencia que sugiere un posible subregistro de casos. Además, se documentaron 157 homicidios con participación policial, 138 de ellos clasificados como dolosos. Estos datos, respaldados por informes de organizaciones como Temblores y la Fundación Heinrich Böll, reflejan la responsabilidad de la policía en actos violentos. En este contexto, el caso de Manuel Santiago López, un joven periodista boyacense golpeado y torturado por la Fuerza Pública, es un ejemplo de la impunidad que rodea estos hechos. 

Tras tres años de lucha, López comienza a ver un atisbo de justicia. A inicios de agosto de este año, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá emitió un fallo trascendental que reconoce su testimonio y condena al Estado colombiano por la tortura que sufrió a manos de la Policía Nacional mientras ejercía su labor periodística en Duitama, el 1 de mayo de 2021. Este fallo no sólo marca un precedente en la lucha por los derechos humanos de los periodistas en Colombia, sino que también abre una ventana de esperanza para Santiago y su familia, quienes han soportado una travesía dolorosa en busca de verdad y justicia.

La justicia ha llegado mientras Santiago está lejos, muy lejos de su tierra natal. Según él, el sistema judicial y ciertos sectores de la prensa en Boyacá le dieron la espalda. Ahora, su mayor anhelo es regresar a Duitama, su hogar, donde sueña continuar su labor periodística y contribuir a su comunidad, aunque el camino hacia esa meta sigue lleno de desafíos.

Regresar a su Tierra: un sueño por cumplir

A  pesar de la crudeza de los hechos de los cuales fue víctima Santiago, las autoridades regionales fueron inoperantes e inexistentes dentro de su proceso, razones por las cuales el proceso se llevó a cabo fuera del departamento. Para él, este fallo es el primer paso hacia su regreso a Duitama, la ciudad que tanto añora. “Quiero volver y no tener miedo de hacer las cosas. Puedo ejercer el periodismo en cualquier lugar del país o del mundo, pero nunca me llenará tanto como servirle a mi ciudad”, aseguró con convicción. 

Sin embargo, también confía en que la justicia actúe en una reparación colectiva, ya que siente que en Duitama se ha silenciado el periodismo. “Que haya periódicos no significa que haya periodismo, al menos no investigativo. En Boyacá no hay espacios de investigación porque hay miedo. La gente tiene temor de investigar y alzar la voz. No se puede condenar a la gente por alzar la voz. Para mí, es una forma de construir paz social”, explicó.

Ahora, su lucha continúa, no solo por la justicia en su caso, sino para inspirar a las nuevas generaciones de periodistas a no callarse, a luchar por sus sueños y a construir un mundo mejor. “Yo lucho por lo que quiero ser y por lo que quiero lograr. Estoy seguro de que pronto me verán regresar. Gracias totales. Me verán volver”, concluyó Santiago, con la determinación de seguir adelante, iluminado por la esperanza de un futuro mejor.

1 de mayo de 2021

Durante las protestas del Paro Nacional en 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Reporteros Sin Fronteras, RSF, documentaron alrededor de 300 violaciones graves a los derechos humanos contra periodistas, la mayoría perpetradas por la Fuerza Pública. Entre estos casos, el de Manuel Santiago López destaca por la brutalidad con que fue tratado. En una conversación con la revista RAYA contó que el 1 de mayo de ese año fue interceptado por una patrulla policial en la Calle 16 del Parque Libertadores de Duitama.

“Fui retenido sin que me explicaran el motivo. Me quitaron las chapolas (pergaminos de prensa) que llevaba, me hicieron llaves de contención, me arrebataron el celular, me forcejearon, y una mujer policía me golpeó en el abdomen, dejándome sin aire. Luego me subieron a la patrulla y me llevaron a la estación de Policía Camilo Torres”, relató Santiago.

Aquella tarde de mayo, que comenzó como el acompañamiento a una marcha de antorchas, se convirtió en una pesadilla. A las 4:50 p.m., según consta en los expedientes legales, inició un calvario para Santiago, quien no solo sufrió agresiones físicas, sino que también enfrentó el estigma social y numerosos obstáculos en su búsqueda de justicia en su región.

“Cuando llegamos a la estación, me arrojaron a una carceleta y me tiraron sobre el piso mojado con orines. El conductor del panel me golpeó con su bolillo mientras me identificaba como estudiante de periodismo, pero me dijeron que les importaba un culo”, recordó.

A pesar del terror que sentía, el joven periodista logró activar una grabadora oculta, capturando dos minutos de insultos mientras intentaban ahorcarlo con su propia credencial de prensa, aquella que debería haber garantizado su seguridad como periodista.

La tarde de tortura

Entre las numerosas irregularidades que Santiago denuncia, destaca el hecho de que nunca fue identificado oficialmente, no se le permitió hacer una llamada y no se siguieron los procedimientos para que la captura fuera legal. “No sé cuánto tiempo pasó, quizás una hora. Luego, un policía joven entró y dijo que nos íbamos, que me llevarían a casa, como si supieran dónde vivía. Pasaron por mi barrio, pero luego desviaron por una trocha. Dieron vueltas y finalmente me llevaron al mirador. Allí se detuvieron en una parte pavimentada, bajaron del carro, atendieron una llamada mientras sonaba la radio Toca Estéreo”, narró.

Después de colgar la llamada, según el testimonio de Santiago, los policías continuaron el recorrido hasta dejarlo en una zona desolada. “El copiloto se bajó, me devolvió el celular y me dijo que corriera sin mirar atrás. Hice caso, me dolía la pierna derecha por las patadas y los golpes con bolillo. Corrí, prendí el celular y me di cuenta de que no tenía SIM card. Cuando volteé a mirar, la patrulla ya no estaba”.

Finalmente, Santiago fue guiado por un par de ancianos que vivían en una casa cercana, quienes lo ayudaron a regresar a su hogar.

El calvario por la justicia

Las lesiones físicas de Santiago fueron atendidas en el hospital Regional de Duitama, donde también se registró su cuadro de ansiedad como secuela de lo ocurrido. Sin embargo, el verdadero calvario fue la búsqueda de justicia, enfrentando voces que cuestionaban su presencia en la protesta y su rol como periodista.

“Yo no solo estudio periodismo, sino comunicación social. No llevaba panfletos ni amenazas, llevaba chapolas explicando los puntos clave de la reforma tributaria. No tengo nada que ocultar, a pesar de que la Policía destruyó todo el material probatorio. Estaba ejerciendo mi trabajo social y de comunicación… nada justifica que haya sido torturado”, explicó Santiago.

En un consejo de seguridad local, en el que participaron la Alcaldía, la Personería Municipal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se comprometieron a facilitar su denuncia, apoyar la investigación y garantizar las sanciones necesarias. La Fiscalía 13 Local de Duitama abrió una investigación por lesiones personales, y la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo inició una investigación contra los uniformados involucrados.

“Pero después de esa reunión virtual la realidad fue que tuve muchos escenarios de revictimización desde el momento en que presenté la denuncia. Pero en medio del proceso, la FLIP llegó a mi contacto. Jonathan Bock, su director, creyó en mí y decidieron tomar mi caso”, relató Santiago, reconociendo el apoyo de la FLIP en su lucha.

Pese a que algunos sectores de la prensa en Boyacá desestimaron sus denuncias, incluso culpándolo por lo sucedido, la organización defendió su labor como periodista. “Con base en estándares internacionales, la FLIP ha acogido una definición amplia de periodista, que no se limita únicamente a quienes cuentan con un título profesional, sino que incluye a aquellas personas que de manera periódica investigan, sistematizan y difunden información por distintos medios. En la documentación del caso de Santiago López, pudimos verificar que el trabajo que él hacía en Duitama era acorde con esa definición, y era de gran importancia para mantener informado al municipio sobre lo que ocurría en ese contexto de manifestaciones públicas”, explicó la abogada Ángela Caro, asesora jurídica de la FLIP.

Una justicia que llegó desde afuera

A pesar del apoyo de la Fundación, el primer año del proceso estuvo marcado por la negligencia institucional. La Procuraduría cerró inicialmente el proceso disciplinario contra los policías, alegando falta de pruebas. Sin embargo, la FLIP presentó un recurso de apelación que logró revocar esa decisión, aunque hasta ahora Santiago no ha sido reconocido oficialmente como víctima.

La asesoría legal también recomendó trasladar el caso a Bogotá, ya que en Boyacá resultaba difícil avanzar sustancialmente. “Si no hubiera sido así, en Boyacá no hubiera pasado nada. Allá fueron negligentes; es revictimizante que en mi tierra hubiera miedo a un fallo, que mi caso no avanzara”, aseguró Santiago.

La FLIP señala que en el caso de Santiago se han enfrentado diversas barreras ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que han minimizado las agresiones sufridas, calificándolas como "simples lesiones". También enfatizan en que se trata de un caso de tortura, que debería ser asumido por la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, pero hasta ahora esa solicitud no ha sido aceptada.

Una decisión que renueva la esperanza

El 1 de agosto, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá emitió un fallo histórico para el país y esperanzador para Santiago: “El fallo reconoce que la Policía Nacional es responsable por la detención arbitraria e ilegal, y que los hechos constituyeron tortura. Por lo tanto, debe reparar los daños causados a Santiago y a su núcleo familiar. Sin embargo, el fallo no incluyó medidas de reparación simbólica orientadas a reconocer el impacto colectivo y a diseñar políticas públicas que eviten que estos hechos se repitan”, explicó la abogada Caro.

Para Santiago el dinero nunca fue prioridad, al contrario lo que ha esperado es una reparación simbólica que reconozca plenamente lo que sufrió. “Ahora me toca luchar por lo otro. Me parece fantástico que me den la razón, que me restituyan los derechos, que la ciudad deba reconocer que era así. Es un alivio porque yo no mentí. Lo que más me importaba de este fallo era que me diera la razón: me torturaron, me maltrataron”, enfatizó.

Si bien el dinero no reparará lo sucedido, la FLIP menciona que este fallo abre la puerta para que se reconozca la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos de periodistas durante el Paro Nacional. “Es histórico. Es el primer fallo en el que se reconoce la responsabilidad de la Fuerza Pública por la violencia contra un periodista en un contexto de manifestaciones. Sabemos que hay otros casos, como el del asesinato del periodista Abelardo Liz a manos del Ejército Nacional durante el Paro en la región del Cauca, en el que todavía no hay avances. Este fallo, al menos, abre una ruta y puede ser usado como precedente por otros periodistas en situaciones similares”, aseguró la abogada Caro.

Por otro lado, hasta el momento, los policías implicados no han sido vinculados a una investigación disciplinaria o penal, pero Santiago espera que haya sanciones para los policías involucrados. “Desde mi perspectiva personal, yo los perdoné, y por eso espero que el acto simbólico sea verlos y abrazarlos. Pero eso no significa que se eximan de responsabilidades por lo que hicieron. Como policías, tienen que dar ejemplo y aceptar la sanción que les impongan”, subrayó. 

Adicionalmente, la defensa espera que esta decisión sea confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impulsando la búsqueda de justicia que Santiago lidera junto con la FLIP. 

El derecho a la protesta desde el Congreso 

Desde el 2023, Organizaciones Sociales han venido trabajando por lograr, a través del Congreso de la República, garantías de derechos humanos que cesen la estigmatización y la criminalización de la protesta social. 

De acuerdo con el representante a la Cámara, Alirio Uribe, quien preside la Comisión Accidental de seguimiento a las protestas, para el año anterior “se tenía conocimiento de 310 casos de vulneraciones a personas protestantes y manifestantes relacionados con el estallido social de 2021. Entre estos casos, se registraron 3 homicidios, 55 personas en libertad, 152 personas bajo detención carcelaria, 49 sujetos en prisión domiciliaria, y 50 casos en los que no se contaba con información sobre su condición”.

Con base en lo anterior y otros acontecimientos históricos registrados en Colombia, en 2023 se abrió discusión, deliberación y construcción del Proyecto de Ley Estatutaria para la garantía de la Protesta Social y la Manifestación Pública (PL 270/23C), garantista y con un enfoque de derechos. Esta iniciativa fue archivada dando espacio a la construcción de un documento mucho más robusto con participación de varias bancadas que a inicio de este mes radicaron bajo el Proyecto de Ley Estatutaria 166 de 2024 (concertado). 

Según la Comisión Colombiana de Juristas, “si bien integra importantes y sustanciales avances como el principio de diálogo, la prohibición del uso de armas letales, rendición de cuentas, garantías de protección a periodistas y medios, participación exclusiva de personal de la fuerza pública capacitado, acceso a la justicia, verdad y garantías de no repetición para las víctimas, entre otros; algunos otros artículos generan preocupación por su carácter regresivo. Por ejemplo, el artículo 6, sobre aviso previo, podría limitar la autonomía de los manifestantes; asimismo, el artículo 9 impone responsabilidades desproporcionadas sobre el cuidado del espacio público; y la ambigüedad en el artículo 12 sobre desconcentraciones forzadas, podría facilitar abusos en el uso de la fuerza en escenarios de ejercicio legítimo y pacífico de la protesta social como los cortes de ruta”.

Así las cosas, se espera que se abra un amplio debate que incluya a la sociedad civil que ha sido víctima directa e indirecta de violaciones de Derechos Humanos en el marco de la protesta social. Por ahora, el proceso de debate es incierto pues no se ha asignado ponentes.